PSE-EE SOCIALISTAS VASCOS, EUSKAL SOZIALISTAK Parlamento Vasco Proposiciones de Ley

2016-04-17T22:00:00+00:00

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, presentan la siguiente Proposición de Ley para su debate urgente en Pleno, y por el procedimiento de Lectura Única al amparo de los artículos 103 y 163 del Reglamento del Parlamento Vasco

JUSTIFICACIÓN

Tras la finalización de los trabajos de Ponencia sobre la creación de un Fondo de Compensación a las Víctimas del Amianto se presenta la siguiente propuesta legislativa para su envío a las Cortes Generales:

TÍTULO DE LA LEY: Ley de creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fueron 3.943

Durante todo el siglo XX se importaron unas 2.600.000 toneladas de amianto. El pico máximo de consumo se produjo entre los años 1970 y 1980. Unas tres cuartas partes se utilizaron para fabricación de fibrocemento para la construcción, cifra similar a la de otros países.

Se calcula en unas 2.300.000 toneladas el consumo de amianto entre los años 1960 y 1995, lo que supone un 30 % menos de consumo que en Francia.

Se ha probado científicamente que existe una relación directa ente el consumo de amianto y el mesotelioma. En estudios recientes (Chérié-Charline en 2012) se señala que en Francia actualmente se diagnostican unos 1.000 mesoteliomas de promedio al año. Por ello, se estima que si el consumo ha sido un 30 % inferior, podríamos afirmar que estaríamos en torno a los 700 mesoteliomas de promedio por año.

Esta situación es similar a la existente en otros países de la Unión Europea y no obstante, a pesar de ello, España no cuenta aún con un fondo de compensación.

Si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades.

De estos datos se puede deducir que hasta 2023 seguiremos con un número ascendente de casos lo que pone más en evidencia la necesidad de poner en marcha en nuestro país un fondo de compensación como los existentes en Francia, Holanda o Bélgica. A partir del 2023 se estabilizarán las cifras y se iniciará una rápida tendencia descendente. Estas son las previsiones.

El amianto actualmente ya no existe como problema preventivo. El problema radica fundamentalmente en las enfermedades derivadas de antiguas exposiciones que afloran y seguirán aflorando aún con más intensidad.

Los daños sufridos están derivando en una gran cantidad de litigios ello hace necesaria la creación de un Fondo de compensación sin culpa.

La litigiosidad fundamental se refiere o afecta a trabajadores que hayan podido estar en relación con el amianto.

Además hay que tener en cuenta los contactos fuera del ámbito laboral, dentro del ámbito familiar (por lavado de ropa en casa) o ambiental, que no regula ahora el sistema.

A diferencia de los accidentes de trabajo, en las enfermedades profesionales los daños no son instantáneos, aparecen años más tarde, y en el caso del amianto décadas más tarde, cuando muchas empresas han desaparecido.

No obstante, todos los datos anteriormente señalados ponen de manifiesto que afecta a un número de trabajadores suficientemente significativo como para poder justificar el establecimiento de un Fondo de compensación.

Además, el principal problema es que muchas empresas donde se produjo la exposición ya han desaparecido cuando la enfermedad se manifiesta, dado que podemos estar hablando de exposiciones que se produjeron de 20 a 50 años antes, o que los trabajadores han podido prestar servicios en diferentes empresas a lo largo de su vida laboral, lo que dificulta la identificación de la exposición concreta que generó la enfermedad.

Ello supone una dificultad añadida en la identificación de las empresas responsables del pago de las indemnizaciones que pueden corresponder a los afectados. Muchas de esas empresas han podido sufrir con el paso del tiempo reconversiones, escisiones, absorciones, cambios de denominación o traslado de actividades, que además pueden dificultar sobremanera la identificación del que puede ser el actual responsable de la que fuera, en su día, empleadora del trabajador, y de la actual sucesora. Ello conlleva por parte de los afectados o sus familiares una labor detectivesca, un enorme y dificultoso esfuerzo para identificar a la empresa responsable, que impide muchas veces reclamar, quedando al afectado sin compensación a pesar del daño sufrido en su salud.

La demostración de la exposición es dificultosa por todo ello, y resulta difícil establecer la causa-efecto para el afectado y sus familiares.

El fondo de compensación conseguirá que aquellas familias o trabajadores afectados que tienen vedada la vía judicial, por no tener empresa a la que reclamar la indemnización, vean compensado el daño.

Otro problema añadido es la judicialización de los procesos. Las víctimas han de luchar, para reclamar sus derechos, con los organismos de la Seguridad Social y con las mutuas en los juzgados. Los trabajadores afectados y sus familiares se ven abocados a un proceso judicial que conlleva un coste económico importante por parte de las familias, o por parte de las viudas, que, percibiendo pensiones mínimas, además han de asumir ese coste económico.

Toda esta situación (la enfermedad sufrida por el afectado, o el proceso judicial, entre otros) conlleva también un coste emocional para las familias y los afectados.

CAPÍTULO I

Naturaleza y organización

Artículo 1. Creación y Naturaleza

Uno. Se crea el Fondo para la Indemnización de las víctimas del Amianto.

Dos. El Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto es un Organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio que tenga asumidas las competencias en materia de Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Fines

Corresponde al Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto la reparación íntegra de los perjuicios tanto de toda aquella persona que haya obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto como de toda persona que haya padecido un perjuicio resultante de una exposición al amianto en el territorio del Reino de España.

Artículo 3. Recursos económicos

Para el cumplimiento de sus fines, el Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto dispondrá de los siguientes recursos:

1. Las cotizaciones efectuadas por los empresarios, tanto públicos como privados, que empleen trabajadores por cuenta ajena.

2. Aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

3. Las cantidades obtenidas por subrogación.

4. Las consignaciones o transferencias que puedan fijarse en los Presupuestos Generales del Estado

5. Cualesquiera otros previstos en las leyes.

Artículo 4. Estructura organizativa

Uno. La dirección y gobierno del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto, corresponde al Consejo Rector y a la Secretaría General.

Dos. Para la instrucción de los correspondientes expedientes y para la realización de las oportunas actuaciones subrogatorias, se constituirán unidades administrativas periféricas integradas en las Direcciones Provinciales de la Seguridad Social.

Artículo 5. El Consejo Rector

Uno. El Consejo Rector, órgano superior colegiado de dirección, estará integrado por su Presidente, cuatro representantes de la Administración Pública, cinco representantes de las Organizaciones sindicales, cinco representantes de las Organizaciones empresariales más representativas con arreglo a la Ley y dos representantes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, designados de acuerdo con sus Estatutos, y un Secretario.

Dos. La Presidencia del Consejo Rector corresponderá al Secretario de Estado de la Seguridad Social, siendo designados los restantes Vocales representantes de la Administración Pública libremente por el Ministro que tenga asumidas las competencias en materia de Seguridad Social, de entre los Directores y Subdirectores generales del Departamento con competencias relacionadas con los fines del Organismo.

Tres. Como Secretario del Consejo Rector actuará, con voz y sin voto, el Secretario general del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.

Artículo 6. Funciones del Consejo Rector

Uno. Son funciones del Consejo Rector:

a) Elaborar los criterios de actuación del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.

b) Conocer la evolución económica del Organismo y proponer al Gobierno, a través del Ministro que tenga asumidas las competencias en materia de Seguridad Social, las medidas oportunas para el cumplimiento de sus fines.

c) Aprobar el anteproyecto de presupuestos y de su liquidación anual.

d) Aprobar la Memoria anual de actividades del Organismo.

Dos. El Consejo Rector se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al menos dos veces al año, y a propuesta de la representación sindical o empresarial.

Artículo 7. Secretaría General

Uno. La Secretaría General es el órgano permanente de dirección y gestión del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto. Su titular, con nivel orgánico de Subdirector general, será nombrado por el Ministro que tenga asumidas las competencias en materia de Seguridad Social de entre funcionarios del Estado con titulación superior.

Dos. El Secretario general ostentará la representación del Fondo y la Jefatura de todos sus servicios y de personal.

Artículo 8. Funciones de la Secretaría General

Son funciones de la Secretaría General:

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector.

b) Ejercer y desarrollar las funciones directivas, administrativas, de gestión y cualesquiera otras no reservadas al Consejo Rector.

c) Elaborar y elevar al Consejo Rector, para su aprobación, el anteproyecto de presupuestos, de su liquidación anual y la Memoria anual de actividades.

d) Autorizar los gastos y ordenar los pagos.

e) Resolver, en primera instancia, los expedientes administrativos de solicitud de indemnización y cualquier otro tipo de peticiones que puedan afectar a los fines o intereses del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.

f) Ejercitar los derechos y acciones judiciales y extrajudiciales conducentes a una eficaz subrogación de los derechos que corresponden al solicitante de la indemnización contra las personas físicas o jurídicas responsables del perjuicio

g) Informar periódicamente de su gestión al Consejo Rector.

Artículo 9. Las unidades administrativas periféricas

Uno. Las unidades administrativas periféricas del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto, sin perjuicio de su dependencia funcional de la Secretaría General, se integrarán en la estructura orgánica de las respectivas Direcciones Provinciales de la Seguridad Social en las condiciones que se establezcan.

Dos. Al frente de cada unidad administrativa periférica se nombrará un funcionario, con el nivel administrativo que se determine, encargado de coordinar las actividades del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto y ejecutar las directrices de los órganos rectores del mismo.

Tres. A las unidades administrativas periféricas se adscribirá el personal necesario para el desarrollo de sus funciones; en particular, funcionarios licenciados en Derecho, habilitados para dar cumplimiento a los trámites de audiencia y ejercer con eficacia las acciones subrogatorias y de seguimiento.

Cuatro. En cada provincia se constituirá una Comisión de Seguimiento del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.

La Comisión, presidida por el Director provincial de la Seguridad Social, estará integrada por tres representantes de la Administración del Estado, tres de las Organizaciones sindicales, tres de las empresariales más representativas con arreglo a la Ley y uno de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 10. Funciones de las unidades administrativas periféricas

Son funciones de las unidades administrativas periféricas:

a) Instruir los expedientes administrativos de solicitud de indemnización elevando, a través de los respectivos Directores provinciales de la Seguridad Social, a la Secretaría General, la correspondiente propuesta de resolución.

b) Informar periódicamente a la Secretaría General de la situación y funcionamiento del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto en el ámbito de su competencia.

c) Los Letrados adscritos a las unidades administrativas periféricas del Fondo para la Indemnización del Amianto ejercerán la representación de éste en cuantas actuaciones judiciales y extrajudiciales resulten necesarias para una eficaz personación en los trámites de audiencia a que sea llamado el Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto por imperativo legal o acuerdo judicial.

d) Los Letrados representantes del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto ejercitarán, en el ámbito territorial correspondiente a la unidad administrativa periférica a que estuvieren adscritos, los derechos y acciones en que haya quedado subrogado el Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto, realizando las actuaciones conducentes al más eficaz reembolso de las cantidades satisfechas.

CAPÍTULO II

Cotizaciones, aportaciones y titulares del derecho

Artículo 11. Obligación de cotización y aportación

Están obligados a cotizar al Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto:

a) Todos los empresarios a que se refiere el número dos del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores , tanto si son públicos como privados, por los trabajadores por cuenta ajena que tengan a su servicio, vinculados por relación laboral ordinaria.

b) Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 12. Base de cotización e ingresos

Uno. La base de cotización será la misma que la establecida para el cálculo de la cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y desempleo en el sistema de la Seguridad Social.

Dos. El ingreso de las aportaciones se efectuará conjuntamente con las cuotas que corresponda abonar al Régimen de la Seguridad Social y en la misma forma prevista para aquéllas.

Tres. Las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales serán establecidas reglamentariamente.

Artículo 13. Titulares del derecho

Podrán obtener la reparación íntegra de sus perjuicios:

a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto.

b) Las personas que hayan padecido un perjuicio resultante directamente de una exposición al amianto en el territorio del Reino de España.

CAPÍTULO III

Procedimiento

Artículo 14. Iniciación del procedimiento

Uno. El procedimiento de solicitud de indemnización al Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto se iniciará con la solicitud de indemnización acompañada de los documentos justificativos que se precisen, y en particular de un certificado médico que demuestre la enfermedad y de todos los documentos necesarios para probar la realidad de la exposición al amianto.

Dos. No obstante, cuando el origen profesional de la enfermedad haya sido reconocido, el solicitante adjuntará a la petición, solamente la resolución de la Seguridad social.

Tres. El solicitante informará al Fondo de todas las acciones judiciales y extrajudiciales de indemnización que estén en curso en el momento de la petición.

Artículo 15. Ordenación

Uno. Iniciado el expediente, el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Dos. En el caso de que falten documentos, el fondo invitará, en un plazo de quince días, al solicitante a completar su petición.

Artículo 16. Instrucción

La intrucción del procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015 de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 17. Terminación

En el plazo de seis meses, a contar desde la presentación de una petición de indemnización, el Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto presentará al solicitante una oferta de indemnización. Ésta Indicará la evaluación establecida para el daño y perjuicio, así como el montante de las indemnizaciones que le corresponden.

La aceptación de la oferta supondrá la renuncia de las acciones jurisdiccionales de indemnización en curso y hará inadmisible cualquier otra acción jurisdiccional futura para reparación del mismo perjuicio. Lo mismo sucederá con las decisiones jurisdiccionales que se hagan definitivas asignando una indemnización íntegra para las consecuencias de la exposición al amianto.

Artículo 18. Recursos

Uno. Las resoluciones del Secretario general del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro que tenga asumidas las competencias en materia de Seguridad Social , que deberá interponerse en el plazo de un mes, contado desde el siguiente al de recibo de la notificación.

Dos. Las resoluciones dictadas en alzada por el Ministro que tenga asumidas las competencias en materia de Seguridad Social agotarán la vía administrativa y podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

CAPÍTULO IV

Acciones por subrogación

Artículo 19. Acciones por subrogación

Dictada la resolución de indemnización y aceptada por el solicitante, el Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto se subrogará en todos los derechos y acciones que correspondiesen a los titulates del derecho contra la persona responsable del perjuicio y contra las personas u organismos que debieran reparar el daño total o parcialmente.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera

El Secretario general del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto podrá delegar en los Directores provinciales de la Seguridad Social las facultades que al mismo corresponden para dictar resolución de reconocimiento de indemnización.

Segunda - Decreto de estructuración del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.

1. El Gobierno, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, aprobará el decreto de estructura y organización del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.

Tercera - Inicio de actividades del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.

1. La puesta en marcha e inicio de actividades del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto se determinará por el Gobierno en el momento en el que se apruebe el decreto que regule su estructura y organización.

2. En el supuesto de que el inicio de sus actividades no coincida con la entrada en vigor de la correspondiente ley de presupuestos, el Consejo de Ministros aprobará el presupuesto del organismo autónomo correspondiente al ejercicio económico en que inicie sus actividades, y dará cuenta de ello a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en el plazo de quince días. A tales efectos, se autoriza al Ministerio competente en materia de Presupuestos a realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para la formación de dicho presupuesto, sin que puedan suponer un incremento del importe global consignado en las partidas de los presupuestos generales vigentes al inicio de las actividades del organismo autónomo.

DISPOSICION FINAL.Se faculta al Ministro que tenga asumidas las competencias en materia de Seguridad Social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Grupo Parlamentario Nacionalistas Vascos Grupo Parlamentario EH Bildu

Grupo Parlamentario Socialistas Vascos Grupo Parlamentario Mixto UPyD

Grupo Parlamentario populares Vascos

2016-04-13T22:00:00+00:00

Blanca Roncal Azanza, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, PARA SU DEBATE EN PLENO, en relación a la elaboración de un Plan de diagnóstico precoz de la Hepatitis C.

JUSTIFICACIÓN

El Parlamento Vasco se ha pronunciado en varias ocasiones en defensa del derecho a la salud de forma integral, de forma que ningún paciente a quien su médico le haya prescrito un tratamiento quede sin recibirlo por razones económicas y presupuestarias. Ésta es una de las razones por las que la Cámara, siguiendo dicho principio, ha reclamado también la atención a todos los que padecen de Hepatitis C, sea cual sea la fase de desarrollo de la enfermedad, dado el éxito que muestran los medicamentos.

A pesar de las reticencias del actual Departamento de Sanidad, todas las experiencias médicas demuestras que cuanto antes se proceda al tratamiento, a pesar del impacto presupuestario inicial, menor será el gasto futuro y menos perjuicios tendrán los afectados. De hecho, según los últimos datos expuestos en una jornada científica reciente, el coste de dicho tratamiento se ha reducido ostensiblemente al haber aumentado la demanda del mismo.

Si se cumple la obligación pública de atender a todos los enfermos sea cual sea su grado de afección, el reto inmediato será la detección de toda la población que en próximos tiempos pueda desarrollar Hepatitis C, ya que se estima que sólo está diagnosticada cerca de la tercera parte. En Estados Unidos se aconseja la prueba de detección a todas las personas nacidas entre 1945 y 1965 se hagan la prueba, que consiste en un análisis de sangre. Expertos españoles consideran que en España probablemente habría que retrasar esas indicaciones unos 10 años, porque la generación del baby boom se dio más tarde.

Como Euskadi conoce bien por una experiencia amplia en la detección precoz de determinadas enfermedades, las pruebas a los ciudadanos y ciudadanas que estadísticamente tienen más posibilidades de desarrollar algún mal han dado como resultado una posibilidad de tratar esas enfermedades en sus fases iniciales, evitando en muchos casos agravamientos evitables e incluso la muerte, y favoreciendo una mejor planificación de los recursos sanitarios, con el consiguiente ahorro presupuestario.

En el caso de la Hepatitis C, sería oportuno realizar este análisis preventivo a las personas que pudieron tener contacto con el sistema sanitario antes de que se identificara el virus y se implantaran las medidas para verificar las transfusiones y otros procedimientos (diálisis, transplantes) fueran seguros. Ello, junto con el tratamiento de las personas ya diagnosticadas sea cual sea su grado de afección, podría hacer pensar a medio plazo incluso en la desaparición de la Hepatitis C al eliminarse cualquier probabilidad de nuevos contagios.

Por todo ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA SU DEBATE EN PLENO:

“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que en el plazo de tres meses elabore un Plan de diagnóstico precoz de Hepatitis C, a fin de poder detectar a toda la población en riesgo de desarrollar la enfermedad y poder implementar tratamientos adecuados antes del agravamiento de los pacientes y evitar nuevos contagios”.

2015-09-22T22:00:00+00:00

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2015-05-03T22:00:00+00:00

Vicente Reyes Martín, parlamentario del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY de impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector cinematográfico y audiovisual.

ANTECEDENTES

Artículo 133.2 de la Constitución Española.

Artículo 10.17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Artículo 42.b del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Artículo 25.1.c) del Decreto Legislativo 1/1997

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las operadoras de telefonía que explotan internet tienen gran parte de su actividad ligada al uso de contenidos audiovisuales que en gran medida son utilizados de forma gratuita, sin que ese uso suponga ningún beneficio al sector audiovisual que ha producido esos contenidos, pero que sí perjudica gravemente su financiación y su viabilidad como industria cultural.

Por otra parte, esas pérdidas generadas por el uso gratuito de los productos audiovisuales pueden provocar una disminución de la calidad de sus contenidos, especialmente en los productos más costosos como las películas.

En definitiva, parece justo que reviertan al sector parte de los beneficios generados por su actividad, lo que desde el punto de vista social es de mucho interés, porque ello facilitaría una creación artística más libre e independiente.

Por eso es una necesidad perentoria la creación de un impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas, que no afectará en ningún caso al consumidor.

Quedarían sujetos al impuesto los siguientes servicios de acceso a contenidos en redes de comunicaciones electrónicas:

a) Los vinculados o asociados a la contratación de la telefonía fija de un inmueble, o referidos de cualquier modo a un inmueble en particular, si el inmueble está ubicado en el territorio de País Vasco.

b) Los que se llevan a cabo mediante un dispositivo móvil que permita el acceso a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas desde distintas localizaciones, si los usuarios que contratan este servicio tienen su residencia habitual en el País Vasco o, en caso de que los usuarios sean profesionales o empresas, si tienen su domicilio fiscal en el País Vasco.

Así, en esta ley, se crean y dotan Fondos para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Euskadi, y su aplicación se circunscribe al ámbito territorial del País Vasco.

TEXTO ARTICULADO

CAPÍTULO I

Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios
de comunicaciones electrónicas

Artículo 1. Naturaleza y objetivo.

El impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas es un tributo propio del Gobierno Vasco, de naturaleza finalista.
El objetivo del impuesto es dotar los fondos para el fomento de la industria audiovisual del País Vasco, con el fin de financiar las actuaciones y medidas a las que están destinados estos fondos, de acuerdo con su norma de creación.

Artículo 2. Ámbito territorial de aplicación.

El impuesto es aplicable en el ámbito territorial del País Vasco.

Artículo 3. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del impuesto la disponibilidad del servicio de acceso a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas, mediante la contratación con un operador de servicios, con independencia de la modalidad de acceso al servicio.
A los efectos de lo establecido por la presente ley, se entiende por operador de servicios a las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro de operadores de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que prestan este servicio en el País Vasco.

Artículo 4. Supuestos de sujeción.

Quedan sujetos al impuesto los siguientes servicios de acceso a contenidos en redes de comunicaciones electrónicas:

a) Los que están vinculados o asociados a la contratación de la telefonía fija de un inmueble, o referidos de cualquier modo a un inmueble en particular, si el inmueble está ubicado en el territorio del País Vasco.

Artículo 5. Supuesto de exención.

La disponibilidad del servicio a la que se refiere el artículo 3 queda exenta del impuesto si se efectúa mediante la contratación con un operador constituido en persona jurídica sin ánimo de lucro.

Artículo 6. Sujetos pasivos.

1. Es sujeto pasivo del impuesto, a título de contribuyente, la persona física o jurídica o las entidades sin personalidad jurídica a las se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que tiene contratado el servicio al que se refieren los artículos 3 y 4.

2. Es sujeto pasivo del impuesto, a título de sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica prestadora del servicio al que se refiere el artículo 3.2.

3. El sustituto no puede exigir al contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 36.3 de la Ley 58/2003.

Artículo 7. Período impositivo.

El período impositivo del impuesto coincide con el mes natural.

Artículo 8. Devengo.

El impuesto se devenga periódicamente el primer día de cada mes natural.
Si el alta de un usuario al servicio se produce un día distinto al primer día del mes natural, y dicha alta no deriva de un cambio entre los diferentes operadores del servicio, el impuesto se devenga el día en que se produce la contratación del servicio.

Artículo 9. Cuota tributaria.

Se establece una cuota tributaria fija de 0,25 euros por contrato de servicio de acceso a contenidos en redes de comunicaciones electrónicas y por cada período impositivo.
Si el usuario se da de baja del servicio y no lo contrata a otro operador, la cuota tributaria se prorratea por el tiempo de contratación efectiva del servicio.
Si el usuario se da de alta al servicio un día distinto al primer día del mes natural y no dispone de un contrato previo con otro operador, la cuota tributaria se prorratea por el tiempo comprendido entre el día del alta y el de finalización del período impositivo.

Artículo 10. Autoliquidación.

El sustituto del contribuyente está obligado a presentar la autoliquidación del impuesto y a efectuar su correspondiente ingreso dentro del plazo que se fije por reglamento.
El modelo de autoliquidación debe aprobarse mediante una orden del consejero del departamento competente en materia tributaria.

Artículo 11. Gestión, recaudación, comprobación e inspección.

La gestión, la recaudación, la comprobación y la inspección del impuesto corresponden a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de la colaboración con los órganos de inspección sectorialmente competentes por razón de los servicios y los operadores de los servicios que son objeto de control.
El Departamento competente en materia de cultura debe colaborar con la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los órganos competentes en materia de consumo para velar por el cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.

Artículo 12. Infracciones y sanciones.

1. Las infracciones tributarias se tipifican y se sancionan de acuerdo con lo establecido por la Ley 58/2003 y las normas reglamentarias que la desarrollan.

2. Las sanciones deben ser impuestas por los órganos competentes de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. Las sanciones a las que se refiere el apartado 1 se aplican sin perjuicio de las sanciones que puedan ser aplicables por la comisión de infracciones tipificadas por la normativa de protección de los derechos y deberes de los consumidores y usuarios, para los casos en que las personas físicas o jurídicas prestadoras del servicio al que se refiere el artículo 3.2 repercutan al contribuyente el importe del impuesto.

Artículo 13. Recursos y reclamaciones.

Contra los actos de gestión, liquidación, inspección y recaudación dictados en el ámbito del impuesto puede interponerse recurso de reposición potestativo o reclamación económico-administrativa.

CAPÍTULO II

Fondos para el fomento de la industria audiovisual del País Vasco

Artículo 14. Creación de Fondos de fomento de la industria audiovisual.

Se crean los siguientes fondos de fomento de la industria audiovisual del País Vasco:

a) Fondo para el fomento de la producción de obras cinematográficas y audiovisuales.

b) Fondo para el fomento de la distribución independiente.

c) Fondo para el fomento de la exhibición.

d) Fondo para el fomento de la difusión y la promoción de las obras y la cultura cinematográficas.

e) Fondo para el fomento de la competitividad empresarial.

Artículo 15. Gestión de los fondos.

Los fondos a los que se refiere el artículo 1 deben ser gestionados por el Departamento competente en materia de cultura.

Artículo 16. Desarrollo reglamentario de los fondos.

Los reglamentos reguladores de los fondos a los que se refiere el artículo 1.2 deben establecer, como mínimo:

a) Los criterios de otorgamiento de las ayudas.

b) La gestión que debe realizarse en caso de que existan remanentes en cada uno de los fondos, con la especificación del fondo al que se destinarán en el ejercicio posterior, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente.

c) Un sistema por el que los proyectos que reciban ayudas de carácter reintegrable y que obtengan beneficios de explotación tengan que devolver las ayudas, total o parcialmente, para que reviertan de nuevo al fondo.

El Departamento competente en materia de cultura debe garantizar la participación de los profesionales del sector audiovisual en el establecimiento de los criterios de otorgamiento de los fondos.

Debe establecerse por reglamento un porcentaje mínimo de recaudación anual del impuesto para cada uno de los fondos. Dicho porcentaje no puede ser inferior al 2 % de la recaudación total.

No pueden beneficiarse de las medidas de fomento establecidas por la presente ley las siguientes obras cinematográficas o audiovisuales:

a) Las producidas exclusivamente por prestadores de servicios de televisión o de otras empresas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual.

b) Las de contenido esencialmente publicitario y las de propaganda política.

c) Las que hayan obtenido la calificación X.

d) Las que vulneren la normativa sobre cesión de derechos de propiedad intelectual.

e) Las que hayan sido declaradas como constitutivas de delito por sentencia judicial firme.

f) Las financiadas íntegramente por administraciones públicas.

Artículo 17. Informe sobre el destino de los fondos.

El Departamento competente en materia de cultura debe presentar al Parlamento, con una periodicidad anual, un informe sobre el destino de los fondos a los que se refiere el artículo 1, sobre los criterios de otorgamiento de dichos fondos y sobre el resultado de las actuaciones realizadas de acuerdo con el artículo 11, y dar cuenta de ello en el marco de la comisión correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Se autoriza al Gobierno Vasco a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2014-07-07T22:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY, de modificación de la Ley 17/2008 de Política Agraria y alimentaria.

