Esta misma transparencia a la que apelamos en el plano institucional debe ser aplicada en el orgánico. Cada foco de sospecha que se suscita dentro de nuestras organizaciones, es una mancha indeleble en el ropaje democrático.

Y aunque no es menor el ejercicio de transparencia que realizamos los que entramos en política, debemos aceptar la auditoría permanente sobre nuestras actividades. Es algo impostergable. La ciudadanía nos exige respuestas. Los cargos que no estén dispuestos a la total transparencia deben abandonar la política.

Debemos avanzar en una regulación legal que garantice esta transparencia y control a la actividad del conjunto de los partidos.

Y por ello proponemos que se dote de competencias al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que analice con carácter periódico y de oficio la evolución del patrimonio de los cargos públicos y orgánicos de las formaciones políticas, desde que asumen esta responsabilidad hasta que la dejan.

Los integrantes de las ejecutivas autonómicas de los distintos partidos y los representantes en instituciones y sociedades públicas, deberán presentar su declaración de bienes al inicio y al final de su mandato, de forma que sea accesible para el conjunto de la ciudadanía.

Se deberá publicar anualmente en Internet el contenido de los Presupuestos de ingresos y gastos de cada partido, así como las liquidaciones de las Cuentas.

Debemos fortalecer el papel del Tribunal de Cuentas. Endurecer el deber de colaborar con él, para que no haya organización que eluda la dación de cuentas. Debemos aumentar las exigencias de información. No es de recibo que este órgano tarde cinco años en elaborar un informe sobre los estados contables de los partidos políticos y sus fundaciones asociadas. De igual modo que se exige a las sociedades mercantiles, los partidos con representación parlamentaria deberían presentar anualmente cuentas auditadas al Tribunal, lo que mejoraría la fiscalización y aceleraría los plazos.

Proponemos impulsar los cambios internos oportunos para se aparte automáticamente de su responsabilidad a cualquier cargo orgánico o institucional con acusación firme por un caso de corrupción, cuando ésta cuente, al menos, con el criterio favorable de la Fiscalía, y siempre sin perjuicio del artículo 22.4 de la Constitución.

Proponemos, asimismo, la creación de una Sala Especial de la Audiencia Nacional que juzgue todos los casos relativos a la corrupción, como garantía de mayor celeridad e independencia judicial.

Independientemente de las medidas que proponemos para adoptar a nivel institucional y en el conjunto de las organizaciones políticas, el PSE-EE se compromete a adoptar las siguientes medidas:

• 1. Hacer públicos en nuestra web los Presupuestos de ingresos y gastos y las liquidaciones, una vez que las apruebe el Comité Nacional.
• 2. Ampliar las competencias de la Comisión de Ética del PSE-EE con el fin de que:
  • a) Reciba e investigue las denuncias de los afiliados y afiliadas sobre cualquier conducta o actuación de los dirigentes o cargos públicos del partido que cuestione la honestidad y ejemplaridad exigible a quienes forman parte del proyecto socialista.
    La Comisión de Ética conocerá e indagará de forma reservada sobre las informaciones que la reciba en el plazo más corto posible. En el caso de que se confirmen comportamientos deshonestos o inapropiados, trasladará sus conclusiones a la Comisión Ejecutiva de Euskadi para que adopte las medidas que correspondan.
  • b) Reciba, compruebe y guarde las declaraciones de bienes que deberán presentar todos los miembros de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE, así como los cargos del partido en instituciones y entidades y empresas públicas al iniciar y al finalizar sus mandatos.

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