PSE-EE SOCIALISTAS VASCOS, EUSKAL SOZIALISTAK Parlamento Vasco Proposiciones no de Ley

2016-06-08T22:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en la COMISIÓN DE EDUCACIÓN, relativa al reconocimiento en el ámbito de la Administración Pública Vasca de la reducción de su jornada laboral a los padres de hijos menores enfermos de cáncer u otra enfermedad grave.

JUSTIFICACIÓN

Conocemos las diferencias sustanciales que existen entre el Estatuto Básico del Empleado Público y su régimen jurídico, y el que corresponde a las relaciones laborales regidas por el Derecho Social, pero debemos defender que posibilitar la atención por parte del progenitor o progenitores del menor que sufre cáncer u otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario y atención continuada y permanente, no puede estar subordinada al diferente mecanismo concreto a través del cual se pretende la satisfacción del interés del menor enfermo cuyos progenitores trabajan.

Es el interés del menor y los cuidados que precisa su salud el que debe prevalecer en estas circunstancias, máxime cuando la consecuencia de la aplicación de las distintas normas puede derivar en situaciones injustas o perjudiciales para los administrados.

Por todo ello, es por lo que presentamos la siguiente Proposición No de Ley para su debate en COMISIÓN:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco al reconocimiento en el ámbito de la Administración pública vasca de reducción de su jornada laboral, al menos en un 50%, al padre o madre de hijos menores enfermos de cáncer u otra enfermedad grave, admitiendo la posibilidad de considerar como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento o cuidado del menor, tras el diagnóstico correspondiente, sin que se exija sistemáticamente que el ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente sean circunstancias que hallan de darse simultáneamente; y todo ello conforme a las recomendaciones realizadas por la Defensora del Pueblo con fundamento en consideraciones de naturaleza humanitaria y jurídica.

2016-05-31T22:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en PLENO, relativa a la creación del Consejo Social de la Escuela Pública Vasca.

JUSTIFICACIÓN

La Educación de un país define su sociedad. Es su mejor acreditación. Es el primer factor de progreso tanto individual como colectivo, pieza esencial para la igualdad de oportunidades e instrumento fundamental para la construcción de la convivencia. La Educación es, asimismo, un derecho individual básico que compromete a la Administración Pública a facilitar el desarrollo humano e intelectual de las personas y a garantizar el acceso a la cultura, la formación y el conocimiento a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad y de progreso.

Una de las especificidades del Sistema Educativo Vasco es su oferta al alumnado repartida, casi al 50%, entre la Red Pública y la Red Concertada. Es esta una singularidad que no encontramos en otros sistemas educativos que en su mayoría, ofertan educación a través de la red pública. La Red Concertada Vasca hace una excelente labor y está representada por titulares visibles que identifican sus necesidades con claridad y las reivindican legítimamente ante la Administración Educativa. No ocurre lo mismo con la Red Pública, con lo que la Administración Educativa, que es responsable de toda la Educación Vasca pero única titular de la Escuela Pública, no percibe, en ocasiones, las necesidades de ésta con la misma nitidez. En otros términos, la Escuela Pública no está representada en las mismas condiciones que la concertada a la hora de organizar la defensa de sus intereses.

La Ley de la Escuela Pública de 1993, alumbrada por el trabajo común realizado desde el año 1987 en torno a las llamadas “comisiones de debates” y por el “Congreso Internacional” de la Escuela Pública del año 1989, ha permitido a la Escuela Pública Vasca ir tomando conciencia de sí misma como garante del derecho a la educación y eje vertebrador del sistema.

Sin embargo, cada vez aparece de forma más clara la necesidad de articular un organismo social, participativo, que identifique y defienda los intereses de la Escuela Pública en este contexto que nos ha tocado vivir.

La Escuela Pública necesita una mejora en infraestructuras materiales, formación de sus profesionales, cambio de la metodología... Todo niño o niña tiene que encontrar en la escuela su propia casa más allá de cualquier discriminación de origen, raza, sexo, opinión…, sin que ninguna ideología pueda fagocitarla. Por eso, consideramos de sumo interés la creación de este foro de participación social que sirva para defender los intereses genuinos de una Escuela Pública plural, participativa, bilingüe y abierta a las lenguas extranjeras y a las tecnologías, e integradora de la diversidad.

Por todo ello, proponemos la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA SU DEBATE EN PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a,

Crear el Consejo Social de la Escuela Pública Vasca a fin de que promueva y potencie la defensa de los intereses de la misma a la vez de dotarla de voz propia y conciencia de su personalidad.

Este Consejo tendrá como funciones, entre otras: Impulsar una Escuela Pública Vasca competitiva en términos de calidad y conocimiento. Aprobar los Planes Estratégicos Plurianuales de la Escuela Pública Vasca. Identificar las deficiencias en el ámbito de las actuaciones administrativas con respecto a los legítimos intereses de la Escuela Pública. Efectuar recomendaciones a los Poderes Públicos. Propiciar la integración de los centros públicos en su entorno. Fomentar el trabajo colaborativo entre los centros públicos impulsando redes de transmisión de información y de buenas prácticas. Asesorar a los distintos sectores sociales. Establecer relaciones entre la escuela, la empresa y la universidad. Impulsar convenios, que luego la administración educativa suscribirá con los ayuntamientos, para facilitar prestaciones de utilidad recíproca: bibliotecas, parques, instalaciones deportivas. Impulsar campañas que impliquen activamente a la sociedad civil en defensa de los centros públicos.

El Consejo Social de la Escuela Pública Vasca deberá tener una composición plural:

Un número determinado de representantes de la Administración Educativa.
Un número determinado de directores de centros públicos de distintas características sociales, territoriales…
Un número determinado de representantes de los trabajadores de la Escuela Pública Vasca.
Un número determinado de padres y madres de distintos centros educativos.
Un número determinado de representantes de alumnos/as de Enseñanza Secundaria Post-obligatoria.
Un número determinado de los representantes de los municipios.
Un número determinado de personas de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa de la Educación Pública.
Una representación de la UPV/EHU.
Una representación de las empresas vascas.

Este Consejo Social deberá ser creado por Decreto de Gobierno Vasco. Tendrá autonomía con respecto a la administración educativa, mantendrá relación con otras instituciones como el Consejo Escolar de Euskadi, el Ararteko… El presidente/a, vicepresidente/a y secretario/a serán elegidos por el Consejo de entre sus miembros de la manera que establezca su Reglamento de Funcionamiento.

Cierre de los programas ACEX.

2016-05-31T22:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en la COMISIÓN DE EDUCACIÓN, relativa al cierre de los programas ACEX.

JUSTIFICACIÓN

Numerosos centros del País Vasco nos han hecho llegar su inquietud en relación con el cierre de más de 90 programas ACEX, la mayoría de ellos del ámbito de las bibliotecas escolares.

Las directrices que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco impulsa y va a ejecutar para el próximo curso 2016-2017 pretenden eliminar el programa en aquellos centros que tienen docentes dedicados a la biblioteca escolar a media jornada, coincidiendo con el 20 aniversario de este Programa. La aplicación de tales directrices está inspirada meramente en criterios de recortes económicos y no viene avalada por ninguna justificación pedagógica.

Los programas ACEX buscan el fomento de las distintas competencias educativas compartiendo la misma responsabilidad que el resto del profesorado, en un nivel complementario a la labor que aquellos ejercen. Por otra parte, desde la tarea extraescolar, buscan además dotar de sentido el ocio del alumnado otorgando la posibilidad de realizar actividades creativas, lúdicas, escolares, que además, quieren servir de puente de participación y colaboración con toda la comunidad educativa. Estos programas llevan ofreciendo desde hace 20 años la posibilidad de acudir a la biblioteca, a leer cuentos, a hacer deberes, a organizar juegos. Asimismo permiten realizar competiciones deportivas, actividades plásticas y creativas, así como realizar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y el conocimiento del entorno próximo.

Estas actividades gratuitas, realizan una importante labor compensatoria de desigualdades sociales puesto que ningún niño o niña queda excluido de ellas por razones económicas.

El cierre de más de 90 bibliotecas escolares supone el abandono de decenas de miles de libros adquiridos y catalogados e infinidad de jornadas invertidas en su gestión. Es un derroche del gasto público en fondos bibliográficos y audiovisuales que pasará a estado de almacén definitivo. Genera el detrimento de la calidad de enseñanza. Se les priva a las familias, cada vez más empobrecida, del servicio de préstamo de libros. Y conlleva la merma en los puestos de trabajo con especial perjuicio para el colectivo de interinos.

Ante el eventual cierre de los programas ACEX, Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la COMISIÓN DE EDUCACIÓN:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que mantenga los programas ACEX gestionados por docentes especializados en los centros escolares del País Vasco, habida cuenta de la función educativa, social y cultural que tales programas ejercen en el Sistema educativo vasco.

JUSTIFICACIÓN

Numerosos centros del País Vasco nos han hecho llegar su inquietud en relación con el cierre de más de 90 programas ACEX, la mayoría de ellos del ámbito de las bibliotecas escolares.

Estas actividades gratuitas, realizan una importante labor compensatoria de desigualdades sociales puesto que ningún niño o niña queda excluido de ellas por razones económicas.

Ante el eventual cierre de los programas ACEX, Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la COMISIÓN DE EDUCACIÓN:

2016-05-31T22:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en la COMISIÓN DE EDUCACIÓN, relativa a la situación creada en Bizkaia con respecto a la autorización de las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (ACIS)

JUSTIFICACIÓN

En Euskadi un número significativo de alumnos y alumnas viene cursando su enseñanza obligatoria mediante adaptaciones curriculares individuales significativas (ACIS).

La Orden de 24 de julio de 1998 por la que se regula la autorización de las adaptaciones de acceso al currículo y las adaptaciones curriculares individuales significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales así como el procedimiento de elaboración, desarrollo y evaluación de las mismas en las distintas etapas del sistema educativo no universitario (BOPV 31/08/98), regula esta materia en la CAPV.

Dicha Orden se complementó en el año 2012 con unas Instrucciones de la Viceconsejería de Educación que incorporaban elementos de la LOE y sus desarrollo normativos en la CAPV.

La citada orden establece, en su artículo 2, que las adaptaciones curriculares individuales son significativas, cuando se modifican elementos prescriptivos del currículo referidos a una o varias áreas, materias o módulos o al conjunto del ciclo o etapa y que podrán referirse a una o varias áreas, materias o módulos o al conjunto de la etapa. (Artículo 2).

Indica, así mismo, que la adaptación curricular individual significativa es una medida extraordinaria por la que se introducen modificaciones importantes en los elementos prescriptivos del currículo, adaptando o eliminándose una parte importante de los objetivos de una o varias áreas, del ciclo, o de la etapa y que solo deberá aplicarse cuando resulten insuficientes todas las medidas ordinarias de adecuación del currículo del ciclo, programación del área o materia, refuerzo educativo, permanencia un año más en un curso o ciclo, etc.

En este mismo sentido inciden las instrucciones de 2012 al indicar que las adaptaciones curriculares individuales (ACI) significativas no podrán utilizarse como soporte de programas de refuerzo educativo para el alumnado que no sigue el ritmo de su nivel escolar, debido a diferentes circunstancias personales no relacionadas con las

necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad o situaciones asemejadas.

La Orden también regula, en su artículo 11, el procedimiento para la elaboración y aprobación de dichas adaptaciones. En dicho procedimiento interviene el profesorado tutor, que elabora la misma y envía al Berritzegune para un primer informe. Desde dicha elaboración y con el consentimiento de la familia el programa educativo que sigue el alumno o alumna es el recogido en la propuesta en tanto en cuanto no haya modificaciones fruto del informe del Berritzegune o Inspección. A continuación el Berritzegune realiza un informe indicando la conformidad con la propuesta o introduciendo cambios en la misma que es remitido a Inspección. Dicho servicio, tras la comprobación de los aspectos legales dará su visto bueno o introducirá cambios en la misma. Finalmente la Inspección remitirá las aceptadas a la jefatura territorial de Innovación que será la encargada de comunicarlo a los centros.

La norma indica que en la circular de comienzo de curso se establecerán los plazos en los que cada estamento deberá realizar la tramitación que le corresponde.