ANTECEDENTES

Constitución española.
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País vasco.
Ley 1/1993, de1 9 de febrero, de la Escuela Pública Vasca
Ley 17/2008 de Política Agraria y alimentaria.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional
Ley 9/2012 de 24 de mayo de modificación de la Ley de Política agraria y alimentaria.
Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Decreto 46/2014 de 1 de abril de regulación de los centros integrados de Formación profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta PROPOSICIÓN DE LEY de modificación de la Ley 17/2008 de Política Agraria y alimentaria pretende modificar los artículos recogidos en el Capítulo II del título V "De la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación agraria y alimentaria" que atribuyen la competencia en el ámbito de la formación profesional no universitaria en materia agraria y alimentaria al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia agraria, para otorgársela al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de educación en aquellos aspectos que tienen que ver con la formación profesional conducente a titulación y al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de formación para el empleo en aquellos aspectos que afectan a la formación para el empleo.

Esta modificación tiene por objeto solucionar la colisión legal entre lo dispuesto en la legislación tanto estatal como autonómica en materia de formación profesional con la citada Ley 17/2008 de Política Agraria y alimentaria, así como eliminar la disfunción que plantea la citada ley con la postura sostenida por el Gobierno Vasco en materia de formación profesional a lo largo de las distintas legislaturas, plasmada recientemente en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece un sistema único de formación profesional basado en un catálogo de cualificaciones, con el objetivo de garantizar en todo momento la correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades del mercado de trabajo. Además, configura la formación profesional como un único sistema, superando la tradicional división entre formación inicial reglada y formación ocupacional y continua.

La Comunidad Autónoma vasca tiene, según el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, competencia plena en materia de educación, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Esta Comunidad tiene igualmente competencias en materia de formación profesional para el empleo en los términos establecidos por el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo.

A tal efecto el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos atribuye al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la política de empleo, incluido todo el subsistema de formación profesional para el empleo y al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura las facultades que se derivan del Estatuto de Autonomía en relación a las enseñanzas tanto de régimen general como especial con inclusión de sus diversas etapas y niveles, y la educación superior, así como aquellas actividades de aprendizaje que conlleven adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de toda la vida.

Por su parte la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida promueve un Sistema integrado de Formación Profesional definido como “el conjunto de acciones formativas y de aprendizaje que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.”

A tal efecto y como concreción del espíritu de la Ley, la Disposición Adicional Primera “autoriza a la Administración educativa a suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Llodio para la integración del Centro Municipal de Formación Profesional de Llodio en la red de centros públicos.”

En conclusión el actual texto de los artículos 70 y 71 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y alimentaria colisiona tanto con las competencias de los Departamentos de Empleo y Políticas Sociales y Educación, Política Lingüística y Cultura, como con el principio de racionalidad administrativa al argumentarse el citado artículo para fundamentar el cuestionamiento del Decreto 158 / 2012 por el que se integraban en el Departamento de Educación, como el resto de los centros educativos de Formación Profesional, las antiguas escuelas agrarias y náutico pesqueras lo que, de llevarse a efecto, supondría la existencia de dos redes de centros con planificaciones propias para impartir idénticas enseñanzas (los pertenecientes al departamento de Educación y los pertenecientes al Departamento de de Desarrollo Económico y Competitividad., a los que podría sumarse la oferta formativa en ese campo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales).

Por todo ello habiendo manifestado el actual ejecutivo que es la Ley 17/2008 el obstáculo que impide que la formación profesional agraria, ganadera y náutico pesquera permanezca en el departamento de Educación tal y como quedó establecido por el Decreto de integración 158/2012 y como ocurre con el resto de ámbitos profesionales procede atender a la voluntad mayoritaria del parlamento vasco manifestada en diferentes iniciativas y plantear una modificación de la redacción del Capítulo II del título V de esta ley para así deslindar de manera definitiva el ámbito competencial del Departamento del Gobierno Vasco que tiene la competencia en materia agraria, que no será otra que la de fomentar, impulsar y asesorar sobre las necesidades de cualificación y formación profesional detectadas en los sectores de su competencia, en tanto que será el departamento que tiene la competencia en materia de Educación el titular de la competencia de la formación conducente a los diferentes títulos de Formación profesional y el departamento de competente en materia de formación para el empleo el competente en la formación conducente a certificaciones de formación profesional.

Por todo ello se procede a la formulación de esta proposición de modificación de la citada Ley 17/2008, que consta de tres artículos, referidos a la exposición de motivos y al capítulo II del Título V. Así mismo se propone una disposición final para su entrada en vigor.

TEXTO ARTICULADO

Artículo primero.-Se da una nueva redacción al párrafo 42 de la exposición de motivos

En cuanto a la formación agraria y alimentaria, se establecen los mecanismos de colaboración entre el departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia agraria con los departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competentes en materia de educación y formación para el empleo necesarios para el desarrollo de los programas de formación, así como las líneas de actuación en la materia.

Artículo segundo.- Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 4 del artículo 70 de la Ley 17/2008 de Política Agraria y alimentaria.

Artículo 70 - Principios generales

1. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia agraria impulsará la formación agraria y alimentaria en colaboración con los Departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo. A tal efecto el departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia agraria asesorará a los Departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo, así como al Consejo Vasco de Formación Profesional y a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sobre las necesidades de cualificación y formación profesional detectadas en los sectores de su competencia y las iniciativas posibles para dar respuesta a las mismas.

Los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competentes en materia de educación y formación para el empleo regularán y desarrollarán los programas de formación destinados a la obtención de los diferentes títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad en materia agraria y alimentaria en el ámbito de sus respectivas competencias.

4. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia agraria, junto con los departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competentes en materia de educación y formación para el empleo evaluarán periódicamente y, en su caso, impulsarán la puesta en marcha en la Comunidad Autónoma del País Vasco de programas formativos o nuevas titulaciones de carácter universitario ligadas al ámbito agrario y alimentario.

Artículo tercero.- Se da una nueva redacción al artículo 71 de la Ley 17/2008 de Política Agraria y alimentaria.

Artículo 71. Líneas de actuación en formación profesional agraria

Conforme a los principios generales fijados en el artículo anterior, el departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia agraria, en colaboración con los departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo, órganos y entidades competentes en materia de formación agraria, llevará a cabo las siguientes líneas de actuación:

a) Impulsar, fomentar y colaborar en la elaboración de programas de formación y actualización agraria que tengan en cuenta las diferentes necesidades de adaptación, especialmente las relativas a la práctica de una actividad sostenible, la mejora de la gestión técnica y económica de las explotaciones, las normas de identificación, seguridad alimentaria y trazabilidad, la transformación y comercialización de los productos agrarios y alimentarios, las nuevas tecnologías y el acceso a la información y comunicación.

b) Elaborar y desarrollar acciones formativas, destinadas a posibles promotores en el ámbito agrario y rural, dirigidas a la creación de empresas agrarias y alimentarias con el objetivo de analizar su viabilidad e implantación.

c) Desarrollar fórmulas organizativas y de gestión que permitan una mayor coordinación de los recursos de las administraciones competentes y, especialmente, celebrar convenios de colaboración con cualesquiera entidades o instituciones públicas o privadas, para el desarrollo de programas de formación.

d) Promover la creación y participar en grupos de trabajo constituidos al efecto que analicen las necesidades de cualificación y recualificación para el desempeño de las actividades agrarias y alimentarias, para la obtención de carnés o títulos reguladores de la actividad agraria, y alimentaria y para la obtención de las distintas ayudas por parte de los operadores.

Disposición final.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2013-06-12T22:00:00+00:00

Ver archivo adjunto en formato pdf.

2013-06-11T22:00:00+00:00

Txaro Sarasua, parlamentaria del Grupo Parlamentario “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY de modificación de la Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la ley de Cooperativas de Euskadi.

Antecedentes

Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi.
Ley 1/2000, 29 junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas.

Exposición de motivos

Las llamadas Aportaciones Financieras Subordinadas son un producto que aparece a partir de la reforma de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, operada por Ley 1/2000, 29 junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi publicada en BOPV de 1 de agosto de 2000.

Esa modificación reformó, en su art. 8, el apartado 5 del art. 57, que regula el capital social de las cooperativas. El precepto que entonces se introdujo es el vigente y reza:

“Se consideran financiaciones subordinadas las recibidas por las cooperativas que, a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de todos los acreedores comunes. Independientemente de su denominación o formalización jurídica, tendrá la consideración de capital social cualquier aportación financiera subordinada contratada por la cooperativa con socios o terceros cuyo vencimiento no tenga lugar hasta la aprobación de la liquidación de la misma, sin que le sea de aplicación, salvo pacto en contrario, lo dispuesto en los artículos 59 a 63 de esta ley. Dichas aportaciones o participaciones podrán ser reembolsables o adquiridas en cartera mediante mecanismos financieros de garantía equivalentes a los establecidos para las participaciones o acciones en las sociedades de capital, incluyendo las opciones previstas en la segunda directiva 77/91, o en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Estas aportaciones, cuya retribución podrá ser fija, variable o participativa, se representarán por medio de títulos o anotaciones en cuenta, que podrán tener la consideración de valores mobiliarios si así se prevé en el acuerdo de emisión, en cuyo caso su régimen jurídico se ajustará a la normativa aplicable a estos activos financieros.

Estas aportaciones en ningún caso atribuirán derechos de voto en la Asamblea General ni de participación en el órgano de administración.

La emisión o contratación de estas aportaciones deberá ser ofrecida, en cuantía no inferior al 50 por ciento, a los socios y trabajadores asalariados de la cooperativa antes de ofrecerse a terceros. Tal oferta tendrá publicidad equivalente a la establecida en la cooperativa para la convocatoria de las Asambleas Generales”.

Tras la reforma de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se ha utilizado este instrumento para capitalizar las cooperativas, aunque en el mercado actúen como un título de deuda perpetua y subordinada. Son diferentes a las preferentes, pero pese a su diverso régimen jurídico, han provocado un conflicto social similar.

En efecto, la emisión y comercialización de las aportaciones financieras subordinadas han sido objeto de una amplia contestación. Se calcula que son 845 millones de euros los invertidos por socios cooperativistas y terceros en empresas cooperativas vascas. Muchos de los inversores han denunciado que los datos que se facilitaron por las entidades emisoras fueron insuficientes, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aceptó los folletos informativos, y que las entidades bancarias y cajas que las comercializaron no informaron suficientemente de la dificultad de recuperar la inversión, utilizando técnicas agresivas que dirigieron a consumidores de perfiles conservadores, a los que no era razonable ofrecer productos de inversión tan especial.

Las dificultades que esos inversores, pequeños ahorradores que creían estar adquiriendo un producto con liquidez asegurada, están encontrando para recuperar los ahorros familiares, han propiciado la resolución del Parlamento Vasco de 28 de febrero de 2013 que propuso que Kontsumobide mediara entre comercializadores, emisores e inversores para alcanzar una solución. Entretanto ya se han dictado resoluciones judiciales en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, amparando pretensiones de pequeños ahorradores con el argumento de que se produjo error al prestar el consentimiento.

En este mismo sentido, hay que tener en cuenta la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cabe recordar que la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas establece en su artículo 3 que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Así mismo, se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.

La constatación de que existe un problema que no se soluciona, puesto que el perfil mayoritario de los adquirentes de estas aportaciones financieras subordinadas no se acomoda a la complejidad de este producto de inversión, de que la solución por vía de mediación de Kontsumobide se ha desmoronado ante las declaraciones de su Directora, y el incremento de reclamaciones judiciales y quejas al Ararteko y diversas instituciones, por parte de los afectados, determinan al Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak en el Parlamento Vasco a presentar una propuesta legislativa para la supresión del apartado 5 del art. 57 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, incluido por el art. 8 de la Ley 1/2000, 29 junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi, con el fin de que los abusos que se han constatado en la emisión y comercialización de las mismas, no se vuelvan a producir nunca más.

Una norma que ha propiciado que miles de ciudadanos vascos se sientan estafados, que hace peligrar los ahorros de muchas familias que en el actual contexto de crisis precisan de todos sus recursos para afrontarla, y que está generando una amplia contestación social por la emisión y comercialización de las aportaciones financieras subordinadas, no merece seguir en vigor. La ciudadanía vasca, y sobre todo los afectados, merecen ser desagraviados y tener la garantía de que no se volverán a producir los abusos que han provocado la incorrecta utilización de estos instrumentos de financiación.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos – Euskal Sozialistak presenta la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY

TEXTO ARTICULADO

ARTÍCULO ÚNICO: Supresión del art. 8 de la Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Cooperativas de Euskadi

Se suprime el art. 8 de la Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Cooperativas de Euskadi, por el que se adicionaba un nuevo número 5 al artículo 57 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA:

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2013-05-20T22:00:00+00:00

Proposición de Ley de Vivienda (ver archivo pdf)

2013-01-22T23:00:00+00:00

Idoia Mendia Cueva, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY Reguladora del Código de Conducta del Cargo Público y de su Régimen de Incompatibilidades.

ANTECEDENTES

 Artículo 103.3 de la Constitución.
 Apartados 2 y 24 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
 Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.
 Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha ido conformando en materia de incompatibilidades de los cargos públicos una serie de normas, en cuyo inicio se encuentra la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno y, posteriormente, la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, Ley 32/1983), una de las primeras leyes específicas en esta materia cuya principal finalidad ha sido la de garantizar la transparencia, eficacia y dedicación a las funciones públicas que tienen encomendadas, así como evitar toda aquella actividad o interés que pudiera comprometer su independencia e imparcialidad o menoscabar el desempeño de los deberes públicos, todo ello enmarcado en las previsiones establecidas por el artículo 103.3 de la Constitución cuando señala que la ley regulará el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas.
La presente Ley avanza y profundiza en este camino ampliando el concepto de cargo público con la finalidad de incluir en el sistema de control y garantías que regula al mayor universo posible de quienes ejercen este tipo de funciones públicas en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco y regulando los principios, obligaciones, garantías, procedimientos y sanciones que procuran la primacía del interés general.
La finalidad de la Ley es así la satisfacción de un deber ético por quien ejerce esas funciones públicas y, también, de un deber social, pues trata de preservar la legítima confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el interés común, así como la transparencia de su actuación en la vida política.
Las previsiones contenidas en la presente ley se dictan al amparo de las competencias reconocidas en los apartados 2 y 24 del artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía, que atribuye la competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma, respectivamente, en la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno, y en relación con el sector público propio del País Vasco.

II
La Ley se ordena en seis Capítulos, siete Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final, que abordan los aspectos necesarios para regular de una manera eficaz y transparente la materia.
El Capítulo I define el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley.
El objeto comprende el establecimiento de los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos, la regulación de las situaciones que pueden generar conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades, todo ello de forma que se garantice la prevalencia del interés general.
El ámbito de aplicación comprende el conjunto de cargos públicos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco y otros que se definen en la Ley y que, en atención a su naturaleza y funciones, se entiende preciso que sus componentes queden sujetos al régimen legal establecido. Para ello, además de la inclusión del Lehendakari, miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración contemplados en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, la Ley extiende su campo de aplicación a todo el personal que, estando al servicio del sector público, desempeñe funciones directivas o asimiladas y su nombramiento resulte independiente de los procesos de selección regidos por los principios de publicidad y concurrencia competitiva.
La referencia a los principios de publicidad y concurrencia como línea que marca la aplicación o no de esta ley a quienes desempeñen funciones directivas tiene su razón de ser en el hecho del surgimiento de la figura del directivo público profesional, el cual está llamado a constituir un factor decisivo de modernización en las Administraciones públicas y en cuya selección rigen los principios de mérito y capacidad. El directivo profesional es un empleado público de los caracterizados en la legislación de función pública, al cual le será de aplicación el régimen de incompatibilidades de éstos. Esto mismo sucede con el personal eventual, que legalmente constituye una clase de empleado público, por lo que queda excluido de las previsiones de esta ley.
Con los matices necesarios se incluyen, también, los miembros de aquellos órganos que desempeñan funciones participativas o representativas de intereses sociales, económicos o culturales, o funciones consultivas y de control. Asimismo, se aplica el régimen legal a los miembros de los órganos que sus normas de creación los vinculan funcionalmente al Parlamento Vasco.
No obstante, en relación con estos últimos órganos se condiciona la aplicación de la ley a que ésta resulte compatible con su legislación específica. Se ha optado por esta fórmula porque algunos de los miembros de los citados órganos tienen un estatuto jurídico propio que hace difícil la adaptación de las previsiones de esta ley, mientras que existen otros cargos a los que no resulta controvertida su aplicación. Ello se traduce en el respeto al régimen de incompatibilidades establecido en aquella a la par que declara aplicables los principios de conducta y actuación por entender que estos deben ser cumplidos por todo cargo público.
La presente ley, apartándose de los antecedentes de la Ley de 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, no incluye en su ámbito subjetivo a los órganos forales de los Territorios Históricos, si bien les serán de aplicación los principios de actuación y conducta y las reglas relativas al conflicto de intereses, a la dedicación exclusiva y a la retribución única contenidos en esta Ley. Se trata con ello de respetar la autonomía foral garantizada en nuestro Estatuto de Autonomía, al tiempo que se establecen unos principios de aplicación a todos aquellos cargos que desempeñan sus funciones en el sector público vasco.
Tampoco se incluye en la Ley a los cargos públicos de los entes locales, quienes disponen de un completo régimen de incompatibilidades en la normativa de régimen local.
El sistema legal establecido busca dar a la ciudadanía la garantía de que quien desarrolla funciones públicas en razón de un nombramiento o designación basado en la elección parlamentaria, en la confianza de naturaleza política, o el nombramiento fundado en atención a las capacidades que se consideren necesarias para la dirección de los asuntos públicos, sin participar en procedimientos de selección competitiva, asume un código de conducta ética y antepone en todo caso los intereses generales a los posibles particulares que puedan coincidir en la gestión de las tareas encomendadas.
Con el propósito de aportar certeza jurídica en el desarrollo y aplicación de la Ley, se prevé la aprobación por el Gobierno de un Catálogo de cargos públicos, instrumento de identificación e información del elenco de cargos públicos que se encuentran sujetos al régimen jurídico establecido en la Ley.
El Capítulo II se dedica a la importante función de establecer los principios generales que informan el código de conducta de los cargos públicos.
Su pretensión no es sólo declarativa o informativa del modelo de servidor público que se quiere preservar y garantizar, sino que se trata de un texto normativo que establece, con la fuerza de la Ley, los deberes a mantener en el desempeño de la función pública que corresponde al cargo.
Se diferencian los principios de actuación de los de conducta, estando los primeros más ligados a la ética del servicio y los segundos al comportamiento exigible. Es evidente que, sobre todo en el primer caso, los principios mencionados ya forman parte de la ética pública o de las normas propias de un Estado de Derecho. Ahora bien, se entiende que en una Ley de estas características es no sólo adecuada sino necesaria la manifestación y constancia de los mencionados principios. Así, no es baladí recordar o sintetizar la esencia misma de los valores y la misión del servicio público en un régimen democrático y por ende la obligación de todo cargo público de promover y respetar esos principios básicos que componen el código de conducta.
En este sentido se prevé la elaboración de un Código Ético y de Buen Gobierno a fin de promover la máxima publicidad y constancia de los principios que inspiran al servidor público, promoviendo la adhesión al mismo y el establecimiento de sistemas de seguimiento y evaluación de su eficaz aplicación.
Se aborda también la cuestión de los conflictos de intereses que pueden enfrentarse en el ejercicio de la función pública. Se entiende que cuando se produzcan determinados supuestos de hecho en los que pueden concurrir intereses generales o públicos con diferentes tipos de intereses privados, el cargo público debe abstenerse de intervenir o de participar en el conocimiento de los mismos, regulándose la formalización de dicha abstención y, en su caso, el órgano al que compete su conocimiento.
Y con la finalidad de disponer de instrumentos adecuados de control y conocimiento de los posibles conflictos de intereses se establece la obligación de declarar las actividades realizadas durante los dos años anteriores al nombramiento.
Finalmente, el Capítulo recoge dos aspectos básicos del régimen del cargo público: la dedicación exclusiva y la retribución única. La dedicación exclusiva supone la incompatibilidad del ejercicio del cargo con cualquier otra actividad, a excepción de las permitidas en la propia Ley o las que el Gobierno autorice expresamente por razones de interés público. Por su parte, la retribución única prohíbe la percepción de cualquier otro emolumento con cargo a los presupuestos públicos, así como cualquier remuneración que provenga de una actividad privada, salvo las excepciones establecidas en la propia norma.
Estos dos principios, si bien con diferentes matizaciones, operan en todas las normas sobre incompatibilidades y son el desdoblamiento del denominado “principio de incompatibilidad económica”, vinculados no solo al cumplimiento de la garantía de imparcialidad en el ejercicio del cargo público sino también al de eficacia.
Ahora bien, mediante el establecimiento de estas reglas no se está instaurando un régimen de retribuciones de cargos públicos, pues no es este el lugar para ello, sino sentando el principio de retribución única, corolario del de dedicación exclusiva, esto es que sólo se perciba una retribución con cargo a los presupuestos públicos.
En el Capítulo III, tras los principios establecidos y bajo su observancia, se establecen con carácter tasado las actividades compatibles. La Ley sigue la mecánica de la definición concreta de las actividades que pueden ser desempeñadas siendo incompatibles las demás. Se diferencian cuatro tipos de actividades compatibles: privadas, públicas, electivas y docencia. Su ejercicio no debe limitar o comprometer el ejercicio del cargo público ni perjudicar el interés general. Se identifica la competencia para analizar, conocer y determinar la naturaleza de las actividades de los cargos públicos, así como, en los casos necesarios, conceder la necesaria autorización para su ejercicio.
Se regula de forma detallada la prohibición de desempeñar determinadas actividades privadas durante los dos años siguientes al cese, debiendo ser declaradas con carácter previo a su inicio para su análisis por el órgano competente. Debido a esta limitación, los cargos públicos no podrán, tras el cese, prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas o sociedades privadas con las que hubieren tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo.
El Capítulo IV aborda la obligación de declarar las actividades y los bienes y derechos patrimoniales a efecto de control y garantía de la objetividad e imparcialidad en el desarrollo de las funciones públicas de los cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley. Se diferencia entre la declaración de actividades y la declaración de bienes y derechos patrimoniales, estableciendo los contenidos necesarios de cada una de ellas. Introduce límites a las participaciones patrimoniales en sociedades mercantiles y regula el procedimiento para garantizar el control y gestión de los valores y activos financieros de quienes ocupen cargos con competencias reguladoras, de supervisión o de control sobre las sociedades mercantiles que los emitan.
El Capítulo V se encarga de regular los órganos de gestión y control de las obligaciones establecidas en la Ley. Se crea la Oficina de Conflictos de Intereses, órgano fundamental para la gestión y aplicación de la Ley, dependiendo de ella el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. El Capítulo recoge, también, las obligaciones de información parlamentaria.
Por último, el Capítulo VI se encarga de regular el régimen sancionador frente a los incumplimientos de la Ley. Tipifica, independientemente de otro tipo de responsabilidades, las posibles infracciones, su sanción y medidas complementarias correspondientes, el procedimiento y los órganos competentes para su instrucción y resolución.
En las Disposiciones Adicionales se señalan los criterios de aplicación de los preceptos relativos al código de conducta y buen gobierno a las Diputaciones Forales y su sector público y a las entidades locales, se recogen los criterios relativos a la aplicación de la ley a determinados cargos que disponen de una marcada especificidad recogida en sus correspondientes leyes, se ordena la comunicación por las entidades del sector público de los nombramientos que efectúen y se adapta la normativa disciplinaria de función pública al deber de secreto que se impone a los empleados públicos al servicio de los órganos de aplicación de la Ley
Las Disposiciones Transitorias establecen la obligación de renovar las declaraciones efectuadas conforme al régimen vigente con anterioridad a la Ley, la revisión de las compatibilidades autorizadas con anterioridad a su entrada en vigor y la vigencia temporal de determinadas disposiciones reglamentarias.
La Disposición derogatoria se refiere expresamente a la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aunque esta ley tenía una pretensión globalizadora, pues abarcaba a todo el personal, fuera cargo –tanto electivo como no electivo- o fuera empleado público, y a todas las administraciones públicas vascas, su derogación no significa que no exista un régimen de incompatibilidades para el personal excluido del ámbito de esta ley, sino que son otras las normas aplicables, fundamentalmente la Ley estatal 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

TEXTO ARTICULADO

CAPÍTULO I.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer:
1. Los principios que rigen el código de conducta de los cargos públicos que se incluyen en su ámbito de aplicación, orientados, en todo caso, a la defensa del interés general.
2. Las medidas tendentes a evitar o resolver situaciones de conflicto entre intereses públicos y particulares, con la garantía de prevalencia del interés general.
3. El régimen de incompatibilidades de los cargos públicos sujetos a su ámbito de aplicación, derivado del principio de dedicación exclusiva a la función pública que desempeñan

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley se aplica a los siguientes cargos públicos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco:
a) Al Lehendakari y a los demás miembros del Gobierno.
b) A los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco contemplados en el artículo 29 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno y asimilados a los mismos en su norma de creación o en su nombramiento.
c) Al personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco definido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 171997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en el que concurran las siguientes dos condiciones:
Primera.- Que en la norma de creación del organismo o entidad, o en las que regulen su organización y funcionamiento, tenga atribuidas funciones directivas, de representación o de asesoramiento o apoyo a la dirección del mismo.
Segunda.- Que su sistema de selección, designación o nombramiento no esté sujeto a un procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia competitiva.
d) A las personas designadas por el Gobierno o por un cargo público de los incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley en las que concurran las dos condiciones descritas en la letra c) anterior y cuyo nombramiento lo sea para ocupar un cargo en una entidad que aunque no reúna las condiciones exigidas para ser considerada como integrante del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, su control, en términos del artículo 42 del Código de Comercio, corresponda a varias Administraciones Públicas o a entidades pertenecientes a sus respectivos sectores públicos
e) A las personas que, por cualquier circunstancia, sean designadas por el Gobierno o por un cargo público de los incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley para formar parte de los órganos de dirección o de administración de entidades de naturaleza y capital mayoritariamente privado, cuando su nombramiento no sea resultado de un proceso selectivo basado en los principios de publicidad y concurrencia competitiva.
f) A los miembros de órganos o entidades creadas específicamente en una norma, que tengan por objeto la participación o representación de intereses sociales, económicos o culturales, el desempeño de labores consultivas, de asesoramiento o de control respecto del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuando el ejercicio de dichas funciones sea retribuido con cargo a créditos consignados en los Presupuestos Generales y su sistema de selección, designación o nombramiento no esté sujeto a un procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia competitiva.
2. También se aplicará esta Ley al Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria General del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea y del Consejo de Relaciones Laborales/Lan Harremanen Kontseilua, a la persona titular de la Secretaría General del Herri-Kontuen Euskal Epaitegia/Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como a los miembros y al personal dependiente de cualquier órgano que en su norma de creación se califique como comisionado, dependiente, consultivo o asesor del Parlamento Vasco, cuya dedicación sea retribuida con cargo a créditos consignados en los Presupuestos Generales y su sistema de selección, designación o nombramiento no esté sujeto a un procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia competitiva.
El Parlamento Vasco garantizará mediante sus servicios administrativos la creación de los registros regulados en la presente Ley y regulará los demás procedimientos administrativos necesarios para su aplicación a los órganos y entidades referidos en el párrafo anterior.

