Modelo de país
Notas sobre el acuerdo federal de granada
Imagino que, como afirma el Evangelio que dijo Jesús en el momento de morir, “todo está consumado” y que el ejercicio de escribir esta opinión es un ejercicio de pura nostalgia. No obstante, de alguna manera hay que expresar el profundo dolor que se siente y que se añade, bien es cierto, en un corazón socialista que lleva dolorido unos cuantos años ya.
Como hay palabras de moda, hay palabras caídas en desgracia. El poder, siempre el poder, va construyéndose con palabras. Con palabras se ofrecen a los ciudadanos cosas inexistentes, “virtuales”, como sucedáneo de la realidad y con palabras se orienta su opinión política y ética respecto de los hechos inapelables, materiales, corpóreos. ¡Cuánta razón tenía el sociólogo Bordieu al plantear la inmensa capacidad performativa del lenguaje!... La “parla” del poder, los innumerables “tecnolectos” con los que, en resumidas cuentas, pretenden llevarnos a la conclusión de que lo que ocurre es algo irremediable. No que es fruto de una decisión política arbitrada como solución transaccional en un mundo naturalmente conflictivo, no. Lo que se nos dice, lo que se nos argumenta, es siempre la “única solución posible” frente a la que, por tanto, no cabe sino la resignación.
Cuando hablo de esta capacidad de reinventar el diccionario para adaptarlo a sus intereses, a los intereses de los poderosos, no me refiero tan sólo a los poderes económicos y financieros que realmente nos gobiernan, me refiero a todos aquellos poderes que se organizan para lograr el triunfo de sus demandas o postulados. Me refiero a los múltiples gremios, castas, clases o tribus. Me refiero, por ejemplo, a los nacionalismos.
Por qué el PSOE, como el resto de la socialdemocracia europea, no tiene nada propio que decir es una pregunta que nos llevaría muy lejos. De momento, valga con la triste constatación de que el PSOE, por más que diga buscarlo afanosamente (aunque busca donde jamás lo podrá encontrar, es decir, en sí mismo y en sus propias estructuras) no tiene un discurso propio… De lo de tener “un relato”, siguiendo la perspicaz observación de George Lakoff, mejor ni hablamos.
El PSOE, como partido, como estructura política, como instrumento en fin, sólo encontrará un discurso si decide llevar a la arena política los derechos (conculcados, o no reconocidos) y los intereses de alguien, de un grupo social determinado, de los trabajadores, por ejemplo, de la “clase obrera”, para entendernos.
Es posible que, en esa defensa de los intereses de los menos favorecidos por la fortuna, el PSOE consiga obtener el sufragio de una mayoría de ciudadanos a través del voto democrático y triunfe electoralmente. Síntoma será de que una mayoría de españoles, sean directamente pobres o no, ven con buenos ojos entregar el poder a quienes parece que van a llevar a cabo una política de mayor igualdad, justicia, libertad y pluralismo, exactamente como proclama nuestra Constitución en su primer artículo. Es posible, también, que no lo consigamos.
Pero si, por el contrario, ayunos de un discurso propio y obsesionados con ocupar los resquicios de poder que se puedan conquistar a toda costa pretendemos satisfacer las aspiraciones de todos, de unos y de otros… pero satisfacerlas en un melífluo “pianísimo” cuando las encuestas señalan demandas u opiniones expresadas en un “fortíssimo”, lo único que conseguiremos (y conseguimos) es fracasar con todos, insatisfacer a todos.
La sociedad es una, mejor o peor. La sociedad política no es un agregado de gremios o minorías autorreferenciales. La oferta política no puede parecerse a un supermercado.
Así, los socialistas hemos gestionado la economía con los mismos criterios que los neoliberales, pero vergonzantemente, lo que nos ha obligado a proclamar, más que nadie, la imponderable presencia de un “Principio de Responsabilidad” exculpatorio por el que hacíamos lo que hacíamos… pero sin convicción, sin deseo, sin pasión política alguna, a desgana, como un sacrificio asumido ante lo inevitable, ante la “única política posible”… ¡Mentira!... Así nos va.
