Defensa de los servicios públicos
Licitaciones pÚblicas, reforma laboral y competencia
Compañeros, Hay un asunto que me tiene muy preocupado. Se trata del juego combinado (voluntaria y taimadamente) entre la reforma laboral, la normativa de contratos y la legislación de competencia. En esencia el mecanismo es éste: Una administración pública convoca una licitación cualquiera. Supongamos, para destacar el efecto, que se trata de un servicio en el que el principal factor de coste es el salario de los trabajadores (por ejemplo, el de la limpieza de Madrid). Una empresa de Madrid, por seguir con el ejemplo, licita habiendo calculado sus costes laborales conforme al convenio de Madrid (si lo hubiere, supongamos que sí). Como las clausulas sociales (que estaban incluso recogidas en la normativa de la OIT… cuando este mundo era normal) AHORA ESTÁN PROHIBIDAS POR LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO EN MATERIA DE COMPETENCIA, resulta que el “dumping” entre empresas se bendice, so capa de asegurar un mercado abierto. Desde las Autoridades de Competencia nos vemos OBLIGADOS (maldita sea) a declarar ilegales las normativas que intentan mantener clausulas sociales, dado que, a tenor de la jurisprudencia consolidada y vigente, eso supone una barrera de entrada a posibles competidores. ¡Ya ves tú! Las eléctricas, los bancos, etc. Pueden hacer todo tipo de cárteles (por no hablar de las grandes corporaciones como los colegios de Notarios, Registradores, Abogados, farmacéuticos, etc.) Pero el sistema (político) ha decidido que lo que impide la competencia es el salario mínimo de convenio de los curritos. Por cierto, que luego no ha de extrañarnos lo que los curritos piensan del sistema político (en el cual, creo, estamos… estamos “de hoz y coz”… acompaño documento ilustrativo). Algo de esto es lo que hizo la Diputación Foral de Guipúzcoa y entre todos nos lo cargaremos. Entonces, en Bizkaia, han hecho una cosa más moderada. Plantean, no que se cumpla el Convenio vigente en Bizkaia (sería mucho pedir) sino que, por lo menos, cada empresa cumpla el suyo, el que tenía en el momento de licitar. Parece algo muy sensato pues, en ese momento dado (la licitación) ésos son los costes con los que cada competidor calcula sus plicas. Ya no serán todos con los mismos costes, de acuerdo, pero por lo menos, cada uno con los suyos. No obstante, supongo que, desde las autoridades de competencia, el criterio será el mismo, o parecido. Aquí es donde entra la reforma laboral. La empresa astuta plantea una oferta a la baja que no será “baja temeraria” porque podrá explicar que, aunque ahora tenga unos costes laborales determinados, tiene calculado que el convenio expire y que, en las condiciones de la reforma laboral, el salario a cobrar POR EL MISMO TRABAJO, QUE SERÁ UN TRABAJO PÚBLICO, va a ser “X” menor. La empresa está, en efecto, anticipando una futura rebaja de los salarios y convirtiéndolo en “EFICIENCIA” (sacrosanto principio- sin explicar- del neocapitalismo vigente). En resumidas cuentas, que la administración convocante se verá “obligada” a adjudicar el servicio a esa empresa tan “eficiente” que ofrecerá mejores precios que sus competidoras rebajando las condiciones de un convenio que, ni siquiera, será ya el convenio vigente en el lugar de realización del servicio o de la obra, etc. La trampa es perfecta. Todo legal. Todos estamos obligados, cada uno en su particular parcela del derecho, a dar la razón a la empresa. HAY QUE: DENUNCIAR EXPLICARLO BIEN A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LOS TRABAJADORES RESPONDER DESDE LOS SINDICATOS DESDE LOS JURISTAS DESDE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA … MEJOR, TODOS A LA VEZ. Hay que hablar de esto en el PSE. Hay que hablar con la UGT. Creo que PNV y BILDU (visto lo que han hecho en las diputaciones que gobiernan) tampoco lo quieren. El resto de sindicatos (digo yo) tampoco querrán. ¿Por qué no lideramos (excepcionalmente) una movilización común en todos los frentes (sindical; opinión pública; parlamentario; político, en general)?
Para gente como yo, da igual un Gobierno que otro