Artículo 3. Excepciones al ámbito de aplicación de la Ley.
1. En razón del sistema previsto para su elección, suspensión, cese o sustitución, no se aplicará al Lehendakari el régimen sancionador regulado en el Capítulo VI de la presente Ley. La exigencia del cumplimiento de los mandatos establecidos en esta Ley por el Lehendakari se llevará a cabo mediante los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Cámara para el impulso y control parlamentario del Gobierno.
2. Tampoco se aplicará el régimen sancionador del Capítulo VI de la presente Ley, ni aquellos otros mandatos que impliquen ejercicio de una posición de jerarquía, control o capacidad de decisión superior, a los miembros de los órganos o entidades que tengan establecida en su norma de creación, como elemento sustancial de su existencia, una duración determinada de su mandato o sistemas específicos para su cese o renovación o, en general, cualquier otro método de garantía de la autonomía en sus decisiones y funcionamiento.
El control del cumplimiento de esta Ley y sus previsiones sancionadoras se aplicará a los miembros de estos órganos o entidades mediante los procedimientos regulados en sus normas de creación, organización o funcionamiento o, en su defecto, por los que se establezcan reglamentariamente preservando, en todo caso, la autonomía de su funcionamiento y decisiones.

Artículo 4. Catálogo de cargos públicos.
1. El Gobierno, de conformidad con los criterios establecidos y a los meros efectos informativos, aprobará mediante Decreto el Catálogo de cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley.
2. El Catálogo de cargos públicos contendrá, al menos, la denominación del cargo público, la identificación del órgano, sociedad o entidad en cuya organización se encuadra, el Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco al que dicho órgano o entidad se adscribe o con el que mantiene la principal relación funcional y la situación de cobertura del puesto de trabajo correspondiente a dicho cargo público.
3. El Catálogo de cargos públicos se mantendrá permanentemente actualizado y su llevanza y gestión administrativa corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses que se crea en la presente Ley.

CAPÍTULO II.- PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS CARGOS PÚBLICOS.

Artículo 5. Principios de actuación.
1. Quienes ocupen cargos públicos desempeñarán las funciones encomendadas con sujeción al ordenamiento jurídico y observancia del mismo.
2. Las decisiones o iniciativas que adopten deberán estar encaminadas a la satisfacción del interés público.
3. En el ejercicio de la función pública deberán guiarse por la imparcialidad, ecuanimidad y objetividad de sus actuaciones.
4. Serán responsables de sus decisiones y acciones y deberán someterse a los controles que resulten pertinentes en virtud de su cargo.
5. En la adopción de decisiones e iniciativas deberán actuar con total transparencia, salvo causa excepcional motivada en el interés general.
6. En el ejercicio de sus funciones tratarán igual a todas las personas que se encuentren en idéntica situación, sin hacer discriminaciones.
7. Promoverán y garantizarán la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y de hombres.
8. Sus actuaciones deberán estar acordes con la protección del patrimonio cultural y del medio ambiente así como con el fomento de un desarrollo sostenible.
9. En el ejercicio de su actividad garantizarán el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, prestando especial atención al impulso de la normalización del euskera, fomentando su uso.
10. Están obligados a primar el interés general en su actuación y a adoptar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto que pueda surgir protegiendo, en todo caso, el interés público, conforme a lo establecido en la presente Ley.
11. Deberán cumplir su función con lealtad institucional y promover y apoyar el cumplimiento de estos principios.

Artículo 6. Principios de conducta.
1. No podrá invocarse la condición de cargo público ni hacer uso de la misma, por sí mismo o por persona interpuesta, con el ánimo de obtener un trato favorable o mejor condición que las existentes para el resto de la ciudadanía.
2. Los cargos públicos guardarán reserva y discreción de los datos que conozcan por razón de su cargo y no podrán, ni durante su mandato ni tras su cese, utilizar o transmitir en provecho propio o en el de una tercera persona la información que hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones.
3. El desempeño de sus funciones deberá ser realizado con profesionalidad y diligencia orientando sus actuaciones hacia la consecución de los objetivos. En todo caso, ejercerán sus funciones con eficacia y eficiencia.
4. No podrán aceptar regalos, favores, invitaciones o servicios en condiciones ventajosas, más allá de los usos sociales y de cortesía.
5. Administrarán el patrimonio público adscrito al ejercicio de sus funciones con la diligencia debida y se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes o servicios que la Administración haya puesto a su disposición por su cargo.
6. El tratamiento oficial de quienes ocupen cargos públicos será el de Señor/Señora, seguido de la denominación del cargo, puesto, rango o empleo correspondiente.

Artículo 7. Conflicto de intereses.
Existirá conflicto de intereses cuando los cargos públicos intervengan en la adopción de decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan el interés general o el interés público encomendado a su función e intereses privados propios o compartidos con terceras personas o de sus familiares directos en los términos que se establece en la presente Ley.

Artículo 8. Deber de abstención e inhibición.
1. Además de los supuestos de abstención establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, los cargos públicos se abstendrán de intervenir en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurran o se favorezcan intereses propios, de su cónyuge o pareja de hecho, de familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas.
2. Asimismo no intervendrán en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público, tanto ellos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quien tengan intereses compartidos.
3. No deben entenderse comprendidos en el deber de abstención aquellos supuestos en los que la decisión a adoptar por el cargo público resulte de aplicación a los intereses definidos en el apartado anterior por su mera pertenencia a un colectivo que se identifique por el cumplimiento de requisitos o condiciones objetivas establecidas con carácter general sin que formen parte de un procedimiento en el que exista concurrencia competitiva.
4. No serán de aplicación los números anteriores a aquellos cargos públicos que resulten sujetos a un régimen jurídico singular de abstención en razón del puesto u órgano en el que desarrollen su función.
5. A fin de procurar el adecuado control de dicho deber de abstención, realizarán las declaraciones de actividades que se regulan en la presente Ley.
6. La abstención se realizará por escrito y se comunicará al titular del Departamento de quien el cargo público dependa o al órgano que le nombró y para su constancia, en el plazo máximo de un mes, a la Oficina de Conflictos de Intereses.
7. Si el cargo público no cumpliera con su deber de abstención, el Consejero o Consejera titular del Departamento del que dependa o el órgano que le nombró debe ordenarle, dándole audiencia previa, que se inhiba, debiendo informar de ello a la Oficina de Conflictos de Intereses. Si el cargo público afectado por el deber de abstención es un miembro del Gobierno, la orden deberá proceder del Lehendakari, previa información al Gobierno. La inhibición conllevará la puesta en marcha de los mecanismos de suplencia o sustitución previstos en el ordenamiento.
8. Las personas interesadas en un expediente o en un procedimiento pueden promover la recusación del cargo público que sea competente para su tramitación, instrucción o resolución, en los mismos casos que los establecidos para la abstención y de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
9. La no abstención del cargo público obligado a ella genera la correspondiente responsabilidad administrativa.

Artículo 9. Dedicación exclusiva.
1. Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño por sí o mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial, ya sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones establecidas por la presente Ley y los casos en que el Gobierno, por razones de especial interés público, autorice ocupar un segundo puesto en el sector público sin que quepa percibir, en tal caso, más de una retribución.

Artículo 10. Retribución única.
1. Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley no podrán percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni ninguna otra que provenga de una actividad privada, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley.
2. La retribución que los cargos públicos deban percibir será la que se establezca para el cargo principal que desempeñen. Además de esta retribución sólo podrán percibir los incentivos, dietas e indemnizaciones reconocidos en la legislación aplicable al puesto desempeñado siempre que no resulten incompatibles conforme a lo establecido en la presente Ley.
3. A los efectos de esta Ley se entiende:
a) Por retribución, la remuneración económica correspondiente al puesto de trabajo ocupado como consecuencia del nombramiento o designación por la que se tiene la consideración de cargo público de conformidad con la presente Ley.
b) Por incentivo, la cantidad económica no garantizada, obtenida en pago a la consecución de objetivos o resultados en la gestión y que haya sido establecido con carácter previo a su percepción.
c) Por dieta, la cantidad económica que se tiene derecho a percibir por la participación o asistencia a sesiones de órganos de gobierno o administración de entidades u otros órganos colegiados cuya regulación específica la tengan reconocida.
d) Por indemnización, la compensación económica por los gastos en que se haya incurrido en razón del servicio.
4. La percepción de pensiones de derechos pasivos y de la Seguridad Social es incompatible con el desempeño de los cargos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, excepción hecha de aquéllas expresamente declaradas compatibles con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público en la legislación de seguridad social. Cuando se esté en el supuesto de incompatibilidad, la percepción de la pensión quedará en suspenso al momento del nombramiento o designación.

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS CARGOS PÚBLICOS.

Artículo 11. Incompatibilidad.
De conformidad con el principio de dedicación exclusiva, el desempeño de los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad, excepción hecha de las que se enuncian en el presente Capítulo.

Artículo 12. Compatibilidad con actividades privadas.
1. El ejercicio del cargo público es compatible con las siguientes actividades privadas:
a) La simple administración del patrimonio personal o familiar, con las limitaciones establecidas en los artículos 20 y 21 de la presente Ley.
b) La participación en congresos, jornadas, seminarios, cursos, conferencias, así como en coloquios y programas en medios de comunicación social, siempre y cuando no sea consecuencia de una relación de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.
c) La comercialización y publicación de la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, siempre que no traigan causa de una relación de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.
d) La participación que no conlleve retribución en fundaciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, así como el ejercicio de actividades que resulten de interés social o cultural que promuevan valores sociales.
2. El desarrollo de las actividades incluidas en el apartado anterior no podrá impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones del cargo público, no comprometerán la imparcialidad o la independencia en el ejercicio del mismo, ni perjudicarán el interés público.

Artículo 13. Compatibilidad con actividades públicas.
1. El ejercicio de las funciones de cargo público será compatible con las siguientes actividades públicas:
a) El desempeño de los cargos que institucionalmente le correspondan por resultar anejos, implícitos o deriven del cargo principal y de los que resulte expresamente comisionado por el Parlamento Vasco, por el Lehendakari o por el Gobierno.
b) El cumplimiento de misiones temporales o de funciones de representación en organizaciones o conferencias estatales o internacionales u otras constituidas entre instituciones de naturaleza pública.
c) La representación del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en órganos colegiados, directivos o consejos de administración de organismos, sociedades o cualquier otra entidad pública.
d) La participación en los órganos de dirección o de gobierno de sociedades o de cualquier entidad privada, en representación del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. En los supuestos previstos en el apartado anterior, los cargos públicos no percibirán retribución alguna, con excepción de la indemnización por los gastos en los que hubieren incurrido para el ejercicio de la función de representación encomendada.
3. Las dietas u otras cantidades devengadas por cualquier otro concepto, debidas al funcionamiento del organismo, sociedad o entidad en el que participen serán ingresadas directamente por estos en la Tesorería General del País Vasco.

Artículo 14. Compatibilidad con cargos electivos.
1. Los miembros del Gobierno podrán compatibilizar el ejercicio de su cargo con la condición de parlamentario en el Parlamento Vasco, en los términos previstos en la Ley de elecciones al mismo.
2. Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, a excepción del Lehendakari, podrán compatibilizar su actividad con la de miembro electo de las entidades locales y con la de alcalde o alcaldesa de localidades de menos de cincuenta mil habitantes, salvo que en la entidad local tengan una dedicación exclusiva o una dedicación fija a tiempo parcial, conforme a la legislación vigente.
3. Podrán compatibilizar, también, las actividades correspondientes al cargo público con aquellas otras de cargos electivos que se establezcan expresamente mediante Ley.
4. En todos los casos, los cargos públicos sólo podrán percibir la retribución correspondiente a una de las actividades a las que se refiere el presente artículo, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que puedan corresponder a la otra actividad según su normativa específica.

Artículo 15. Compatibilidad con el ejercicio de la docencia y con la formación de empleados públicos.
1.- Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley podrán compatibilizar sus funciones con el ejercicio retribuido de la docencia en la enseñanza superior, siempre que no suponga detrimento de su dedicación y, en todo caso, con un límite no superior a las cien horas lectivas anuales.
2.- Asimismo, y con los mismos límites señalados en el apartado anterior, podrán participar en seminarios, jornadas o conferencias organizadas por centros oficiales destinados a la formación del personal de las Administraciones Públicas, siempre y cuando no tengan carácter permanente y participen en los mismos por razón del cargo que ocupen, de su especialidad profesional o de la posición que ocupen en la organización administrativa del sector público.

Artículo 16. Procedimientos de compatibilidad.
1. El ejercicio de las actividades cuya compatibilidad reconocen los artículos 12, 13 y 14 de la presente Ley requerirá su declaración en los términos previstos en el artículo 18.2 de la misma.
2. El ejercicio de las actividades consideradas compatibles en el artículo 15 de la presente Ley requerirá, en todo caso, autorización previa del Consejo de Gobierno. Dicha autorización se otorgará, cuando proceda, a propuesta del titular del Departamento responsable en materia de función pública, en base al expediente tramitado por la Oficina de Conflictos de Intereses, que concluirá con una propuesta motivada de resolución.

Artículo 17. Prohibiciones posteriores al cese como cargo público.
1. Quienes desempeñen cargos públicos, sin perjuicio de las compensaciones o prestaciones que pudieran corresponderles según la normativa específica, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubieren tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo.
2. A estos efectos, se considera que habrá existido relación directa cuando el cargo público, los órganos de él dependientes, por delegación o sustitución, o sus superiores a propuesta de ellos, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas, sociedades o entidades, en procedimientos de los que han derivado para éstas reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas favorables individualizadas
3. Se excluyen del concepto de relación directa empleado en el número anterior aquellos supuestos en los que las resoluciones referidas hayan sido dictadas o adoptadas por la mera pertenencia de la empresa, sociedad o entidad destinatarios de las mismas a un colectivo que se identifique por el cumplimiento de requisitos o condiciones objetivas establecidas con carácter general y sin formar parte de un procedimiento administrativo de carácter competitivo entre distintos sujetos concurrentes.
Tampoco se considerará que existe relación directa cuando la resolución que se dicte en un procedimiento administrativo de concurrencia competitiva lo haya sido en el sentido propuesto por un órgano técnico colegiado, cuando entre las facultades de éste se incluyan las de propuesta de resolución, y siempre que la composición del órgano colegiado no haya sido decidida por el cargo público que acuerde la resolución.
4. Quien haya desempeñado un cargo público y durante los dos años posteriores al cese deberá efectuar, con carácter previo a su inicio, ante la Oficina de Conflictos de Intereses, declaración responsable conteniendo la descripción de las actividades que vaya a realizar e identificando a la empresa, sociedad o entidad en la que van a prestar sus servicios, manifestando no estar incurso en la prohibición establecida en este artículo.
5. Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses estime que la actividad privada que se va a desarrollar vulnera la prohibición prevista en este artículo, lo comunicará, en el plazo de diez días, mediante escrito que contenga la motivación suficiente, a la persona afectada y a la empresa, sociedad o entidad en la que se pretenden prestar los servicios, dándoles el plazo común de cinco días a fin de que formulen las alegaciones que estimen convenientes.
6. Recibidas las alegaciones de los interesados o transcurrido el plazo otorgado, la Oficina de Conflictos de Intereses elaborará una propuesta de resolución al titular del Departamento del que dependa la materia de función pública, que adoptará la resolución que corresponda en relación con la compatibilidad de la actividad comunicada conforme a la regla establecida en el presente artículo, en el plazo máximo de un mes a contar desde la declaración inicial establecida en el número 5 anterior. Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya dictado la resolución sobre la compatibilidad de la actividad el interesado podrá iniciar su desempeño.

CAPÍTULO IV.- OBLIGACIONES DE LOS CARGOS PÚBLICOS.

Artículo 18. Declaración de actividades.
1. Quienes ocupen alguno de los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley estarán obligados a efectuar una declaración sobre las actividades públicas y privadas que se relacionan a continuación, en los términos en que se determine reglamentariamente:
a) Las actividades que desempeñen por sí o mediante sustitución o apoderamiento en el momento del nombramiento.
b) Las actividades que hubieren desempeñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.
c) Las actividades privadas que vayan a realizar, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, durante los dos años posteriores al cese en el cargo público.
2. Las declaraciones referidas en las letras a) y b) del apartado anterior se presentarán a la Oficina de Conflictos de Intereses, para su constancia en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, en el plazo del mes siguiente a la fecha de toma de posesión y, en su caso, a la de producirse modificaciones en las circunstancias y contenido de las declaraciones ya realizadas. Las declaraciones referidas en la letra c) del apartado 1 de este artículo se realizarán siempre con carácter previo al inicio de la actividad.
3. La declaración relativa al ejercicio de las actividades docentes que se vinieran desempeñando o estuvieren comprometidas con anterioridad a la toma de posesión como cargo público, se realizará antes de ésta, quedando en suspenso la toma de posesión hasta que el Consejo de Gobierno se pronuncie sobre la compatibilidad solicitada.

Artículo 19. Declaración de bienes y derechos patrimoniales.
1. Quienes desempeñen cargos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley tienen la obligación de efectuar declaración de todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, en los términos que se determine reglamentariamente. La declaración patrimonial, al menos, comprenderá los siguientes extremos:
a) Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean.
b) Los valores o activos financieros negociables.
c) Las participaciones societarias.
d) La denominación y el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses tanto él como su cónyuge, sea cual fuere el régimen económico matrimonial, o su pareja de hecho y los hijos e hijas dependientes o las personas tuteladas.
e) La denominación y objeto social de las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración según la letra d) anterior.
2. Junto con la declaración patrimonial deberán presentar copia simple de las declaraciones tributarias que legalmente hayan debido realizar en el ejercicio fiscal en el que tomen posesión y en el inmediato anterior. Anualmente presentarán copia simple de las sucesivas declaraciones tributarias que realicen.
3. La declaración de bienes y derechos patrimoniales se efectuará dentro del mes siguiente a la fecha de toma de posesión y de cese y, en el mismo plazo, siempre que se produzcan modificaciones en el contenido de lo declarado, según se establezca reglamentariamente.

Artículo 20. Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.
1. Quienes desempeñen cargos públicos sometidos a esta Ley no podrán tener, por sí mismos o junto con su cónyuge, sea cual fuere el régimen matrimonial, o con su pareja de hecho, hijos e hijas dependientes y personas tuteladas, participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público de la Comunidad Autónoma, o sean subcontratistas de tales empresas, o reciban subvenciones provenientes de cualquier entidad integrante de dicho sector público.
2. Cuando se trate de sociedades mercantiles cuyo capital social suscrito supere los seiscientos mil euros, o la cuantía que al efecto se fije en las leyes de presupuestos, la prohibición establecida en el apartado anterior se aplicará cuando los sujetos descritos reúnan participaciones que aún no llegando al diez por ciento allí establecido, supongan una posición en el capital de la empresa que permita condicionar de forma relevante su actuación.
3. El cargo público que se encuentre en la situación patrimonial prohibida en este artículo deberá desprenderse de las participaciones que superen los límites establecidos en los apartados anteriores en el plazo de los tres meses posteriores a su nombramiento. Si la situación patrimonial prohibida se adquiriera de manera sobrevenida durante el ejercicio del cargo, por sucesión hereditaria u otro título gratuito, tendrá igualmente tres meses contados desde que se produzca la adquisición para desprenderse de las participaciones que superen los límites establecidos.
4. Tanto las situaciones patrimoniales reguladas en este artículo como la transmisión de las participaciones serán declaradas a la Oficina de Conflictos de Intereses para su anotación en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.

Artículo 21. Control y gestión de valores y de activos financieros.
1. Quienes desempeñen cargos en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco con competencias reguladoras, de supervisión o control sobre sociedades mercantiles que emitan valores y otros activos financieros negociables en un mercado organizado y en relación con los valores y activos financieros de los que sean titulares ellos, sus cónyuges no separados legalmente, salvo que su régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes, sus hijos e hijas menores de edad no emancipados o las personas tuteladas, deberán contratar para la gestión y administración de tales valores o activos con una entidad financiera registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre que su cuantía supere la cantidad de cien mil euros, calculada según su cotización media correspondiente al cuarto trimestre del año de que se trate.
2. La entidad financiera contratada llevará a cabo la gestión y administración de los valores y activos con sujeción exclusiva a las directrices de rentabilidad y riesgo establecidos en el contrato, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de inversión de las personas citadas en el número anterior. Tampoco podrá revelárseles la composición de sus inversiones, salvo que se trate de instituciones de inversión colectiva o que, por causa justificada, medie autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
3. Se entregará copia simple del contrato de gestión y administración suscrito con la entidad financiera a la Oficina de Conflictos de Intereses, para su anotación y archivo junto a la declaración de bienes y derechos patrimoniales formulada.

CAPÍTULO V.- DE LA GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

Artículo 22. Oficina de Conflictos de Intereses.
1. Se crea la Oficina de Conflictos de Intereses como órgano responsable de la gestión administrativa del Catálogo de cargos públicos, del régimen de incompatibilidades y de las obligaciones impuestas a los cargos públicos en la presente Ley. Asimismo, corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses la llevanza del Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, siendo responsable de la custodia y seguridad de los documentos y datos archivados y anotados.
2. La Oficina de Conflictos de Intereses se adscribe al Departamento de la Administración General que resulte responsable en materia de función pública, contando con la estructura y organización que se establezca reglamentariamente.
3. En el ejercicio de las funciones que esta Ley le atribuye actuará con plena autonomía.
4. Los empleados públicos que presten servicios en la Oficina de Conflictos de Intereses tienen el deber permanente de guardar secreto respecto de los datos e informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 23. Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.
1. Se crea el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales para el depósito, archivo, custodia, inscripción y, en su caso información y acreditación de las declaraciones y obligaciones documentales establecidas en la presente Ley a los cargos públicos.
2. Reglamentariamente se determinará su organización y funcionamiento que deberá basarse en un sistema de gestión documental que garantice la inalterabilidad y permanencia de los datos y configurarse conforme a la seguridad que debe garantizarse en su acceso y uso.

Artículo 24. Secciones.
1. El Registro constará de dos Secciones: la de Actividades y la de Bienes y Derechos Patrimoniales.
2. La Sección de Actividades, en la que se registrarán las declaraciones reguladas en el artículo 18 de esta Ley, tiene carácter público y el acceso a su contenido se realizará en los términos y conforme al procedimiento que en la norma reglamentaria de organización y funcionamiento del Registro se establezcan, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos; en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en esta Ley y en las correspondientes normas de desarrollo de las Leyes citadas.
3. La Sección de Bienes y Derechos Patrimoniales, en la que se registrarán las declaraciones reguladas en el artículo 19 de esta Ley y la documentación que las acompañe, tiene carácter reservado y sólo podrán acceder a ella, en los términos y conforme al procedimiento que se establezca en la norma reglamentaria de organización y funcionamiento del Registro:
a) La persona que realizó la declaración, en todo caso.
b) El Consejero o Consejera del que dependa orgánicamente el cargo público a cuya declaración o documentación complementaria pretenda acceder, a los exclusivos efectos de cumplimiento de mandatos establecidos en la presente Ley cuya ejecución le sea atribuida, debiendo así acreditarlo en la solicitud de acceso.
c) El Consejo de Gobierno en los mismos supuestos y con idénticas limitaciones que las establecidas en la letra b) anterior.
d) El Parlamento y, en su caso, las comisiones parlamentarias de investigación, de acuerdo a lo dispuesto en su Reglamento y mediante un procedimiento que garantice el carácter reservado de los datos personales en tanto no sea ineludible su constancia en un acto parlamentario definitivo. Tal circunstancia de necesidad de incorporación de los datos a un acto o procedimiento que implique su conocimiento público será apreciada y declarada previamente mediante resolución expresa de la Presidencia de la comisión de investigación, o de la Presidencia de la Cámara, previo acuerdo de la Mesa, en los demás casos.
e) Quien desarrolle las funciones de información previa o de instrucción de un expediente sancionador, conforme a lo establecido en los artículos 29 y 30 de la presente Ley, mantendrá en su actuación el carácter reservado de los datos e informaciones en tanto sea posible para el ejercicio de su función requiriéndose, en todo caso, resolución motivada para su incorporación a un procedimiento o acto en el que pueda producirse la publicidad de los mismos.
4. Los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal tendrán acceso a cualquier información contenida en el Registro en el ejercicio de sus funciones y de conformidad con la legislación procesal.

Artículo 25. Comprobación e información.
1. La Oficina de Conflictos de Intereses realizará el seguimiento del cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones de presentación de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales establecidas en la presente Ley, requiriendo su cumplimiento cuando sea necesario, otorgando para ello un plazo improrrogable de diez días. Asimismo recibirá las declaraciones y la documentación establecida en la presente Ley realizando la comprobación del cumplimiento de los requisitos de carácter formal, interesando la subsanación de los defectos que aprecie.
2. El Gobierno facilitará semestralmente al Parlamento información sobre el grado de cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
3. Dicha información contendrá al menos los datos relativos al número de cargos públicos obligados a declarar, el número de declaraciones obrantes en el Registro, clasificándolas por sus Secciones, las efectuadas con ocasión del cese y el número de requerimientos realizados ante la falta de cumplimiento en plazo de dichas obligaciones.
4. El Gobierno remitirá al Parlamento información singular de las resoluciones sancionadoras que se hubieren dictado en aplicación del régimen establecido en el Capítulo VI de la presente Ley.

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 26. Infracciones.
1. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley:
a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidad establecidas en ella.
b) El incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 17.
c) La presentación de declaraciones con datos o documentos falsos o su omisión deliberada.
d) El incumplimiento de las limitaciones patrimoniales relativas a participaciones societarias establecidas en el artículo 20.
e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 en relación a la contratación con entidades financieras para la gestión y administración de valores y otros activos financieros negociables en un mercado organizado.
f) La no declaración de actividades o de bienes y derechos patrimoniales tras el requerimiento para ello por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.
g) El incumplimiento del deber de abstención cuando proceda.
2. No constituirá infracción la falta de presentación de la declaración de actividades o la de bienes y derechos patrimoniales en los plazos establecidos cuando se subsane tras el requerimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses en el plazo otorgado para ello. No obstante, tal circunstancia será anotada, con expresión de la fecha en que se realice la declaración, en la sección del Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales correspondiente a la ausencia inicial de declaración.