Viene entonces la derecha más “desacomplejada” de la historia de España y mientras que lleva a los más pobres al desempleo, al desahucio, incluso al hambre, todavía puede permitirse el lujo de mencionar (con relativo éxito mediático) la “herencia recibida”.
Pero, en fin, vayamos a terrenos donde la política es eso, política simbólica, desnuda de tecnicismos econométricos. ¿Tampoco aquí vamos a decir lo que pensamos? ... O, incluso... ¿Qué pensamos?
Es de suponer que los nacionalismos quieren obtener lo que dicen que quieren obtener. Si no, es que todos nos hemos vuelto locos, posibilidad que por razones metodológicas voy a descartar, aunque… ¡Vaya usted a saber!
Los nacionalismos realmente existentes en nuestra arena política española son, básicamente, dos: el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Ambos nacionalismos se postulan hoy en día como partidarios, partidarios furibundos podríamos decir, de la independencia de sus territorios respectivos. Como nadie sabe lo que quiere decir la palabra Nación (al decir “nadie lo sabe” quiero decir, obviamente, que todos lo creen saber, pero que cada uno le aplica un sentido diferente) los nacionalistas, con su concepto de Nación, lo que quieren ser es “Estado-Nación”… ¡y punto!
Los socialistas, los socialistas del PSOE, creo recordar que abominamos de todo nacionalismo y que somos (o éramos) internacionalistas, hombres sin patria ni bandera, personas para quienes, como dijo Tomás Meabe, la Patria comenzaba en uno mismo y terminaba en ninguna parte. Si los socialistas pensamos eso (y si no, urge un desmentido para aclararnos) el papel que deberíamos jugar en la arena política catalana y en la arena política vasca sería el de oponernos a las pretensiones nacionalistas, a riesgo y ventura de que el electorado nos lo premie o nos lo castigue.
Pero la estrategia que, en general el sistema político español (y singularmente dentro del mismo, la socialdemocracia, es decir, nosotros) ha seguido con respecto a estos nacionalismos ha sido la de ofrecer concesiones en términos de ventajas y favores, de desigualdades económicas y/o políticas a cambio de obtener, si no una aceptación del marco constitucional de convivencia sí, por lo menos, una tácita postergación de sus pretensiones reales. Tal vez alguien pensó que, con el tiempo, el roce haría el cariño y que el nacionalismo iría perdiendo fuelle poco a poco. La realidad no puede ser más tozudamente contraria. Lo que ha ocurrido, en este tiempo de democracia, es que el discurso nacionalista no ha hecho más que crecer y fermentar aprovechando todo lo aprovechable, agradeciendo nada de nada y emitiendo durante décadas un permanente relato de agravio e insatisfacción, discurso que alcanza su cénit tras la horripilante gestión de las reformas estatutarias llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero (es decir, por el PSOE, puesto que presidía el Gobierno de España el Secretario General del PSOE y la Generalitat, el Secretario General del PSC).
Y así, poco a poco, llegamos donde estamos hoy.
El PSOE, vapuleado por la derecha que consiguió la mayoría absoluta del electorado y comatoso después de décadas de sectarismo interno, intenta como puede decir algo, colocar su voz en el ruido mediático para reconectar de alguna manera con un electorado crispado y desconfiado.
Como tenemos en perspectiva la continuación de la cosecha de piedras que nos hemos labrado a conciencia en Cataluña, se nos ocurre presentar, como discurso propio, este “discurso federal”
Ahora bien... ¿Es propio?... ¿Es federal?
Volvemos a la magia performativa de las palabras. ¿Por qué llamamos federal a un esquema que rompe precisamente los principios federales?... ¡Si Hamilton levantara la cabeza!
En realidad, como se ha reconocido cientos de veces, pocos estados federales de los realmente existentes en el mundo alcanzan el grado de descentralización de España.
Para considerar a un estado como Estado Federal deberíamos añadir a la descentralización la presencia constante de un pacto de mutua lealtad (pacto… “foedus”… de ahí viene el término “federal”). Ese pacto se manifiesta de manera permanente y en todos los aspectos políticos, jurídicos, económicos y sociales.
