PSE-EE SOCIALISTAS VASCOS, EUSKAL SOZIALISTAK Congreso y Senado Iniciativas Proposiciones no de Ley

2013-05-20T22:00:00+00:00

El portavoz socialista afirma la marca España no es tener a los empresarios más ricos del mundo, sino a las empresas más responsables socialmente

Madrid, 17 de abril de 2013.- Ramón Jáuregui, portavoz de la Comisión Constitucional, ha defendido esta tarde una proposición no de ley que pretende “evitar que las grandes multinacionales operen en condiciones infrahumanas en países pobres y subdesarrollados, como en Bangladesh”.

El portavoz socialista ha recordado que en Bangladesh ocurrió el mayor desastre laboral de la historia “Una fábrica textil se hundió y murieron 1.400 personas y de las más de 2.000 heridas, muchas también morirán. Las tareas de desescombro no han terminado. El olor de la muerte persiste todavía. El dolor de la tragedia durará muchos años. Para muchos, nunca habrá consuelo”.

“Veinte millones de operarios trabajan en Bangladesh siete días a la semana, 12 horas al día por 30 dólares al mes”, ha añadido.

“¿Por qué nos afecta algo que ocurre tan lejos, en lo que no tenemos responsabilidad?, se ha preguntado Jáuregui. “Nos afecta porque hay empresas españolas que operan allí. Queremos que nuestras empresas sean socialmente responsables en todo el mundo. Porque, la marca España, no es tener a los empresarios más ricos del mundo, sino a las empresas más responsables socialmente. Nos afecta porque compramos la ropa de todas las marcas del mundo producida en condiciones de esclavismo y explotación inhumanas y tenemos en nuestra mano la decisión de premiar a las marcas más responsables o castigar a las más irresponsables. Y nos afecta como seres humanos que elevan su voz y su protesta contra la indignidad humana”.

Ha explicado lo que ocurre entre las textileras del mundo después de la catástrofe. “Primero, algunas empresas, americanas especialmente, van a abandonar Bangladesh y si todas hicieran eso, arruinarían todavía más ese país. Segundo, casi todas las empresas están firmando, junto a sindicatos y autoridades internacionales, un protocolo de actuación en empresas seguras, y es algo bueno pero insuficiente. Y tercero, se está discutiendo sobre la responsabilidad, para con los muertos y heridos, de las grandes compañías que operaban en la fábrica siniestrada. Hay un grupo de empresas europeas, que barajan aceptar su responsabilidad y pagar indemnizaciones y compensaciones, con arreglo a fórmulas y baremos pactados con el Gobierno del país”.

Ha calificado de paso gigantesco la asunción directa de responsabilidad y compensación a trabajadores subcontratados y, también, el establecimiento de cláusulas de aseguramiento con compañías privadas de este tipo de eventualidades, para todas las que operan en Bangladesh. “Dos firmas españolas que subcontrataban en la fábrica destruida, no asumen esta responsabilidad. No es el momento de decirlo pero, advierto que las denunciaré públicamente si no asumen este marco de responsabilidad”.

            El diputado socialista ha dicho que la proposición pretende incorporar a las grandes compañías españolas a la Cultura de la Responsabilidad Social en sus operaciones y subcontrataciones en todo el mundo. También, trata de instalar los principios de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”, que establecen la obligación de cumplir las grandes convenciones de Derechos Humanos y Dignidad Laboral para las empresas que operan en esos países y que permite a los Tribunales nacionales juzgar esa inaplicación fuera del país.

El portavoz de Constitucional se ha referido a que Naciones Unidas ha puesto en marcha un nuevo instrumento jurídico internacional, que desarrolló el jurista Ruggie, y que ha dado nombre a esos principios. “La proposición quiere que España traslade la doctrina y los principios del informe Ruggie que han de regir la práctica de las empresas en materia de derechos humanos en los planes que está elaborando el Gobierno”.

También, el texto de los socialistas pide proceder a reformas normativas para que la práctica empresarial respetuosa con los derechos individuales sea un requisito para obtener ayudas o apoyo financiero estatal.