Artículo 27. Sanciones.
1. Las infracciones establecidas en el artículo anterior serán sancionadas con la declaración expresa del incumplimiento de la Ley y su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
2. La sanción por infracción a la presente Ley podrá conllevar como medidas complementarias:
a) La destitución en los cargos públicos que se ocupen si no se hubiere producido el cese anteriormente.
b) La pérdida del derecho a percibir tras el cese como cargo público la totalidad o parte de la pensión, indemnización, prestación o percepción económica que se hubiere generado por haber ejercido el cargo público.
c) La obligación de restituir las cantidades que se hubieren percibido indebidamente, incrementadas hasta un diez por ciento si no se realizara la devolución en el mes siguiente a la notificación de la resolución del expediente sancionador. Este incremento por la falta de devolución se concretará atendiendo a la motivación del mismo, a la disposición mostrada para hacer efectiva la devolución y al tiempo de demora transcurrido.
d) La inhabilitación para ocupar alguno de los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley en un período de hasta diez años a contar desde la firmeza de la resolución del expediente sancionador.
2. La aplicación y graduación de las medidas complementarias de la sanción establecidas en el número 2 anterior se realizará de manera motivada, atendiendo al grado de inobservancia de los principios de actuación y de conducta establecidos en la presente Ley, a la repercusión y daños causados al interés público, a la existencia de perjuicios ocasionados a terceros y a la indebida percepción de cantidades económicas por el desempeño de actividades incompatibles.
3. La infracción regulada en el artículo 26.1, b) no conllevará la imposición de ninguna medida complementaria cuando quien hubiere desempeñado un cargo público cumpla con el deber de declaración previa regulado en el artículo 17.5 sin que la Oficina de Conflictos de Intereses le hubiere comunicado su estimación contraria a la compatibilidad en los diez días siguientes. Tampoco se aplicarán medidas complementarias de la sanción cuando, en el supuesto de la misma infracción, el titular del Departamento responsable en materia de función pública no hubiere dictado la resolución prevista en el artículo 17.7 en el plazo allí establecido y el interesado hubiere iniciado por tal motivo el desempeño de la actividad declarada.

Artículo 28. Prohibición de contratar.
En el supuesto del procedimiento previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 17 de la presente Ley, si la empresa, sociedad o entidad prosiguiera con la contratación de la persona que haya vulnerado lo establecido en el apartado 1 del mismo artículo, en contra de la resolución expresa dictada por el titular del Departamento responsable en materia de función pública, la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución del expediente sancionador con la declaración de incumplimiento de esta Ley, llevará aparejada la prohibición a la empresa, sociedad o entidad para contratar con el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como cargo público.

Artículo 29. Informaciones previas.
1. La Oficina de Conflictos de Intereses, con carácter previo a la iniciación de un expediente sancionador, podrá realizar actuaciones de carácter informativo y reservado a fin de determinar indiciariamente si concurren circunstancias que justifiquen su incoación. Igualmente analizará las denuncias que sobre los posibles incumplimientos de la Ley pudieran formularse, realizando, si procede, dichas informaciones previas.
2. La realización de las informaciones previas se notificará al cargo público interesado indicando su objeto y dándole oportunidad de presentar las aportaciones que considere oportunas.
3. Con el resultado de las informaciones previas, la Oficina de Conflictos de Intereses elaborará un informe al Consejero o Consejera titular del Departamento responsable en materia de función pública, quien emitirá resolución motivada ordenando el archivo definitivo de lo actuado o, en su caso, la incoación del expediente. Si el cargo público afectado fuere un miembro del Gobierno corresponderá dictar la orden de incoación al Gobierno a propuesta del citado Consejero o Consejera.

Artículo 30. Procedimiento sancionador.
1. Corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses la instrucción de los expedientes sancionadores.
2. El procedimiento se sustanciará en expediente contradictorio conforme se determine reglamentariamente, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, los principios reflejados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. El instructor podrá acceder, en los términos previstos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal y en la normativa fiscal, a la información y datos contenidos en los ficheros, archivos o registros de carácter público y, en particular, según lo previsto en el artículo 24.3, e) de la presente Ley, a las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales y a su documentación complementaria obrante en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.

Artículo 31. Resolución.
1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Consejero o Consejera titular del Departamento responsable en materia de función pública, la resolución de los expedientes sancionadores declarando, en su caso, los incumplimientos de la presente Ley e imponiendo la correspondiente sanción. Asimismo la resolución expresará las medidas complementarias de la sanción que procedan en el caso concreto de entre las establecidas en el número 2 del artículo 27, atendiendo a las circunstancias concurrentes expresadas en el número 3 de dicho artículo.
2. Si el incumplimiento de la Ley hubiere sido realizado por un miembro del Gobierno, la resolución del Expediente sancionador corresponde al Lehendakari, previa información al Consejo de Gobierno.

Artículo 32. Prescripción.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley prescriben a los tres años a contar desde la fecha en que fueron cometidas.
2. Las sanciones impuestas prescriben a los tres años contándose tal plazo a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 33. Otras responsabilidades.
Lo dispuesto en este Capítulo se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará a los servicios jurídicos centrales del Gobierno el ejercicio de las acciones que correspondan, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta penal.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Territorios Históricos.
1. El código de conducta y el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos y de su sector público será el establecido en su correspondiente normativa.
2. No obstante, les será de aplicación los principios de actuación y de conducta establecidos en los artículos 5 y 6 (excepto el apartado 6), las reglas relativas al conflicto de intereses (artículo 7 y artículo 8, apartados 1 a 4 y 9), y, en los términos en que lo especifique su normativa, los principios de dedicación exclusiva y retribución única.

SEGUNDA. Entidades Locales.
A los miembros de las entidades locales les serán de aplicación los principios de actuación y de conducta establecidos en los artículos 5 y 6 (excepto el apartado 6).

TERCERA. Ararteko y Herri-Kontuen Euskal Epaitegia/Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
El régimen de incompatibilidades del Ararteko y su adjunto o adjunta y el de los miembros del Herri-Kontuen Euskal Epaitegia/Tribunal Vasco de Cuentas Públicas será el establecido, respectivamente, en la Ley 3/1985, de 27 de febrero, de creación y regulación de la Institución del Ararteko y en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/ Herri-Kontuen Euskal Epaitegia. No obstante les serán de aplicación los principios de actuación y de conducta establecidos en los artículos 5 y 6 de la presente Ley.

CUARTA. Subsistencia de incompatibilidades.
Los preceptos de esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la expresa subsistencia de las incompatibilidades u obligaciones establecidas por Ley para determinados cargos públicos en atención a la especial naturaleza de sus funciones.

QUINTA. Obligación de comunicar nombramientos.
Las entidades y sociedades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán comunicar a la Oficina de Conflictos de Intereses los nombramientos o designaciones que efectúen correspondientes a puestos de trabajo cuyo titular tenga la consideración de cargo público por estar comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley.

SEXTA. Infracción del deber de secreto.
Se modifica el apartado e) del artículo 83 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, que queda redactado como sigue:
“e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, así como el incumplimiento del deber de guardar secreto respecto de los datos e informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones desempeñadas en la Oficina de Conflictos de Intereses y en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, establecido en la legislación en materia de incompatibilidades de los cargos públicos.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Renovación de las declaraciones de cargos públicos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Quienes en la actualidad ocupen cargos públicos que resulten incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley dispondrán de un plazo de seis meses a partir de la puesta en funcionamiento de la Oficina de Conflictos de Intereses, como órgano encargado de su gestión administrativa, para formular nuevas declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de conformidad con lo establecido en la misma.

SEGUNDA. Compatibilidades autorizadas previamente a la Ley.
1. La Oficina de Conflictos de Intereses analizará las autorizaciones de compatibilidad otorgadas para el desarrollo de actividades con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley a fin de comprobar su adecuación a los mandatos en ella contenidos.
2. En los supuestos en que la Oficina de Conflictos de Intereses considere que la actividad que estaba autorizada como compatible antes de la entrada en vigor de la presente Ley resulta contraria a lo en ella establecido, dirigirá al interesado afectado escrito motivado, dándole plazo para que presente las consideraciones que estime conveniente. Si tras lo actuado, la Oficina de Conflictos de Intereses mantuviera el criterio de que la actividad anteriormente autorizada no es compatible conforme a la presente Ley, presentará informe en tal sentido al Consejero o Consejera titular del Departamento responsable en materia de función pública quien, en su caso, propondrá al Consejo de Gobierno su revocación, declarándose la incompatibilidad sobrevenida que tendrá efecto jurídico desde su notificación al interesado.

TERCERA. Vigencia de disposiciones reglamentarias.
En tanto no se desarrolle reglamentariamente la presente Ley, permanecerán en vigor, en todo lo que no se oponga a la misma:
a) El Decreto 129/1999, de 23 de febrero por el que se regula la declaración y registro de las actividades y los derechos y bienes patrimoniales de los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración y directivos de los entes públicos de derecho privado y de las sociedades públicas.
b) El Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el estatuto del personal directivo de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley y, en particular, la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de “Incompatibilidades para el ejercicio de las funciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
El artículo 17 de la presente Ley se aplicará a los cargos públicos que sean nombrados con posterioridad a su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de Enero de 2013

Aprendizaje a lo largo de la vida.

2013-01-14T23:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos, acogiéndose al vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley de aprendizaje a lo largo de la vida.

ANTECEDENTES

* Estatuto de Autonomía.

* Estrategia de Lisboa.

* Estrategia Europa 2020.

* Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

* Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

* Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007.

* Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El impulso del aprendizaje a lo largo de la vida es una de las principales iniciativas que orientan el proceso de modernización de Europa en el siglo XXI. Tanto la Estrategia de Lisboa de 2000 como la Estrategia Europa 2020 ratifican la necesidad de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida como factor transformador decisivo que permita convertir a Europa en una sociedad y en una economía del conocimiento avanzadas.

Los cambios hacia una sociedad más participativa, multicultural y sostenible demandan mejorar las competencias personales para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan desenvolverse en una sociedad más compleja.

El incremento del nivel educativo de la población y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades de aprendizaje relacionadas con el desarrollo personal.

La rápida evolución de las tecnologías y del sistema productivo demandan una permanente adaptación y redefinición de los aprendizajes, las competencias y las cualificaciones profesionales.

Esta situación requiere un nuevo enfoque de la educación y la formación que

aborde los nuevos retos de la sociedad del conocimiento.

Es imprescindible facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el desarrollo personal, social y profesional, aspectos indefectiblemente unidos entre si.

Se hace necesario impulsar un sistema de aprendizaje a lo largo de toda la vida desde la Educación Infantil hasta después de la jubilación que busque implicar al conjunto de la población, asegure la adquisición y desarrollo de las competencias básicas, y promueva la integración, participación, iniciativa y creatividad de todas las personas en los ámbitos social, económico, político y cultural, especialmente de los colectivos más desfavorecidos.

Esta tarea conlleva un importante cambio del modelo educativo y de formación hasta ahora existente. Implica superar la idea de que el aprendizaje se concentra en una fase vital concreta, para extenderse al conjunto de la vida de la persona. Implica, igualmente, el establecimiento de vías de aprendizaje más flexibles, incluyendo mejores transiciones entre la educación, la formación y la vida laboral, y superar la idea de que el aprendizaje se limita a los contextos formales, reglados, para valorar y reconocer los aprendizajes adquiridos en contextos no formales, e incluso informales.

Asimismo, la puesta en marcha de un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida comporta un cambio en el paradigma del proveedor de formación superando la idea tradicional que limitaba este papel a los centros reconocidos institucionalmente: centros de enseñanza, centros de formación profesional y universidades. Comporta de igual modo la necesaria cooperación entre las distintas instituciones públicas, así como la colaboración entre estas y los agentes privados. De igual forma, requiere de un sistema de orientación permanente que acompañe a las personas a lo largo de su trayectoria ayudándolas a definir y llevar a cabo su proyecto vital.

Esta nueva concepción del aprendizaje a lo largo de la vida coloca a la persona en el centro del proceso: se trata de promover el desarrollo de las personas como ciudadanos y ciudadanas activas de la sociedad en que viven por lo que la formación que reciban debe orientarse hacia la adquisición o consolidación de las competencias no sólo profesionales sino también personales y sociales.

Otro aspecto importante de la nueva concepción del aprendizaje a lo largo de la vida es que se aprende en todas las etapas de la vida y no sólo por

acciones formalizadas. Hay que desterrar la idea de que sólo se aprende en la escuela o dentro del sistema educativo. Las personas aprenden también a través de la experiencia laboral, de la actividad vital que desarrollan -aprendizaje informal-, de acciones formativas que directamente no conllevan certificación -aprendizaje no formal- o a través de aquellas que están reguladas y conducen a una certificación oficial -aprendizaje formal-.

La necesidad de impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida ha sido puesta de manifiesto reiteradamente en Europa, España y Euskadi.

La Unión Europea, con la publicación del Memorandum del Aprendizaje Permanente y la Comunicación “Hacer realidad un espacio europeo del Aprendizaje Permanente”, dio comienzo a un proceso en el que, a través de múltiples resoluciones de las distintas instituciones y organismos, ha ido avanzando en la construcción de un marco europeo de la educación y la formación en el que el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida juega un papel imprescindible para promover la ciudadanía activa, la cohesión social, la realización personal y profesional, la adaptabilidad y la empleabilidad.

En la misma línea tanto la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación coinciden en concebir el aprendizaje a lo largo de la vida como factor de desarrollo personal y de empleabilidad, y en la necesidad de poner en marcha procedimientos más flexibles de transición entre el mundo educativo y el laboral así como establecer mecanismos de reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por la experiencia laboral u otros procedimientos no formales.

Por lo que respecta a la enseñanza universitaria, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, subraya la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida en el desarrollo personal, cultural, científico, técnico y económico, y asienta los principios de un espacio común universitario basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación permanente. Por otra parte la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco establece entre sus objetivos la formación intelectual, científica, humanista y técnica y la capacitación profesional de los estudiantes y las estudiantes, así como la contribución a la formación permanente de las personas a lo largo de toda su vida. Indica también que las universidades, por sí o mediante convenios con otras instituciones y organizaciones públicas o privadas, podrán ofrecer programas de actualización de conocimientos y de capacidades a lo largo de la vida, impulsando la utilización de medios no presenciales para la impartición de estas enseñanzas.

Por su parte la Comunidad Autónoma del País Vasco ha desarrollado numerosas actuaciones relacionadas con el aprendizaje a lo largo de la vida, promovidas tanto por el Gobierno Vasco como por las administraciones locales. Estas actuaciones se enmarcan dentro de los objetivos definidos en el Libro Blanco del Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Tras la experiencia acumulada en los últimos años, es el momento de promover la presente ley, cuyo primer objetivo es establecer, en concordancia con las recomendaciones europeas, con los objetivos del Libro Blanco del Aprendizaje a lo Largo de la Vida y con lo establecido en las citadas leyes orgánicas, el marco legal que impulse y regule un sistema eficaz de aprendizaje a lo largo de la vida en el País Vasco, que refuerce las posibilidades de acceso al trabajo y de integración social de los participantes en el mismo, y que los prepare para el envejecimiento activo en el futuro.

A tal efecto la presente Ley establece el aprendizaje a lo largo de la vida como un derecho de la ciudadanía vasca, que se posibilita mediante una amplia oferta formativa, tanto en euskera como en castellano; impulsa la enseñanza a distancia, principalmente a través de las tecnologías de la información y comunicación, como medio para acercar la oferta formativa a los ciudadanos y ciudadanas de una forma flexible que permita conciliar la formación con otras actividades personales, familiares, sociales o laborales; y establece un mecanismo de reconocimiento de los aprendizajes obtenidos por medio de la experiencia laboral o por vías no formales o informales mediante la puesta en marcha del dispositivo de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales.

Un segundo objetivo de la ley es recoger e impulsar las transformaciones operadas tanto en la formación profesional del País Vasco como en la legislación básica en esta materia.

La formación profesional en el País Vasco ha experimentado un notable cambio a partir de la década de los 90, avanzando en un nuevo modelo de colaboración e implicación con el entorno productivo, atendiendo a las necesidades de las empresas y participando activamente en la formación de las trabajadoras y los trabajadores vascos. Esta transformación ha ido acompañada de la creación, por parte del Gobierno Vasco, de organismos al servicio de las nuevas funciones que el sistema de Formación Profesional estaba desarrollando, como el Consejo Vasco de Formación Profesional, Hobetuz, Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, el Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional, el Instituto Vasco de las Cualificaciones Profesionales y la Formación Profesional o la Agencia Vasca para la evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación

Profesional.

Al tiempo que estos cambios se asentaban y evolucionaban en nuestra Comunidad Autónoma, se producía una importante transformación en la concepción y en el ordenamiento legal del sistema de Formación Profesional a nivel estatal.

La Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional estableció un sistema, con el objetivo de garantizar en todo momento la correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades del mercado de trabajo. Además, configuró la formación profesional como un único sistema, superando la tradicional división entre formación inicial reglada y formación ocupacional y continua. De esta forma los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad se configuran como ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones, condición imprescindible para asegurar la movilidad de los trabajadores. Por último, esta Ley estableció el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

En consecuencia, la presente ley pretende establecer un sistema integrado de Formación Profesional que, partiendo del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, sea capaz de atender las necesidades de cualificación y recualificación del conjunto de la población vasca a lo largo de su trayectoria profesional, con independencia de su situación laboral; que supere la concepción de la formación profesional como un hecho puntual, desarrollado con carácter previo a la inserción laboral o posterior, como consecuencia de alguna situación laboral sobrevenida; que conciba la formación profesional como un auténtico derecho a adquirir y actualizar las cualificaciones y permita reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas por medio de la experiencia laboral u otras vías no formales e informales de aprendizaje.

La Ley concede una especial importancia a la orientación en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida consciente de que la vida de los ciudadanos se caracteriza cada vez más por la multiplicación de las transiciones entre la formación y el mundo laboral, así como entre el desempleo y el empleo a través de la formación.

La orientación debe desempeñar un papel determinante en la toma de las importantes decisiones a las que se enfrentan las personas a lo largo de su vida y debe contribuir a la capacitación personal y a la gestión, de manera más segura, del proyecto profesional y a lograr un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional.

En consecuencia un tercer objetivo de la Ley es impulsar un sistema de orientación a lo largo de la vida, integrando, desde el respeto a las competencias de las distintas instituciones, las actividades de orientación desarrolladas por los distintos organismos con competencias en la materia y reforzando su papel en las políticas de empleo e inclusión social.

Un cuarto objetivo que está presente a lo largo del articulado de la Ley es el fomento de la cooperación entre las diferentes instituciones que configuran el entramado administrativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de éstas con los agentes que actúan en este ámbito.

La Ley establece marcos de coordinación, partiendo del respeto a las competencias propias de cada institución, para evitar duplicidades y rentabilizar al máximo los esfuerzos en este campo. En consecuencia, se crean los consejos de aprendizaje a lo largo de la vida como lugares de encuentro para detectar las necesidades de formación, coordinar la oferta de las distintas instituciones y agentes, públicos y privados, y evaluar los resultados, sin que esto requiera la necesidad de crear nuevos organismos y estructuras estables.

La Ley de aprendizaje a lo largo de la vida se ha estructurado en un capítulo preliminar seguido de otros cuatro capítulos.

El capítulo preliminar define el objeto de la Ley, los conceptos básicos en los que se sustenta, las personas a las que va destinada y los rasgos básicos del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida: sus fines, planes y programas, garantía de calidad, impulso a la innovación, flexibilidad y movilidad.

El capítulo primero prevé los agentes y oferta formativa del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, esto es, los proveedores de formación, los ámbitos y programas que comprende, los requisitos de acceso a la formación y los que se requieren para el desarrollo de los programas y acciones, así como las vías de acreditación de las acciones formativas reconocidas en esta Ley. Prevé, igualmente, el impulso de la formación a distancia y la creación del “Instituto Vasco de Educación a Distancia” (IVED).

El capítulo segundo establece los fines e instrumentos del Sistema Integrado de Formación Profesional. Crea la Comisión para el desarrollo del Sistema Integrado de Formación Profesional con la finalidad de coordinar las competencias del Gobierno Vasco en materia de formación profesional. Igualmente, incorpora un

procedimiento único para reconocer las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de vías no formales e informales de formación. Por último, regula la oferta integrada, en la que se contempla la definición, funciones y autonomía de los centros integrados.

El capítulo tercero establece las bases del sistema integrado de orientación a lo largo de la vida, los servicios que lo integran, los principios que rigen su funcionamiento, y sus funciones. Establece, a su vez, la necesidad de incorporar la labor de orientación en los programas de aprendizaje a lo largo de la vida, y la obligación de las administraciones de dotar a estos servicios del personal adecuado.

Finalmente, el capítulo cuarto aborda la coordinación del conjunto de iniciativas que concurren en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida y la creación de los consejos de aprendizaje a lo largo de la vida como órganos de participación, coordinación y planificación del sistema. La Ley, en este sentido, respeta el marco competencial de cada nivel institucional y confiere al Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida la labor de impulsar la coordinación de los programas y la cooperación entre las administraciones públicas y las entidades privadas.

La Comunidad Autónoma Vasca tiene, según el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, competencia plena en materia de Educación, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Esta comunidad tiene igualmente competencias en materia de formación profesional para el empleo en los términos establecidos por el Real Decreto 1441/2010 de 5 de noviembre sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo.

En el proceso de elaboración de la Ley se ha seguido una metodología participativa con la intención de adecuar el proyecto de Ley a las nuevas necesidades de la ciudadanía, asentándose en la pluralidad y la integración de todos los sectores sociales.

TEXTO ARTICULADO

CAPÍTULO PRELIMINAR.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Objeto y Definición.

1.- La presente Ley tiene por objeto la ordenación y regulación de un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida que responda de manera eficaz a las necesidades de formación permanente y de cualificación de las personas, con el fin de favorecer su desarrollo personal, social y profesional, y su contribución al desarrollo económico y social de Euskadi. A tal efecto establece los mecanismos necesarios para la programación, coordinación, desarrollo y evaluación de los planes y programas correspondientes.

2.- El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en coordinación con otras administraciones públicas y los agentes educativos, sociales y económicos, promoverá el aprendizaje a lo largo de la vida como medio de asegurar la promoción personal, la cohesión social y la empleabilidad, así como la satisfacción personal de sentirse activos y participar en la sociedad del conocimiento.

3.- Se entiende por aprendizaje a lo largo de la vida toda actividad realizada por las personas en los ámbitos formal, no formal e informal con el objetivo de mejorar sus conocimientos, competencias y actitudes desde una perspectiva personal, social y profesional.

4.- A los efectos de la presente ley, se entiende por sistema de aprendizaje a lo largo de la vida el conjunto de ámbitos, planes, programas, instrumentos y agentes, convenientemente organizados para el logro de los objetivos establecidos en el apartado anterior.

Artículo 2.- Conceptos básicos.

A los efectos de la presente Ley, se considera:

Formación inicial: formación, con independencia de la duración de la misma, realizada en el sistema educativo, incluida la enseñanza universitaria, desde el inicio de la escolarización hasta su finalización por abandono de la misma o la

incorporación al mundo laboral.

Competencia: la capacidad de utilizar conocimientos, destrezas y actitudes para la obtención de un resultado adecuado y eficiente en contextos y situaciones personales, profesionales y sociales.

Competencias básicas: aquellas que son consideradas necesarias para la realización y desarrollo personal, para participar activamente en la sociedad o mejorar la empleabilidad.

Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Las competencias profesionales se recogen en las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales.

Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral.

Aprendizaje o educación formal: el proceso de formación estructurado conducente a una titulación o certificación oficial.

Aprendizaje o educación no formal: el proceso de formación que no conduce a una titulación o certificación oficial.

Aprendizaje o educación informal: el proceso de formación no estructurado que es consecuencia del desarrollo de actividades cotidianas desarrolladas en el contexto familiar, laboral o en el tiempo libre.

Formación a distancia: modalidad de enseñanza no presencial o semipresencial en la que la actividad formativa se desarrolla principalmente por medios telemáticos.

Artículo 3.- Personas destinatarias.

1.- Las personas destinatarias de los planes y programas del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida son todas aquellas que emprenden una actividad

de aprendizaje posterior a su formación inicial o que mantienen trayectorias de desarrollo personal, social o de mejora y actualización de su cualificación profesional.

2.- Serán objeto de atención preferente las personas con menor cualificación o en riesgo de exclusión social o laboral.

Artículo 4.- Fines

1.- El sistema de aprendizaje a lo largo de la vida tiene los siguientes fines:

a) Garantizar a toda la ciudadanía vasca el acceso universal, y en condiciones de igualdad, al aprendizaje a lo largo de la vida y a la adquisición de las competencias básicas que precisa para su desarrollo personal, la inclusión e integración social y para una vida ciudadana más plena y democrática.

b) Impulsar la actualización de los conocimientos y la mejora de las competencias profesionales de la población vasca, como mejor garantía de progreso en su bienestar social y económico.

c) Promover una sólida cultura del aprendizaje a lo largo de la vida en la ciudadanía, difundiendo la importancia que tiene el aprendizaje permanente y motivando a las personas para que configuren sus trayectorias de formación adaptadas a sus necesidades e intereses personales.

d) Facilitar un abanico de oportunidades a las personas mayores que deseen cultivar y ampliar sus conocimientos.

2.- Para ello, el Gobierno Vasco adoptará las medidas oportunas para :

a) Impulsar que la ciudadanía construya sus proyectos de aprendizaje tanto dentro como fuera del sistema educativo con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus competencias, promoviendo su desarrollo personal, social y profesional.

b) Facilitar que las personas jóvenes y adultas que abandonaron sus

estudios de manera temprana puedan retomarlos y completarlos, y que las personas adultas puedan continuar su aprendizaje.

c) Impulsar vías de aprendizaje más flexibles, que establezcan conexiones entre las distintas enseñanzas, faciliten el paso de unas a otras, así como entre la formación y el trabajo, y permitan la configuración de trayectorias de formación adaptadas a las necesidades e intereses personales.

d) Promover el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a través de la experiencia laboral así como los obtenidos por vías no formales e informales.

e) Garantizar y facilitar el acceso a los servicios de información y orientación sobre las demandas de cualificaciones y las posibilidades de formación a lo largo de la vida.

f) Fomentar el ocio activo y satisfacer el deseo de conocimientos culturales de las personas.

g) Promover espacios y ámbitos intergeneracionales para el aprovechamiento compartido del capital personal y social acumulado.

h) Mejorar la calidad y la excelencia educativa, en orden a alcanzar mayores niveles de eficacia en el aprendizaje y de eficiencia en la utilización de los recursos, y a que cada persona desarrolle plenamente sus aptitudes para aprender.

i) Coordinar las actuaciones formativas y de orientación de las administraciones públicas y entidades privadas que trabajan en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida.

j) Ordenar y actualizar las distintas enseñanzas que utilizan modalidades de enseñanza no presencial, haciendo de ellas un instrumento atractivo para las personas que compaginan el aprendizaje con la vida laboral o familiar.

k) Promover en el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, la movilidad interna, dentro de la oferta formativa del País Vasco, y la movilidad externa, prioritariamente en el espacio educativo europeo.

Artículo 5.- Características de los planes y programas

Los planes y programas del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida garantizarán una oferta suficiente de actividades en euskara o en castellano, en función de las personas a los que vayan dirigidas. Dichas actividades deben tener, además, las siguientes características:

1.- Promover métodos de aprendizaje activos, que potencian la autonomía personal, desarrollen la competencia de aprender a aprender y favorezcan la participación de las personas usuarias en la elaboración de su propio itinerario formativo.

2.- Garantizar la flexibilidad, variedad y calidad de las ofertas formativas y, más específicamente, la calidad de los agentes proveedores de formación financiados con fondos públicos.

3.- Desarrollar las actividades formativas a través de las distintas modalidades de enseñanza: presencial y a distancia.

4.- Adecuar la oferta formativa a las demandas sociales y del entorno productivo mediante la actualización permanente de los contenidos formativos.

5.- Permitir la capitalización de conocimientos adquiridos a través de la experiencia laboral y de otras vías no formales e informales de aprendizaje.

6.- Integrar objetivos coeducativos y fomentan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

7.- Facilitar el acceso a las personas o colectivos en riesgo de exclusión o con necesidades educativas especiales.