Es un pacto para la unidad entre personas que habitan unos territorios diferenciados. El pacto federal es, referido a la organización territorial del poder, lo que el pacto constitucional al arbitraje entre todo tipo de minorías políticas y sociales.
El pacto constitucional separa lo privado de lo público y aún en esto, determina los límites, las reglas del juego, de manera que no pueda establecerse la tiranía de ningún grupo social, étnico, religioso, ideológico, etc. sobre el común.El pacto constitucional requiere, indefectiblemente, la práctica de la tolerancia y el respeto a la ley.
El pacto federal requiere, por su parte, la lealtad. No basta con la abstención, con el cumplimiento… “por imperativo legal”… Cualquier convivencia forzada por normativas ineludibles se ha de tornar odiosa sin remedio. De ese malestar obtiene el nacionalismo su alimento político. En los territorios con poderosas fuerzas políticas nacionalistas, el electorado nacionalista se sentirá preso en una jaula política y jurídica. Hacerla de oro no resuelve el problema. Una privilegiada financiación, por ejemplo, se ha de hacer insoportable a los demás, a los territorios excluidos del festín, sin acrecentar lo más mínimo el amor a la patria común y generosa entre los beneficiarios, máxime cuando un discurso constante como un mantra repite incesante que tal flujo financiero no es otra cosa que el mísero pago que compra la falta de libertad.
De hecho, el nacionalismo ha crecido en la medida en que la democracia española ha sido más generosa y en la que se ha tolerado la construcción sociopolítica e institucional de una Euskadi (en el caso vasco) independiente de facto y donde incluso la propia palabra España estaba oficial y prácticamente abolida y sustituida por el eufemístico “Estado Español”.
En estas condiciones, que tal vez no fueron siempre las mismas en Cataluña, pero que hoy por hoy lo son… ¿Qué hemos aprobado? (por cierto, en un órgano escasamente representativo… ¿Qué guardamos para el Comité Federal?).
Haré algunos comentarios a la noticia, según la extraigo del diario El País del sábado día 6 de Julio.
…A última hora, después de meses resistiéndose a hacerlo, la dirección federal del PSOE ha decidido incluir en su propuesta de reforma constitucional el principio de “ordinalidad” de la financiación autonómica, una de las principales reclamaciones del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Ese principio propugna una limitación del fondo de solidaridad interregional para evitar que las comunidades más ricas, tras aportar al fondo común, bajen puestos en financiación per cápita o recursos
La cuestión de la ordinalidad había generado un fuerte debate en el PSOE y un pulso con el PSC, que desde el primer momento exigió que ese concepto figurara en el documento territorial.
El coordinador del documento, el diputado Ramón Jáuregui, afirmó hace solo tres días que la “filosofía” de “limitar el perjuicio” a las comunidades ricas por su aportación a la solidaridad sí estaría en el texto, pero no el concepto como tal, la “denominación expresa” de ordinalidad, (PSC).
En realidad, es como discutir sobre cuál ha de ser la manera más caritativa de aplicar la pena de muerte. Si entramos en ello, si nos enredamos en el debate, habrá que dar por descontado que ACEPTAMOS la pena de muerte. Si no la aceptáramos, no tendría sentido entrar en este tipo de disquisiciones.
Sin embargo entramos, entramos a modular el Principio de Solidaridad(que se suponía que era el elemento central en nuestro discurso) y aceptamos hacerlo, no entre las personas, sino entre los territorios. Aceptamos que el “sujeto (activo) de la solidaridad” es Cataluña. Cataluña en sí… como nación, como unidad político-financiera y no, ni siquiera, los catalanes, o los contribuyentes netos de Cataluña, por mejor decir.
El mero hecho de intentarlo requiere el previo planteamiento de otro proceso del que no se nos dice nada. En efecto, para poder calcular “el perjuicio” (en los términos usados por Ramón Jáuregui) causado a una comunidad rica por la aplicación del Principio de Solidaridad es necesario entrar en el proceloso mundo de las “balanzas fiscales” territoriales, asunto esotérico donde los haya pero del que, por lo menos, cabe decir una cosa: Que tal y como se ha demostrado hasta la saciedad (y resultaría excesivo para las pretensiones de este escrito entrar en ello, pues hay muchísima literatura técnica al respecto) dependiendo del resultado que se busque, se diseñan los diferentes “inputs” para que la balanza fiscal ofrezca unos resultados que corroboren nuestras opiniones políticas preestablecidas.