Este curso escolar, en el Territorio Histórico de Bizkaia y debido a algún cambio en el procedimiento que ha generado discrepancias entre los servicios de Innovación e Inspección, han aumentado significativamente el número de solicitudes desestimadas y que no han sido comunicadas a los centros hasta mayo Situación esta que afecta a unas 450 ACIS.

Si un alumno lleva desarrollando un programa educativo adaptado desde el inicio de curso es claro que no podrá modificarse el mismo en los dos meses que restan de curso escolar.

Conscientes del problema generado el día 9 de mayo, se han enviado a los centros instrucciones que indican que en el caso de las ACIS denegadas el alumnado continúe con su programa educativo, no aprobado, y que se consigne en los documento oficiales como RE (refuerzo).Situación esta contraria a lo que dicen las propias instrucciones.

En cualquier caso el tratamiento administrativo de un refuerzo y el de una adaptación curricular significativa no son en absoluto equivalentes y como no debe ser el alumnado, y mucho menos el más vulnerable, el que pague las descoordinaciones y mala gestión de la administración por lo que proponemos la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en COMISIÓN:

El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco a que de manera extraordinaria en el actual curso escolar, y al objeto de no perjudicar al alumnado, se aprueben todas las ACIS solicitadas en el Territorio Histórico de Bizkaia y cuya denegación no se haya comunicado durante el primer trimestre del curso.

2016-05-12T22:00:00+00:00

LEGEBILTZARREKO MAHAIARI

A LA MESA DEL PARLAMENTO

Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek hurrengo LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA aurkezten dute, Osasun eta Kontsumo batzordean eztabaidatzeko, “Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Onkohematologia pediatrikoaren zerbitzuan psikologo kliniko bat kontratatzeari buruz”. Horretarako indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira.

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en la Comisión de Salud y Consumo, en relación a la contratación de un psicólogo clínico en el Servicio de Oncohematología pediátrica del Hospital Universitario Donostia.

ARRAZOIAK:

JUSTIFICACIÓN

Maiatzaren 4an, ASPANOGI elkarteak (Gipuzkoako haur minbizidunen guraso elkartea) Osasun eta Kontsumo batzordean egindako agerraldian aurkeztu zuen Gipuzkoako haur minbizidunei eta haien familiei buruzko informazioa, baita artatzen dituzten profesionalei burukoa ere.

Emandako informazioaren arabera, profesionalek, familiek eta gaixoek jasotzen duten laguntza psikologikoa eta arreta klinikoa ez dela nahikoa. Horregatik eskatzen zuten psikologo kliniko bat kontratatzea eta psikologo hori zerbitzu horretako diziplina anitzeko taldeko kidea izatea.

ASPANOGI Elkarteak helarazitako informazioak aintzat hartuta, Tratamendu onkologiko integral bat osatzeko, arazo fisikoak, psikikoak zein sozio-familiarrak barne izango dituena, Psikologo kliniko bat kontratatzea lehentasunezkotzat eta beharrezkotzat jotzen dugu, Osasun sailburuordeak eta aipatutako ospitaleko zuzendariak onartu zuten bezala.

Horregatik guztiagatik, hurrengo LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA aurkezten dugu Osasun eta Kontsumo batzordean eztabaida dadin:

1. “Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Onkohematologia prediatrikoaren zerbitzuan psikologo kliniko bat ahalik eta lasterren kontrata dezala”.

2. “Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Onkohematologia pediatriko unitatea handitzea, Gaixoen eta euren familien egungo eskaerari erantzuteko”.

3. “Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio beharrezkoak diren neurri konpensatzaileak sustatu ditzala, larrialdietako zein onkologia pediatriko zerbitzura joaten diren gaixo pediatrikoek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate ospitaletako aparkalekuak doanik izate aldera”.

El pasado 4 de Mayo, la Asociación ASPANOGI (Asociación de Padres de Niños Oncológicos Guipuzcoanos) presentó en comparecencia ante la Comisión de Salud y Consumo, una información sobre la situación de los niños oncológicos guipuzcoanos y sus familias, así como sobre los profesionales que les atienden.

De dicha información se deduce, la insuficiente atención clínica y soporte psicológico que reciben los enfermos, familiares y profesionales oncológicos, solicitando por ello, la incorporación de un psicólogo clínico como profesional especializado en la atención psicológica y que forme parte del equipo multidisciplinar del citado servicio.

Considerando que la incorporación de un psicólogo es prioritaria y necesaria para completar un tratamiento oncológico integral que abarque tanto los problemas físicos, emocionales y socio-familiares, hecho reconocido tanto por el Director-Gerente de dicho Hospital como por el Viceconsejero del Departamento de Salud de acuerdo a las informaciones remitidas por ASPANOGI, es por lo que se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la Comisión de Salud y Consumo:

“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a incorporar a la mayor brevedad, un psicólogo clínico a la Unidad de Oncohematología pediátrica del Hospital Universitario Donostia”.

“El Parlamento Vasco insta al Gobieno Vasco a ampliar la Unidad de Oncohematología pediátrica del Hospital Universitario Donostia para responder a la demanda actual tanto de los pacientes como de sus familiares”

“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a promover las medidas compensatorias que sean necesarias, para que los pacientes pediátricos que acudan tanto al servicio de urgencias como de oncología pediátrica puedan utilizar el aparcamiento de los hospitales Universitarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de manera gratuita.

Uso equilibrado del euskera y castellano en la publicidad institucional

2016-04-28T22:00:00+00:00

Jon Azkue Manterola, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO, relativa al uso equilibrado del euskera y castellano en la publicidad institucional.

JUSTIFICACIÓN

La publicidad institucional en los medios de comunicación de lengua vasca, según los datos de los últimos años, no llega al 3%, aparte de la publicidad que hace EiTB. Es una cifra excesivamente reducida teniendo en cuenta que la Ley 10/1982 de 24 de diciembre Básica de Normalización del Uso del Euskera en su artículo 27 establece que se fomentará el uso prioritario del euskera en la publicidad institucional.

Existe un precedente efectivo como el acuerdo adoptado por unanimidad en las Juntas Generales de Gipuzkoa el 6 de noviembre de 2010. Con este acuerdo, se impulsó el principio de actuación positiva con respecto al euskera y se garantiza que el 15 % del importe anual de publicidad institucional se destine a medios de comunicación publicados en Gipuzkoa en euskera.

Euskadi cuenta actualmente con más de 60 medios de comunicación en lengua vasca, entre ellos, prensa escrita, televisiones locales, radios y portales de internet, y cubre todas las zonas de la CAPV. Se ha constatado que la publicidad local es efectiva, llega a la comunidad que habla euskera y es la plataforma más directa y efectiva para distribuir los mensajes públicos en esta lengua.

La comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional del Gobierno Vasco analizó en la sesión del 18 de mayo de 2015, un documento de recomendaciones y criterios con la finalidad de distribuir publicidad entre los distintos medios de comunicación y aprobar la instrucción que tiene por objeto establecer los criterios para el reparto y seguimiento de publicidad. Este documento rige a partir del 1 de enero de 2016 los criterios de la inserción de publicidad y compra de espacios y soportes en los medios de comunicación social. Entre ellos no se menciona ninguna medida para garantizar la publicidad en euskera.

Por todo ello, y en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 10/1982 de 24 de diciembre Básica de Normalización del Uso del Euskera, el Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak “ presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que fomente el uso prioritario del euskera en la publicidad institucional.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que garantice que el 15% del importe anual de publicidad institucional se destine a medios de comunicación publicados en Euskadi y en euskera, exceptuando la publicidad que hace en EiTB.

2016-04-28T22:00:00+00:00

Blanca Roncal Azanza, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, PARA SU DEBATE EN PLENO, en relación al acercamiento del Servicio de mamografía a la población más alejada de los Centros Hospitalarios con el fin de incrementar la participación de estas personas en el Plan de Detección y Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama .

JUSTIFICACIÓN

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM), se puso en marcha en noviembre de 1995 en Álava y en el Alto Deba, siendo una actividad pionera, que posteriormente durante el año 1997 se extendió al resto de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Inicialmente este servicio estaba pensado para todas las mujeres de la CAPV de 50 a 64 años de edad. Este programa se amplió en 2006 dada la petición de las pacientes con el fin de englobar a las mujeres de 40-49 años con antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado.

A pesar de estas ampliaciones producidas en la población diana de este Programa, desde este Grupo Parlamentario somos conscientes del amplio margen de personas que a pesar de encontrarse en principio en buen estado de salud, acceden voluntariamente a dicho plan pero cuando encuentra dificultades para su acceso, abandonan fácilmente su participación, lo que supone un fracaso en el diagnóstico de manera precoz de esta enfermedad de gran prevalencia y agresividad, y consecuentemente empeora su tratamiento.

La mayor parte de dichos planes de prevención se han acercado hasta los Centros de Atención primaria, lo que facilita la participación deseada en ellos.

Sin embargo, la oferta de detección precoz del cáncer de mama, se efectúa generalmente desde unidades hospitalarias, a veces alejadas de las zonas rurales, lo que añadido a las dificultades de desplazamiento y en ocasiones viajes fallidos, desincentiva a esta población su participación en el citado programa.

Por ello, para facilitar la adhesión de la población a este programa tan beneficioso para la salud como para la sostenibilidad del Sistema Sanitario, deberíamos acercar el servicio a la población a la que se dirige con el fin de incrementar el número de personas participantes en este programa.

Por todo ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA SU DEBATE EN PLENO:

“El Parlamento Vasco insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a implantar una Unidad Móvil de Mamografías para el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, al objeto de acercar el servicio a toda la población alejada de los Centros Hospitalarios, lugar donde se realiza actualmente dicho Programa”.

2016-04-25T22:00:00+00:00

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2016-03-21T23:00:00+00:00

Jon Azkue Manterola, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate URGENTE EN PLENO, en relación a la elaboración de una estrategia para el relanzamiento económico y social de las comarcas afectadas por la crisis del acero.

JUSTIFICACIÓN

El presente año de 2016 ha comenzado con diversos anuncios de regulaciones de empleo en empresas grandes relacionadas con el sector del acero que tienen incidencia directa, no sólo en los empleados directamente afectados, sino en sus industrias auxiliares, subcontratas y en las comarcas donde se establecen estas plantas.

La producción de acero tiene una larga tradición industrial en Euskadi, con arraigo destacado en comarcas concretas como son la Margen Izquierda del Nervión (donde Arcelor Mittal acaba de imponer un cierre temporal indefinido a la planta de la ACB), Goierri-Alto Urola enGipuzkoa (donde se ha anunciado un ERE en la planta de Arcelor Mittal en Zumarraga) y Aiala en Álava (con la comunicación a los trabajadores de un ERE en Tubos Reunidos), donde se concentra un 50% de las acerías españolas, dando empleo a 4.500 trabajadores, en 11 plantas industriales que facturan 1.700 millones de euros anuales.

Son empleados con una extensa experiencia y conocimiento en la producción de un acero de gran calidad, garantía también de calidad en productos e infraestructuras que de él se derivan. Y son, además, trabajadores que en los últimos seis años han venido realizando esfuerzos en la moderación de sus derechos laborales y salariales para seguir haciendo posible el negocio de las empresas en las que trabajan. Son por tanto trabajadores cualificados y responsables con la marcha de sus empresas, valores a tener especialmente en cuenta cuando la economía en general se enfrenta a grandes incertidumbres que sólo se podrán abordar desde ese conocimiento y esa responsabilidad.

Este Parlamento ha mostrado su solidaridad con esos trabajadores y ha emplazado a las distintas instancias administrativas que pueden revertir la situación a que adopten con urgencia medidas que garanticen la viabilidad de la actividad de estas industrias, referidas a la limitación de la competencia desleal que practica China y la necesidad de favorecer la competitividad también desde la aplicación de tarifas eléctricas homologables a los que tiene el sector en Europa.

Sin embargo, esos dos factores no son nuevos, y en los últimos años no se han adoptado iniciativas que permitan hacer frente a la crisis. La Unión Europea ha reaccionado tarde a la adopción de resoluciones que puedan limitar el impacto de la producción china, mientras que el Gobierno de España aprobó en 2013 en el Congreso de los Diputados la Ley para la Garantía del Suministro e Incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Una Ley que contó con el apoyo expreso del PNV en las Cortes Generales y que fue aplaudida por el Gobierno de Euskadi que aseguró que iba a suponer una rebaja favorable a la competitividad de nuestra industria, hecho que, se ha comprobado, no ha tenido el resultado augurado.

El Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak considera llamativo, que desde la aprobación de aquella Ley en 2013, no se haya adoptado ninguna iniciativa complementaria, tampoco a través de la representación ordinaria del Gobierno de Euskadi en Bruselas, para prever la deriva del sector, aunque era conocido el esfuerzo que se estaba pidiendo a los trabajadores vascos. Y junto a ello echa en falta que no exista, conocidas las serias dificultades de este sector estratégico para determinadas comarcas, un plan de choque para actuar en sus capacidades competenciales para diseñar salidas no sólo a las empresas, sino para los vecinos de esas comarcas.

Euskadi conoció una profunda crisis industrial en los 80 que se atendió desde la concertación entre las distintas Administraciones, y con una presencia destacada del propio Gobierno Vasco, que permitió paliar las consecuencias sociales y, a la vez, establecer estrategias de futuro que, durante dos décadas, se han mostrado oportunas.

Por todo ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA SU DEBATE URGENTE EN PLENO:

1.- El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a poner en marcha, en coordinación con los representantes de los trabajadores y con carácter urgente, medidas referidas al sector del acero, con diferentes estrategias para velar por la viabilidad de las empresas y de los puestos de trabajo, directos e indirectos, reordenando para ello, si fuera necesario, las distintas partidas con las que cuenta en los Presupuestos de 2016.

2.- El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a que en el plazo de dos meses presente en el Parlamento vasco, y en coordinación con las Diputaciones, los Ayuntamientos afectados y los representantes de los trabajadores, un plan de dinamización e impulso económico y social en las zonas de influencia de las empresas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo.

3.- El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a que, acuda a todas las fuentes europeas de apoyo a las empresas de carácter regional que no sean consideradas ayudas de Estado, así como que, en coordinación con las Diputaciones Forales, haga uso de la totalidad de las competencias que permite el autogobierno para promover la actividad económica.

4.- El Parlamento vasco insta al Gobierno de España a que reforme de forma urgente la legislación que afecta a las tarifas eléctricas, a fin de que éstas respondan a criterios sociales y de competitividad de las empresas.

5.- El Parlamento vasco insta a la Unión Europea que, en atención al mantenimiento del empleo y de un sector estratégico como es el acero, acelere todos los procedimientos para poner fin a la competencia desleal de China, que incluya el no reconocimiento de este país como economía de mercado, el establecimiento de un precio mínimo de mercado para el acero de importación y la habilitación de incentivos (White Certificate o similares) al precio de la energía de la industria que, como en el caso de la ACB, produce con exigentes controles medioambientales.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

Los anuncios de regulaciones de empleo en varias grandes empresas del sector del acero en Euskadi exige la toma de decisiones rápidas y concertadas, que no se están adoptando hasta la fecha, ni por parte del Gobierno de España en funciones ni por la Unión Europea. Sin embargo, la incertidumbre en la que se han sumido muchos trabajadores se ha extendido a amplias comarcas de Euskadi, que requieren la adopción de las medidas que son posibles desde nuestro ámbito competencial y que deben proporcionar seguridad en esas zonas mediante una reacción de acciones concretas del Gobierno de Euskadi que aún no se han dado y que deberían materializarse a la mayor brevedad.

2016-03-20T23:00:00+00:00

Txarli Prieto San Vicente, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Socialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO, relativa a promover la laicidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

JUSTIFICACIÓN

La laicidad es una seña de identidad que es consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Reivindicaciones históricas como la libertad de conciencia y de cultos, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil y el divorcio, la libertad de investigación, la educación laica y la no imposición de la religión católica en la enseñanza o la coeducación son arduas conquistas de la lucha histórica por la laicidad que hemos protagonizado, y que hoy son patrimonio compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

En la última década, la igualdad de género, la regulación del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la investigación bioética y la educación para la ciudadanía, han topado con fuertes resistencias ante las que hemos reafirmado la libertad de conciencia de los ciudadanos y la soberanía del poder civil frente a imposiciones religiosas.

Para los socialistas, las convicciones de conciencia, religiosas, agnósticas o ateas son asunto privado, de libertad individual. Cada persona es titular del derecho de libertad ideológica y religiosa. Pero el ejercicio de la libertad de conciencia y religiosa tiene una trascendencia pública insoslayable. El hecho religioso contiene dimensiones públicas, sociales, culturales y políticas. Por ello, exige una política, con opciones y propuestas consecuentes, proporcionando garantías y regulando su ejercicio.

La coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso firme con la laicidad del Estado y así debe figurar explícitamente en la Constitución . A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales perviven tres grandes problemáticas cuya revisión deben afrontarse sin dilación: - la asimetría de la arquitectura jurídica del derecho de libertad religiosa, - el trato de favor a la Iglesia católica con discriminación para las minorías, y - la pervivencia de confesionalidad del Estado en actos, símbolos y espacios públicos.

Es por ello que proponemos la supresión de la referencia a la Iglesia Católica del art. 16.3 de la Constitución Española, porque es exigencia del principio de laicidad, terminando así con una mención absolutamente innecesaria y perturbadora desde la perspectiva de la igualdad de las confesiones ante el Estado.

El Estado no puede discriminar a sus ciudadanos por motivos religiosos; su ayuda y cooperación con las confesiones debe hacerse de tal modo que salvaguarde la libertad y la igualdad de todos los grupos religiosos y de los no creyentes. La gestión pública de la diversidad religiosa por parte de Ayuntamientos, Juntas Generales y Comunidades Autónomas es un poderoso instrumento para garantizar en condiciones de igualdad el ejercicio de la libertad de conciencia, religiosa y de culto.

La apertura de lugares de culto, la gestión de los cementerios, las condiciones de la asistencia religiosa en hospitales y residencias o las previsiones urbanísticas deben adecuarse a una ciudadanía diversa y plural, incluyendo en estos mismos espacios a los ciudadanos que no son creyentes.

Por todo ello, proponemos la siguiente Proposición No de Ley para su debate en PLENO:

Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a impulsar una nueva Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que garantice a todas las personas el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa y a la libertad de culto, regulando las relaciones con las diferentes confesiones con el fin estricto de respetar y proteger el derecho individual a la libertad religiosa en pleno cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y no confesionalidad.

Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a aprobar una Ley que establezca criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos, también en el ámbito autonómico, foral y local, para evitar la confusión o la alianza entre la función pública y la religiosa, la confesionalidad y la discriminación respecto de otras confesiones o grupos agnósticos o ateos.

Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a elaborar un protocolo para la organización de actos “in memoriam” de carácter civil promovidos por la autoridades públicas con ocasión de catástrofes, homenajes, fallecimiento de personalidades, atentados, etc.

Conservar los símbolos religiosos institucionales de edificios públicos cuando se encuentren en espacios destinados al culto, o cuando formen parte de los elementos estructurales, estéticos o artísticos de la edificación o monumento. Los demás, previa catalogación y dictamen, se retirarán.

Defender una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y de respeto de las creencias privadas. La escuela debe integrar en su currículo la enseñanza de los valores públicos que consideramos la base de nuestra ciudadanía y que, por ello, han de ser cursados por todo el alumnado. De ahí, que en el modelo de escuela pública no quepa la integración, ni en el currículum ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales. Para ello instamos a promover las reformas del marco legal actual necesarias así como de los acuerdos internacionales.

Rechazar la propuesta actual de la LOMCE sobre valores sociales, culturales y éticos. La formación en contenidos y valores de ciudadanía, no debe plantearse de forma segmentada como se propone actualmente.

Suprimir de los artículos 2 y 206 de la Ley Hipotecaria el privilegio de la inmatriculación de bienes por la Iglesia católica cuando carezca de título escrito de dominio.

Elaborar un censo en colaboración con los Ayuntamientos que se hará público, de los locales, viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI en los municipios de la CAV. Todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tendrán exenciones de impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil.

Incorporar, en la medida de lo posible y escalonadamente, referencias, actos y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial de la CAV.

El Gobierno Vasco creará un Observatorio Autonómico de Laicidad, abierto a la participación de los grupos políticos parlamentarios, asociaciones y entidades de la CAV con el objetivo de promover campañas informativas en el ámbito autonómico dirigidas a toda la ciudadanía, sobre el significado de la Laicidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Tolerancia, la libertad de pensamiento y de conciencia y, por tanto, la libertad religiosa, sobre el principio constitucional: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

2016-03-20T23:00:00+00:00

Jon Azkue Manterola, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate URGENTE EN PLENO, en relación a la elaboración de un Plan de reindustrialización en las comarcas afectadas por la crisis del acero.

JUSTIFICACIÓN

Por todo ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA SU DEBATE URGENTE EN PLENO:

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

2016-03-20T23:00:00+00:00

Jon Azkue Manterola, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO, sobre los estudios en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Portugalete y la impartición de los Grados y Master en lengua inglesa.

JUSTIFICACIÓN

La Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Portugalete imparte los Grados de Marina, Náutica y Transporte Marítimo junto al Master Universitario en Ingeniería Marina y el Master Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo.

Pero el alto nivel de formación de esta escuela no puede quedarse sólo en la impartición de estas materias, tiene que serlo también en el pleno dominio del idioma en el que los futuros profesionales deberán desarrollar su actividad que de manera inexorable será a lo largo y ancho del Mundo.

Es absolutamente necesario, que la Universidad sea cercana al mundo profesional de los alumnos que eligen sus estudios. Las salidas ligadas al mundo profesional de los alumnos de náutica tienen en el inglés su eje central. El mundo profesional de los marinos está directamente ligado a la lengua inglesa tanto en lo barcos como en las empresas navieras, consignatarias, etc. Por ello, es totalmente insuficiente que el inglés sea nada más que una asignatura. Todas la carrera, todas las asignaturas deben desarrollarse en lengua inglesa haciendo de la Escuela de Náutica de Portugalete una escuela de referencia internacional en Europa y una referencia clara para que los alumnos que estudien en la misma sean referentes en el mundo laboral marítimo.

Los alumnos vascos que se matriculan en náutica han desarrollado ya su conocimientos en los dos idiomas oficiales y sumar al euskera y al castellano, el inglés es no sólo un enriquecimiento idiomático, sino garantizarles su salida profesional, haciendo que nuevamente los vascos y las vascas sean referentes mundiales como en siglos anteriores en el mundo de la mar.

Que los estudios de Náutica en sus grados y masters se imparta en inglés, va a hacer que los alumnos puedan acceder a conocimientos de profesores de renombre de todo el mundo, haciendo así que sea normal que alumnos de Náutica de otros países puedan realizar lo que hoy no se da y es que su programa de Erasmus le haga conocer y enriquecer Portugalete, Bizkaia y todo el País Vasco.

Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEYpara su debate y aprobación en PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco a que, a partir del curso 2022-2023 los Planes de estudio de los grados y masters de la Escuela Superior de Náutica sean impartidos exclusivamente en Inglés.

2016-03-16T23:00:00+00:00

José Antonio Pastor Garrido, portavoz del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO, sobre elaboración de un censo de viviendas afectadas por deslizamientos del terreno en Euskadi.

JUSTIFICACIÓN

La escarpada orografía de gran parte del territorio de Euskadi, unida a la escasez de suelos urbanizables en muchos municipios y a la en ocasiones deficiente planificación de la construcción, hace que haya en nuestro territorio numerosos inmuebles que se ven amenazados por desprendimientos de rocas o deslizamientos del terreno.

El caso de la ladera de Kamiñalde, que afecta a 180 viviendas del barrio del mismo nombre de Ondarroa, ha vuelto a poner de manifiesto la gravedad de este problema, que pone en jaque la seguridad de muchas familias y la integridad de sus viviendas, con todo lo que ello implica. Pero antes del desalojo masivo de Ondarroa, se han producido problemas de este tipo en otras muchas localidades de la Comunidad Autónoma.

Sin hacer un repaso exhaustivo, tan solo en los seis últimos años se han registrado daños o alarmas por caídas de rocas o deslizamientos de laderas en las localidades de Ordizia, Plentzia, Getaria, Eskoriatza y el barrio bilbaíno de La Peña. Unas circunstancias que se agravan cuando se producen lluvias intensas, tan habituales por otra parte en el País Vasco. Esta realidad, que llevó hace un año al Colegio Oficial de Geólogos del País Vasco a presentar la guía "Riesgo de deslizamiento del terreno. Lo que usted debe saber", obliga a las instituciones a adoptar medidas proporcionadas al problema y que no esperen a que se produzcan los siniestros.

Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEYpara su debate y aprobación en PLENO:

1.- El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a elaborar, en colaboración con Eudel, un censo integral de inmuebles del País Vasco sobre los que existe el riesgo de que sufran la caída de rocas o el deslizamiento de laderas situadas en su proximidad. Este registro deberá estar concluido en el plazo de cuatro meses.

2.- El Parlamento insta al Gobierno vasco, a las Diputaciones Foral y a los ayuntamientos incluidos en dicho censo a realizar planes individuales de evaluación, control y, en su caso, consolidación de los terrenos afectados, como paso previo a realizar las intervenciones que los técnicos consideren convenientes para proteger a las familias y viviendas amenzadas.

2016-03-16T23:00:00+00:00

Txaro Sarasua Díaz, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO, sobre las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de complemento de pensiones.

JUSTIFICACIÓN

En la Circular de 30 de diciembre de 2008, entre otras pensiones, estaba comprendida la “Prestación por Hijo/a a Cargo” con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%, mayor de 23 años, solo cuando la persona era la titular de la prestación.

El artículo 5.4 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos señala que el Gobierno Vasco puede definir nuevos supuestos de Unidad de Convivencia atendiendo a la evolución social y, en particular, a la evolución de los modelos de estructura familiar. La consideración como unidad de convivencia independiente con todas las consecuencias que conlleva no sólo económicas sino también de apoyo, en su caso, para su inserción laboral cumpliría la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el resto de la normativa que la desarrolla, así como los compromisos asumidos en la Estrategia Europea sobre Discapacidad.

En este sentido, Lanbide aprobó el 30 de mayo de 2011, una circular que modifica la anterior, en la relación con la figuraba de Prestación por Hijo/a a Cargo con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%, mayor de 18 años, tanto si la persona es la titular de la prestación como si no lo es por estar legalmente incapacitada. Ambos casos serían considerados pensionistas y, por tanto, unidad de convivencia especial, a efectos de la Renta de Garantía de Ingresos, criterio que ha sido compartido por Lanbide.

En 2014 Lanbide cambia el criterio de interpretación de la circular del 2011, comenzando a considerar únicamente como Unidad de Convivencia de pensionistas a los perceptores de la Prestación por Hijo/a a Cargo, en el caso de que sean huérfanos de padre y madre aunque convivan con hermanos, tanto cuando son titulares de la prestación como cuando no lo son por estar legalmente incapacitados. Al resto de los causantes de la prestación no les considera que tengan derecho al denominado complemento de pensiones por entender que no están comprendidos en el art. 9.2 a) de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social.

Lanbide fija su atención en la titularidad y no en quién es la persona beneficiaria y destinataria, ni tampoco en la naturaleza y finalidad de la prestación.

Y en este sentido es preciso matizar que, la persona causante es siempre quien tiene la discapacidad, y que la persona titular-beneficiaria es el o la progenitor/a, a quien teniendo a su cargo al hijo/a con discapacidad, la Seguridad Social le concede la prestación. Cuando fallecen ambos progenitores la titularidad de la prestación se traslada al hijo/a con discapacidad. Es en ese momento cuando la persona causante de la prestación es, también, la titular de la misma.

Lanbide empieza a comunicar la extinción de las prestaciones de RGI, en la modalidad de complemento de pensiones reconocidas, a las personas que con anterioridad les había reconocido dicha prestación y, en algunos casos, comunica la obligación de devolver las prestaciones económicas de RGI recibidas con anterioridad al cambio de criterio.

Tanto progenitores/as y tutores/as como asociaciones representativas han mostrado su disconformidad y desconcierto por el tratamiento que Lanbide está dando a las personas que teniendo 18 años cumplidos y con una discapacidad reconocida del 65% o más, que siendo causantes aunque no titulares de la prestación económica de denominada “Asignación por Hijo/a a Cargo”, se les está extinguiendo el derecho a seguir cobrando la prestación de la renta de Garantía de Ingresos.

Muchos de estas personas, han presentado quejas en la oficina del Ararteko, quien dicta resolución el 21 de julio de 2015, recomendando a Lanbide la consideración de determinadas personas causantes de la “Asignación por Hijo/a a Cargo” como pensionistas a los efectos del art. 9.2 a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre y que se revisen algunos procedimientos de suspensión y extinción de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de complemento de pensiones.

Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEYpara su debate y aprobación en PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, defina como unidad de convivencia propia, similar a las incluidas en el art. 9.2 a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, a los efectos de dicha Ley a las personas con 18 años cumplidos, con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, y que por ello sean causantes de la prestación económica familiar de la Seguridad Social denominada “Asignación por Hijo/a a Cargo” tanto cuando sean las personas titulares-beneficiarias de la misma como cuando lo sean sus progenitores o bien tutores por estar legalmente incapacitadas.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, revise los procedimientos de suspensión y extinción de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de complemento de pensiones, por no producirse ningún cambio de circunstancias desde su reconocimiento y no haber cumplido las previsiones establecidas para la revisión de los actos administrativos declarativos de derechos, artículos 102-106 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2016-03-14T23:00:00+00:00

Bixen Itxaso González, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos- Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en PLENO, en relación al desarrollo reglamentario del Derecho Subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada y de la nueva Prestación Económica de Vivienda.

JUSTIFICACIÓN

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda reconoce el Derecho Subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada (Art. 7, 8 y 9) y establece que el cumplimiento de este derecho podrá ser reclamado ante el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, y las resoluciones de esta administración serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Art.6)

Asimismo, la Ley dice que la satisfacción del derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada podrá ser realizada por parte de las administraciones públicas vascas con competencia para ello mediante la puesta a disposición, en régimen de alquiler, de una vivienda protegida o de un alojamiento protegido, o incluso de una vivienda libre en caso de su disponibilidad por causa de programas de intermediación u otros, con la renta o el canon que corresponda en cada caso y, en defecto de vivienda o alojamiento, y con carácter subsidiario, esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas.

En la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley se establece el régimen jurídico provisional para el establecimiento y aplicación gradual del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada y se dice, textualmente, lo siguiente:

“Hasta tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la presente Ley, referido a los modos de satisfacción y requisitos de exigencia del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, y desde la entrada en vigor de esta norma legal, se atenderán gradualmente las siguientes situaciones:

a) En el primer año natural a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de la presente ley, tendrán derecho las unidades de convivencia de tres o más miembros, perceptoras de ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que se encuentren inscritas en el registro oficial con una antigüedad de cuatro o más años y como demandantes de alquiler.

b) En el segundo año natural desde la entrada en vigor de esta ley, tendrán derecho, además de las previstas en la letra anterior, las unidades de convivencia de dos miembros, perceptoras de ingresos anuales inferiores a 12.000 euros e inscritas, como demandantes de alquiler, con una antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial correspondiente.

c) A partir del tercer año natural desde la entrada en vigor de esta ley, y además de las previstas en las dos letras anteriores de esta disposición, tendrán derecho las unidades de convivencia compuestas por un miembro, perceptoras de ingresos anuales en cuantía inferior a 9.000 euros e inscritas, como demandantes de alquiler, con una antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial correspondiente”

En relación a la Prestación Complementaria de Vivienda:

El Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la Prestación Complementaria de Vivienda dice textualmente, entre otras muchas cosas, lo siguiente:

“La constitución de la Prestación Complementaria de Vivienda en prestación de derecho –de derecho subjetivo, a tenor de la Ley- la convierte en pieza clave del Sistema y es reflejo directo, en su esencia, de un objetivo específico y expreso del legislador, a saber, articular un sistema de prestaciones económicas de carácter complementario a la Renta de Garantía de Ingresos, que permita a uno de los grupos más vulnerables de la población afrontar los gastos relacionados con la vivienda”

“Interesa señalar que con esta innovación, la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social ampara la prestación complementaria de vivienda en las competencias de asistencia social, integrándola en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, pero lo hace de forma transitoria, aportando una respuesta parcial y temporal a un problema de corte estructural, en tanto no se articulen, en el marco de la política pública de vivienda, medidas análogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos”

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda recoge en su Disposición Adicional Segunda lo siguiente:

“Corresponde al departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco el ejercicio de las competencias que se reconocen a la Administración general de la Comunidad Autónoma en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en materia de prestación complementaria de vivienda”

La Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016 dice en su Disposición Adicional Séptima lo siguiente:

“Durante el ejercicio 2016, la cuantía máxima de la prestación complementaria de vivienda dirigida a cubrir los gastos de alquiler de vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje o alquiler de habitaciones, será de 250 euros mensuales, sin posibilidad de incremento alguno por ninguna circunstancia.

El régimen previsto para la prestación complementaria de vivienda en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en relación con el establecimiento, con carácter subsidiario, de un sistema de prestaciones económicas, aplicándose transitoriamente dicho régimen y procedimiento de concesión a aquellas personas que pudieran ser beneficiarias de una prestación económica de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

Una vez en vigor las disposiciones reglamentarias a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se dejarán de reconocer nuevas prestaciones complementarias de vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

En todo caso, durante el ejercicio 2016, la cuantía de dicha prestación económica de vivienda será de 250 euros mensuales”

Por tanto, a tenor todo la anteriormente expuesto, es obvio que la PCV se configuró legalmente como un instrumento transitorio hasta contar con otro marco integral en políticas públicas de vivienda, aportando una respuesta parcial y temporal a un problema de corte estructural, en tanto no se articulen, en el marco de la política pública de vivienda, medidas análogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Y este marco, lo ofrece de forma integral la Ley 3/2015 que, además de ofrecer un marco nuevo para desarrollar políticas de vivienda cuyo eje central sea la función social de la misma, ofrece la opción de desarrollar los modos de ejercicio del derecho subjetivo a la vivienda.

Ciertamente esta misma Ley establece un régimen transitorio para determinar quiénes pueden tener un derecho subjetivo a la vivienda de forma progresiva en tres años, siempre y cuando no se produzca la regulación reglamentaria que desarrolle el capítulo II de la misma sobre el derecho subjetivo. Del mismo modo, la Ley presupuestaria establece el nexo, igualmente transitorio, entre la PCV y los derechos reconocidos por la Ley de Vivienda.

Este estado transitorio ha de tender a su desaparición a través de la asunción por parte del Gobierno de su responsabilidad en el desarrollo reglamentario que establezca tanto las condiciones y requisitos al Derecho Subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada como del establecimiento, con carácter subsidiario, de un sistema de prestaciones económicas.

Durante el mes de enero, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales expuso a debate público en Irekia un borrador de Decreto, que a fecha de hoy, debería encontrarse en la misma plataforma en fase de conclusiones y no lo está, y que supone, en nuestra opinión, un claro recorte de los derechos de las personas al no contemplar una serie de previsiones y excepciones que la regulación de la PCV sí contemplaba para dar respuesta a situaciones de especial vulnerabilidad.

El Grupo Socialistas Vascos – Euskal Sozialistak ha defendido la desvinculación de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda, y que esta última debía vincularse al resto de políticas de vivienda y por tanto gestionarse por el Departamento competente en esta materia.

Pero esta desvinculación no puede ser aprovechada para restringir derechos ya existentes sino para mejorar y consolidar el modelo social existente en Euskadi.

Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEYpara su debate y aprobación en PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a asegurar que el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda respetará en su integridad el espíritu de la misma, que no es otro que el de garantizar el derecho a acceder a la ocupación legal estable de una vivienda digna y adecuada, a aquellas personas que carecen de los recursos económicos precisos para conseguir una, y subsidiariamente mediante prestaciones económicas.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a garantizar, que ni el cumplimiento de la Ley Presupuestaria 9/2015 ni los desarrollos reglamentarios previstos en la Ley 3/2015 de Vivienda en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo a una vivienda digna en su modalidad de prestación económica, supondrán, ni en requisitos, ni en cuantías, ningún recorte sobre lo que en la actualidad está regulado para la Prestación Complementaria de Vivienda; y en todo caso, el Decreto que lo desarrolle se ampliará según el sentido y literalidad de la nueva Ley de Vivienda.