ENMIENDA TRANSACCIONAL A LA PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIOSOCIALISTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DERECHOS HUMANOS (nº exped. 162/000591)

(Esta enmienda transaccional está firmada por los grupos Socialista, Popular, CiU, PNV y UPyD. También por algunos diputados del Mixto. El Grupo IU-ICV-EUiA-CHA no la han firmado pero apoyan la enmienda transaccional)

ENMIENDA

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.    Concluir, a la mayor brevedad posible, la incorporación de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos puestos en práctica en el marco de Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, al segundo Plan de Derechos Humanos que está elaborando el Gobierno en cumplimiento de diferentes mandatos parlamentarios. Dicho Plan incorporará medidas concretas dirigidas a su aplicación y difusión.

2.    Trasladar y proponer al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, la incorporación a sus trabajos del Informe del Representante Especial del Secretario General para las cuestiones de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas (John Ruggie), para su análisis y estudio en el seno del Consejo por parte de los agentes económicos y sociales que lo integran, con el fin de emitir un informe respecto a las medidas que pudieran ser adoptadas.

3.    Contemplar en el marco de las directrices que deben regir la futura Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, además de las orientaciones y mecanismos para la Coherencia de Políticas, la inclusión de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.

4.    Realizar las acciones oportunas con el objeto de propiciar e incentivar la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo, dentro de los Planes de Fomento de la Marca España.

5.    Analizar la manera de vincular el cumplimiento de las empresas en materia de Derechos Humanos a la recepción de apoyo oficial del Estado, fomentando la elaboración por parte de las mismas de Planes Específicos referidos al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia debida en materia de Derechos Humanos y promoviendo la transparencia y la información sobre su cumplimiento.

6.    Elaborar un informe jurídico sobre las posibilidades de desarrollar mecanismos judiciales o no judiciales en cumplimiento de los principios de “protección, respeto y remedio” de los Derechos Humanos, que garanticen la reparación ante las violaciones de Derechos Humanos.

7.    Elaborar un informe sobre las iniciativas adoptadas en el conjunto de las administraciones públicas para la aplicación en España de los principios rectores sobre Derechos Humanos y Empresa, que se presentará a la Comisión Constitucional del Congreso.

8.    Informar a las Comisiones Parlamentarias competentes del estado del procedimiento de elaboración del I Plan de Implementación en nuestro país de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, y establecer mecanismos de evaluación y de coherencia entre este Plan con el II Plan de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE).

9.    Apoyar la aprobación de la Directiva del Consejo relativa a transparencia sobre información no financiera, que modifica las Directivas 78/660/CEE, dirigida a coordinar las legislaciones nacionales sobre las cuentas anuales de ciertas formas de sociedades y la Directiva 83/349/CEE, relativa a las cuentas consolidadas.”

Odon Elorza acusa a la DGT y al Ministro de Interior de "boicotear el uso de la bici en ciudades al obligar a los ciclistas a usar el casco en las calles"

2013-03-11T23:00:00+00:00

El diputado del PSE-EE por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha expresado "su rechazo a la pretensión de la Dirección General de Tráfico y del Ministro de Interior de incluir modificaciones en el Reglamento General de Circulación, no dialogadas ni con los colectivos de usuarios de la bici ni con la Red de Ciudades por la Bicicleta, para dificultar la expansión de la bicicleta en las ciudades españolas".

En opinión de Elorza, "el PP hace todo lo contrario a lo que sería razonable para potenciar el uso de la bici con garantías y para equipararnos al resto de Europa en cuanto a la presencia de la bicicleta en las ciudades. Es más, impone el uso del casco a los ciclistas urbanos cuando esa norma no existe en ningún otro país europeo".

Para el diputado socialista, las propuestas del PP relativas al "casco obligatorio en vías urbanas, el arrinconamiento del ciclista frente al coche en la calzada y el mantenimiento del régimen sancionador a los ciclistas como si provocaran el mismo peligro que los vehículos motorizados, parecen pretender desanimar y expulsar a los ciclistas de las calles de ciudades como Barcelona, San Sebastián, Sevilla, Vitoria, Córdoba y otras muchas que han apostado por favorecer la movilidad sostenible en bici y la oferta de servicios de bici pública en alquiler en puntos callejeros que con el casco haría inviable el sistema actual".