Cuando se tira a rodar monte abajo la piedra de las cuentas entre socios; cuando surge la desconfianza y comienzan (o se agudizan) los agravios; cuando (como hemos hecho nosotros, los socialistas) hasta somos capaces de parcelar el curso de los ríos para discutirnos el agua entre comunidades, no sé si podremos seguir viviendo juntos. Lo que sí sé es que aquel viejo pacto de mutua lealtad necesario, el “foedus federalis”, ha saltado por los aires.
¿Qué gana con ello el PSC?...Ni idea.
¿De verdad pensamos que la caída del voto es tributaria de nuestra “falta de catalanismo”?... ¿No será de nuestra “falta de socialismo”?
En efecto, esto no lo digo yo, lo dice Perez Royo en El País (06/07/2013):
Desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de autonomía, el binomio Constitución/Estatuto ha dejado de ser considerado una fórmula de integración por la inmensa mayoría de los ciudadanos residentes en Cataluña, como han puesto de manifiesto los resultados de las elecciones celebradas desde entonces y como siguen poniendo de manifiesto todos los estudios de opinión que se van conociendo.
Pensar que el Estatuto puede recuperar la posición que ha tenido desde la entrada en vigor de la Constitución hasta la sentencia del Constitucional (STC 31/2010), es desconocer la realidad.
El Estatuto se ha convertido en una norma odiosa, cuya sola mención suscita rechazo.
Pero, pasemos a otro asunto.
El jueves, el líder catalán, Pere Navarro, visitó al secretario general del PSE, Patxi López, en su gira para convencer a otros barones, tras haber ido la semana pasada a Andalucía para hablar con José Antonio Griñán.
¿Y, bien?
¿Ha quedado convencido Patxi López?...Al parecer sí, dada la unanimidad con la que se ha pronunciado ese “Consejo de barones” aún a pesar de que, hasta ayer mismo “la cuestión de la ordinalidad había generado un fuerte debate en el PSOE y un pulso con el PSC, que desde el primer momento exigió que ese concepto figurara en el documento territorial”.
¿De qué nos ha convencido Pere Navarro?... ¿Con qué argumentos?... Claro que, si aquí defendemos un privilegio (Concierto más cupo vigente) estamos jodidos a la hora de debatir con otros sobre la solidaridad interterritorial.
Ahora bien, ni aquí, ni allá, sacaremos nada en limpio de la defensa vergonzante de privilegios financieros que, nos pongamos como nos pongamos, van en contra del discurso que el electorado interpreta como el discurso socialista, aunque haga tiempo que no se lo planteemos.
Por cierto, entre miles de ejemplos de esa manipulación del lenguaje político en la que hemos caído, no me resisto a dejar pasar un artículo publicado ayer mismo en Zoom News por Borja Chato que, refiriéndose a esta propuesta del PSOE dice, entre otras cosas:
“…resulta curioso imaginar un documento así en los años socialistas de Felipe González y Alfonso Guerra. Éste ya se ha manifestado en repetidas ocasiones acerca de los problemas surgidos entre PSOE y PSC y su opinión al respecto es tan jacobina como sobradamente conocida…”
Por lo visto, el término “jacobino” que incluso teñía la sangre de Machado, ha pasado a ser algo anticuado para el lenguaje socialista… Y si, además de “jacobina” es “sobradamente conocida”, entonces… ¡apaga y vámonos!
Al parecer, lo conocido aporta un aire arcaico… no es “innovador”, no es moderno. Lo interesante, lo “cool”, sería este ser “un poquito nacionalistas” pero “dentro del Estado”… como afirma el propio Chato…
“Ahora queda por ver cómo aceptan las bases del partido esta fotografía que es todo un nuevo concepto de la organización del Estado”
Debería saber este señor que las “bases del partido”, sencillamente, no pintan nada.