2016-03-14T23:00:00+00:00

Mikel Unzalu Hermosa, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate EN PLENO, en relación a la participación ciudadana en la reforma de EITB.

JUSTIFICACIÓN

El Pleno del Parlamento Vasco, en su sesión del 7 de mayo de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“El Parlamento Vasco aprueba firmar un convenio con la EHU/UPV para que ésta diseñe y entregue, antes del inicio del próximo período de sesiones, una metodología para implementar un proceso participativo, que implique a todos los agentes que puedan aportar en la definición y/u orientación del modelo de Radio Televisión Pública Vasca.

El Parlamento Vasco creará antes de la finalización del actual período de sesiones una Comisión Especial, que siguiendo la metodología de proceso participativo diseñado por la EHU/UPV siente las bases de la reforma de EiTB. Dicha comisión presentará un dictamen con las conclusiones antes de finalizar el primer trimestre de 2016 a fin de emprender las iniciativas de reforma.”

En cumplimiento de este mandato, la Comisión especial quedó oficialmente constituida el 4 de junio, y de forma paralela la Mesa del Parlamento inició el procedimiento para la firma del convenio con la UPV/EHU que debía realizar el trabajo previo encomendado, que fue finalmente remitida a la Cámara a principios de febrero de 2016.

El modelo propuesto por los profesores universitarios plantea una reflexión sobre las necesidades de reforma que están en la misma línea de las que motivaron la iniciativa socialista que dio lugar a la creación de la Comisión. Además, propone una serie de actuaciones que den cauce real a la participación ciudadana, que ya se ha puesto en práctica en otras ocasiones, como fue en el proceso de elaboración de la Ley de Vivienda por parte del anterior Gobierno Socialista, que incluso mereció un reconocimiento expreso de Naciones Unidas.

Sin embargo, la dinámica de trabajo propuesta limita las posibilidades de actuación de esta Cámara en los plazos fijados inicialmente, con la realización de varios sondeos cualitativos previos y la celebración de diversos tipos de encuentros, y sitúa el final de

las tareas en 16 meses, en mayo de 2017, fuera ya de la actual legislatura y, por tanto, de la competencia de la Comisión Especial y de esta misma Cámara. Además, requiere una serie de decisiones previas por parte de la Mesa para regular la forma de garantizar esa participación con mecanismos, como las encuestas, que no están entre las funciones de este Legislativo, pero que sí es posible darles cauce a través de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno.

Por ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate EN PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, a través de los mecanismos ya previstos presupuestariamente para la realización de encuestas y para activar mecanismos de participación ciudadana, dé inicio a las tareas apuntadas en el informe académico, a fin de que ese trabajo sirva de base para recuperarse institucionalmente la próxima legislatura, desde la convicción ampliamente compartida, tanto por los diferentes partidos como por los expertos, de la necesidad de abordar una reforma integral del servicio público de radiotelevisión vasca.

Retirada del Contrato programa de EITB para el periodo 2016-2019.

2016-03-14T23:00:00+00:00

Mikel Unzalu Hermosa, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO, en relación a la retirada del Contrato programa de EITB para el periodo 2016-2019.

JUSTIFICACIÓN

El pasado 25 de febrero el Gobierno Vasco y la Dirección General de EITB suscribieron el Contrato Programa que debe regir la financiación del ente público en el periodo 2016-2019, fijando para ello objetivos y compromisos. El Grupo Parlamentario “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” defiende la fórmula del Contrato Programa, al punto de defender una reforma legal que, entre otras cuestiones, ese documento sea ratificado por mayoría cualificada del Parlamento Vasco, y garantice un sistema de financiación transparente, sostenible y eficiente, mixto pero con hegemonía pública; así como el establecimiento de compromisos y de sistemas de evaluación y cumplimiento periódicos.

Frente a este criterio, el contrato programa ahora suscrito no sólo no se ha intentado acordar, aun no habiendo ahora una obligación legal, para obtener el máximo respaldo y la suficiente estabilidad, sino que pretende condicionar los presupuestos públicos y el propio modelo de servicio público de radiotelevisión para un periodo posterior al mandato del Gobierno y Dirección que la suscriben.

No sólo eso, sino que este Gobierno y esta Dirección prescinden de la opinión ampliamente avalada por el Parlamento Vasco, con la única excepción del Grupo que apoya a este Ejecutivo y esta Dirección, sobre la necesidad de una reforma profunda del modelo de radiotelevisión, no sólo por el rotundo fracaso de la gestión actual, sino porque es lo que se está haciendo en otros servicios públicos de nuestro entorno.

Por ello, y tras constatarse en la Comisión de Control de EITB del pasado 2 de marzo, que hay una mayoría de grupos que mantienen la necesidad de cualquier revisión previa del modelo para fijar después las necesidades de financiación, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno:

El Parlamento Vasco pide al Gobierno Vasco que retire el Contrato Programa para EITB para el periodo 2016- 2019 y lo reformule para ajustarlo estrictamente a lo que resta del actual ejercicio.

2016-03-09T23:00:00+00:00

JUSTIFICACIÓN

Es evidente que la sociología de los pueblos y ciudades de nuestra Comunidad Vasca, ha venido cambiando a lo largo de estos últimos años. La población de origen extranjero es bienvenida entre nosotros y trabajamos por la integración y confluencia cultural con gusto, si bien hay instituciones que por su naturaleza vienen haciendo un mayor esfuerzo que otras al servicio de este objetivo. De entre ellas la Escuela es la fundamental.

La Escuela tiene que ser una réplica de nuestra sociedad, que cada vez es más diversa en su composición, y que tiene como una de sus funciones esenciales enseñar a los alumnos y alumnas a convivir con los demás, más allá del origen, raza, lengua o religión que tengan.

Recientemente, se ha denunciado con fuerza, y por parte de padres y madres de la Escuela Pública, la falta de equidad en la distribución del alumnado de origen extranjero entre la Red Pública y la Red Concertada, subrayando la concentración de niños y niñas con lenguas y culturas diferentes en las aulas públicas.

En la ciudad de Eibar, este mismo desequilibrio se está produciendo dentro, incluso de la propia Escuela Pública Vasca, porque mientras centros educativos de primaria, como Amaña, Arrateko Andra Mari, San Andrés y Urkizu, mantienen una media de más de un 28% de alumnado de origen extranjero, Mogel apenas cuenta con un 1,76%.

Si este desequilibrio no es aceptable entre las Redes Pública y Concertada, tampoco ha de serlo en el interior de la Red Pública por ser injusto que quien tiene los mismos derechos, no comparta las mismas obligaciones; porque, además, ha de cumplirse el objetivo educativo principal de cultivar la convivencia entre diferentes para lograr una sociedad intercultural y porque además barreras selectivas por mor de raza, lengua o religión, están expresamente prohibidas por la Ley.

Por todo ello, proponemos la siguiente Proposición No de Ley para su debate en PLENO:

El Parlamento Vasco, insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a adoptar medidas que permitan lograr un mayor equilibrio en la distribución del alumnado de origen extranjero en los centros educativos vascos.

A tal fin, el Parlamento Vasco, insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, a la fusión para el Curso 2017 – 2018 de los dos Institutos Públicos de Educación Secundaria Obligatoria de Eibar: Itzio y Mogel – Isasi con el fin de disponer de una única Escuela Pública Vasca de Secundaria inclusiva, plural y democrática, con el euskera como lengua preferente y abierta, a otras lenguas extranjeras, como el inglés.

Este proceso de fusión se hará, como en otras muchas ocasiones, respetando los derechos laborales de todos los profesionales y conforme a la propuesta realizada por la Delegación de Educación de Gipuzkoa el 5 de noviembre de 2015.

2016-03-09T23:00:00+00:00

JUSTIFICACIÓN

En relación a la Prestación Complementaria de Vivienda:

El Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la Prestación Complementaria de Vivienda dice textualmente, entre otras muchas cosas, lo siguiente:

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda recoge en su Disposición Adicional Segunda lo siguiente:

La Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016 dice en su Disposición Adicional Séptima lo siguiente:

En todo caso, durante el ejercicio 2016, la cuantía de dicha prestación económica de vivienda será de 250 euros mensuales”

Pero esta desvinculación no puede ser aprovechada para restringir derechos ya existentes sino para mejorar y consolidar el modelo social existente en Euskadi.

Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEYpara su debate y aprobación en PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a asegurar que el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda respetará en su integridad el espíritu de la misma, que no es otro que el de garantizar el derecho a acceder a la ocupación legal estable de una vivienda digna y adecuada, a aquellas personas que carecen de los recursos económicos precisos para conseguir una, y subsidiariamente mediante prestaciones económicas.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a garantizar, que ni el cumplimiento de la Ley Presupuestaria 9/2015 ni los desarrollos reglamentarios previstos en la Ley 3/2015 de Vivienda en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo a una vivienda digna en su modalidad de prestación económica, supondrán, ni en requisitos, ni en cuantías, ningún recorte sobre lo que en la actualidad está regulado para la Prestación Complementaria de Vivienda; y en todo caso, el Decreto que lo desarrolle se ampliará según el sentido y literalidad de la nueva Ley de Vivienda.

2016-03-01T23:00:00+00:00

Mikel Unzalu Hermosa, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO, sobre la conveniencia de retirar para su negociación y mejora el Proyecto de Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

JUSTIFICACIÓN

El pasado 27 de julio de 2015, el Gobierno Vasco aprobó en Consejo de Gobierno, el Proyecto de Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, que fue remitido a este Parlamento el 23 de septiembre.

Este proyecto tuvo una contestación inmediata y rotunda por parte de los profesionales del sector, y se generó una cierta alarma social, que produjo la adhesión de más de 35.000 ciudadanos y ciudadanas de Euskadi a la Plataforma ciudadana “No precaricen los servicios de bomberos del País Vasco”.

En cumplimiento de la regulación prevista en el Reglamento de esta Cámara para los Proyectos de Ley, y dentro del plazo estipulado, el Grupo Parlamentario “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, solicitó varias comparecencias , entre ellas las de varios sindicatos representativos del sector.

Por ello, y tras las comparecencias sustanciadas en la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia de este Parlamento, los días 3 y 24 de febrero a petición de varios Grupos Parlamentarios, han sido ya cuatro organizaciones sindicales representativas del sector y la Plataforma ciudadana antes mencionada, quienes han expresado sus opiniones respecto al Proyecto de Ley.

En todos los casos los comparecientes, han coincidido en críticas sustanciales al Proyecto de Ley, así como al proceso de elaboración del mismo. Entre ellas se encuentran la falta de negociación y escucha previa al colectivo de profesionales, a pesar de que el Consejo Económico y Social lo defendía; la falta de definición de las funciones de los bomberos, lo que podría derivar hacia otros modelos de prestación del servicio público; la aparición de figuras como el bombero auxiliar y el bombero voluntario; la falta de homogeneidad en la prestación del servicio en toda la Comunidad Autónoma Vasca y otras muchas.

Por nuestra parte, partiendo de la premisa de la necesidad de una Ley que regule todos los aspectos relativos a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, consideramos que el proyecto en cuestión adolece de importantes limitaciones, faltas de concreción y ausencias que degradan el proyecto, todo ello unido al fuerte rechazo que causa la misma entre los profesionales de dicho sector y el descontento causado entre la ciudadana nos impulsa a presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate EN PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a retirar del trámite parlamentario el Proyecto de Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, una vez retirado el Proyecto de Ley cree una Mesa de Negociación con los representantes sindicales de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento en la que éstos puedan expresar sus opiniones con el objetivo de incorporar modificaciones que mejoren el presente Proyecto de Ley.
El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, establezca relaciones con Plataformas y otras iniciativas ciudadanas, si las hubiere, a fin de que puedan hacer llegar sus aportaciones que permitan mejorar el presente Proyecto de Ley.

2016-02-23T23:00:00+00:00

Patxi Elola Azpeitia, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate en la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial, en relación a la valoración de medidas que mejoren el uso y acceso al tranvía en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

JUSTIFICACIÓN

El 22 de enero de 2016, la Comisión de Transportes, Movilidad y Cohesión de las Juntas Generales de Bizkaia reclamó la instalación de canceladoras en el interior de las unidades del tranvía de Bilbao, puesto que actualmente la empresa que gestiona el mismo sólo permite cancelar los billetes en las paradas.