En opinión de Elorza “tiene toda la razón la Asociación Conbici al afirmar que "en los datos aportados por la misma D.G.T. se demuestra que el uso del casco en los ciclistas, no es relevante para evitar las lesiones craneoencefálicas y por tanto no justifican en absoluto el uso obligatorio del casco para ciclistas en ccalles, un casco que técnicamente en el caso de la bicicleta no acostumbra a evitar este tipo de lesiones y menos cuando se producen lesiones causadas por atropellos de vehículos a motor, que suponen la mayoría de los accidentes graves". En los países avanzados, donde se usa la bicicleta de forma cotidiana, se desaconseja dicha obligación, precisamente por su poca eficacia en la mayor parte de los accidentes.

Esta polémica se produce días antes de que la Comisión de Seguridad Vial del Congreso debata una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, registrada nada menos que el pasado mes de mayo y redactada por Odón Elorza, que la defenderá el próximo miércoles, a partir de las 16:00 horas.

La Proposición no de Ley socialista insta al Gobierno “a la creación urgente de un Consejo Nacional de la Bicicleta, a modo de instancia asesora, consultiva y de participación democrática de todos los sectores comprometidos con el impulso y desarrollo de la utilización de la bicicleta en las ciudades españolas, de cara a aprobar los cambios normativos precisos y a la elaboración participada de un Plan Estratégico que favorezca el uso de la bici para una movilidad más sostenible en nuestras ciudades”.

2013-02-22T23:00:00+00:00

El diputado del PSE-EE por Gipuzkoa, Odón Elorza, uno de los parlamentarios firmantes de la Proposición no de Ley, que exige al Gobierno que ponga fin al conflicto laboral que el Ejecutivo del PP ha generado.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición no de ley, firmada por varios diputados socialistas, entre ellos el diputado del PSE-EE por Gipuzkoa, Odón Elorza, en la que insta al Gobierno a crear una mesa de diálogo para solucionar el conflicto laboral entre Puertos del Estado y los trabajadores. La iniciativa exige también, el cumplimiento del convenio colectivo, firmado entre Puertos del Estado y los sindicatos.

Los diputados socialistas firmantes expresan su “máxima preocupación” por el conflicto laboral que ha generado el Gobierno en el seno de Puertos del Estado, al tiempo que esperan que los responsables del Ejecutivo den una solución rápida a dicho conflicto, dado que “el sector portuario es clave para la recuperación económica de nuestro país”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se deja constancia de que “el principal problema está en la contradicción entre el ministerio de Fomento, que apoya el convenio firmado, y la negativa de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR-Ministerio de Hacienda), dejando sin efectividad los acuerdos alcanzados y rubricados, que afectan a unos 5.000 trabajadores y trabajadoras de los 29 organismos públicos. Situación que hace que el Gobierno invalide el acuerdo suscrito en la mesa de negociación del convenio colectivo, entre el propio ministerio de Fomento y los sindicatos mayoritarios en el sector, generando con ello un ataque frontal al derecho de negociación colectiva”.

Así, la Pnl socialista insta al Ejecutivo “a crear de forma urgente una mesa de diálogo entre las federaciones de los sindicatos más representativos de los trabajadores de Puertos del Estado (UGT, CCOO y CIG) y los ministerios de Fomento, Hacienda y Administración Públicas, para desbloquear el convenio firmado entre Puertos del Estado y los sindicatos”.

La iniciativa exige también “el cumplimiento del laudo arbitral dictado por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje del 26 de Julio de 2011”, por el que se confirman los derechos de los trabajadores.

Junto a Odón Elorza firman la iniciativa los parlamentarios Antonio Trevín, diputado por Asturias; María González Veracruz, diputada por Murcia; Ximo Puig, diputado por Castellón; Pablo Martín Pere, diputado por Illes Baleares; Puerto Gallego, diputada por Cantabria; Francesc Vallès, diputado por Tarragona; Manuel Pezzi, diputado por Granada; Paloma Rodríguez, diputada por A Coruña y Sebastián Franquis, diputado por Las Palmas, forma parte de una batería de iniciativas puesta en marcha por el Grupo Socialista en las que se insta al Gobierno a solucionar este conflicto y se exige la comparecencia de la ministra de Fomento para explicar el veto al convenio colectivo.

Uso de las bicicletas en las ciudades

2012-03-08T23:00:00+00:00

Apoyo a la Y Vasca

2009-02-11T23:00:00+00:00

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