Pero es que, además:
…”El análisis que hace la dirección del PSC es que, si el País Vasco no se descolgó de la Constitución de 1978 gracias al reconocimiento del concierto económico y el PNV acabó reclamando la abstención, la nueva Constitución española ha de hacer lo propio con la identidad catalana y con un nuevo modelo de financiación que respete la ordinalidad”
Entran ganas de poner un (sic) por si acaso alguien que leyera estas líneas creería que me lo estoy inventando.
Yo me pregunto… Una vez recibida la convincente visita del compañero Pere Navarro… ¿Es eso lo que piensa el Secretario General del PSE?
¿Nadie le ha explicado a Pere Navarro y al resto de la dirección del PSC (ni lo va a hacer) el referendo constitucional del País Vasco a la Constitución, o el juego desleal del PNV en el debate constitucional?
¿De verdad acepta el PSE el relato nacionalista sobre el cómo se fraguó la constitución en Euskadi?
Pero avancemos,
…Rubalcaba admitió que la ordinalidad había provocado “un gran debate” en el partido, pero subrayó que esa figura “ya está sancionada por el Constitucional”
¿Y?... Supongamos que algo es legal (por ejemplo, la reforma laboral, o tantas otras que hace el Gobierno, o puede llegar a hacer en el ejercicio legítimo de su mayoría absoluta)... Se constituye esa legalidad en argumento de peso como para estar a favor y resolver “un gran debate”?... ¿De verdad ese “debate” ha sido tan grande como dice Rubalcaba? Porque si el debate ha tenido tal magnitud… ¿Cómo se explica que se cierre por unanimidad de la noche a la mañana y se ofrezca como (paupérrimo) argumento el de que esa figura “está sancionada por el Constitucional”?
Pero es que, además, en el propio cuerpo de la noticia del sábado se desmiente ese razonamiento:
…"Lo que dijo el alto tribunal en 2010, con una redacción un tanto ambigua, es que la ordinalidad es constitucional si se interpreta con un “limitado alcance” y no se entiende como una obligación permanente para el Estado.
Que el sistema de solidaridad interregional no debe perjudicar a las regiones más prósperas “más allá de lo razonablemente necesario” para que las demás prosperen.
Y que los fondos de nivelación deben buscar la “aproximación progresiva” de las comunidades más pobres a las más ricas, siempre y cuando el resultado no sea “la peor condición relativa de quien contribuye respecto de quien se beneficia [de la solidaridad]”.
Es decir, que se trata de una burda mentira.
¿Por qué se trata a la militancia (del electorado, ni hablamos) como si fuéramos bobos, simplemente porque no tenemos posibilidades de contestar, de organizar en efecto ese “gran debate”?
Continuemos,
…Los socialistas catalanes también expresan su satisfacción por el hecho de que el texto hable de “los hechos diferenciales y competenciales” desarrollados por “la práctica política y los Estatutos” y se aluda directamente a los “derechos históricos que el Estatuto de Cataluña recoge en su artículo 5”.
¿Qué demonios puede ser?... ¿Cuál puede ser la “sustancia ontológica”, de tales “hechos diferenciales y competenciales” desarrollados por “la práctica política y los Estatutos”?
Naturalmente, estoy hablando desde el punto de vista de un partido socialista, no nacionalista.
Para un partido nacionalista la idea está bastante clara, se trata de consolidar diferencias (de trato) que resulten beneficiosas (si no, jamás) para la propia tribu y que no encuentren su acomodo en la Constitución (manifestación genuina de ese pacto federal) sino en la fuerza de los hechos, en el ejercicio de un poder nacionalista consentido por los demás, eufemísticamente llamado “práctica política”.
En cuanto a lo de los derechos históricos que el estatuto de Cataluña recoge, desde una perspectiva simplemente seria (no digo que jurídicamente bien argumentada, sino simplemente razonable) cabe afirmar que, aunque el monstruoso y psicotrópico texto del Estatuto de Cataluña diga lo que diga, la Constitución Española solamente declaró amparar los “derechos históricos de los territorios forales” y aún así, su actualización debía llevarse a cabo en el marco de los Estatutos de Autonomía, entonces por desarrollar (D.A. Primera de la C.E.).