La solicitud adquiere pleno sentido por una razón fundamental, como es facilitar la accesibilidad a todos los usuarios, porque en la actualidad tanto personas ancianas como personas de movilidad limitada tienen dificultades de validación. Pero también ocurre que los visitantes desconocen la existencia de esas canceladoras en parada y que suelen detectarse problemas en la comprensión del sistema de obtención de los tickets.

Ese problema que se ha puesto de manifiesto en Bilbao consideramos que puede ser extensible a Vitoria, donde Euskotran gestiona un sistema similar. Por ello, parece razonable que esa mayor accesibilidad sea extensible a la capital alavesa y que, por tanto, el Gobierno Vasco analice la colocación de esas validadoras dentro de los vagones.

Por todo ello, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial del uso del tranvía, convirtiéndose en uno de los medios de transporte público más utilizado, por su puntualidad, agilidad y fácil acceso sobre todo para personas de movilidad reducida, complementando la variada oferta de transporte público existente y siendo este Grupo consciente de la problemática suscitada en cuanto al acceso al mismo y la complejidad de las máquinas expendedoras, es por lo que este Grupo Parlamentario, plantea la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en COMISIÓN:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco, a la elaboración de un estudio valorativo, en el plazo de 2 meses, sobre el coste y necesidad de modificar las actuales máquinas expendedoras colocadas en las marquesinas de los tranvías de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el fin de simplificar el procedimiento establecido para la obtención de billete de transporte, facilitando el uso por parte turistas, ancianos y demás colectivos con dificultades.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a, realizar las gestiones oportunas para la colocación de canceladoras en el interior de las unidades del tranvía de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la revisión de las máquinas expendedoras con el objetivo de que sean más claras.

2016-02-23T23:00:00+00:00

Jon Azkue Manterola, Parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Socialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO, sobre la necesidad de elaborar un Plan de encuentro con el tejido empresarial para facilitar el acceso a los programas europeos de financiación.

JUSTIFICACIÓN

El pasado mes de Julio, los Europarlamentarios Socialistas, remitieron al Lehendakari Urkullu, una comunicación referida al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. Este Fondo está vinculado a la reorientación de la política económica europea hacia el crecimiento y la inversión; y permitirá movilizar al menos 315.000 millones de euros en inversiones adicionales en la economía real a lo largo de los tres próximos años.

En la respuesta que ofreció, el propio Lehendakari se afirmaba que, "este Gobierno ha iniciado los trabajos necesarios para organizar y estructurar una planificación que permita seleccionar y priorizar, las iniciativas estratégicas de este país que puedan formar parte de la lista de proyectos a financiar por el FEIE y por tanto de atraer financiación privada".

Este Parlamento, en el Pleno monográfico celebrado el 21 de Noviembre de 2014, para establecer una estrategia integral sobre paro y pobreza, 101180021, acordó entre otras, la siguiente resolución:

“El Parlamento insta al Gobierno a que, establezca los medios para conocer y estudiar en profundidad las diferentes líneas y programas europeos, prestando especial atención a la posibilidad de financiar con ellas políticas sociales y laborales; así mismo le insta a que financie con mayor intensidad, mediante los programas que en la actualidad financia Europa -Feder o Fondo Social Europeo, por ejemplo-, las políticas sociales y de empleo”

Teniendo en cuenta la situación de dificultad por la que atraviesa el tejido empresarial vasco, ante los cierres o expedientes de regulación que vienen aconteciendo, consideramos importante lo que este fondo europeo pudiera aportar a las empresas vascas que pudieran adherirse al mismo, que en muchas ocasiones desconocen incluso esta disponibilidad financiera.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación en PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a, establecer en el plazo de un mes, un Plan específico de encuentros con el tejido empresarial vasco para facilitarles el acceso a los distintos programas europeos, con el fin de que puedan acceder a los fondos económicos y a cualquier otro mecanismo de apoyo a su actividad.

2016-02-07T23:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en PLENO, relativa a la presentación de un Plan Estratégico para la Escuela Pública Vasca.

JUSTIFICACIÓN

La Escuela Pública Vasca es el núcleo central del sistema educativo vasco, es el instrumento del que disponen las administraciones públicas para hacer efectivo el derecho a la educación de todo el alumnado en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco es el responsable del conjunto de la educación vasca, pero es además el gestor directo de los centros de titularidad pública, de la organización de sus centros, de la gestión del profesorado y de los recursos materiales necesarios para su correcto funcionamiento. Así mismo, debe responder directamente de los resultados obtenidos e impulsar Planes de Mejora que garanticen la equidad y excelencia de la educación recibida en sus centros.

La gestión educativa es ciertamente compleja y debe afrontar múltiples aspectos que deben ser atendidos simultáneamente, como la mejora de resultados educativos, la atención a todo el alumnado, incluido el de origen extranjero, el acoso escolar, los planes de inclusividad e igualdad, los equipos docentes, el mejor aprovechamiento de las tecnologías digitales, el paso de un sistema educativo bilingüe a otro trilingüe con el inglés como lengua vehicular y otros.

La eficacia del tratamiento de todos estos aspectos, mejora sustancialmente si en vez de ser tratados de forma aislada e inconexa son incorporados a un Plan Estratégico para la Escuela Pública Vasca que marque claramente el camino y permita un procedimiento más globalizado, más coordinado y mejor comprendido por el conjunto de la Comunidad Educativa Vasca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco a, presentar en el plazo de dos meses un Plan Estratégico para la Escuela Pública Vasca, como titular de la misma, que eleve sus expectativas, la fortalezca y posibilite la mejora de estos centros que escolarizan al alumnado con mayores dificultades y atienden, en mucha mayor medida, todas las necesidades educativas de la Comunidad Autónoma Vasca.

Además de otros aspectos, dicho Plan incluirá un calendario detallado de la situación del alumnado extranjero en la red pública (flujos, reparto entre redes, criterios de escolarización del alumnado de reciente incorporación…), un calendario de reducción de las tasas de concentración del alumnado extranjero en la escuela pública y un informe de los recursos humanos y materiales empleados para atender a este alumnado, así como un incremento de los mismos en el caso de que fuera necesario.

Incluirá también un conjunto de medidas para mejorar la estabilidad de los equipos docentes y sus direcciones, reduciendo los elevados índices de interinidad del profesorado.

Asimismo, contendrá un plan de evaluación e investigación del sistema educativo, en el que, tal y como solicitó el pleno del Parlamento Vasco, se preste una especial atención al desarrollo y perfeccionamiento de la Evaluación de Diagnóstico en 4ª curso de Educación Primaria y en 2º de la ESO, como modelo propio de evaluación externa, se refuercen los procesos de mejora permanente de los resultados en los centros educativos y de forma especial aquellos centros públicos con mayores dificultades, y se renueve la implicación, coordinación y colaboración de todos los servicios.

Igualmente dicho plan deberá incluir un calendario de generalización integral y progresiva del Trilingüismo, dado que no es de ninguna manera justificable que la extraordinaria mejora que se produce cuando el inglés u otra lengua extranjera se convierte en lengua vehicular no llegue por igual a todo el alumnado. De manera urgente, se deberán tomar las medidas necesarias para que el próximo curso 2015-16 al menos una de las materias de 4º curso de Educación Primaria se imparta en inglés en todos los centros educativo

2016-01-12T23:00:00+00:00

Patxi Elola Azpeitia, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate en Pleno, en relación al anuncio de apertura “sin mayor dilación” del Túnel del Serantes y el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria.

JUSTIFICACIÓN

El Boletín Oficial del Estado nº 285 de 28 de Noviembre de 2015, publicó el anuncio del Ministerio de Fomento, por el que se somete a información pública el estudio informativo de la Variante Sur de Bilbao, por un periodo de 30 días hábiles, al objeto de formular observaciones sobre la concepción global del trazado en la medida que afecte al interés general y sobre el impacto ambiental.

Así mismo, en fechas recientes y a través de los medios de comunicación, hemos conocido la intención del Partido Popular de proceder a la apertura del túnel del Serantes "sin mayor dilación" para que los trenes de mercancías comiencen a salir del Puerto de Bilbao a través de la Línea 2 de Cercanías Renfe.

Desde nuestro punto de vista, afirmaciones como las realizadas en relación a la inminente apertura del túnel del Serantes, demuestran un desprecio absoluto hacia las vecinas y vecinos de Margen Izquierda y Zona Minera que sufrirán las consecuencias, así como una falta de respeto a los acuerdos alcanzados sobre este asunto entre instituciones, partidos políticos y colectivos vecinales afectados.

La posición del PSE-EE (PSOE) es clara y manifiesta. Este Grupo Parlamentario ha tenido la oportunidad de defender, en diversas ocasiones a lo largo de la presente legislatura, la no apertura del Túnel del Serantes hasta finalizar la construcción de la Variante Sur Ferroviaria, llevando esta posición incluso a las Cortes Generales.

Pero dicho esto, este Grupo Parlamentario, no puede sino mostrar su alarma ante el proyecto planteado por el Ministerio de Fomento en relación a la construcción de la variante sur ferroviaria. El proyecto planteado por el Ministerio de Fomento, que se encuentra en fase de exposición pública, varía sustancialmente el proyecto originario

–se inclina por la conexión Olabeaga– causando la oposición, compartida por este Grupo Parlamentario, de vecinos/as, asociaciones y ayuntamientos afectados, así como la denuncia de un escaso margen temporal para la presentación de alegaciones al mismo y del insuficiente estudio medioambiental realizado.

Por todo ello, es por lo que este Grupo Parlamentario plantea la siguiente Proposición No de Ley para su debate en Pleno:

1.- El Parlamento Vasco muestra su rechazo a la propuesta de estudio informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao realizado por el Ministerio de Fomento.

2.-   El Parlamento Vasco rechaza firmemente la puesta en funcionamiento del túnel del Serantes y el consiguiente paso de trenes de mercancías procedentes del puerto de Bilbao por la línea 2 de  Cercanías Renfe e insta al Gobierno Vasco a manifestar al Gobierno de España esta oposición.

3.- El Parlamento Vasco reclama del Ministerio de Fomento el respeto del consenso alcanzado entre instituciones, partidos políticos  y colectivos vecinales, respecto a la posible puesta en  funcionamiento del túnel del Serantes y exige que, en cualquier caso, inicie un  proceso de conversaciones con los ayuntamientos afectados, para que pueda tener información de primera mano sobre los inconvenientes que implicaría la apertura inmediata del túnel del Serantes.

4.- El Parlamento Vasco reclama del Ministerio de Fomento el impulso de la construcción de la variante sur ferroviaria sobre las bases de un proyecto que contemple garantías medioambientales suficientes, así como ofrezca garantías suficientes a los ayuntamientos y vecinos de la zona afectados por este proyecto.

5.- El Parlamento Vasco se suma a la petición realizada por los ayuntamientos y asociaciones afectadas que reclaman al Ministerio de Fomento la ampliación del plazo para presentar alegaciones al proyecto planteado por el Ministerio en relación a la construcción de la variante sur ferroviaria.

6.- Del presente acuerdo se remitirá copia al Ministerio de Fomento, Presidencia del Gobierno y Mesas del Congreso de los Diputados y Senado.

2015-11-04T23:00:00+00:00

Txaro Sarasua Díaz, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate EN PLENO, sobre el establecimiento de una cuota social para la devolución de las prestaciones sociales percibidas indebidamente.

JUSTIFICACIÓN

Lanbide en septiembre de 2014, envió a los domicilios particulares de 10.000 personas perceptoras de RGI una comunicación, masiva e indiscriminada y sin acuse de recibo, en la que se reclamaba cantidades pagadas de forma indebida, sin especificar los motivos concretos que originan dichos pagos indebidos; tan solo se indicaba la cantidad a devolver y las opciones de cancelación de la deuda, sin tener en cuenta la situación particular de cada una de estas personas, si estaban en riesgo de exclusión social, si contaban con escasos recursos económicos y si sus únicos ingresos son precisamente prestaciones sociales.

Lanbide reclama cantidades a miles de personas que han estado cobrando más de lo que les correspondía sin saberlo, y que ahora después de mucho tiempo se les requiere la devolución sin demasiadas explicaciones y sin tener en cuenta que muchas tienen serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, incluso en algún caso, se reclama a personas que han fallecido o herederas de personas fallecidas.