8.- Incorporar la orientación, libre de condicionamientos de género, como un elemento esencial de apoyo a las personas en la configuración y realización de sus proyectos personales.

9.- Potenciar la formación de los agentes implicados en la formación, en la

orientación y en la coordinación del sistema, adecuándola a la evolución del sistema productivo y de las necesidades de aprendizaje de la ciudadanía.

10.- Fomentar la cooperación y coordinación entre las distintas instituciones y agentes del sistema.

Artículo 6.- Garantía de calidad

1.- La calidad es un principio básico del conjunto de los planes y programas del sistema de aprendizaje a lo largo del la vida y estará orientada a mejorar los resultados de aprendizaje, la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados y la satisfacción de las personas destinatarias y otros grupos de interés.

2.- El Gobierno Vasco impulsará la cultura de la calidad en el sistema de aprendizaje a lo largo de la vida del País Vasco a través de procesos de evaluación interna y externa, y la participación en la red estatal y europea del marco de garantía de la calidad.

3.- Los Consejos Vascos de Formación Profesional y del Aprendizaje a lo largo de la vida establecerán, para sus respectivos ámbitos de actuación, el marco de garantía de calidad de los programas de aprendizaje a lo largo de la vida del País Vasco y evaluarán su cumplimiento.

Artículo 7.- Innovación.

El Gobierno Vasco impulsará proyectos de innovación e investigación en el campo del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, transfiriendo sus resultados al desarrollo de los planes y programas. Prioritariamente los proyectos se referirán a:

1.- Las necesidades y los recursos del sistema y el desarrollo de instrumentos de observación y coordinación del mismo.

2.- La evolución de los requerimientos de la sociedad y del sistema productivo en las competencias de las personas jóvenes y adultas.

3.- La formación pedagógica y didáctica de los recursos humanos implicados en este campo.

4.- La aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a este campo.

5.- La promoción de líneas y de grupos de investigación en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida.

Artículo 8.- Flexibilidad y conexiones del sistema.

1.- Para facilitar el desarrollo de itinerarios formativos personalizados, y las transiciones entre la formación y el empleo, el Gobierno Vasco fomentará la estructura modular en los diferentes programas del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida y facilitará las conexiones entre las enseñanzas del sistema educativo y laboral con los programas del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida.

2.- Los departamentos competentes en materia de educación y empleo impulsarán, el procedimiento de reconocimiento de los de aprendizajes obtenidos a través de la experiencia laboral o por vías no formales e informales, con el fin de que este reconocimiento tenga valor a efectos de la obtención de títulos y certificados de formación profesional y, en su caso, para el acceso a las enseñanzas no universitarias, universitarias y de formación profesional.

3.- El departamento competente en materia de educación fomentará la organización de acciones formativas que faciliten el acceso a las titulaciones de la enseñanza no universitaria y universitaria.

4.- La convalidación de estudios de los títulos y diplomas universitarios corresponde a las universidades. En el marco de la legislación vigente en materia de exenciones y convalidaciones el departamento competente en materia de educación, junto con las universidades del País Vasco, y en el ámbito de sus respectivas

competencias, determinarán las convalidaciones y exenciones recíprocas entre los créditos de la enseñanza universitaria ECTS y los módulos de la formación profesional de grado superior. Igualmente determinarán las convalidaciones y exenciones para quienes habiendo cursado la enseñanza universitaria deseen obtener Títulos de Formación Profesional o Certificados de profesionalidad.

5.- Los servicios que forman el sistema integrado de orientación facilitarán información y asesoramiento para que las personas contemplen estas conexiones en sus tránsitos y proyectos personales.

Artículo 9.- Movilidad y cooperación.

1.- El Gobierno Vasco impulsará la movilidad de estudiantes, profesorado y personas trabajadoras facilitando la realización de estancias formativas y la cooperación con entidades, centros educativos o de trabajo de otros países.

2.- El Gobierno Vasco promoverá proyectos de movilidad y establecerá convenios de colaboración con gobiernos europeos y otros organismos o entidades que tengan competencias en materia de educación y formación.

3.- El Gobierno Vasco promoverá que las universidades del País Vasco establezcan acuerdos de colaboración con universidades de otros países al objeto de fomentar la movilidad de los estudiantes y del personal docente e investigador.

4.- Los proyectos de movilidad tendrán por objeto la mejora de la formación y de la empleabilidad mediante el desarrollo de estancias formativas en otras comunidades autónomas o en otros países. Estas estancias formativas se orientarán al logro de los siguientes objetivos:

a.- Mejorar los niveles de formación, a través del contacto con otras organizaciones y estructuras formativas y productivas.

b.- Aplicar en otros entornos socioculturales o productivos las competencias personales y profesionales.

c.- Perfeccionar las competencias lingüísticas y la comunicación intercultural.

5.- La cooperación con entidades, centros educativos o centros de trabajo de otros países se orientará al logro de los siguientes objetivos:

a.- Incentivar la calidad e innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través del intercambio de prácticas innovadoras a nivel pedagógico, tecnológico o de gestión.

b.- Proporcionar al alumnado, al profesorado y a los centros de formación espacios de intercambio y de movilidad con otros tipos de estructuras ligadas a la educación y la formación, como vía para la internacionalización de los sistemas.

c.- Impulsar la participación y el trabajo en redes de intercambio nacionales e internacionales.

CAPÍTULO I. INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

SECCIÓN PRIMERA: AGENTES, ÁMBITOS Y PROGRAMAS

Artículo 10.- Agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida.

1.- Los agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida son los centros y entidades de titularidad pública y privada que desarrollan actividades en el marco del Plan Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida.

2.- Para garantizar los fines de esta Ley, el Gobierno Vasco impulsará, de acuerdo con las administraciones locales y el resto de organismos implicados, el trabajo en red de los centros y entidades de titularidad pública que oferten los programas prioritarios establecidos en el artículo 12. Estos centros coordinarán su oferta a nivel comarcal, haciendo un uso eficiente de los recursos públicos disponibles.

3.- Las universidades que forman parte del Sistema Universitario Vasco contribuirán a impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida mediante actuaciones realizadas en los centros integrados o adscritos a las mismas.

Artículo 11.- Ámbitos.

Para alcanzar los fines previstos en la presente Ley los agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida desarrollarán sus actuaciones en los siguientes ámbitos:

1.- La adquisición y desarrollo de las competencias básicas.

2.- La obtención de las titulaciones del sistema educativo no universitario.

3.- La obtención de cualificaciones profesionales.

4.- La obtención de titulaciones correspondientes a la enseñanza superior.

5.- La adquisición de competencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

6.- El conocimiento de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y otras lenguas.

7.- La formación no formal para el desarrollo personal y social, y el enriquecimiento cultural.

Artículo 12.- Programas.

1.- Los programas de aprendizaje a lo largo de la vida se adaptarán a las necesidades y circunstancias específicas de la población a la que van dirigidos y podrán ser desarrollados de manera presencial o a distancia.

Los programas incorporarán en sus especificaciones, al menos, información sobre agentes, colectivos destinatarios, principales actuaciones previstas, en coherencia con los fines y características establecidos y su temporalidad, así como

otros aspectos relacionados con la evaluación y marco de garantía de calidad que se establezca.

2.- Se consideran programas prioritarios para el acceso a la financiación pública los siguientes:

a) Programas para la obtención de las competencias básicas y de la titulación académica correspondiente a la enseñanza básica.

b) Programas para la obtención de los títulos y certificados de formación profesional.

c) Programas destinados a la preparación del acceso a la oferta de formación profesional.

d) Programas destinados a la preparación del acceso a las enseñanzas universitarias.

e) Programas de cualificación y recualificación profesional.

f) Programas de capacitación básica en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

g) Programas dirigidos a promover la competencia en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en otras lenguas.

3.- Además de los programas prioritarios, el sistema de aprendizaje a lo largo de la vida contemplará otros programas que contribuyan al desarrollo de las personas, a su especialización y actualización tecnológica y profesional, a su formación cultural, científica y humanística, a la formación de personas mayores y al fomento de ocio activo, así como a favorecer la participación social y ciudadana.

4.- La formación a lo largo de la vida ofertada por las universidades incluirá títulos propios, diplomas de especialización, títulos de experto o de especialista, cursos de extensión universitaria, incluidos los destinados a personas mayores, y otros títulos y certificaciones. En este sentido, se incluirá la formación

reglada universitaria cuando no sea cursada como formación inicial.

Artículo 13.- Requisitos de acceso a los programas de formación.

1.- Los programas de aprendizaje a lo largo de la vida podrán establecer requisitos para el acceso a los mismos. Estos requisitos tendrán por objeto garantizar la madurez y conocimientos necesarios para seguir con aprovechamiento los diferentes programas.

2.- Las universidades establecerán los requisitos de acceso a la oferta formativa conducente a la obtención de diplomas o títulos propios

Artículo 14.- Requisitos para el desarrollo de los programas y las acciones formativas.

1.- Los programas y acciones formativas podrán ser desarrollados por los agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida que cumplan los requisitos de personal, espacios, equipamiento y recursos que se determinen para cada uno de los programas.

2.- Los programas para el acceso a los estudios o la obtención de titulaciones del sistema educativo no universitario, serán impartidos en centros debidamente autorizados por la Administración educativa.

3.- Los programas para la obtención de certificados de profesionalidad podrán ser impartidos por los centros de referencia nacional, los centros integrados de formación profesional y los centros o entidades de formación públicos y privados acreditados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

4.- Los centros que impartan acciones formativas correspondientes a títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad deberán reunir los requisitos establecidos por las normas que regulen dichos títulos o certificados.

5.- Para el resto de los programas las administraciones competentes determinarán reglamentariamente los requisitos que deberán cumplir los centros o entidades de formación y el profesorado o personal formador que los imparta.

Artículo 15.- Acreditación y reconocimiento.

1.- El Gobierno Vasco y las universidades expedirán los títulos y certificados que les correspondan.

2.- La evaluación, acreditación y reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de procesos no formales e informales de aprendizaje corresponde a los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de educación y empleo y, en su caso, a las Universidades.

3.- El Gobierno Vasco podrá establecer diplomas y certificaciones, con el objeto de acreditar las acciones formativas, no contempladas en las titulaciones educativas o certificaciones laborales, que se produzcan al amparo de esta ley.

SECCIÓN SEGUNDA: FORMACIÓN A DISTANCIA

Artículo 16.- Formación a distancia

1.- El Gobierno Vasco impulsará, especialmente a través de las tecnologías de la información y comunicación, una oferta amplia, actualizada y de calidad, tanto en euskera como en castellano, en la modalidad a distancia.

2.- Esta oferta integrará diferentes tipos de enseñanzas, soportes y contenidos del ámbito formal y no formal y, con el apoyo de recursos y métodos didácticos apropiados, estará orientada prioritariamente a la atención de las necesidades de formación y recualificación permanente de las personas adultas, y contemplará también su interés por el desarrollo personal.

3.- El Gobierno Vasco impulsará el desarrollo de materiales didácticos específicos y adaptados a la modalidad de educación a distancia, para dar una respuesta a las necesidades formativas propias de la realidad socioeconómica, cultural y lingüística de la Comunidad Autónoma.

4.- Las Universidades del País Vasco, en el ejercicio de su autonomía,

determinarán los requisitos de los diferentes programas que oferten, impulsando una oferta en la modalidad de formación a distancia.

Articulo 17.- Creación del Instituto Vasco de Educación a Distancia.

1.- Se crea el Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED) como el centro publico encargado de la educación no universitaria a distancia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de País Vasco.

El IVED desarrollará la actividad docente en los siguientes campos:

a) Las enseñanzas de educación básica y bachillerato en las condiciones que establezca el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

b) Las enseñanzas correspondientes a los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad en las condiciones que determinen los departamentos competentes en materia de educación y empleo.

c) La capacitación en las lenguas oficiales de la Comunidad y en otras lenguas.

d) Cursos preparatorios de las pruebas para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y Formación Profesional para personas mayores.

e) Cursos preparatorios para el acceso a los ciclos formativos así como a la Universidad para las personas adultas.

f) Otros programas formativos contemplados en el artículo 12 que el Gobierno Vasco considere que pueden ser impartidos en el IVED.

2.- Los programas de formación a distancia podrán incluir el desarrollo y seguimiento de actividades presenciales de enseñanza-aprendizaje y evaluación,

para lo cual el IVED contará con una red de centros colaboradores tanto públicos como privados.

3.- El Departamento de Educación, Universidades e Investigación regulará la integración de los centros que actualmente imparten enseñanzas en la modalidad a distancia en el Instituto Vasco de Educación a Distancia.

Artículo 18.- Autonomía del Instituto Vasco de Educación a Distancia

1.- El Instituto Vasco de Educación a Distancia dispondrá de autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica para adaptarse a las necesidades del alumnado al que dirige su oferta, en los términos que determine el Gobierno Vasco. Igualmente podrá colaborar con otras instituciones, tanto educativas como sociales, para investigar, elaborar y proponer la difusión del material educativo, y para experimentar y evaluar las respuestas educativas más adecuadas a través de la educación a distancia.

2.- El Departamento de Educación, Universidades e Investigación regulará la organización y funcionamiento del Instituto Vasco de Educación a Distancia, adaptando el régimen de dedicación del profesorado y los órganos de gobierno y coordinación docente a la singularidad y características específicas de este centro. Así mismo establecerá las normas y procedimientos de admisión del alumnado, priorizando las trayectorias personales y profesionales y facilitando la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades.

Artículo 19.- Centros colaboradores

1.- Los agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida que oferten programas prioritarios establecidos en el artículo 12 podrán ser considerados centros colaboradores del Instituto Vasco de Educación a Distancia.

2.- La condición de centro colaborador en los programas dirigidos a la obtención de títulos o certificados de formación profesional a distancia requerirá:

a) cumplir los requisitos establecidos en los correspondientes títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad.

b) estar previamente autorizado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para impartir de forma presencial títulos de formación profesional o acreditado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para impartir de forma presencial certificados de profesionalidad

c) ser nombrado, de forma conjunta, centro colaborador por los departamentos competentes en materia de educación y empleo.

CAPITULO II. EL SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

SECCIÓN PRIMERA: FINES Y ORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL

Artículo 20.- Definición.

Se entiende por sistema integrado de formación profesional el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.

Artículo 21.- Fines.

1.- El sistema integrado de Formación Profesional es parte integrante del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida y tiene los siguientes fines:

a) Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que se puedan satisfacer tanto las expectativas personales de promoción profesional como las necesidades de cualificación del sistema productivo.

b) Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional, tomando como referente el catálogo de cualificaciones profesionales, con independencia de la forma en la que se ha producido el aprendizaje.

2.- Para ello el Gobierno Vasco adoptará las medidas oportunas para:

a) Promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a las personas destinatarias.

b) Flexibilizar la oferta de formación profesional impulsando una amplia oferta de formación profesional a distancia.

c) Realizar una oferta integrada de formación profesional, tanto de formación profesional inicial como de formación para el empleo, a través de una amplia red de centros de titularidad pública o privada.

d) Proporcionar orientación, libre de condicionamientos de género, que ayude a estudiantes, personas trabajadoras y desempleadas a la definición y consecución de trayectorias personales y profesionales coherentes con sus intereses y capacidades.

e) Incorporar a la oferta formativa programas que desarrollen la competencia emprendedora.

f) Reforzar la colaboración de las administraciones públicas con las empresas y los agentes sociales en la planificación, diseño y ejecución de las ofertas formativas.

g) Coordinar las actuaciones en materia de formación profesional inicial y de formación para empleo, a fin de hacer un uso eficiente de los recursos públicos y privados.

Artículo 22.- Instrumentos.

El Sistema Integrado de Formación Profesional está formado por los siguientes instrumentos:

a) El Catálogo de Cualificaciones Profesionales.

b) El Dispositivo de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales.

c) La red de servicios de información y orientación en materia de formación profesional y empleo.

d) El marco de garantía de la calidad de la Formación Profesional

Artículo 23.- Regulación y coordinación.

1.- Corresponde al Gobierno Vasco, en colaboración con los agentes sociales, el impulso, regulación y coordinación del sistema integrado de formación profesional, que ejercerá esta competencia por medio de la Comisión interdepartamental para el desarrollo del sistema integrado de formación profesional.

2.- El Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional y el Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional, de acuerdo con las funciones asignadas a cada uno de ellos en sus respetivos decretos de creación, son los órganos técnicos de apoyo a la Comisión interdepartamental para el desarrollo del sistema integrado de formación profesional en lo referente al seguimiento de las profesiones y de los empleos, la identificación de las profesiones y ocupaciones emergentes, la detección de necesidades de cualificaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la elaboración y mantenimiento actualizado del catálogo modular de formación profesional.

3.- El Consejo Vasco de Formación Profesional es el órgano consultivo y de participación de las Administraciones públicas y de los agentes sociales, y de asesoramiento del Gobierno Vasco en materia de formación profesional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar de Euskadi y al Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Artículo 24.- Comisión interdepartamental para el desarrollo del sistema integrado de formación profesional.

1.- La Comisión interdepartamental para el desarrollo del sistema integrado

de formación profesional es el órgano colegiado constituido por los departamentos con competencias en materia de formación profesional encargado de impulsar, regular y coordinar el sistema integrado de formación profesional, promoviendo la participación de los agentes sociales y coordinando las competencias de los distintos departamentos en este campo.

2.- La Comisión, sin perjuicio de las competencias del Consejo Vasco de Formación Profesional y de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, desarrollará su actividad al menos en los siguientes campos:

a) Necesidades en materia de cualificaciones y empleo.

b) Oferta integrada de formación profesional en las modalidades presencial y a distancia.

c) Reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales.

d) Marco de garantía de la calidad de la formación profesional.

e) Fomento de la innovación y la movilidad

f) Orientación en materia de formación profesional.

g) Fomento de la participación de los agentes sociales en el sistema integrado de formación profesional.

3.- La composición de la Comisión interdepartamental para el desarrollo del sistema integrado de formación profesional, así como su régimen de funcionamiento, serán desarrollados mediante Decreto.

Artículo 25.- Oferta formativa.

1.- La oferta formativa del sistema integrado de formación profesional se caracterizará por su estructura modular, flexible y de calidad, adaptada a las demandas de la población, a las necesidades del sistema productivo y a la evolución de ambas.

2.- La oferta formativa de formación profesional se establecerá prioritariamente de acuerdo al catálogo de cualificaciones profesionales.

3.- La organización de las actividades formativas de la oferta integrada para la obtención de las titulaciones de Formación Profesional es competencia del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

4.- La organización de las actividades formativas de la oferta integrada para la obtención de Certificados de Profesionalidad, así como otros Programas de Formación para el Empleo, es competencia del departamento competente en materia de empleo.

5.- Los departamentos competentes en materia de educación y empleo determinarán la oferta de formación profesional teniendo en cuenta el Plan Vasco de Formación Profesional y los criterios que se establezcan por el Consejo Vasco de Formación Profesional y por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Artículo 26.- Criterios de admisión.

1.- Los Departamentos competentes en materia de educación y empleo regularán en el marco de sus respectivas competencias los criterios de admisión a los cursos de la oferta integrada de formación profesional

2.- La admisión del alumnado a programas conducentes a titulaciones académicas o laborales en la modalidad a distancia se regirá por normas específicas, en función de las características de dichas enseñanzas. Los departamentos competentes regularán los criterios de admisión, priorizando las trayectorias personales y profesionales de formación.

Artículo 27.- Acreditación, reconocimiento y convalidación de la Formación.

1.- El departamento competente en materia de empleo expedirá el certificado de profesionalidad correspondiente a quienes hayan obtenido la certificación académica que acredite la superación de la totalidad de los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia que conformen dicho certificado de profesionalidad.

2.- El departamento competente en materia de educación reconocerá las unidades de competencia acreditadas por el departamento competente en materia de empleo en un certificado de profesionalidad o en una acreditación parcial acumulable. Dichas unidades de competencia serán convalidadas por los módulos profesionales correspondientes, de acuerdo con la normativa que regule cada uno de los títulos de formación profesional.

Artículo 28.- Colaboración de las empresas y entidades empresariales.

1.- Para el desarrollo del sistema integrado de Formación Profesional se promoverá la necesaria colaboración y participación de las administraciones públicas con los agentes sociales, especialmente con las organizaciones que ostenten la condición de mas representativas, y con empresas, profesionales, universidades y centros de formación profesional, especialmente en los sectores emergentes, en crecimiento e innovadores. La participación de las empresas podrá realizarse de forma individual o agrupada, a través de sus organizaciones representativas.

2.- Esta colaboración podrá tener alguna de las siguientes finalidades:

a) Estancias formativas regladas en los centros de trabajo.

b) La impartición en las instalaciones de las empresas de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional o en certificados de profesionalidad.

c) La participación de profesionales cualificados del sistema productivo en el sistema formativo o en los programas de formación del profesorado.

d) La utilización por parte de las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros, siempre que no interfieran con el desarrollo de actividades docentes y formativas.

e) La actualización profesional de las personas trabajadoras y del profesorado a través de estancias del profesorado en las empresas.

f) La validación de acciones de formación desarrolladas en las empresas, en las condiciones que regulen las administraciones educativa y laboral, para facilitar a sus trabajadoras y trabajadores la obtención de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad.

g) La realización de diagnósticos de necesidades formativas.

h) El desarrollo conjunto de proyectos de innovación.

3.- Esta colaboración se formalizará mediante convenios u otras fórmulas que determinen las administraciones en el ámbito de sus competencias.

4.- Los centros de formación profesional en colaboración con las empresas o los agentes sociales, especialmente con las organizaciones que ostenten la condición de más representativas, podrán promover, previa aprobación de los departamentos competentes en materia de industria, educación y empleo, proyectos estratégicos comunes que se financiarán total o parcialmente a través de la iniciativa privada.

El gobierno vasco autorizará, y en su caso financiará dichos proyectos, en función de su carácter innovador, impulso para el emprendimiento, respeto al medioambiente y otras consideraciones estratégicas.

Artículo 29.- Instalaciones y equipamientos docentes.

Las inversiones dirigidas a la construcción, ampliación o reforma de las instalaciones y equipamientos destinados a los centros públicos de formación profesional podrán ser financiadas, total o parcialmente, con fondos procedentes de:

a) La Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca.

b) Las Administraciones locales, a cuyos efectos podrán establecerse convenios de colaboración entre las distintas administraciones.

c) Empresas privadas, en los términos que acuerden con las respectivas administraciones educativas o laborales, que podrán contemplar la utilización compartida de las instalaciones y el equipamiento para fines docentes y empresariales.

Artículo 30.- Fomento de la movilidad.

1.- El sistema integrado de formación profesional promoverá la movilidad de alumnado y profesorado y la cooperación de centros, profesorado y alumnado en redes educativas nacionales e internacionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 9.

2.- Los proyectos de movilidad tendrán por objeto incentivar la calidad e innovación de la formación profesional mediante estancias en centros educativos y empresas que permitan conocer prácticas innovadoras a nivel pedagógico, tecnológico o de gestión, y otros sistemas de formación profesional.

SECCION SEGUNDA: RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y OTROS APRENDIZAJES NO FORMALES E INFORMALES

Artículo 31- Definición.

El dispositivo de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales es el conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar, reconocer, certificar y registrar las competencias adquiridas por la experiencia laboral u otras vías no formales e informales de formación.

Artículo 32- Procedimiento.

1.- El Gobierno Vasco, previa consulta al Consejo Vasco de Formación Profesional y al Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, establecerá el procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para el laboral, para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales e informales de formación, así como la estructura organizativa responsable del mismo.

2.- Este procedimiento tendrá como referente el Catálogo de Cualificaciones Profesionales y se desarrollará siguiendo en todo caso criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.

3.- Los departamentos competentes en materia de educación y empleo reconocerán las unidades de competencia acreditadas mediante este procedimiento a efectos de convalidación o exención de los módulos profesionales o formativos de los títulos y certificados de profesionalidad.

4.- Los departamentos competentes en materia de educación y empleo garantizarán unos servicios de orientación que proporcionen la información, asesoramiento y acompañamiento necesarios para que las personas puedan tomar una decisión fundamentada acerca de su participación en el dispositivo.

5.- El Consejo Vasco de Formación Profesional y el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, participarán en el seguimiento y evaluación del desarrollo y resultados del dispositivo de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias.

SECCION TERCERA: CENTROS INTEGRADOS

Artículo 33- Oferta integrada de formación profesional.

1.- Para la consecución de los objetivos marcados en esta ley los Departamentos competentes en materia de educación y empleo y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, impulsarán la existencia de una amplia red de centros que impartan formación profesional inicial y formación para el empleo.

Esta red estará constituida por:

a) Los centros públicos del sistema nacional de empleo.

b) Los centros de referencia nacional.

c) Los centros integrados de formación profesional.

d) Los centros públicos y privados autorizados para impartir títulos de formación profesional.

e) Los centros privados acreditados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para impartir formación para el empleo.

2.- Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, junto con el departamento competente en materia de educación, establecerán el procedimiento para que los centros autorizados para impartir formación profesional inicial puedan impartir también formación profesional para el empleo, siempre que reúnan los requisitos necesarios.

3.- Los centros de la red podrán ofertar, con la autorización del departamento competente en materia de educación y de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y en las condiciones que estos establezcan, programas formativos configurados a partir de módulos de los títulos de formación profesional o de los certificados de profesionalidad que tengan autorizados y que estén asociados a unidades de competencia del catálogo de cualificaciones profesionales. Dichos programas podrán incluir también otra formación complementaria no referida al catálogo. La superación de estos programas formativos conducirá a la obtención de una

certificación expedida por la administración competente en la que se acreditarán, asimismo, las unidades de competencia asociadas a dicha formación.

Artículo 34- Centros integrados de formación profesional.

1. Son Centros integrados de formación profesional aquellos que impartan todas las ofertas formativas vinculadas al Catálogo nacional de cualificaciones profesionales que conduzcan a la obtención de títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas.

2. Los Centros integrados de formación profesional incluirán en sus acciones formativas las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores y las de formación permanente dirigida a la población trabajadora ocupada.

3. Además de las ofertas formativas propias de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas, los Centros integrados incorporaran los servicios de información y orientación profesional, así como, en su caso, de evaluación de las competencias adquiridas a través de otros aprendizajes no formales y de la experiencia laboral, en el marco del Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional.

4. Los centros integrados de formación profesional deberán reunir los requisitos que reglamentariamente se establezcan. El Gobierno Vasco, a propuesta de los departamentos competentes en materia de educación y empleo, previo informe del Consejo Vasco de Formación Profesional y del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, regulará los requisitos básicos, funciones, normas de organización y funcionamiento de de formación profesional, así como la participación de las organizaciones empresariales y sindicales que ostenten la condición de mas representativas.

5.- Los centros integrados de formación profesional podrán ser públicos y privados.

6.- Los centros privados integrados de formación profesional tendrán la condición de concertados cuando se encuentren acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido.

Artículo 35- Funciones de los centros integrados.

