La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestiona la cosa pública. La transparencia es un principio básico de la actividad política, es una condición previa imprescindible para poder ejercer nuestros derechos fundamentales y es la herramienta más eficaz para frenar prácticas ilícitas. Poder consultar hasta la última factura de un Ayuntamiento, Diputación, Gobierno u organismo público, para eliminar toda actitud opaca en la gestión pública.

No podemos tolerar que haya un solo rincón oscuro en nuestras administraciones. Y cuanto mayor sea el foco, más difícil será salirse de él.

Varias son las herramientas en las que debe avanzar toda Administración:

• Open Government: como puerta de entrada a la Administración y cauce para impulsar la participación y la colaboración ciudadana,
• Open Data: desde donde poner a disposición de la ciudadanía en formato reutilizable toda la información de la que dispone una institución pública,
• Perfil del Contratante: una herramienta para que las empresas puedan conocer con antelación los datos de las licitaciones.
• Perfil de Empresas Adjudicatarias de la Administración: donde cualquier ciudadano o ciudadana puede consultar los datos de los contratos asignados a empresas y su facturación.
• Órgano Administrativo de Recursos Contractuales: órgano independiente que atienda los recursos contra las adjudicaciones de la Administración y que permite a cualquier licitador impugnar una adjudicación, antes de la firma del contrato.

Estas herramientas (en cuya implantación el Gobierno Socialista de Euskadi ha sido un referente) deben extenderse ahora al conjunto de administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca y de España: Gobierno central, Gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos.

Junto a ello, resulta fundamental trabajar en una legislación avanzada que limite el margen de acción a quienes sólo sirven a intereses particulares y persiga a los infractores. No pretendemos caer en el adanismo. Hay un largo camino recorrido en este campo. Así, entendemos que la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos (de octubre de 2012) es un texto eficaz que necesita ahora una aplicación rigurosa.

Por el contrario, vemos necesaria, y a tal fin hemos presentado ya una iniciativa en el Parlamento Vasco, una Ley Reguladora del Código de Conducta del Cargo Público y de su Régimen de Incompatibilidades, que garantice un mayor control en el tránsito entre el sector privado y el público.

Asimismo, defendemos, tanto a nivel autonómico, como estatal, una Ley de Transparencia que marque las obligaciones de las administraciones y los derechos de la ciudadanía en este terreno.

Durante la pasada legislatura, el Gobierno Socialista de Euskadi trabajó un texto ambicioso que, lamentablemente, no pudimos aprobar, pero que mantiene su vigencia y que vamos a seguir impulsando.

Mayor transparencia y mayor control en los dineros que gestiona la Administración, por supuesto. Que no haya un euro de la caja pública que se escape a manos privadas. Pero tampoco euros de las cajas privadas, que eludan la solidaridad colectiva. Combatir de forma eficaz la corrupción obliga a reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Lo venimos pregonando desde hace tiempo. Hace falta una mayor coordinación entre las Haciendas, las vascas y las del conjunto de España.

Coordinación también entre éstas con los diferentes Tribunales de Cuentas Públicas del país. Debemos establecer mecanismos para mejorar la colaboración entre los diferentes organismos dedicados al control de las cuentas, permitirles cruzar y cotejar los datos.

No es cuestión de guardar los datos en un confesionario (como defiende un conocido representante foral), sino de fomentar un uso racional de la información entre los diferentes organismos de control, para poner coto a los recovecos que algunos encuentran para eludir sus obligaciones con el conjunto de la sociedad.

No hablamos sólo de fraude fiscal. Atajar las comisiones ilegales adoptar toda una serie de medidas que permitan erradicar las mismas. Así como aceptamos que haya un foco permanente sobre la actividad de partidos e instituciones, no puede ser menor el control sobre las empresas que trabajan con la Administración. Hay que mejorar mecanismos de inspección y vigilancia, para evitar que los contratos públicos se adjudiquen por vías opacas. Y ser inflexibles en la condena:

una empresa condenada por cohecho debería tener prohibido volver a trabajar con la Administración Pública.

Por último, no olvidamos que tan importante como contar con un marco garantista es castigar a quien lo quebrante. Por eso, consideramos fundamental una aplicación rigurosa, sistemática y sin excepción del Código Penal en aquellos casos de delito fiscal, cohecho y otros casos de apropiación ilícita de recursos públicos.

Apostamos por la constitución de un juzgado especial, dotado de los medios suficientes para actuar con eficacia y rapidez, que se haga cargo de todos los casos de corrupción política que sucedan en España.

Esta rigurosidad debe ser extensiva a los paraísos fiscales e instituciones financieras opacas, impulsando a nivel internacional las medidas que todas las entidades financieras extranjeras tengan la obligación de informar a las Haciendas de los distintos países de los fondos depositados en ellas por titulares de su nacionalidad.

La opacidad de algunos países rompe de forma radical la libre concurrencia de las entidades financieras y da cobertura al crimen económico. Debemos prohibir toda transacción económica con países en los que sus entidades financieras se nieguen a dar información las Haciendas Públicas.

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