El Sr Aburto, en respuesta a una pregunta oral del Grupo Socialista en el Pleno de Control del 3 de Octubre de 2014 , en calidad de Consejero de Empleo y Políticas Sociales, reconoció que las cartas enviadas eran una comunicación de carácter meramente informativa, previo al inicio de la instrucción del procedimiento de reintegro de los pagos indebidos, lo que no permitió abrir plazos de subsanación, ni trámites de audiencia, ni ejercer ninguno de los derechos que permite un procedimiento administrativo. Reconoció asimismo que “se generó alarma entre las personas que recibían esas cartas, que se produjeron defectos en la implantación de un sistema de atención telefónica, que se cometieron errores porque los programas informáticos no son perfectos y porque los procedimientos no puede prever todas y cada una de las situaciones diferentes y cambiantes de familias y personas”.

En el artículo 57 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, se establece el procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidas, no instaura un plazo determinado para realizar ese reintegro, únicamente establece que la cuantía mensual a descontar para el reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente no puede representar más del 30% de los ingresos previstos de la persona interesada y de su unidad de convivencia durante el periodo de tiempo que dure el proceso.

Representantes de la Plataforma de Afectados por Lanbide explicaron en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda celebrada el día 16 de marzo de 2015, que LANBIDE viene aplicando de forma mecánica la cantidad máxima del 30% de los ingresos de las personas afectadas en la devolución de los pagos indebidos, sin tener en cuenta la situación particular de cada persona afectada, causando situaciones de verdadera desesperación a las personas que no pueden hacer frente a esa devolución.

Solicitaron la creación de una cuota social para la devolución de los pagos indebidos, atendiendo a la situación particular de cada persona, hasta completar la devolución de las cantidades adeudadas.Petición, que trasladaron al Consejero de Empleo y Políticas Sociales, en la reunión que mantuvieron con el Sr Toña el 22 de julio de 2015. Fruto de ese encuentro el Departamento se comprometió a estudiar y en su caso poner en marcha la cuota social para el mes de octubre del presente año.

Asimismo en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en la sesión celebrada el día 15 de junio de 2015 se aprobó una PNL sobre la atenuación de los efectos de los pagos erróneos realizados por Lanbide, en la que se instaba al Gobierno Vasco a que, en el caso de que realmente los pagos indebidos sean responsabilidad de Lanbide, habilite los procedimientos necesarios que minimicen los efectos de dichos errores (entre otros, que suspenda el pago hasta un mejor momento, que aplace la devolución de las cantidades, o que fije una cuota social mensual, cuya cantidad básica sea 30 euros mensuales), atendiendo para ello la solicitud de la persona afectada o informe de los servicios sociales de base y teniendo en cuenta la situación económica de la unidad de convivencia, de manera que las familias puedan llevar una vida digna y cubrir las necesidades básicas".

Lo cierto es que a día de hoy nada de esto se ha hecho efectivo, y seguimos conociendo casos de personas a las que Lanbide retiene la cantidad máxima del 30% de las prestaciones sociales que perciben, para la devolución de los pagos indebidos, sin tener en cuenta su situación particular y causando situaciones de verdadera desesperación porque no pueden hacer frente a sus necesidades básicas.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la Cámara la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:

“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, de manera inmediata y sin demora habilite los procedimientos necesarios que minimicen los efectos de las devoluciones de las prestaciones percibidas indebidamente, (entre otros, que suspenda el pago hasta un mejor momento, que aplace la devolución de las cantidades, o que fije una cuota social mensual, cuya cantidad básica sea 30 euros mensuales), atendiendo para ello la solicitud de la persona afectada o informe de los servicios sociales de base y teniendo en cuenta la disponibilidad económica y situación familiar de cada una de las personas afectadas, de manera puedan llevar una vida digna y cubrir las necesidades básicas.”

2015-11-01T23:00:00+00:00

Jon Azkue Manterola, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en PLENO, relativa a la conmemoración del V Centenario de la vuelta al mundo finalizada por el marino getariarra Juan Sebastián Elkano.

JUSTIFICACIÓN

EL 22 de Marzo de 1519, partía desde Sevilla hacia Sanlúcar de Barrameda, la expedición dirigida por Fernando de Magallanes, compuesta por 5 buques y 234 hombres. El 20 de Septiembre de 1519, zarpó la flota desde Sanlúcar de Barrameda.

El 6 de Septiembre de 1522, la Nao Victoria, al mando de Juan Sebastián Elkano y con una total de 18 tripulantes, arribó a Sanlúcar de Barrameda, habiendo completado la primera circunnavegación.

Los tripulantes que dieron la vuelta al mundo eran naturales de Getaria, Axio, Rodas (2), Bermeo, Vicenza, Savona, Mérida, Nauplia, Huelva (2), Sevilla, Bayona (2), Aquisgrán, Bilbao, Cueto y Baracaldo.

La gesta realizada por los tripulantes de la Nao Victoria fue una hazaña de escala europea que la propia Unión Europea debe incluir en su acervo cultural y reconocerla como parte de su patrimonio inmaterial común. Celebrar, rememorar este hito histórico resulta imprescindible para que Getaria, Gipuzkoa y Euskadi se sitúen en el escenario europeo y mundial, en el que dar a conocer y compartir nuestra riqueza cultural y desarrollar múltiples fórmulas de promoción económica y turística que redundarán en beneficio del conjunto de la ciudadanía vasca.

Debemos establecer para ello, un programa de conmemoraciones a realizar en las ciudades en las que se inició la expedición de la Nao Victoria, y que abarquen también Sabrosa (Portugal), lugar de nacimiento de Fernando de Magallanes, así como aquellos puertos a los que arribó la expedición.

Nos encontramos ante un período de tres años en los que nuestra apuesta clara y firme ha de ser encontrar una ubicación lógica en el mundo globalizado. Y la celebración del V Centenario de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elkano, se presenta como una oportunidad ineludible para promocionar Euskadi desde el punto de vista cultural, económico y turístico dentro y fuera de Europa.

Por ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco, a que elabore un programa conmemorativo del V Centenario de la Vuelta al mundo de Juan Sebastián Elkano, con el fin de que Getaria, Gipuzkoa y Euskadi abran una ventana de reconocimiento europeo y mundial.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco, a que se compartan iniciativas con las poblaciones y territorios que tuvieron que ver con la circunnavegación, y potencie las acciones que se programen.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a involucrar a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cultura del Gobierno de España en la mencionada conmemoración, propiciando los contactos oportunos con la Comisión Europea.

Hospital de Urduliz

2015-10-25T23:00:00+00:00

Proposición No de Ley presentada por los Grupos Bildu y Socialistas Vascos respecto al Hospital de Urduliz

Ver Proposición en fichero adjunto (pdf)

2015-10-13T22:00:00+00:00

Miren Gallástegui Oyarzábal, parlamentaria del Grupo “Socialistas-Vascos-Euskal Sozialistak”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY ante el PLENO, relativa a la derogación de las tasas judiciales a las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones no gubernamentales.

JUSTIFICACIÓN

La Justicia, como pilar básico del sistema democrático, debe estar junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo político dentro de los valores superiores que deben establecer los poderes públicos. Justicia es la séptima palabra de nuestra Constitución y está recogida en los artículos 13 y 14 del Estatuto de Autonomía, por lo cual, tanto el Estado español como Euskadi deben velar por garantizar el acceso a la misma.

La Justicia tiene que ser ejercida por un poder judicial independiente, con medios suficientes para dar el servicio a la sociedad, teniendo un sistema de Justicia gratuita eficiente para las personas necesitadas de ella.

La entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, modificó la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en concreto el artículo 35. Es un hecho que la Ley 10/2012 reimplanta en España las tasas judiciales con un carácter general, tras su supresión por la Ley 25/1986, de 24 de Diciembre, de “Supresión de las Tasas Judiciales”, la cual en su exposición de motivos justificaba tal supresión para propiciar “que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social”.

La Ley 10/2012, en el primer renglón de su Preámbulo, cita a la Ley 53/2002, de 30 de Diciembre como restauradora en España de las tasas judiciales, lo cual no es exacto, puesto que sólo las restableció respecto de empresas y sociedades de elevada facturación, quedando exentas de las mismas la mayoría de entidades y empresas y, lo que es más importante, todas las personas físicas (artículo 35 de la Ley 53/2002). Tampoco Ley 4/2011, de 24 de Marzo, reinstaura con carácter general ninguna tasa judicial salvo para el conocido como “proceso monitorio europeo”, que tiene por objeto la reclamación de deudas transfronterizas. En consecuencia, es la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, la que tras 26 años, reinstaura en España, con carácter general, las tasas judiciales, asignándoles cuantías tan elevadas que más que tener un carácter meramente recaudatorio, parecen pretender un efecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional.

Desde la entrada en vigor de la ley 10/2012, se han interpuesto numerosos Recursos de Inconstitucionalidad, se han planteado numerosas Cuestiones de Inconstitucionalidad, se han instado Recursos de Amparo de justiciables indefensos y la Defensora del Pueblo recomendó su modificación. Por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, se modifica levemente la Ley, rebajando la cuota variable. Justifica dicho Real Decreto que se ha tenido en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, tanto en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, como en otras posteriores, que valida la viabilidad de un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia con cargo a los impuestos y «a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial», pero no tiene en cuenta que el propio Tribunal Constitucional, siguiendo a los Tribunales europeos, sólo admite las tasas cuando por su importe no impiden el acceso a la jurisdicción por motivos económicos y ése ha sido el efecto que ha producido, al no tener en cuenta el establecimiento de las tasas la capacidad económica del sujeto pasivo; según el Tribunal Constitucional “si se mostrase que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide “en la práctica” el ejercicio del derecho fundamental o la obstaculiza en un caso concreto en términos irrazonables, si cabría considerarla como incompatible con el art. 24.1 C.E”.

El Defensor del Pueblo Andaluz, en su informe anual de 2012, concluye que aunque la ley establece determinadas exenciones objetivas de las tasas judiciales en algunas materias y declara exentos de las mismas a las personas a quienes se haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, estima que con la extensa implantación de las tasas en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en el penal, y con la elevada cuantía de las mismas, se podría estar vulnerando el artículo 24.1 de la Constitución Española en cuanto al acceso de todas las personas a la tutela judicial efectiva, o al menos, entorpeciendo el ejercicio de este trascendental derecho de acceso a los juzgados y tribunales.

En su informe de 2013 el Defensor del Pueblo Andaluz indica que “la aplicación de la Ley de Tasas ha confirmado la fuerte oposición de los operadores judiciales, el descontento de los usuarios y los confusos resultados prácticos para mejorar nuestro sistema judicial. El alcance de las medidas que esta Ley recoge —y la aplicación práctica que hemos podido comprobar en numerosas quejas a lo largo del año— nos motiva sobradamente a situar esta novedad normativa como un elemento que ha condicionado gravemente el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Una afectación que no dudamos en ratificar como grave por el impacto generalizado que ha supuesto entre los operadores y responsables que intervienen en el escenario judicial; por supuesto en los propios justiciables; pero también, hemos de calificar como grave el impacto provocado por la restricción operada para acceder a los juzgados, tribunales y órganos de la Administración de Justicia”.

La Ley 10/2012 fija una tasa a los usuarios del sistema judicial para contribuir al sostenimiento de los costes de la actividad judicial y la justicia gratuita, sin que se haya tenido en cuenta para su cuantificación criterios de proporcionalidad ni la capacidad económica del justiciable, tal como prescribe la Constitución española. Esta Ley no ha solucionado el problema de los retrasos en la Justicia vasca, ya que se están señalando juicios en los Juzgados de lo Social y Mercantil para más de dos, tres y hasta cuatro años vista, y ha privado del acceso a la Justicia a quién no ha podido pagar las tasas judiciales impuestas. Por ello, quien puede pagar la tasa recurrirá dilatoriamente sin tener en cuenta la solidez de su pretensión y por el contrario, si el interesado sufre la incapacidad económica para soportar la tasa y además el futuro incierto del fallo, es posible que no recurra a ella.

