Tontxu Rodríguez denuncia la pasividad y el silencio del Gobierno con los más de 300.000 niños robados desde 1940 y asegura que “la democracia necesita escuchar a las víctimas”
El senador socialista vasco lamenta que el Ejecutivo del PP no quiere ni oír hablar de esta lacra para no reconocer el problema y recuerda que el Gobierno tiene la obligación de investigar estos casos y reconocer al robo de bebés como un problema de Estado
Los socialistas anuncian la presentación de una MCI para reclamar la creación de una Comisión Nacional de Desaparecidos, un banco de datos genético y una unidad de policía y un grupo de fiscales especializados
El senador socialista vasco, Tontxu Rodríguez, ha denunciado esta tarde la pasividad y el silencio de Gobierno en la investigación del paradero de los más de 300.000 niños robados entre 1940 y 1990. Rodríguez ha interpelado sobre este asunto al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ha criticado “la nula gestión y el nulo interés del Ejecutivo del PP por este espinoso y controvertido asunto y su silencio cómplice”.
En este sentido, ha anunciado que el Grupo Socialista presentará una moción consecuencia de interpelación en el próximo pleno en la que reclamará la creación de una Comisión Nacional de Desaparecidos, un banco de datos genéticos y una unidad de policía judicial y un grupo de fiscales especializados dedicados a este asunto.
El parlamentario socialista vasco ha hecho hincapié en las demandas y las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas afectadas y ha recordado que, hace dos años, el entonces Ministro Ruíz Gallardón prometió poner en marcha una serie de actuaciones para esclarecer los hechos denunciados pero ha lamentado que finalmente “no han asumido ni compromisos ni obligaciones”.
También ha apuntado que hace siete meses, el Grupo Socialista presentó en la Comisión de Justicia del Senado una solicitud de comparecencia de dichas asociaciones que no fue atendida y ha asegurado que “las víctimas deben ser escuchadas pero el Gobierno, con su inacción, las ha ignorado con una actitud desesperante y deplorable. Estos hechos no pueden quedar impunes con un Gobierno inoperante y timorato que no tiene interés en que se conozca la verdad”.
A continuación, Tontxu Rodríguez ha señalado al Ministro Catalá que “la democracia necesita escuchar a estas asociaciones y necesita saber, aunque después de ocho meses tenemos la impresión de que ustedes no quieren ni oír hablar de este trauma porque no quieren reconocer el problema y no quieren que se visualice como un verdadero problema de Estado. Es una obligación investigar lo que ha sucedido porque miles de ciudadanos españoles tienen una identidad falsa y desconocen qué pasó con ellos. El Gobierno se comprometió a poner en marcha un programa específico con víctimas y familiares, a realizar pruebas de ADN, a investigar y a facilitar el acceso a la información a través de los Registros Civiles. Han hecho bien poco de todo esto. Tan sólo abrieron una Oficina en 2013 que ha sido totalmente inoperante”.
El senador vasco ha afirmado que el robo de niños es “una lacra de la historia reciente de nuestro país. Fueron robos y adopciones irregulares que se produjeron por razones represivas, políticas y económicas con una impunidad indecente y en los que estuvieron implicados médicos, funcionarios públicos y empleados del Registro Civil”.
Tontxu Rodríguez ha insistido en que el robo de bebés debe ser reconocido como un problema de Estado y requiere una respuesta contundente: “Tienen la obligación política y moral de mantener una actitud proactiva ante esta auténtica atrocidad. Queremos un compromiso cierto. Menos palabras y menos ganas de archivar. Desde 2010 no ha habido ni una sentencia condenatoria y escasísimas imputaciones. Se siguen despreciando las legítimas demandas de las víctimas. A la pasividad del Gobierno hay que sumar la lentitud judicial, el archivo de múltiples causas y la frustración de miles de familias”.
En este punto, Rodríguez ha preguntado al ministro “por qué no se crea una Comisión de la Verdad que aporte luz a estos casos, que propicie el reencuentro de las familias y que localice a los responsables de este periodo negro de España. ¿Por qué no se pide perdón?”
Seguidamente, ha informado de que los socialistas se han reunido en diversas ocasiones con asociaciones y colectivos de víctimas y ha reconocido que “nos han trasladado las dificultades que tienen para acceder a los archivos, los problemas que encuentran con las exhumaciones y el escaso éxito de la oficina anteriormente citada. Son necesarias coberturas sociales, asistenciales, psicológicas y jurídicas, más transparencia con los bancos de ADN y la creación de una mesa de trabajo”.
Durante su intervención, también ha incidido en la idea de que el Gobierno debería reconocer esta trama como un delito de lesa humanidad y “no como un delito común o una detención ilegal como los ha calificado el Fiscal General del Estado”. “Tiene bemoles, ha protestado, que sea Argentina quien se interese por estas causas mientras que aquí en España se guarden en cajones bajo siete llaves”.
Tontxu Rodríguez ha precisado que se debe reconocer el derecho a conocer y saber la verdad y el Estado debe asumir la imprescriptibilidad de estos delitos. Además, ha indicado que “el Gobierno debe ayudar a investigar, a identificar y a poner en contacto a los familiares porque si no, España estará incumpliendo los distintos tratados y convenciones internacionales. La investigación debe ser tarea del Ejecutivo, no de los familiares. Se debe promover una investigación efectiva e independiente, objetiva y practica como establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. “Se debe facilitar desde el Ministerio la gestión de esas reclamaciones y demandas que las asociaciones han reclamado. Se debe agilizar el acceso a la información y evitar la destrucción y el falseamiento de documentos”, ha apostillado.
El senador socialista vasco ha concluido cuestionando al titular de la cartera de Justicia “que no se quiera buscar y encontrar a los niños robados. El Gobierno y el PP tienen ahora una gran oportunidad porque este asunto sigue siendo un cabo suelto que no quedó atado en el proceso de transición. Un cabo del que se debe tirar para juzgar estos crímenes y garantizar una convivencia tranquila para miles de españoles. Si siguen sin hacer nada, negando la evidencia y escondiendo la cabeza debajo del ala, lo único que conseguirán es que mañana otra vez… sea tarde”.