Serán funciones básicas de los Centros integrados de formación profesional:

a) Impartir las ofertas formativas conducentes a títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad de la familia o área profesional que tengan autorizadas y otras ofertas formativas que den respuesta a las demandas de las personas y del entorno productivo.

b) Colaborar en el desarrollo de la oferta a distancia de formación profesional.

c) Colaborar con el dispositivo de reconocimiento de la experiencia laboral en la evaluación y acreditación de las competencias profesionales.

d) Establecer vínculos con el sistema productivo y agentes sociales de su entorno para la formación del personal docente, la formación del alumnado en centros de trabajo, así como la participación de personal profesional cualificado del sistema productivo en funciones docentes.

e) Impulsar y desarrollar, en colaboración con las empresas, acciones y proyectos de innovación y desarrollo, y transferir el contenido y valoración de las experiencias desarrolladas al conjunto de centros y empresas.

f) Prestar el servicio de orientación que se determine.

g) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente

Artículo 36- Autonomía de los centros públicos integrados de formación profesional.

1.- Los centros públicos integrados de formación profesional dispondrán de autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal, de acuerdo con lo que establezca el Gobierno Vasco.

2.- Los centros públicos integrados de formación profesional elaborarán un proyecto de centro en el que se establezca al menos el sistema organizativo, los procesos y procedimientos de gestión, el plan estratégico con su memoria económica, los proyectos curriculares de ciclo formativo y las programaciones didácticas, el plan de orientación y el de acción tutorial, así como el sistema de garantía de calidad.

3.- Los departamentos competentes en materia de educación y empleo determinarán los plazos de admisión del alumnado, períodos de matrícula, organización temporal de las ofertas, así como otras cuestiones de régimen interior que afecten al personal que preste servicios en los centros integrados, en función de las ofertas formativas y de servicios de estos centros y de las características específicas de sus destinatarios.

4.- Los centros públicos integrados de formación profesional garantizarán de manera eficaz el acceso de las personas adultas y trabajadoras a su oferta formativa y de servicios, teniendo en cuenta su trayectoria profesional y sus circunstancias personales.

5.- Los centros públicos integrados de formación profesional podrán, en el marco de su autonomía, desarrollar acuerdos y convenios con empresas, instituciones y entidades para el mejor aprovechamiento de las infraestructuras y recursos disponibles u otras acciones que contribuyan a alcanzar los fines previstos en la presente Ley.

CAPÍTULO III

EL SISTEMA INTEGRADO DE ORIENTACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

Artículo 37- El sistema integrado de orientación a lo largo de la vida.

1.- Se entiende por orientación a lo largo de la vida un proceso continuo de ayuda a la ciudadanía, en cualquier momento de su vida, para determinar sus competencias e intereses, tomar decisiones en materia de educación, formación y empleo, y definir, planificar y gestionar un proyecto formativo, de inserción profesional o social, o de interés personal.

2.- El sistema integrado de orientación a lo largo de la vida comprenderá el conjunto de agentes, instrumentos y acciones que tienen por objeto informar, asesorar y, en su caso, proporcionar acompañamiento a las ciudadanas y los ciudadanos en distintos contextos: educativo, profesional, personal y social.

3.- El sistema integrado de orientación estará formado por:

a) Los servicios de orientación del sistema educativo.

b) Los servicios de información y orientación del servicio vasco de empleo.

c) Los servicios de información y orientación de las administraciones locales.

d) Los servicios de información y orientación de los agentes sociales y entidades que desarrollan actividades de aprendizaje a lo largo de la vida.

4.- El Gobierno Vasco promoverá fórmulas de colaboración de los servicios de orientación que aseguren una coordinación eficaz de sus pautas de actuación, así como el uso de instrumentos y herramientas que permitan compartir información relevante. Asimismo, promoverá la relación de estos servicios con otros de atención a la ciudadanía o a personas con necesidades específicas.

5.- La organización, definición de funciones y financiación de los diferentes servicios de orientación corresponde a las administraciones y entidades titulares de dichos servicios, que podrán establecer pautas de actuación específicas según el tipo de servicio requerido por los destinatarios o destinatarias.

6.- En el ámbito de la formación profesional, la administración educativa y la administración competente en materia de empleo, con la participación de los agentes sociales, especialmente las organizaciones que ostenten la condición de mas representativas establecerán, en el marco de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y del Consejo Vasco de Formación Profesional, el modelo de orientación a desarrollar, las medidas, instrumentos y recursos (materiales y humanos) necesarios para facilitar el desarrollo de las funciones establecidas para la orientación a lo largo de la vida, así como las fórmulas de colaboración para la definición de los servicios y el papel de cada Administración.

Artículo 38- Principios del sistema integrado de orientación.

Los servicios de orientación a lo largo de la vida actuarán de acuerdo con los siguientes principios:

1.- Favorecerán que las ciudadanas y los ciudadanos sean protagonistas de la construcción de su recorrido de aprendizaje, formación, inserción y vida profesional o social.

2.- Serán accesibles para toda la ciudadanía con independencia de su nivel de formación, condición personal, profesional o social y de su ubicación geográfica. A tal efecto utilizarán herramientas telemáticas que permitan el acceso no presencial de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios de orientación.

3.- Ofertarán una atención individual, personalizada, libre de condicionamientos de genero, flexible y comprometida con las necesidades e intereses de las personas usuarias, velando por la confidencialidad y privacidad de la información personal facilitada por lo mismos.

4.- Asegurarán la garantía de calidad del servicio.

5.- Fomentarán la coordinación y la cooperación de los distintos servicios y el desarrollo de herramientas comunes teniendo en cuenta las características del sector de la población al que cada uno se dirige.

6.- Facilitarán la prestación del servicio a los colectivos con necesidades específicas o en riesgo de exclusión.

Artículo 39- Funciones de los servicios de orientación.

Los diferentes servicios de orientación que conforman el sistema deberán asegurar al menos las siguientes funciones:

1.- Informar y asesorar a la ciudadanía en la configuración de trayectorias formativas, profesionales o vitales, coherentes con sus aspiraciones y capacidades y, en su caso, con la oferta y demanda laborales.

2.- Difundir las ofertas de los distintos planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida e informar sobre las posibilidades de acceso o reincorporación a los mismos, atendiendo a las condiciones, necesidades e intereses de las personas que demanden la información.

3.- Informar y asesorar sobre los perfiles profesionales de las ocupaciones y sus tendencias, las posibilidades de acceso al empleo y las oportunidades de formación relacionadas, con objeto de facilitar la inserción y reinserción laboral, la mejora en el empleo y la movilidad profesional.

4.- Informar y asesorar sobre las titulaciones académicas y certificaciones profesionales y las posibilidades de adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones profesionales requeridas en el mundo laboral u otros programas similares que se establezcan.

5.- Orientar al alumnado y, en su caso, a sus familias hacia los estudios académicos o profesionales, u otros ámbitos de aprendizaje que mejor se adapten a sus circunstancias personales, de manera que la opción elegida sea fuente de motivación y conduzca al logro de los objetivos formativos planteados.

6.- Participar en la organización, actualización y evaluación de la información relacionada con el aprendizaje a lo largo de la vida, velando porque ésta se adapte, en contenido, claridad y accesibilidad, a los distintos tipos de personas destinatarias.

7.- Colaborar con docentes y responsables de formación para que integren en sus programas informaciones y procedimientos relacionados con la orientación, especialmente los relativos a salidas y oportunidades profesionales y de desarrollo personal.

8.- Utilizar y, en su caso, colaborar en el mantenimiento y evaluación del sistema de datos informatizados necesarios para la prestación del servicio.

9.- Coordinarse con profesionales de otras entidades y servicios relacionados con su función, especialmente en su entorno comarcal, local o sectorial.

10.- Participar en procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales e informales de formación, proporcionando información y acompañamiento a lo largo del proceso.

Artículo 40 La orientación en los planes y programas del sistema integrado de aprendizaje a lo largo de la vida

Los programas incluidos en los planes de aprendizaje a lo largo de la vida incorporarán en sus especificaciones el planteamiento de la orientación, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se determinen. En ellas se deberá explicitar, al menos, los agentes, colectivos destinatarios, principales actuaciones previstas en coherencia con los principios y funciones establecidas en este capítulo, así como otros aspectos relacionados con la política de garantía de calidad que se establezca.

Artículo 41- Profesionales de los servicios de orientación

Las administraciones y el resto de organismos con competencia en esta materia, en el ámbito de sus competencias, establecerán los recursos humanos, perfiles profesionales y procedimientos de selección que permitan garantizar el desarrollo de un servicio adecuado de orientación.

Las administraciones, agentes sociales y entidades titulares de los servicios de orientación acogidos al sistema de aprendizaje a lo largo de la vida acordarán la formación específica y común para el personal de los distintos servicios de orientación, teniendo en cuenta las características del sector de población a los que cada uno se dirige y el tipo de servicio requerido, así como los mecanismos para su formación permanente.

CAPÍTULO IV

PARTICIPACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN Y FINANCIACION

Artículo 42- Consejos de Aprendizaje a lo largo de la vida.

1.- Para garantizar los fines de esta Ley, el Gobierno Vasco y las Administraciones locales promoverán la creación de Consejos de aprendizaje a lo largo de la vida.

2.- Estos consejos, tendrán por objeto asegurar la participación de los distintos agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida e impulsar, coordinar y evaluar los planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida.

3.- Los consejos de aprendizaje a lo largo de la vida serán el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida y otros consejos que se puedan crear en el ámbito territorial, comarcal o local.

4.- Los planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida incorporarán en su integridad las propuestas del Consejo Vasco de Formación Profesional y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como único referente en lo relativo a la planificación, desarrollo, marco de garantía de calidad y evaluación de la formación y orientación profesional.

Artículo 43- Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida.

Se crea el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida como órgano superior de coordinación y participación del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 44 - Funciones.

Son funciones del Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida:

1.- Realizar el diagnóstico de situación e identificar los retos del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Elaborar el Plan de Aprendizaje a lo largo de la vida coordinando las iniciativas de los distintos agentes y respetando las directrices en materia de formación profesional emanadas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y del Consejo Vasco de Formación Profesional.

3.- Aprobar el Marco de Garantía de Calidad del Aprendizaje a lo largo de la vida, respetando el marco elaborado por el Consejo Vasco de Formación Profesional para los programas de formación profesional, y evaluar el logro de sus objetivos y la adopción de medidas tendentes a asegurar la mejora continua.

4.- Evaluar periódicamente el desarrollo y los resultados del Plan de Aprendizaje a lo largo de la vida.

5.- Evitar duplicidades y garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y privados.

6.- Promover la difusión de los programas y actividades de aprendizaje a lo largo de la vida.

7.- Promover e impulsar la participación de las distintas Administraciones,

instituciones, entidades públicas y privadas, y de las personas, en los programas y acciones formativas del Plan de aprendizaje a lo largo de la vida.

8.- Coordinarse con los Consejos territoriales comarcales o locales y recoger sus iniciativas.

9.- Cualquier otra que le sea atribuida reglamentariamente.

Artículo 45- Composición.

1.- El Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida estará compuesto por representantes designados por la persona titular del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, a propuesta de los departamentos del Gobierno Vasco con competencias en esta materia, las administraciones locales, las organizaciones empresariales y sindicales que ostenten la condición de más representativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las universidades del País Vasco, los agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, así como personalidades de reconocido prestigio que desarrollan su actividad en este campo. Asimismo, podrán participar en este consejo representantes de los consejos de ámbito territorial, comarcal y local que se creen.

2.- El Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida estará presidido por la persona titular del Departamento de Educación, Universidades e Investigación o persona en quien delegue.

3.- El Gobierno Vasco establecerá la composición del Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida, el modo de designación de sus miembros, su organización interna y sus procedimientos de actuación y de adopción de acuerdos.

Artículo 46- Plan de Aprendizaje a lo largo de la vida.

1.- El Plan de Aprendizaje a lo largo de la vida del País Vasco tendrá como referente el conjunto de los planes y programas desarrollados al amparo de la presente Ley.

2.- El Plan de Aprendizaje a lo largo de la vida será elaborado por el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida y, partiendo de un diagnóstico de necesidades, incluirá los objetivos, fines, estrategias y marco de garantía de calidad de los distintos programas.

Este plan tendrá carácter plurianual y recogerá los planes territoriales, comarcales y locales si los hubiere.

3.- Las acciones formativas incluidas en el Plan de Aprendizaje a lo largo de la vida del País Vasco harán constar su pertenencia al mismo.

Artículo 47 Consejos territoriales, comarcales y locales.

1.- Se podrán constituir consejos territoriales, comarcales y locales al efecto de lograr una mayor adaptación de los planes, programas y acciones de aprendizaje a lo largo de la vida a las necesidades formativas de los distintos territorios, comarcas y municipios

2.- La función de estos consejos será, previo diagnóstico de las necesidades formativas, elaborar el plan de aprendizaje a lo largo de la vida de su ámbito de actuación, velar por la obtención y adecuación de los recursos, así como participar en el seguimiento y la evaluación de dicho plan.

3.- El Gobierno Vasco establecerá la composición de estos consejos, el modo de designación de sus miembros, su organización interna y sus procedimientos de actuación y de adopción de acuerdos.

Artículo 48- Cooperación con otras administraciones públicas y entidades privadas

El Gobierno Vasco promoverá la cooperación con las administraciones locales y entidades privadas con el fin de alcanzar los objetivos de los planes de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta cooperación podrá llevarse a cabo mediante acuerdos o convenios entre las diferentes instituciones y entidades implicadas.

En este sentido, se promoverá el desarrollo conjunto de instrumentos de observación y la creación de redes de aprendizaje que permitan el desarrollo de proyectos coordinados que respondan a las necesidades detectadas.

Artículo 49- Financiación.

1.- El Gobierno Vasco y las administraciones locales coordinarán sus acciones para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a los fines establecidos en esta Ley. Esta coordinación podrá llevarse a cabo mediante acuerdos o convenios entre el Gobierno Vasco y las diferentes administraciones competentes.

2.- Los programas previstos en la presente Ley podrán ser financiados tanto a través de recursos públicos como privados. El Gobierno Vasco y las administraciones locales potenciarán la utilización de fondos procedentes de las instituciones de la Unión Europea para financiar los fines y programas contemplados en esta Ley .

DISPOSICION DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Tasa por acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación.

Se introduce un nuevo capítulo IX dentro del titulo IV del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO IX. TASA POR ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL O POR VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN

Artículo 95 sexies. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias en las pruebas de acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación.

Artículo 95 septies. Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se presten los servicios que constituyen el hecho imponible. No obstante el pago se exigirá en el momento de la inscripción en cada una de las fases del procedimiento, mediante autoliquidación por el sujeto pasivo.

Artículo 95 octies. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que soliciten o sean receptoras de los servicios que constituyen el hecho imponible.

Artículo 95 nonies. Cuantía.

Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

1. Inscripción en la fase de asesoramiento: 24 euros.

2. Inscripción en la fase de evaluación de la competencia profesional: 12 euros por cada unidad de competencia.

Artículo 95 decies. Exenciones y bonificaciones

Estarán exentas de la tasa:

a) Las personas desempleadas, inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que hayan pasado por un proceso de orientación personalizado.

b) Las personas solicitantes víctimas del terrorismo que acrediten haber sufrido daños personales físicos o psicofísicos de singular gravedad, así como sus cónyuges o personas con las que convivan de forma permanente con análoga relación de afectividad y sus hijos e hijas.”

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2012-12-12T23:00:00+00:00

2012-06-10T22:00:00+00:00

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes tienen el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

ANTECEDENTES JURÍDICOS

Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La amenaza a la vida, la seguridad o la libertad derivada de la violencia terrorista ha provocado durante décadas el abandono de Euskadi de personas y familias que han sufrido acciones terroristas directas o situaciones de amenazas o coacciones graves y directas, procedentes de organizaciones terroristas.

La Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, reconoce en su artículo 5 el derecho de tales víctimas a la reparación efectiva e integral, para lo cual obliga a los poderes públicos a arbitrar medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, atención y satisfacción moral, atendiendo a una serie de principios y finalidades, entre los cuales se encuentran los de procurar, en la medida de lo posible, la devolución a las víctima a la situación anterior a la provocación del daño, así como promover el regreso de la víctima a su lugar de residencia y la reincorporación a su empleo en condiciones adecuadas o, en su caso, el cambio de residencia y una política favorable a su integración laboral.

El reconocimiento de los derechos que les asisten como víctimas y el acceso a las prestaciones específicamente contempladas en tal norma no vienen condicionados por la residencia de la víctima cuando se trate de hechos cometidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin embargo, cuando la víctima trasladaba su residencia fuera de Euskadi el acceso a las prestaciones previstas en la ley podría mediatizarse debido al alcance territorial de las competencias autonómicas en materias tales como sanidad, empleo, educación o vivienda, para la cual la ley apela a convenios de colaboración con otras administraciones.

No obstante, y pese al principio rector previsto en el artículo 5.2 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, ni en dicha norma, ni en su desarrollo reglamentario, se contemplan medidas específicas para facilitar el retorno de quienes hubieron de abandonar su residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi por razón de la amenaza terrorista.

Es por ello que por la presente norma se pretende regular el derecho a retornar desde la perspectiva de la reparación integral de la victimación primaria, secundaria y terciaria derivada tanto de la amenaza o agresión terrorista, como por el aislamiento y hasta el hostigamiento social.

En dicho sentido se regula un sistema de asistencia para el retorno de estas personas y sus familias que tome en consideración el tiempo transcurrido y la diversidad de situaciones en las que las víctimas y sus familias hubieron de abandonar Euskadi o en las que pudieran encontrarse en la actualidad, lo cual obliga a considerar el derecho al retorno de un modo amplio y flexible que no se reduzca al mero retorno físico.

Se trata, en definitiva, de favorecer que personas y familias que debieron abandonar Euskadi puedan, si lo desean, volver a fijar su residencia aquí; para lo cual la ley debe favorecer el retorno teniendo en consideración tal circunstancia en la modulación de los requisitos de empadronamiento exigibles en la normativa vasca referente a los sistemas de servicios sociales, inserción social, vivienda, empleo, etc, así como contemplar ayudas específicas adecuadas a las necesidades derivadas del retorno.

Pero igualmente se trata de implementar medidas que, sin exigir un nuevo cambio de residencia, puedan ayudar a la recuperación de lazos y relaciones perdidas como consecuencia de aquel desplazamiento forzoso, así como mantener y, en su caso, reforzar su sentimiento de pertenencia y de participación en la vida de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Todo ello como exigencia de los principios de verdad, justicia, reparación y memoria.

TEXTO ARTICULADO

ARTÍCULO PRIMERO

Se añade un Título V a la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, con la siguiente redacción:

“TÍTULO V

SISTEMA DE ASISTENCIA PARA FAVORECER EL RETORNO A EUSKADI

Artículo 28.- Objeto

1.- El sistema de asistencia previsto en este título regula las prestaciones y medidas administrativas dirigidas a favorecer el retorno de quienes precisaron fijar su domicilio fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de haber sufrido acciones terroristas o situaciones de amenazas o coacciones graves y directas procedentes de organizaciones terroristas.

2.- Las prestaciones y ayudas contempladas en este título son compatibles con cualesquiera otras ayudas que los interesados puedan recibir de otras administraciones, siempre que la suma de las mismas no suponga sobrefinanciación de la actividad a subvencionar o una duplicación del contenido de la concreta modalidad de ayuda que se conceda.

Artículo 29.- Beneficiarios.

1.- Son beneficiarios de las prestaciones y medidas previstas en este título, las personas físicas que trasladaron su domicilio fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de acciones terroristas o situaciones de amenazas o coacciones graves y directas procedentes de organizaciones terroristas, así como sus familiares afectados, en los términos que se expresen en cada caso.

2.- A los efectos de este título se consideran familiares afectados el cónyuge de la víctima directa no separado legalmente o de hecho o la persona unida por análoga relación de afectividad y los familiares hasta el primer grado de consanguinidad, así como quienes se encuentren legalmente en acogimiento familiar.

3.- El reconocimiento de las prestaciones y medidas administrativas reguladas en este título requerirá informe preceptivo del órgano competente en asistencia a las víctimas del terrorismo, que será vinculante respecto a la concurrencia de la condición de beneficiario del solicitante, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.

CAPÍTULO I –Ámbito de la vivienda.

Artículo 30.- Viviendas de Protección Oficial.

El acceso a viviendas de protección oficial de las personas beneficiarias establecidas en el artículo 29, que carezcan de una vivienda en Euskadi que les posibilite el regreso se regirá por lo previsto en la normativa reguladora de dichas viviendas, si bien se eximirá a las mismas del requisito sobre

empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Euskadi, previsto en la normativa reguladora del acceso a las viviendas de protección oficial.

Artículo 31.- Gastos de adaptación de vivienda.

1.- Las personas a que se refiere el artículo 29, podrán acceder a las ayudas económicas previstas en el artículo 22 a), con los mismos requisitos y condiciones que se establezcan en su desarrollo reglamentario.

2.- No obstante, no se exigirá para acceder a dichas ayudas que el domicilio a adaptar constituya el domicilio habitual y permanente del solicitante, pero sí que lo constituya en el período máximo de tres meses desde la certificación final de las obras.

CAPÍTULO II –Ámbito de las políticas activas de empleo.

Artículo 32.- Formación y empleo

Las personas beneficiarias del artículo 29 podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 21 y 23, con los mismos requisitos y condiciones que se establezcan en su desarrollo reglamentario.

CAPÍTULO III –Ámbito de la enseñanza.

Artículo 33.- Ayudas al estudio y otras medidas

1.- Las personas beneficiarias del artículo 29 podrán acceder a las ayudas y medidas previstas en el artículo 20, con los mismos requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

2.- Asimismo tendrán derecho a obtener el traslado de su expediente académico a un centro público o concertado de la red educativa vasca durante el curso escolar correspondiente al tiempo en que se produzca su retorno a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

CAPÍTULO IV – Otras ayudas y prestaciones.

Artículo 34.- Sistema de garantía de ingresos e inclusión social.

Las personas referidas en el artículo 29 de esta ley podrán acceder a las prestaciones reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en dicha ley, con las siguientes peculiaridades:

- Los requisitos de empadronamiento y residencia efectiva previstos para las diferentes prestaciones reguladas en dicha ley no les serán exigibles en el momento de la solicitud.

- No obstante, el devengo y pago de las prestaciones correspondientes quedarán diferidos al momento en que se acredite el empadronamiento y residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

- Transcurrido un periodo de 3 meses desde el reconocimiento de la prestación que corresponda sin que se proceda a la acreditación del empadronamiento y la residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi, se extinguirá el derecho a la prestación reconocida.

Artículo 35.- Prestaciones y servicios sociales.

Las personas referidas en el artículo 29 de esta ley serán titulares del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en su normativa reguladora, con las siguientes peculiaridades:

- Los requisitos de empadronamiento y residencia legal y efectiva establecidos para ser titulares de dicho derecho no les serán exigibles en el momento de la solicitud de acceso al sistema, si bien no podrán disfrutar de las prestaciones y servicios del Sistema hasta que acrediten su cumplimiento.

- No les serán exigibles en ningún caso el cumplimiento de los periodos de empadronamiento previo establecidos para el acceso a determinados servicios y prestaciones en la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

ARTÍCULO SEGUNDO

Se añade un Título VI a la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, con la siguiente redacción:

TÍTULO VI

RESTABLECIMIENTO DE LAZOS Y RELACIONES PERDIDAS CON LAS VÍCTIMAS ASENTADAS FUERA DE EUSKADI

Artículo 36.- Medidas para favorecer la recuperación de lazos con Euskadi

Las administraciones vascas promoverán el restablecimiento de nexos de unión con quienes precisaron fijar su domicilio fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de haber sufrido acciones terroristas

o situaciones de amenazas o coacciones graves y directas procedentes de organizaciones terroristas, para favorecer su participación en la vida pública vasca.

A tal fin, se crearán cauces de comunicación con dichas personas para impulsar su participación en la definición de políticas públicas de Memoria y en el desarrollo de programas en materia educativa que favorezcan la convivencia, así como en los actos de reparación simbólica que organicen las instituciones vascas, especialmente los ayuntamientos de los municipios en los que residieron.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2012-05-21T22:00:00+00:00

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Los Grupos Parlamentarios EUZKO ABERTZALEAK-NACIONALISTAS VASCOS, SOCIALISTAS VASCOS, MIXTO EZKER ANITZA-IU y los parlamentarios Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe al amparo del vigente Reglamento, presentan la siguiente PROPOSICION DE LEY DE CREACION DEL INSTITUTO DE LA MEMORIA LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES JURÍDICOS

.- Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco.

.- Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, sobre Protección de la seguridad ciudadana.

.- DECRETO 221/1988, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Programa de Ayudas a las víctimas del terrorismo.

.- DECRETO 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía.

.- DECRETO 22/2006 de 14 de febrero, por el que se establecen disposiciones para compensar económicamente a las personas privadas de libertad, incluida la padecida en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, con las mismas condiciones y requisitos regulados en el Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía, salvo las modificaciones de procedimiento previstas en la presente norma.

.- DECRETO 55/2010, de 23 de febrero, del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo.

.- Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

.- Ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

.- Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección integral a las Víctimas del Terrorismo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 9 del Estatuto de Autonomía establece la misión fundamental que debe orientar la actuación de los poderes públicos vascos, comprendiendo en ella la garantía del adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, el impulso de una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y la promoción de las condiciones y la remoción de los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y redes.

A lo largo de los últimos cien años la sociedad vasca ha sufrido al menos tres experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la guerra civil, la dictadura franquista, la lacra del terrorismo, además de otros sufrimientos injustos padecidos en un contexto de violencia de motivación política, que ha condicionado el desarrollo de la sociedad vasca durante los últimos cuarenta años. Siendo diferentes, las tres guardan un nexo común: el sufrimiento injustamente padecido y el esfuerzo por construir y defender, aún en las peores circunstancias, una convivencia democrática y una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos. Estos valores son un patrimonio de valor incalculable, necesario de preservar y actualizar a través de una adecuada política pública de la memoria y convivencia.

Dicha política pública tiene su origen en la convicción de que preservar la memoria del sufrimiento injusto padecido en el País Vasco, de forma inclusiva y manteniendo la singularidad de las causas sin equiparaciones entre ellas, es el mejor servicio que se puede prestar por una convivencia futura más digna, más justa y más libre.

El instituto de la Memoria, la Convivencia y Los Derechos Humanos es una aportación en el reto histórico que supone dar un paso definitivo en la convivencia en Euskadi. Por ello aúna en su objetivo fundacional los tres conceptos que van a ser básicos en el trayecto que comienza a recorrer la sociedad vasca en la confirmación una existencia en plena libertad: la memoria, la convivencia y la defensa y promoción de los derechos humanos

La función primordial del Instituto de la Memoria y los Derechos Humanos es la de actuar como instrumento de la política pública de desarrollo de la memoria, con la función de conservar, investigar, difundir, educar y promover la participación de la ciudadanía en el patrimonio democrático que alberga dicha memoria y que no debe ser concebido sólo como el patrimonio de un problema, de un trauma o de un sufrimiento colectivo, sino como la base para la convivencia democrática de esta sociedad, como denuncia de los responsables del sufrimiento injusto y como impulsora de la promoción de valores éticos y principios democráticos. La defensa y promoción de los derechos humanos y los valores que inspiraron la Declaración Universal de éstos, constituirá uno de los más valiosos instrumentos para conseguir la garantía de que las experiencias de violencia traumática vividas en Euskadi no vuelvan a repetirse.