Cataluña no puede descubrir ahora una nueva fuente de derechos preconstitucionales (históricos). ¿Cómo es que no aparecieron en el proceso estatutario de Sau?
En cualquier caso. Semejante argumento es imaginable en boca de nacionalistas, pero… ¿en boca de socialistas?
Un poco más:
…El borrador que debatirá hoy el consejo territorial del PSOE satisface a los socialistas catalanes porque la propuesta de reforma constitucional recoge, con matices, dos de sus principales reclamaciones:
el principio de ordinalidad
y el reconocimiento expreso de Cataluña.
De la ordinalidad ya hemos hablado. ¿Qué quieren decir los barones del PSOE con ese “reconocimiento expreso de Cataluña”
Porque reconocer, lo que se dice reconocer, Cataluña está más que reconocida.
Hay que suponer, forzosamente, que lo que se quiere decir es que Cataluña sea reconocida… “de una manera distinta a como lo es en la actualidad”
¿Cómo qué?
En principio el “reconocimiento” no implica nada, es algo puramente simbólico… (el “Principado de Asturias”… la “Ciudad Condal”… la “Catedral del fútbol español”… “Llámeme Excelencia, si no le importa”, etc.).
Si se busca un reconocimiento novedoso es porque, tras ese reconocimiento, se pretende ejercer una acción política que encuentre en el mismo su legitimidad.
Por ejemplo, reconózcame la hidalguía… para no pagar impuestos (lo que tenía lugar en la Real Chancillería de Valladolid y donde, por cierto, tanto acudíamos los vasquitos a acreditar nuestra “limpieza de sangre”... sin tacha de moro ni judío).
¿Qué es, entonces, eso que tanto “satisface a los socialistas catalanes”?
Otro asunto.
Donde los negociadores catalanes arrojaron la toalla desde el primer momento fue en lo referente a la reclamación de que la Constitución reconozca la posibilidad de celebrar referendos territorializados, a la vista de la absoluta negativa del PSOE.
¡Vaya por Dios!
¡Por fin un tema estrictamente democrático y aquí nos oponemos!
Parece mentira que nos lo tenga que explicar el Primer Ministro británico, David Cameron:
“Si intentas ignorar estas cuestiones de nacionalidad, independencia, identidad… lo mejor es ofrecer tus argumentos, afrontar el problema y dejar que la población decida… es lo que creo que se ha de hacer en Reino Unido…”
Y sin embargo, en esto parece ser que el PSOE ha sido mucho más rígido y el PSC mucho más comprensivo. Va a resultar que lo que nos interesa no es “la independencia”… sino el mantenimiento de un discurso de insatisfacción ante una España –Madrastra Patria- que nos tiene aherrojados, nos esquilma y ofende nuestra ancestral identidad.
Por qué se opone el PSOE a que sean los ciudadanos de Cataluña los que digan si quieren ser, con lealtad federal, ciudadanos de España o si prefieren la independencia ( valga lo dicho, “mutatis mutandi” para los ciudadanos de Euskadi). ¿Por qué?
¿De qué sirve tener compatriotas forzados? El bien (si como tal lo calificamos) de mantener a Cataluña en el seno jurídico- que no en el emocional- de España ¿merece ser logrado al precio de tanto mal?... ¿Vale la pena entronizar la desigualdad y la insolidaridad, que son las patologías políticas cuya derrota da sentido a una convivencia política para los socialistas, que yo sepa?
¿No es como mantener un matrimonio sin amor por la pura fachada social?
¿No es mejor, como dice Cameron, “afrontar el problema y ofrecer tus argumentos”?
¿No es mejor que los catalanes consideren si es necesario, o conveniente, para ellos ser también españoles (en condiciones de igualdad) a que simplemente se lo hagamos soportar como obligatorio?
Aún hay más,
...Sobre la territorialización de la justicia, el PSC considera un avance que se afirme que “con carácter general los diferentes procesos en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales deban culminar en los tribunales superiores de justicia y no en el Tribunal Supremo”.