El derecho a la memoria es compartido entre las víctimas de la violencia y el conjunto de la sociedad, porque la ciudadanía es la depositaria y heredera natural de la historia, del recuerdo y de la memoria. Frente al olvido que tiene por objetivo impedir el conocimiento para que sólo se acepte una versión del pasado, destruyendo la memoria y generando un vacío ético, la convivencia en democracia requiere el acceso de los ciudadanos al conocimiento histórico no neutral, que constituye la garantía de comprensión de la memoria, permite la adquisición de criterios propios y hace así a la ciudadanía libre.

Esta es una convicción profundamente arraigada, que cuenta con antecedentes legislativos y pronunciamientos institucionales de gran relevancia, si bien es cierto, surgidos recientemente en el tiempo, no más allá de una década

La primera normativa reguladora de derechos singulares de las víctimas, en particular, del terrorismo se encuentra, en el ámbito estatal, en una escueta referencia del Real Decreto Ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana y, en el ordenamiento jurídico del País Vasco, en el programa de ayudas a las víctimas del terrorismo recogido en el Decreto 221/1988, de 4 de agosto. En la atención de consecuencias derivadas del período de guerra civil cabe destacar los programas aprobados por el Gobierno Vasco, contenidos en los Decretos 280/2002, de 19 de noviembre y 22/2006, de 14 de febrero.

Estas primeras normas han tenido un especial desarrollo si bien, en general, destinado a regular derechos económicos de las víctimas a fin de paliar necesidades de orden material generadas como consecuencia de los hechos padecidos.

Es ya a partir del año 2000 cuando empieza a aparecer una conciencia institucional sobre los derechos inmateriales de las víctimas, en particular del derecho a la memoria, uniendo al mismo el desarrollo de los principios de convivencia y democracia

En este sentido, el Gobierno Vasco abordó el Plan de Paz y Convivencia del año 2006, el Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el año 2007 y, en la presente legislatura, el Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia de 2010.

Entre las iniciativas impulsadas por el Parlamento Vasco deben subrayarse la Proposición no de Ley sobre medidas para paliar la situación de las víctimas del terrorismo de 25 de junio de 2003, el Dictamen formulado por la Comisión de Derechos Humanos y de Solicitudes Ciudadanas sobre el análisis la situación y necesidades de las víctimas del terrorismo de 17 y 18 de febrero de 2005, las resoluciones aprobadas por el Pleno del Parlamento Vasco en relación con el cumplimiento de los acuerdos adoptados sobre las víctimas del terrorismo de 26 de octubre de 2007 y la Proposición no de Ley 61/2011, de 31 de marzo, sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política.

En los años 2001 y 2002, la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, adoptó el Manifiesto Institucional en Defensa de la Vida y de la Libertad, el Manifiesto Ético en Defensa del Derecho a la Vida, la Libertad y la Seguridad de todas las personas y la Carta abierta a los aIcaldes vascos para impulsar la defensa de la pluralidad en el ámbito municipal.

En otros ámbitos institucionales cabe destaca el informe presentado por el Ararteko al Parlamento Vasco en 2009 sobre la Atención Institucional a las Víctimas del Terrorismo en el País Vasco; la creación del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo por el Decreto 55/2010, de 23 de febrero; el desarrollo del denominado Mapa de la Memoria y la instauración del Día de la Memoria, así como la actividad desarrollada por la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.

El avance en esta materia se ha producido de la mano del legislador con tres normas fundamentales para la definición del derecho a la memoria y su concepción como elemento esencial de la promoción de una convivencia democrática

La primera en el tiempo fue la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada por las Cortes Generales como Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. En ella se establecen los derechos de reparación moral de las víctimas, recuperación de su memoria y se define corno auténtica política pública para el fomento de los valores y principios democráticos.

La segunda en el tiempo es la Ley del Parlamento Vasco 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco, en la que parte de su Exposición de Motivos y su Título 11 se dedican a la explicación de estos principios, consagrándose en el citado Título una clasificación de derechos de las víctimas en la que se distinguen tres categorías: Aquéllos que son de titularidad exclusiva de las víctimas entre los que se incluyen los de Justicia, Dignidad, Reparación y Participación; los derechos que resultan compartidos entre las víctimas y la sociedad, definidos como el derecho a la Verdad y a la Memoria; y una tercera categoría de derechos correspondientes a la ciudadanía vasca entre los que se regulan los de Paz, Libertad y Convivencia.

Por último señalar la Ley, aprobada por las Cortes Generales, 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección integral a las Víctimas del Terrorismo, en la que en su cuerpo normativo se enuncian y regulan los derechos de las víctimas del terrorismo a la memoria, dignidad, justicia y verdad.

El auténtico cambio cultural se basa en el reconocimiento de este patrimonio memorial, de la demanda de su transmisión y uso, su valoración positiva en cuanto constituye la memoria democrática, la memoria de la responsabilidad y la instituye en un "derecho civil" que fundamenta una política pública.

Como tal política pública resulta de la combinación de tres elementos esenciales: un objetivo, un programa y un instrumento.

El objetivo es asumir como patrimonio colectivo los hechos y su memoria que han permitido el mantenimiento de los valores que vertebran una convivencia democrática. El programa son las actuaciones diversas destinadas a preservar, estimular y socializar este patrimonio, material e inmaterial y garantizar el acceso a él de la ciudadanía. El instrumento es la entidad concreta que nace con el mandato de garantizar el objetivo, crear y desarrollar el programa de actuaciones y contribuir al diseño y a la ejecución de la política pública.

Este instrumento es el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos que se crea en la presente Ley.

TEXRTO ARTICULADO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Creación y Naturaleza

1. Se crea el. Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos como organismo autónomo de carácter administrativo, integrado en la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, para la realización en régimen de descentralización de la actuación administrativa correspondiente al desarrollo de la política pública consistente en la garantía y promoción de la memoria y en el progreso y desarrollo de la convivencia democrática, y en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, en los términos correspondientes a la finalidad que se le encomienda en la presente Ley.

2. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos se adscribe al Departamento de la Administración General que tenga atribuida la responsabilidad y funciones relativas al impulso de la política pública de memoria, convivencia y derechos humanos en la forma que determine el Decreto que establezca su estructura orgánica.

3. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos actúa en el cumplimiento de sus fines en el marco de las directrices y política general del Gobierno Vasco y del Departamento al que se encuentre adscrito que ejercerá la alta dirección e inspección del organismo autónomo.

Artículo 2.- Sede

1. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos tendrá su sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco

2. El instituto promoverá su presencia física en otras localidades de la comunidad Autónoma o fuera de ella, en particular en determinadas localizaciones que por circunstancias históricas resulten de una simbología especial en relación con la finalidad que tiene encomendada, suscribiendo para ello los convenios de colaboración oportunos con instituciones públicas o entidades privadas. Atenderá también en la selección de su presencia física a la mejor comunicación y al más amplio acceso ciudadano a sus actividades.

Artículo 3.- Finalidad

1. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos tiene por finalidad la participación en el diseño, promoción, desarrollo y ejecución de la política pública relativa a los valores éticos y los principios democráticos que resulten sustanciales a la memoria de la lucha por la libertad, la garantía de los derechos humanos y la convivencia democrática de la sociedad vasca.

2. El Instituto será un agente activo en la permanente conmemoración de los valores políticos y sociales que garanticen el conocimiento, comprensión y conciencia de la ciudadanía respecto al proceso sostenido a lo largo de décadas en defensa de la libertad y del desarrollo de la democracia en nuestro país.

3. El Instituto velará por la preservación, desarrollo y difusión del patrimonio colectivo que supone la memoria de las víctimas en la defensa de los principios y valores en que se sustenta la convivencia democrática.

4. El instituto impulsará la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos, y los valores de la Paz.

Artículo 4. Funciones

1. La función primordial del Instituto es la coordinación de la política pública relativa a la finalidad que se le encomienda en el artículo anterior. Para ello coordinará la actuación de los órganos, servicios o entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma que guarde relación con la definida política pública y promoverá con la finalidad la cooperación y coIaboración con cualquier otra Administración o Institución pública.

2. Será función de particular atención para el Instituto la colaboración en el desarrollo de sus funciones entre las instituciones públicas y las entidades de naturaleza privada y asociaciones con interés en sus funciones, garantizando el cauce de máxima relación con la sociedad.

3. Corresponderá al Instituto el desarrollo de las funciones de:

a) Conmemoración: Mediante la organización de programas, publicaciones, actividades académicas y culturales, así como actos en general que mantengan vivo el testimonio y la memoria de personas y hechos significativos en el devenir de la conformación de una sociedad democrática y en libertad.

b) Conservación: desarrollando la labor de preservar la democracia del proceso de creación de información y la libertad en Euskadi, así como los vestigios y huellas materiales vinculados al relato resultante de la memoria.

A tal fin atenderá en el desarrollo de su actividad a la creación y mantenimiento de fondos de información e inventarios de los elementos y lugares vinculados a la memoria, sean bienes, espacios físicos, entornos sociales, u otros que sirvan de identificación y reconocimiento social.

c) Investigación: promoviendo y colaborando con las Instituciones, entidades especializadas y foros de reflexión en la creación de las infraestructura de documentación e información que permitan el desarrollo de la Investigación sobre los procesos sociales de construcción de la memoria y convivencia, la promoción de los derechos humanos, su difusión y comunicación, atendiendo en particular a las diversas modalidades de expresión cultural y artística.

d) Formación: asentando los principios básicos de convivencia y memoria sobre la base del reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de la persona tanto entre la comunidad educativa como en aquellos colectivos en los que pueda existir riesgo de sufrir o causar vulneraciones a los mismos o precisen procesos de reinserción social.

e) Participación y Difusión: considerando el patrimonio memorial como un derecho que la Administración debe garantizar en su acceso al conjunto de la ciudadanía.

Democratizando el acceso a la memoria mediante la participación ciudadana en sus actividades y la difusión de la memoria y de los principios y valores que sustentan la convivencia democrática de forma que se promueva su acceso general y por cualquier medio y soporte, combinando los instrumentos de todo tipo que resulten adecuados para conseguir el interés y atracción de las diferentes generaciones.

f) Integración: promoviendo el trabajo conjunto y comunicación entre las Instituciones y entidades públicas y privadas que tengan finalidades similares o complementarias con las del Instituto, suscribiendo los protocolos y convenios de cooperación y colaboración necesarios a fin de crear una red de infraestructuras de la memoria y convivencia en la que se integren los centros de cualquier naturaleza que coincidan con los objetivos del Instituto, realizando una oferta de itinerario completo de las organizaciones que trabajan en este campo de actuación.

g) Consulta: emitiendo informes sobre el desarrollo de la materia de convivencia a solicitud de las Administraciones Públicas.

Artículo 5.- Extinción

La extinción del Instituto requerirá su aprobación por Ley, en la que se establecerán las medidas relativas a la subrogación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en el personal, patrimonio, derechos y obligaciones del mismo.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN

Artículo 6.- Órganos de Gobierno

Los órganos de gobierno del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos son:

a) La Presidencia

b) El Consejo de Dirección.

c) La Dirección.

Artículo 7.- La Presidencia

1. Ejercerá la Presidencia del Instituto uno de los miembros del Gobierno designado por acuerdo del Consejo de Gobierno.

2. Corresponderá a la Presidencia del Instituto su máxima representación, así como promover la adecuación del Instituto a las directrices de planificación y política general dl Gobierno, ejercer la Presidencia del Consejo de Dirección, convocando sus sesiones, estableciendo el orden del día de las mismas, dirigiéndolas, decidiendo con su voto de calidad los empates que puedan producirse en la adopción de acuerdos y velando por el cumplimiento de los que se hayan alcanzado.

Artículo 8.- E1 Consejo de Dirección

1. El Consejo de Dirección del Instituto de la Memoria y Convivencia estará compuesto, además de por la Presidencia del mismo, por los siguientes miembros:

a) Catorce miembros en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, nombrados previa designación del Departamento de adscripción del Instituto entre quienes reúnan la condición del alto cargo de la Administración.

b) Cuatro parlamentarios designados por el Pleno de la Cámara, procurando el máximo acuerdo posible y la pluralidad en la representación resultante.

c) Tres miembros en representación de las Instituciones Forales, nombrados previa designación de uno por cada Diputación Foral de entre los componentes de su respectivo Consejo de Diputados.

d) Tres miembros en representación de los municipios del País Vasco, nombrados previa designación por la asociación de municipios de mayor implantación en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre personas titulares de alcaldías.

e) Tres miembros independientes, nombrados previa designación del Parlamento Vasco de entre personas de reconocido prestigio en la promoción de la memoria y en la defensa de las libertades cívicas y de los principios de convivencia democrática.

2. Los miembros del Consejo de Dirección referidos en los apartados a) a d), ambos inclusive, del número 1 de este artículo, mantendrán su condición mientras cumplan el requisito establecido de pertenencia a la respectiva Institución, salvo sustitución acordada por el órgano competente para realizar la designación.

3, Los miembros independientes del Consejo de Dirección referidos en el apartado e) del número 1 de este artículo, serán designados para un periodo de cuatro años, siendo posible su reelección.

4. Si alguna de las Instituciones con capacidad de designar miembros del Consejo de Dirección manifestara su decisión de no participar en el mismo o no realizara las designaciones en plazo oportuno, el órgano se constituirá con la representación efectivamente designada, previo el nombramiento previsto en el número siguiente. La Institución que no realizara designación podrá efectuarla en cualquier momento posterior.

5. Recibidas las previas designaciones, el nombramiento de los miembros del Consejo de Dirección del Instituto se realizará mediante Decreto.

6. Cuando algún asunto del orden del día de una sesión del Consejo de Dirección lo aconseje, la Presidencia podrá invitar a participar en ella, con voz pero sin voto, a representantes de otras Instituciones, Administraciones y entidades públicas o privadas cuyas funciones resulten de interés para el tratamiento del asunto.

7. De entre los miembros del Consejo de Dirección se elegirá a la persona que ejercerá la Vicepresidencia del Instituto a quien corresponderá exclusivamente la sustitución de la Presidencia en sus funciones en caso de ausencia temporal.

8. La función de secretaría del Consejo de Dirección se encomendará a una persona con relación funcionarial adscrito al Instituto, quien realizará las convocatorias por mandato de la Presidencia, levantará acta de sus sesiones, emitirá certificaciones e los acuerdos alcanzados con el visto bueno de la Presidencia y custodiará los documentos propios del órgano. Ejercerá también el asesoramiento jurídico a los órganos del Instituto, dotándose a la función de secretaría de los medios suficientes para el desempeño de los señalados cometidos.

Artículo 9.- Funciones del Consejo de Dirección

1. El Consejo de Dirección es el Órgano que establece la ordenación general de la actividad del Instituto mediante la aprobación de sus prioridades y de los proyectos de mejora en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas; de la recepción de información previa a la planificación de su actividad y de la estimación de las necesidades de recursos para el desarrollo de los fines que le son encomendados.

2. En el ejercicio de estas funciones, el. Consejo de Dirección aprueba anualmente el anteproyecto de presupuestos del Instituto, la planificación de la actividad para cada ejercicio y las líneas y directrices generales para la coordinación de la política pública de promoción de la memoria, de la convivencia democrática y de los derechos humanos.

3. En particular, corresponde al Consejo de Dirección:

a) Recibir información previa sobre el diseño de: los programas y actividades a desarrollar por el Instituto, cuando no estén incluidos en la planificación de la actividad del ejercicio.

b) Autorizar la suscripción de los protocolos, convenios de cooperación y acuerdos de colaboración con Instituciones, Administraciones y entidades de naturaleza pública o privada.

c) Aprobar los informes que se elaboren a solicitud de las Administraciones Públicas.

d) Informar con carácter preceptivo el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del instituto.

Artículo 10.- De los miembros del consejo de Dirección

Con independencia de las funciones encomendadas a la Presidencia, los demás miembros del Consejo de Dirección tienen las que resultan inherentes a quienes forman parte de un órgano colegiado y, en particular, las de proponer a la Presidencia la inclusión de asuntos en el orden del día, asistir a las sesiones y participar en los debates, presentar al Consejo las propuestas que estimen oportunas, ejercer la iniciativa de convocatoria extraordinaria del Consejo cuando así lo consideren, al menos, doce miembros del mismo, emitir su voto expresando el sentido del mismo y formular por escrito votos particulares o explicaciones del voto emitido a los acuerdos que se adopten.

Artículo 11.- Convocatoria y desarrollo de las sesiones del Consejo de Dirección

1. El Consejo de Dirección se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez cada tres meses y siempre que sea convocado por la Presidencia. Ante situaciones imprevistas y de urgencia podrán realizarse convocatorias extraordinarias.

2. La convocatoria de las sesiones del Consejo de Dirección deberá ser notificada a sus miembros con una antelación de, al menos, diez días hábiles pasa las ordinarias y de tres días hábiles para las extraordinarias, acompañándose de la documentación necesaria para el tratamiento y decisión de los asuntos en ella incluidos.

3. La constitución válida de una sesión del Consejo, de Dirección requiere en primera convocatoria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, siendo suficiente para la constitución válida en segunda convocatoria la asistencia de, al menos, ocho de sus miembros.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes en la sesión y versarán sobre los asuntos previamente incluidos en el orden del día, salvo supuestos de urgencia, así valorada por la unanimidad de los presentes.

Artículo 12.- La Dirección del Instituto

1. El Director del Instituto tendrá la consideración de alto cargo de la Administración, siendo su nombramiento, separación, relación de servicio y régimen jurídico aplicable conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno y demás normativa aplicable a quien mantiene con la Administración esa relación de servicio.

2. Corresponderá al Director del Instituto el desarroIlo y ejecución de las siguientes funciones:

a) La dirección efectiva de la actividad del Instituto.

b) La elaboración y propuesta al Consejo de Dirección, en la última sesión que se celebre en el año, de la publicación de la actividad del Instituto para el siguiente ejercicio.

c) La elaboración y propuesta al Consejo de Dirección del anteproyecto de presupuestos del Instituto.

d) La elaboración, presentación de información o propuesta de acuerdo al Consejo de Dirección de los proyectos y actuaciones del Instituto que requieran su conocimiento previo o aprobación de conformidad con el artículo 10 de la presente Ley.

e) La ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Dirección, adoptando las resoluciones o actos administrativos precisos.

f) La dirección y supervisión de los servicios del Instituto y la organización, control y dirección del personal del mismo procurando su motivación y participación en los fines del mismo.

g) La ordenación de los gastos y de los pagos del Instituto. El Reglamento de Organización y Funcionamiento podrá reservar la ordenación de gastos y pagos a favor del Presidente o del Consejo de Dirección a partir de determinados importes que establezca.

h) Cualesquiera otras funciones que resulten necesarias para el desarrollo de los fines del Instituto y que no se encuentren expresamente atribuidas a otro órgano, así como la ejecución material de actos concretos para los que sea expresamente mandatado por el Presidente o el Consejo de Dirección.

Artículo 13.- Estructura orgánica

1. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto, que será aprobado por Decreto del Gobierno, desarrollará las previsiones de la presente Ley en todo a lo relativo a su organización, estructura y funcionamiento, con las limitaciones siguientes:

a) Podrá regular la creación de una Dirección adjunta con atribuciones de desarrollo técnico y especializado de alguna de las funciones encomendadas al Instituto.

b) Sólo los nombramientos correspondientes a la Dirección del Instituto y a la Dirección adjunta, caso de existir, podrán tener la consideración de alto cargo.

c) La emisión de resoluciones y el dictado de actos administrativos queda reservada a la Presidencia y a la Dirección del Instituto.

2. La organización del Instituto tendrá en cuenta el necesario tratamiento especializado y diferenciado de lis funciones que le son encomendadas en relación con:

a) La gestión administrativa, económica y de los recursos humanos del Instituto.

b) Aquellas otras de contenido técnico singular relativas a la conservación, documentación, investigación y formación.

c) Las que tienen por finalidad la conmemoración y consolidación, participación de la ciudadanía y difusión de la memoria y de la convivencia.

CAPITULO III

DEL PERSONAL Y RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 14.- Personal del Instituto

El personal del Instituto se regirá en todos sus términos por la normativa aplicable, a los empleados públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, en el que se integra.

Artículo 15.- Recursos económicos

El Instituto contará para el cumplimiento de sus fines con los siguientes recursos económicos:

a) Las asignaciones que anualmente se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

b) Las tasas, los precios públicos y los productos y rentas de toda índole procedentes de los bienes y derechos y los ingresos, ordinarios y extraordinarios, derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los ingresos de naturaleza pública correspondientes a procedimientos de reintegro tramitados por incumplimiento de obligaciones por beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos del Instituto.

c) Las subvenciones, aportaciones y donaciones otorgadas a su favor.

d) Cualesquiera otros que le puedan ser atribuidos.

CAPÍTULO IV

REGIMEN JURIDICO Y CONTROL

Artículo 16.- Régimen Jurídico

1. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos se regirá por lo establecido en esta Ley, por su Reglamento de Organización y Funcionamiento y por el resto de normas del Derecho Administrativo aplicables a los organismos autónomos de carácter administrativo.

2- Los actos y resoluciones de los órganos del Instituto serán susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los actos y resoluciones emanados de la Presidencia del Instituto agotarán la vía administrativa.

4. Corresponderá a la Presidencia del Instituto la revisión de oficio de los actos emanados de sus órganos. También corresponderá a la Presidencia resolver las reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales, pudiendo preverse en el Reglamento de Organización y Funcionamiento la atribución expresa de esta función a la Dirección del mismo.

Artículo 17.- Presupuesto y régimen contable

1. La elaboración del anteproyecto de presupuestos del Instituto estará sometida a las nomas y directrices emanadas de los órganos responsables en materia presupuestaria de la Administración GeneraI. Una vez aprobado el anteproyecto por el Consejo de Dirección, el Presidente lo remitirá al Departamento competente para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales, todo ello de conformidad con la normativa reguladora del régimen presupuestario aplicable a los organismos autónomos de carácter administrativo.

2. Igualmente será de aplicación al Instituto el régimen de contabilidad pública, control económico y fiscalización que rija para los organismos autónomos de carácter administrativo.

Artículo 18.- Régimen patrimonial y contratación

Será de aplicación al Instituto la normativa aplicable a los organismos autónomos de carácter administrativo en materia de patrimonio y contratación.

Artículo 19.- Control parlamentario

El Director del Instituto comparecerá al menos al inicio de cada año en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco a fin de informar del grado de cumplimiento de la actividad del organismo en el ejercicio anterior y exponer la planificación correspondiente al ejercicio en curso.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Inicio de actividades

1. E1 instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos iniciará sus actividades mediante Orden del máximo órgano titular del Departamento de la Administración General al que sea adscrito, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

2. El Presupuesto del Instituto correspondiente al ejercicio económico en que inicie sus actividades será aprobado por el Gobierno, previas las adaptaciones y modificaciones que resulten precisas, dando cuenta de ello a la comisión correspondiente del Parlamento Vasco.

3. La dotación inicial de recursos humanos del Instituto garantizará el comienzo de sus actividades, contando con una suficiente provisión acorde a los requerimientos técnicos inherentes a las funciones que le son encomendadas.

Segunda- Gastos y dietas

1. Los miembros del Consejo de Dirección previstos en los apartados a) a d), ambos inclusive, del artículo 8, número 1, tendrán derecho exclusivamente al resarcimiento de los gastos en que efectivamente incurran como consecuencia del desempeño de sus funciones, conforme a la norma que resulte de aplicación en la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. Los miembros independientes del Consejo de Dirección previstos en el artículo 8.1, e) tendrán derecho al resarcimiento de los gastos y a una dieta por su participación en el órgano, que será determinada por el Consejo de Dirección y consignada en los presupuestos del Instituto.

Tercera-Representación en otras entidades

1. A fin de garantizar la relación y coordinación institucional, en aquellos supuestos en los que debe existir representación del Gobierno Vasco o de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País vasco en Instituciones, organismos o entidades cuyo objeto social sea coincidente o complementaria con la del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, la designación se hará de entre los miembros del Consejo de Dirección previstos en el artículo 8.1, a) de esta Ley comprendiendo en ella, además, a la persona titular de su Dirección.

2. Se aplicará, en particular, el mandato contenido en el apartado anterior en la designación de los componentes de la representación del Gobierno Vasco o de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco que pueda resultar en el desarrollo del Centro regulado en el artículo 57 de la Ley 29/2011, de 22 de setiembre de Reconocimiento Integral a las Víctimas del terrorismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Habilitación

Se habilita al Gobierno para, en el ámbito de sus competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley y, en particular, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto conforme a los requisitos establecidos en ella.

Segunda.- Entrada en vigor

La presente Ley entrara en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País vasco.

En Vitoria-Gasteiz a 22 de Mayo de 2012.

2012-04-09T22:00:00+00:00

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Natalia Rojo Solana, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de proponer la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

ANTECEDENTES

Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del país vasco

Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 1/2010, de 11 de marzo, modificó la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, entre otras cuestiones, en el sentido restrictivo de prohibir genéricamente la explotaciones mineras tanto a cielo abierto como subterráneas dentro de los límites y zonas de afección de los denominados Espacios Naturales Protegidos que incluyen las Zonas o lugares incluidos en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria -LIC-, zonas especiales de conservación -ZEC- y zonas de especial protección para las aves -ZEPA-), además de los Parques Naturales o Biotopos.

Esta restricción a las explotaciones mineras, por más que tuviera un fin medioambientalmente garantista, casa mal con el fin de hacer compatible el aprovechamiento ordenado de sus recursos naturales, dentro de los que se incluyen los mineros, y el uso público con la conservación o recuperación de sus valores ecológicos, paisajísticos o medioambientales, tal y como refiere el Art. 14 de la Ley 16/1994, de 30 de junio de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Máxime cuando la Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del país vasco, entre otra normativa legal aplicable, en su capítulo II, Evaluación de Impacto Ambiental, que establece como medida garantista desde el punto de vista medioambiental que con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los proyectos contemplados en el apartado B) del Anexo I de la misma, éstos se someterán a un procedimiento de evaluación individualizada que culminará con una declaración de impacto ambiental...y, caso afirmativo, fijará las condiciones en que deba realizarse.

Es por ello que, tanto las explotaciones mineras a cielo abierto como subterráneas que se soliciten en los espacios naturales protegidos y zonas de afección deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental preceptiva, como garantía medioambiental necesaria y válida para proteger dichos espacios.

Ya desde el punto de vista estrictamente jurídico cabe traer a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional 64/1982, de 4 noviembre, recoge en sus fundamentos el análisis sobre la preocupación ecológica surgida en las últimas décadas en amplios sectores de opinión que ha plasmado también en numerosos documentos internacionales. En su virtud “no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la «utilización racional» de esos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de la vida. Estas consideraciones son aplicables a las industrias extractivas como cualquier otro sector económico y supone, en consecuencia, que no es aceptable la postura de que exista una prioridad absoluta del fomento de la reproducción minera frente a la protección del medio ambiente. Sin embargo, debe advertirse que la Constitución impone asimismo «el deber de atender al desarrollo de todos los sectores económicos» (artículo 130.1)”. La conclusión que se deduce del examen de los preceptos constitucionales lleva a la necesidad de compaginar en la forma que en cada caso decida el legislador competente la protección de ambos bienes constitucionales: el medio ambiente y el desarrollo económico”.

En una de sus aplicaciones, ello supone que no pueden sustraerse a la riqueza del país recursos económicos que se consideren de interés general, aduciendo otras finalidades, como la protección del medio ambiente. Se trata de nuevo de armonizar la protección del medio ambiente con la explotación de los recursos económicos. Ello supone que si bien, como se ha dicho el Tribunal Constitucional ha mencionado en la sentencia antedicha que “la imposición de una carga adicional para la protección del medio ambiente no es en sí contraria a la Constitución ni al Estatuto, sí lo es la prohibición con carácter general de las actividades extractivas de las secciones C y D, que son las de mayor importancia económica, en una amplia serie de espacios, aunque se exceptúe de esa prohibición los casos en que a nivel estatal y según el plan energético o cualquier otro análogo sea definida la prioridad de aquella actividad con referencia a otros intereses públicos concurrentes. Cuestión distinta es que puedan prohibir la actividad minera en casos concretos, siempre que no exista un interés prioritario, pero el carácter general, con la excepción citada, no es dable sustraer a la riqueza nacional posibles recursos mineros”.

Asimismo, para las explotaciones a cielo abierto que se pretendan llevar a cabo conforme a la línea de los expuesto en los artículos 3 y 13 del R.D. 975 /2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras “Las entidades explotadoras adoptarán las medidas que procedan para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y aprovechamiento de recursos naturales en función del tipo de rehabilitación que haya sido considerada según los usos finales del suelo como espacio natural, agrícola, de ocio, suelo industrial u otros previstos legalmente”. En consecuencia, cuando el suelo esté considerado integrante del Parque Natural con altos valores paisajísticos y naturalísticos, la rehabilitación considerada será aquella que mantenga los parámetros geométricos y vegetativos en consonancia con los del entorno, en aras del mantenimiento de los valores considerados, por tanto, en los espacios naturales protegidos la rehabilitación considerada será exclusivamente la conseguida mediante una remodelación del terreno, en los que se garantice una reposición del terreno con la misma identidad geométrica y valores ambientales equivalentes a los preexistente, con una la revegetación coherente de éstas, y con la cobertura económica del preceptivo aval.

Ello no obstante, no se considera conveniente que con rango de Ley se condicione de manera determinante los usos prohibidos y permitidos dentro de los límites de los espacios naturales protegidos, debiendo ser los concretos instrumentos de ordenación y de uso y gestión los que decidan, en última instancia, la oportunidad o no de que dentro de sus límites se den actividades extractivas, tanto a cielo abierto como subterráneas, en los casos en que esta Ley permita la misma con carácter general. Cuestión distinta son los supuestos de imposibilidad de llevar a cabo la actividad extractiva que, por su carácter garantista, vincularán a dichos instrumentos de ordenación.

TEXTO ARTICULADO

Artículo único. Se modifica el apartado 4 en el artículo 17 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, con el siguiente tenor:

“4. Dentro de los límites de los espacios naturales protegidos no podrá llevarse a cabo explotación minera a cielo abierto salvo en el caso de que no suponga la transformación permanente de la superficie original de los mismos, para lo cual se garantizará una reposición del terreno con la misma identidad geométrica y valores ambientales equivalentes a los preexistentes.

Las explotaciones subterráneas que se realicen dentro de los límites de los espacios naturales protegidos deberán ubicar las instalaciones de tratamiento y demás elementos auxiliares fuera de los límites del espacio natural protegido, y en terrenos que deberán obtener calificación urbanística apta para las labores extractivas, se exceptuaran las bocaminas y sus accesos que, en todo caso, se adaptarán a lo dispuesto en el párrafo primero.

En todo caso los proyectos para actividades extractivas en espacios naturales protegidos, tanto a cielo abierto como subterráneas, se someterán en su integridad, es decir tanto las labores extractivas como las instalaciones,.a la preceptiva evaluación de impacto ambiental individualizada.

Ello no obstante, los instrumentos de ordenación y de uso y gestión de los espacios naturales protegidos podrán limitar la actividad extractiva, tanto a cielo abierto como subterránea, motivándolo adecuadamente la incompatibilidad de la misma con los valores medioambientales y criterios de protección de dichos espacios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los titulares de derechos mineros vivos a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2010, de 11 de marzo, que hubiesen tramitado planes o proyectos de explotación con anterioridad a dicha fecha dentro de los limites de Lugares de Importancia Comunitaria -LIC- y Zonas de Especial Protección para las Aves -ZEPA-, no estarán afectados por la presente modificación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2012-04-09T22:00:00+00:00

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Los grupos parlamentarios abajo firmantes al amparo del vigente Reglamento de la Cámara tienen el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY de creación del Colegio Vasco de Periodistas.

ANTECEDENTES

Constitución Española.

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos profesionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución. En su virtud se dictó la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos profesionales, la cual establece en su artículo 29 que la creación de nuevos colegios profesionales precisara ley del Parlamento Vasco a petición suficientemente representativa y debidamente acreditada de los/as profesionales interesados/as.

El artículo 20 de la Constitución española afirma que todo ciudadano tiene derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión; este derecho fundamental no estará realmente protegido si no existen sistemas de autocontrol en el ejercicio profesional del informador y organismos que garanticen el ejercicio digno de la profesión frente a los poderes públicos y empresariales.

Por otro lado, el papel que la legislación confiere a los periodistas, a quienes la propia Carta Magna atribuye mecanismos de defensa tales como la cláusula de conciencia y el secreto profesional, es motivo más que suficiente para la vertebración de la profesión de periodista en una estructura colegial.

Desde el punto de vista del interés público, el singular carácter de la profesión de periodista, cuya labor incide en derechos fundamentales como el descrito de información y el relativo a la intimidad, entre otros, justifica la creación del Colegio Vasco de Periodistas que, aunque de adscripción voluntaria, integrará a los profesionales que disponiendo de los conocimientos y titulaciones necesarias y suficientes ejerzan esta profesión. Todo ello para una mejor defensa de la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, lo que redundará en un mejor servicio a los ciudadanos y a sus derechos fundamentales, al tiempo que el Colegio se convierte en un cauce idóneo para la colaboración con las administraciones públicas.

La creación de un Colegio Vasco de Periodistas como entidad de derecho público deberá servir, demás, para ampliar y consolidar la tarea en defensa de la libertad de expresión de los/as periodistas del País Vasco.

TEXTO ARTICULADO

Artículo 1.- Objeto.

Se crea el Colegio Vasco de Periodistas como corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y de cuantas funciones le sean propias, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El Colegio Vasco de Periodistas tiene como ámbito territorial la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 3.- Ámbito personal.

1. El Colegio Vasco de Periodistas agrupará a profesionales que se encuentren en posesión de la titulación universitaria en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, Comunicación Audiovisual o titulación declarada equivalente.

2. En lo relativo a profesionales extranjeros, se aplicará la normativa vigente en aplicación del Derecho Comunitario relativo al reconocimiento de calificaciones por la autoridad pertinente.

Artículo 4.- Relaciones con las Administraciones.

Para el cumplimiento de sus fines institucionales o corporativos, el Colegio Vasco de Periodistas se relacionará, para las cuestiones institucionales y corporativas, con el departamento competente en materia general de colegios profesionales, y, en lo relativo a los contenidos propios de la profesión, con el departamento competente en materia de comunicación y con cuantas instancias de la Administración General, Autonómica y Foral sean necesarias para sus actividades profesionales.

Artículo 5.- Régimen jurídico.

1.El Colegio Vasco de Periodistas se regirá por la legislación de colegios oficiales y profesionales así como por sus estatutos y, en su caso, por el reglamento de régimen interior.

2.Los estatutos regularán aquellas materias que determine la Ley de Colegios Profesionales, observando para su elaboración, aprobación o modificación los requisitos que determine la legislación vigente.

Disposición transitoria Primera

En el momento de su creación, podrán pasar a formar parte del Colegio Vasco de Periodistas el colectivo de profesionales que conforman la Asociación Vasca de Periodistas, siempre que cumplan la formación y titulación señalada en el artículo 3 de esta Ley.

Disposición transitoria Segunda

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Vasca de Periodistas, actuando como comisión gestora, elaborará el censo con el que se constituirá el Colegio y, en el plazo de diez meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberán aprobar los estatutos provisionales del Colegio Vasco de Periodistas. En estos estatutos deberá regularse la Asamblea Colegial Constituyente, determinando la forma de su convocatoria y el procedimiento de su desarrollo.

Disposición transitoria Tercera

1. Se deberá garantizar la máxima publicidad de la convocatoria de la Asamblea Colegial Constituyente mediante la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Las funciones de la Asamblea Colegial Constituyente serán:

a) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio.

b) Elegir a las personas que deben ocupar los cargos correspondientes en los órganos colegiales.

3. Los estatutos definitivos, una vez aprobados, junto con el certificado del acta de la Asamblea Colegial Constituyente, deberán remitirse al órgano competente de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que dictamine sobre su legalidad, inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y publicación en el “Boletín Oficial del País Vasco”.

Disposición Final.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz a 16 de marzo de 2012.

2012-04-09T22:00:00+00:00

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Los grupos abajo firmantes, al amparo del vigente Reglamento, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY de Unificación colegial de economistas y de titulares mercantiles en el País Vasco.

ANTECEDENTES

- Constitución Española.

- Artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

- Ley 18/1.997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

- Ley 30/2.011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de Economistas y de Titulares Mercantiles).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Cortes Generales 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de Economistas y de Titulares Mercantiles), establece que, en el momento en que se constituyan los órganos de gobierno de ese Consejo General, quedarán disueltos el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España.

Dicha Ley también establece que “los procesos de unificación de los Consejos Autonómicos de Colegios de Economistas y los de Titulares Mercantiles, así como los procesos de unificación de los Colegios de Economistas y los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles se regirán por lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica aplicable sobre Colegios Profesionales a la que estén sujetos”. Y añade que esos Colegios y Consejos Autonómicos “promoverán su unificación ante la Comunidad Autónoma correspondiente de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica aplicable” (artículo 3).

El artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y Ejercicio de las Profesiones Tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

En ejercicio de dicha competencia, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

El Colegio Vasco de Economistas, y los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, han decidido su unificación, mediante el acuerdo adoptado por las correspondientes Juntas Generales de todos ellos.

En las actuaciones previas se han barajado diversas fórmulas como posibles para hacer efectiva esa unificación. De entre ellas, la de fusión parecía más adecuada para lograr el objetivo de creación de un nuevo Colegio que sustituyese a los cuatro Colegios que existen ahora (el actual Colegio Vasco de Economistas y los tres Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava).

Pero ese nuevo Colegio, resultante de la unificación, ha de denominarse Colegio Vasco de Economistas, en línea con la denominación adoptada para el nuevo Consejo General, y, por tanto, el nuevo Colegio unificado iría a tener la misma denominación que uno de los actuales Colegios a sustituir, el también denominado hasta la actualidad como Colegio Vasco de Economistas, lo que supone la introducción de una cierta confusión.

Por otra parte, la diferencia entre el nuevo Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación, y el Colegio Vasco de Economistas existente hasta ahora, obligaba a contemplar el paso a aquél, del patrimonio y personal de éste. Todo ello supone un cierto grado de complejidad, innecesaria si se tiene en cuenta que han de ser identificados con la misma denominación.

A fin de evitar anomalías, y, dado que coincide la denominación del Colegio resultante de la unificación, con uno de los Colegios existentes hasta ahora, se ha optado por disponer el actual Colegio Vasco de Economistas, para albergar en su seno a la profesión de Titular Mercantil y a los Titulares Mercantiles, a fin de lograr el mismo resultado que si se hubiera previsto la creación de un nuevo Colegio unificado. Todo ello, en aras de una mayor simplicidad y mejor operatividad de la unificación que se dispone.

Las Disposiciones Transitorias proceden a regular el sistema de unificación y, a tal efecto, contemplan dos sistemas, uno preferente y otro subsidiario.

Ambos sistemas tienen como punto de referencia el mismo proyecto de unificación comprensivo de diversos extremos, a que se refiere la Disposición Transitoria Segunda.

El sistema de unificación preferente consiste en que las Juntas de Gobierno de los cuatro Colegios afectados por la unificación, de mutuo acuerdo entre todas ellas, aprueben un Reglamento Provisional para la puesta en marcha, organización y funcionamiento del Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación, hasta la aprobación y vigencia de sus nuevos Estatutos. La Disposición Transitoria Tercera regula este sistema de unificación.

Pero la falta de esa aprobación por todas las Juntas de Gobierno, puede dar lugar a la inaplicación de ese sistema, razón por la que debe contemplarse otro sistema de unificación, con carácter subsidiario al anterior, para el supuesto de que éste no pueda regir ante la inexistencia de dicha unanimidad entre los cuatro Colegios implicados. La Disposición Transitoria Cuarta procede a regular este sistema de unificación subsidiario y, a tal efecto, crea dos órganos específicos: la Asamblea Gestora y la Comisión Gestora:

-La Asamblea Gestora agrupa a todos los Colegiados de los Colegios afectados por la unificación, y se le atribuyen competencias que son propias de la Junta General de cualquier Colegio, pero referidas a la unificación; de este modo, esa Asamblea Gestora viene a suplir la existencia de una Junta General unificada, mientras dura el proceso de unificación, y permite que todos los Colegiados de los cuatro Colegios afectados puedan participar en esas decisiones.

-La Comisión Gestora tiene una composición de miembros nombrados por el actual Colegio Vasco de Economistas, y por los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, que guarda la misma proporcionalidad establecida por la Ley 30/2.011 para la Comisión Gestora creada por ella en cuanto a sus miembros nombrados por la Organización de Economistas y por la de Titulares Mercantiles.

De acuerdo con todo ello, se dispone la unificación de las Organizaciones Colegiales Profesionales de Economistas y de Titulares Mercantiles en el País Vasco, en los términos que se expresan a continuación.

TEXTO ARTICULADO

Artículo 1.-Unificación colegial.

1.-Se dispone la unificación de las Organizaciones Colegiales de Economistas y de Titulares Mercantiles, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.-Para su efectividad, el actual Colegio Vasco de Economistas amplía su ámbito a fin de albergar en su seno a la profesión de Titular Mercantil y a los Titulares Mercantiles, de modo que será el único Colegio existente en el País Vasco para Economistas y Titulares Mercantiles.

3.-El Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación, agrupa a Economistas y a Titulares Mercantiles, con independencia de la titulación con la que hayan accedido a la profesión, y cada uno de los Colegiados tendrá iguales derechos y obligaciones en el seno de aquél con independencia de que se trate de unos o de otros.

4.-Esta unificación colegial en nada afectará a las funciones profesionales que estuvieran reconocidas para Economistas y Titulares Mercantiles.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Proceso de unificación.

1.-El actual Colegio Vasco de Economistas pasará a ser el resultante de la unificación, en la fecha señalada en el apartado último de la Disposición Transitoria Tercera, y en el apartado último de la Disposición Transitoria Cuarta, según que se aplique una u otra.

Hasta tanto, el actual Colegio Vasco de Economistas y los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, continuarán funcionando según su regulación vigente en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

2.-Como consecuencia de la unificación, el Colegio Vasco de Economistas se subrogará en la titularidad del patrimonio, personal, derechos y obligaciones de los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava. En particular, se subrogará en todos los derechos y deberes que tengan esos otros Colegios respecto a sus Colegiados.

Segunda.-Proyecto de unificación.

1.-El proyecto de unificación comprenderá los siguientes extremos:

a)Los cambios a introducir en los Estatutos del actual Colegio Vasco de Economistas, a fin de que sea la entidad colegial resultante de la unificación.

b)La convocatoria para la renovación total de la Junta de Gobierno del Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación, y la determinación de su régimen electoral.

c)Los cambios a introducir en el Presupuesto del actual Colegio Vasco de Economistas, a fin de que sea la entidad colegial resultante de la unificación.

d)Los cambios a introducir en el patrimonio, personal, derechos y obligaciones del actual Colegio Vasco de Economistas, a fin de que sea la entidad colegial resultante de la unificación. A tal efecto, habrán de especificarse el patrimonio, personal, derechos y obligaciones de los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, en cuya titularidad haya de subrogarse el Colegio Vasco de Economistas como consecuencia de la unificación.

2.-El proyecto de unificación será aprobado conforme a lo establecido para el sistema de unificación que se adopte.

Tercera.-Sistema de unificación preferente.

1.-El Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación, se regirá, en todo lo relativo a su puesta en marcha, organización y funcionamiento hasta la aprobación y vigencia de sus nuevos Estatutos, por un Reglamento Provisional aprobado por todas las Juntas de Gobierno de todos los Colegios anteriores afectados (el actual Colegio Vasco de Economistas, y los tres Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava).

2.-Dicho Reglamento Provisional comprenderá los extremos integrantes del proyecto de unificación a que se refiere la Disposición Transitoria Segunda.

3.-Los cambios a introducir en los Estatutos, a que se refiere la letra a) de la Disposición Transitoria Segunda anterior, serán aprobados definitivamente por el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, de acuerdo con la regulación establecida para las modificaciones de los Estatutos de los Colegios.

4.-El régimen electoral para la renovación total de la Junta de Gobierno, a que se refiere la letra b) de la Disposición Transitoria Segunda anterior, será el que se determine en ese Reglamento Provisional, que habrá de estar inspirado en la regulación incluída en los Estatutos del actual Colegio Vasco de Economistas. A falta de esa determinación, el régimen electoral para dicha renovación total de la Junta de Gobierno, será el incluído en los Estatutos del actual Colegio Vasco de Economistas.

5.-En la fecha en que se constituyan los órganos del Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación, conforme a los apartados anteriores, éste iniciará su pleno funcionamiento como tal. Hasta ese momento, seguirán funcionando plenamente los Colegios anteriores en cuanto tales. En ese mismo momento quedarán disueltos los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava; y se producirá la subrogación, por el Colegio Vasco de Economistas, del patrimonio, personal, derechos y obligaciones de aquellos Colegios.

Cuarta.-Sistema de unificación subsidiario.

1.-En el supuesto de que no se adoptara el Reglamento Provisional previsto en la Disposición Transitoria Tercera, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Ley, se observará el sistema de unificación previsto en la presente Disposición Transitoria Cuarta.

2.-A tal efecto, se crean los siguientes órganos:

a)Una Asamblea Gestora, compuesta por todos los Colegiados del actual Colegio Vasco de Economistas y de los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava.

b)Una Comisión Gestora compuesta por cinco miembros, nombrados tres por la Junta de Gobierno del actual Colegio Vasco de Economistas, y dos por acuerdo unánime de las de los tres Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, en el plazo de un mes desde el transcurso del mes contemplado en el apartado 1 anterior. Además, formarán parte de su composición el Presidente y el Vicepresidente.

c)El Presidente de ambos órganos será quien ocupe la Presidencia del Colegio Vasco de Economistas en la fecha de entrada en vigor de esta Ley. Y el Vicepresidente de los dos órganos, quien ocupe en esa fecha la Presidencia del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Bizkaia, que será sustituído en tal cargo por el del Colegio de Gipuzkoa y por el de Alava, sucesivamente, en los casos de vacante, enfermedad, ausencia o impedimento legal.

3.-En el plazo de tres meses desde su constitución, la Comisión Gestora elaborará, mediante mayoría simple, el proyecto de unificación a que se refiere la Disposición Transitoria Segunda.

Una vez elaborado, el proyecto de unificación será sometido por la Comisión Gestora a la Asamblea Gestora para su debate y, en su caso, aprobación.

Los cambios a introducir en los Estatutos, a que se refiere la letra a) de la Disposición Transitoria Segunda anterior, una vez aprobados por la Asamblea Gestora, serán aprobados definitivamente por el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, de acuerdo con la regulación establecida para las modificaciones de los Estatutos de los Colegios.

4.-La Comisión Gestora, el actual Colegio Vasco de Economistas y cada uno de los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, podrán proponer a la Asamblea Gestora, en cualquier tiempo, cualquier cuestión relativa al proceso de unificación.

5.- En la fecha en que se constituyan los órganos del Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación, conforme a los apartados anteriores, éste iniciará su pleno funcionamiento como tal. Hasta ese momento, seguirán funcionando plenamente los Colegios anteriores en cuanto tales. En ese mismo momento quedarán disueltos la Asamblea Gestora y la Comisión Gestora, así como los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava; y se producirá la subrogación, por el Colegio Vasco de Economistas, del patrimonio, personal, derechos y obligaciones de aquellos Colegios.

DISPOSICION FINAL

Unica.-Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2012-03-15T23:00:00+00:00

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

ANTECEDENTES

Constitución Española.

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos profesionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TEXTO ARTICULADO

Artículo 1.- Objeto.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El Colegio Vasco de Periodistas tiene como ámbito territorial la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 3.- Ámbito personal.

2. En lo relativo a profesionales extranjeros, se aplicará la normativa vigente en aplicación del Derecho Comunitario relativo al reconocimiento de calificaciones por la autoridad pertinente.

Artículo 4.- Relaciones con las Administraciones.

Artículo 5.- Régimen jurídico.

1.El Colegio Vasco de Periodistas se regirá por la legislación de colegios oficiales y profesionales así como por sus estatutos y, en su caso, por el reglamento de régimen interior.

Disposición transitoria Primera

Disposición transitoria Segunda

Disposición transitoria Tercera

2. Las funciones de la Asamblea Colegial Constituyente serán:

a) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio.

b) Elegir a las personas que deben ocupar los cargos correspondientes en los órganos colegiales.

Disposición Final.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz a 16 de marzo de 2012.

Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias

2011-06-15T22:00:00+00:00

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Vicente Reyes Martín, parlamentario del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY de Modificación de la Ley 6/2003 de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias.

ANTECEDENTES

Artículo 51 de la Constitución Española

rtículo 10, apartados 27 y 28 del Estatuto de Autonomía del País Vasco

ey 10/1981, de 18 de noviembre, del Estatuto del Consumidor (Derogada

ey 6/2003 de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La realidad social vasca ha puesto de manifiesto el avance del euskera en las últimas décadas utilizando, fundamentalmente, medidas de fomento y estímulo en diversos ámbitos. Estos avances se han producido en la inmensa mayoría de ámbitos sociales, incluida la relación de prestación de bienes y servicios hacia la ciudadanía por las empresas y sujetos dedicados a ello.

Un elemento controvertido fue la articulación de un mecanismo que abría la posibilidad de imponer sanciones a los prestadores de bienes y servicios hacia la ciudadanía por no dar cumplimiento a los deberes lingüísticos que, en el desarrollo de esas actividades, implantó la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

Más allá de la imposición de deberes lingüísticos que se establecen a las entidades públicas y demás organizaciones vinculadas a la actividad pública, cuya exigibilidad cuenta con las previsiones de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera y las medidas que, conforme a la misma se han ido estableciendo, la posibilidad de que, conforme a esos deberes lingüísticos se llegue a sancionar al sector privado puede asentar un rechazo y, en el futuro, un retroceso en los avances que ha ido paulatinamente experimentando el uso del euskera.

En este mismo sentido se manifestó el Parlamento Vasco, en la sesión plenaria celebrada el día 10 de junio de 2010, que instó al Gobierno Vasco a establecer una moratoria de un año en la aplicación de las sanciones a empresas, entidades y establecimientos abiertos al público, como consecuencia de la aplicación de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, con el fin de que se impulsaran las modificaciones normativas necesarias que permitan amparar y fomentar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, eliminando las medidas coercitivas y sancionadoras.

Con todo, a fin de que, se mantenga una evolución creciente de esos avances efectivos que la sociedad va efectuando en cuanto al uso del euskera en los diferentes ámbitos, la supresión de los mecanismos sancionadores deben acompañarse de medidas que refuercen la oportunidad de facilitar a la ciudadanía el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales también en este ámbito, fijando la necesidad de articular medidas de fomento para avanzar en tal sentido.

De esta manera, la implantación de estos objetivos requiere la revisión de algunos contenidos de la ley. En primer lugar, la modificación del artículo 40.4 se orienta a referir las condiciones para recibir subvenciones, a que éstas se destinen a ámbitos relacionados con el euskera.

Por otra parte, la revisión del artículo 41 refuerza la libertad de elegir la multiplicidad de lenguas en el etiquetaje, así como la promoción del uso del euskera en el etiquetaje de productos vascos de origen, así definidos mediante la denominación correspondiente.

Así mismo, la revisión del contenido del artículo 42, dirigido a la actuación pública de fomento, refuerza la necesidad de establecer medidas de promoción de los derechos lingüísticos que se contienen en la Ley 6/2003.

Finalmente, la adición de una nueva Disposición Adicional Segunda que excepcione del régimen sancionador previsto en la presente ley la normativa y disposiciones complementarias que desarrollen el Capítulo VII del Título II de la misma. Régimen sobre el que construyó el régimen sancionador desarrollado por Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias que verá perder la eficacia de su artículo 18.

TEXTO ARTICULADO

Artículo Primero.- Se modifica el artículo 40.4 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que tendrá la siguiente redacción:

"Artículo 40.4. - Atención al público

os establecimientos abiertos al público de entidades que reciban subvenciones destinadas específicamente a la integración del euskera en el ámbito de las relaciones laborales y en el de la atención al público, así como los de sectores de interés general deberán, además de cumplir las obligaciones contempladas en el artículo 39, poder atender a las personas consumidoras y usuarias cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen."

Artículo Segundo.- Se modifica el artículo 41 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que tendrá la siguiente redacción:

"Artículo 41.- Lengua de la información sobre bienes y servicios

. Salvo en los supuestos en que el presente capítulo contemple un régimen específico, la información facilitada a las personas consumidoras y usuarias en relación con los bienes y servicios distribuidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, incluyendo la contenida en etiquetas, envases e impresos con las instrucciones de uso, se expresará en euskera, en castellano, o en euskera y castellano conjuntamente, según el deseo del oferente. Todo ello sin perjuicio de lo que para supuestos específicos, por razones de protección de la salud y seguridad, pueda establecer la legislación aplicable

. El Gobierno promoverá que se usen el euskera y el castellano, de forma conjunta, en la información sobre bienes y servicios a que se refiere el apartado 1. Cuando se trate del etiquetaje de bienes vascos con denominación de origen o denominación de calidad y de los productos artesanales, regulados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se promoverá el uso del euskera."

Artículo Tercero.- Se modifica el artículo 42 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que tendrá la siguiente redacción:

"Artículo 42.- Actuación pública de fomento

.- El Gobierno impulsará las medidas oportunas y arbitrará los medios necesarios para impulsar el uso del euskera en el ámbito de las actuaciones de las entidades que ofrecen bienes y servicios a las personas consumidoras y usuarias

.- Los Planes sectoriales cuyo ámbito de actuación alcance a actividades de prestación de bienes y servicios a la ciudadanía promoverán líneas específicas de fomento de los derechos contemplados en este Capítulo. En todo caso, el Gobierno fomentará líneas de ayuda para que los sujetos prestadores de bienes y servicios a la ciudadanía faciliten la presencia de las dos lenguas oficiales en el ejercicio de su actividad e impulsará la difusión de materiales con lenguaje especializado que faciliten el uso del euskera en este ámbito.

Artículo Cuarto.- Se añade una nueva Disposición Adicional Segunda a la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que tendrá la siguiente redacción:

El régimen sancionador previsto en el Título IV de la presente ley, no será de aplicación a la regulación de los Derechos Lingüísticos de las Personas Consumidoras y Usuarias del Capítulo VII del Título II de la misma, ni a la normativa y disposiciones complementarias que lo desarrollen.

DISPOSICIÓN FINA

a presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de Junio de 2011.

2009-09-21T22:00:00+00:00

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