Bien. No cabe duda de que “el Servicio de la Justicia”, la prestación de dicho servicio público, debe estar adecuadamente descentralizado. De hecho, lo está.
En efecto, de entre los muchísimos problemas que afectan a la Justicia Española, el hecho de que la cúspide judicial esté residenciada en el Tribunal Supremo es algo que, por lo menos yo, no tenía detectado y que dudo mucho de que constituya una preocupación significativa. Antes bien, podríamos hablar de las múltiples estructuras y mecanismos que la encarecen a favor de intereses puramente corporativos, como la intervención obligatoria de procuradores, notarios, registradores, etc. Podríamos hablar de un diseño de los procedimientos jurisdiccionales obsoleto y decimonónico (o dieciochesco, casi). Podríamos hablar de una legislación motorizada de ínfima calidad técnica, de regulaciones nacidas al calor de las demagogias de cada instante, o de la efectiva presión de los “lobbys”, y que han terminado por construir una maraña legislativa incomprensible donde la seguridad jurídica brilla por su ausencia, etc. etc.
Lo que no cabía suponer es que el abordaje de la cuestión, para unos socialistas, pasaba prioritariamente por la eliminación de “Madrid” (porque de eso se trata, ni más ni menos).
Puestas así las cosas, me pregunto: Si todos los españoles somos iguales ante la ley... ¿Cómo se reconducen a la unidad jurisprudencial las opiniones, naturalmente divergentes, de los tribunales territoriales si “con carácter general” eliminamos al Tribunal Supremo?
Con las tecnologías de que hoy se dispone... ¿Cuál es el problema de ventilar un Recurso de Casación en Madrid cuando vamos a estar, cada día más, pendientes de pleitos en Luxemburgo?
Otro poco más,
La propuesta territorial del partido recogerá también, previsiblemente, propuestas ya avanzadas en estos meses:
• un reparto más claro de las competencias del Estado y de las comunidades;
• un capítulo de “singularidades” de ciertas autonomías que les dé un trato constitucional específico,
• la descentralización de la Justicia para dar más poder a los Tribunales Superiores de las comunidades y menos al Supremo (otra reivindicación nacionalista y del PSC, que los socialistas asumen con límites) y
• la sustitución del Senado por una Cámara territorial elegida no por los ciudadanos sino por los Gobiernos o los Parlamentos autónomos.
Vayamos a lo que importa: ... “un capítulo de singularidades de ciertas autonomías que les dé un trato constitucional específico”
Esto, como es obvio, es decir mucho... y no decir nada.
Todos, personas y colectivos, tenemos el derecho, el perfecto derecho, a la DIFERENCIA. ¿Es eso lo que se oculta bajo el confuso término de “singularidad”?... Si es así, no hay nada que decir. Salvo que, tal vez, no es fácil entender en qué medida la Constitución (incluso la vigente) impone uniformidades incompatibles con esas diferencias. Habría que explicarlo muy clarito. ¿Acaso no es la propia Autonomía, como concepto político, el cauce adoptado para el libre desarrollo de esas diferencias?
El propio Preámbulo de la Constitución de 1978 proclama que es voluntad de la Nación Española, entre otras cosas, “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.
En fin. Valgan, si así os parece, de cierta utilidad para ese “gran debate” estas acotaciones al margen de una noticia escalofriante escritas desde el más profundo respeto por todos los compañeros... aunque no por sus ideas o acciones.
08/07/2013
Rafael Iturriaga
Esta es una de las propuestas que más debate han generado: en el caso de que fuera elegida por los Gobiernos, está en cuestión hasta qué punto podría tener poder de decisión sobre la elaboración de leyes una Cámara cuyos representantes no son elegidos en las urnas.
En la última fase de la negociación ha surgido otra propuesta a incorporar al texto con una redacción genérica: la revisión del cupo vasco y navarro, el dinero que aportan esas dos comunidades al conjunto del Estado (por su sistema especial de financiación, el concierto) y que el resto de regiones considera muy escaso.
Notas sobre el acuerdo de Granada