Tras la presión ejercida por los operadores jurídicos o motu propio, en el artículo 11 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, se produce la modificación del artículo 4 de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, incluyendo entre las exenciones, desde el punto de vista subjetivo, a las personas físicas, pero siguen gravados con tasas judiciales muy elevadas sujetos jurídicos que no tenían que pagarlas antes de la Ley 10/2012, como son las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

Sobre las entidades sin fines lucrativos el Defensor del Pueblo Andaluz ya solicitó la exención de tasas judiciales en su informe anual de 2013, destacando que las asociaciones ecologistas se vieran obligadas a asumir su coste (salvo algunos supuestos especialmente excepcionales), cuando acuden a los tribunales para defender unos intereses colectivos como los que habitualmente se engloban dentro del concepto de Derecho Constitucional al medio ambiente y otros intereses colectivos que nadie defendería sino estas entidades sin fines lucrativos. El pago de las tasas judiciales por estas entidades supone un debilitamiento del mecanismo con el que cuentan estas entidades para hacer valer un Derecho Constitucional y estatutario en sus diferentes vertientes cuando, presuntamente, resulta vulnerado. En la mayoría de los supuestos, la ciudadanía sólo ejerce acciones de esta naturaleza cuando afectan a su esfera personal, familiar y, en todo caso, privada. Por ello, el papel de estas entidades es vital y deben de incluirse estas entidades sin fines lucrativos dentro los sujetos exentos del pago de las tasas judiciales.

Para los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, no ha llegado la exención, pese a que son de los sujetos más afectados negativamente por la actual época de crisis económica que está viviendo nuestra sociedad; esta carga provoca, en muchos casos, que no accedan a la Justicia, al no tenerse en cuenta la capacidad económica de las mismas.

Por ello se propone, la derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, ya que vulneran la tutela judicial efectiva e impiden la defensa de los justiciables al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio, sin tener en cuenta la capacidad económica del sujeto, e imposibles de pagar para las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Parlamentario “Socialistas Vascos-Eusko Sozialistak” somete a la aprobación del PLENO la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:

El Parlamento Vasco insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno central a la derogación de los preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, relativos a la imposición de tasas en el ámbito judicial.

El Parlamento Vasco insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno central a establecer mecanismos que permitan la transferencia al País Vasco del importe correspondiente de las tasas judiciales ingresadas en su territorio en 2013, 2014 y hasta la derogación prevista en el apartado 1 de esta Proposición, para destinarlas a cubrir los gastos de esta Comunidad Autónoma en asistencia jurídica gratuita, a fin de dar efectivo cumplimento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

El Parlamento Vasco insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno central a destinar a la partida de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado el importe que la media europea destina a ella.

2015-10-13T22:00:00+00:00

José Antonio Pastor Garrido, Portavoz del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate URGENTE en el Pleno del Parlamento en defensa del Concierto Económico.

JUSTIFICACIÓN

El Concierto Económico establece en su artículo 48 que las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco se regirán, entre otros principios, por los de la autonomía fiscal y financiera de las instituciones del País Vasco, el respeto de la solidaridad, la coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria y la contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma. Para llevar a la práctica estos principios, se establece el Cupo como fórmula por la que Euskadi contribuye a las cargas del Estado no asumidas por el País Vasco, y se determina que la metodología por la que establecer esa cantidad se revise cada cinco años.

Desde que en 1981 se aprobó el Concierto, previsto expresamente en la Constitución con el refrendo del conjunto de los españoles, se han aprobado seis leyes quinquenales, y en todas ellas ha sido imprescindible salvar con voluntad política las naturales diferencias de interpretación entre las administraciones concernidas, sin resultar extraño que en alguno de los casos el acuerdo legal haya sido posterior a la caducidad del anterior.

En la última revisión de 2007 se introdujo la cautela de la prórroga anual de la ley para evitar vacíos en esos casos donde se detectan especiales dificultades para encontrar el punto común de acuerdo. Pero esa cautela se ha convertido en la práctica en la mejor excusa para que, desde que en 2011 expirara la anterior Ley, no haya sido posible actualizar el Cupo en los términos previstos por el Concierto.

Este desacuerdo perjudica a los vascos, puesto que en las cuentas públicas se computan cantidades que en la práctica no tienen reflejo, y alimenta un conflicto que alienta a quienes no entienden el sistema propio de financiación o a quienes quieren que desaparezca esta singularidad por entender de forma errónea que se trata de un privilegio.

El Grupo Parlamentario “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” es consciente de las dificultades de establecer cauces de diálogo con el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy, que a lo largo de la legislatura ha convertido su mayoría absoluta en un instrumento para laminar derechos sociales y orillar todas las cuestiones que exigían altura política.

Pero esta realidad no exime de la responsabilidad del Gobierno vasco de presentar una propuesta sobre esa nueva metodología del Cupo que quiere plantear para su negociación, y que lo oportuno es contar con el consenso de los Grupos para que la posición en defensa de los intereses de los vascos sea conjunta. Y tampoco le exime de la responsabilidad institucional de defender el Concierto ante cuantas instancias sea pertinente para que no se ponga en cuestión un elemento sustancial de nuestro autogobierno.

En este sentido, es bueno recordar que en octubre de 2009 esta Cámara acudió a las Cortes a hacer una defensa expresa del Concierto y dotarle de mayor seguridad jurídica con una voluntad que la representante socialista resumió en una idea: “No traemos iniciativas que marcan líneas divisorias entre los vascos ni que nos enfrentan con el resto de los españoles. Defendemos un consenso entre los vascos y buscamos un consenso con ustedes”.

Con este mismo afán de consenso sobre una figura irrenunciable para los vascos, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate URGENTE en Pleno:

1.- El Parlamento Vasco reitera su compromiso con el Concierto Económico como instrumento que regula las relaciones tributarias entre el Estado y el País Vasco, tal y como establece el Estatuto de Gernika y ampara la Constitución española, resultado de un pacto entre los vascos, y de los vascos con el conjunto de los españoles, basado en principios de la autonomía fiscal y financiera de las instituciones del País Vasco, el respeto de la solidaridad, la coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria, y la contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma.

2.- El Parlamento vasco insta a los Gobiernos de España y de Euskadi a que, respetando el carácter pactado del Concierto Económico y en cumplimiento de todo lo establecido por éste, propongan un acuerdo para la actualización del Cupo, tal y como se establece en la Ley del Concierto Económico de la Comunidad Autónoma, que responda a los intereses de los ciudadanos vascos y a la necesaria solidaridad con el resto de España.

3.- El Parlamento vasco insta a los Gobiernos de España y de Euskadi a que, desde su responsabilidad institucional, defiendan y expliquen en todas las instancias las peculiaridades del sistema de financiación de Euskadi, a fin de que no se cuestione esta figura y se aleje cualquier duda sobre la misma.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El Gobierno vasco ha asegurado que existe una “campaña orquestada” en contra del Concierto y, por tanto, en contra del autogobierno de Euskadi. De ser cierta esta afirmación, estaríamos ante un hecho muy grave que merecería una respuesta institucional inmediata que no se ha dado desde el Ejecutivo. Por ello, y dado que se trata de un asunto sustancial de nuestro autogobierno, el Grupo Parlamentario “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” considera necesario un pronunciamiento inequívoco de esta Cámara que aleje cualquier duda y cualquier intención de uso partidista de esta cuestión.

Desmantelamiento de Radio Vitoria

2015-10-07T22:00:00+00:00

Mikel Unzalu Hermosa, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO relativa al desmantelamiento de Radio Vitoria.

JUSTIFICACIÓN

Entre mayo y junio de 2013, parte de la sociedad vitoriana y alavesa se movilizaba en contra de las medidas anunciadas y posteriormente ejecutadas de reducción de plantilla en Radio Vitoria. Esa reacción social, se trasladó a las instituciones alavesas, como las Juntas Generales, y a las comunes, como este Parlamento, que nos pronunciamos en favor de la labor realizada por la radio vitoriana y rechazando las medidas propuestas por la dirección de EiTB encaminadas a reducir su plantilla. En aquella declaración, también nos hacíamos eco de la repercusión que dichas medidas iban a tener sobre la calidad del servicio de la radio pública vitoriana y alavesa, e instamos a la dirección, entre otras cosas, a negociar con la parte social cualquier medida que pudiera afectar a la plantilla.

A pesar de aquel mandato parlamentario, decisiones posteriores que afectaban a otra sociedad del ente público, como ha sido la denominada Convocatoria Pública de Empleo en Eusko Irratia, además de la reducción de plantilla y las consecuencias que ha tenido en los afectados, ha tenido consecuencias en Radio Vitoria con una destrucción de empleos y con precarización de los existentes.

Una vez más, se hace necesario recordar que Radio Vitoria cumple con su misión de servicio público: información cercana a la sociedad alavesa, con arraigo y prestigio indiscutido. Esta emisora decana en Álava con más de 80 años de ejercicio es un referente cultural de primera magnitud para la sociedad alavesa.

Desde que comenzó esta legislatura, la situación de la emisora vitoriana no ha hecho más que empeorar tanto en medios humanos como en calidad de servicio, ya que se han tenido que cumplir los mismos compromisos con menos trabajadores, que suplen las carencias con su profesionalidad, y con una creciente precariedad en sus relaciones laborales.

Los profesionales de referencia durante muchos años en Radio Vitoria, han manifestado recientemente su hartazgo con la situación que padecen y han reclamado medidas para frenar el deterioro del medio de radio pública alavesa.

Desde este Grupo Parlamentario, y en resoluciones adoptadas por la mayoría de la Cámara, hemos reprochado reiteradamente a la dirección de EiTB el error que comete

al adoptar medidas que afectan a partes de la organización sin tener claramente definido el proyecto, en relación a las directrices que se deben seguir, así como los recursos disponibles.

Por ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO:

“1.El Parlamento Vasco se reitera en el reconocimiento de la importante labor de Radio Vitoria y sus profesionales a lo largo de las últimas décadas, cuyo trabajo ha logrado convertir a esta emisora en uno de los principales referentes de la información local de Álava y Vitoria-Gasteiz y que forma parte de la propia historia de Álava. Así mismo, reafirma la función de servicio público de la radiotelevisión vasca tal y como se recoge en la Ley de Creación de EITB.

2.-El Parlamento Vasco insta a la dirección de EiTB a reconducir la situación en Radio Vitoria y completar su plantilla para que se garantice su continuidad y contenidos y para ello tendrá que plantear la posibilidad de alcanzar el mismo número de profesionales que tenía a principios de 2013.

3.-El Parlamento Vasco insta a la dirección de EITB a negociar con los representantes de los trabajadores las medidas que permitan el desempeño de la actividad de Radio Vitoria en condiciones óptimas de calidad, teniendo en cuenta el carácter público de la emisora”.

2015-07-22T22:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno, sobre la reformulación del sistema para la acreditación oficial del conocimiento del euskera.

JUSTIFICACIÓN

Los certificados de aptitud lingüística son instrumentos fundamentales para acreditar oficialmente el grado de dominio de una lengua, tanto para su reconocimiento en el sector privado como en el público.

En el caso de Euskadi, la relevancia de estos certificados es cualitativa y cuantitativamente superior, dado que el desarrollo de la política de normalización del uso del euskera ha llevado a extender el sistema de perfiles lingüísticos para la mayoría de los puestos de trabajo de las administraciones públicas y organismos dependientes de ellas.

Sin embargo, pese al notable avance que esa política decidida ha producido en el conocimiento y uso del euskera en todos los ámbitos sociales, se viene constatando una evolución crecientemente negativa en los resultados que se obtienen en las pruebas para conseguir dichas acreditaciones. La media de aprobados en la gran mayoría de ellas (EGA, HABE, IVAP) no llega a un tercio de las personas presentadas; y en algunos niveles específicos se queda en el 10%.

Por ejemplo, en el caso del título más demandado, el EGA (Euskararen Gaitasun Agiria- Certificado de Aptitud del Conocimiento del Euskera), el promedio de aprobados en los últimos seis años es del 23,33%, con un mínimo del 21,48% y un máximo del 26,49%. Es decir, sólo una de cada cinco personas que se presenta a los exámenes del EGA logra aprobarlo.

Independientemente de los factores sociolingüísticos, no resulta comprensible este nivel de fracaso en las pruebas de acreditación, que afecta incluso a jóvenes que han cursado íntegramente todos sus estudios en euskera y a personas euskaldunes. Como mera referencia comparativa, la tasa de aprobados en España del Advanced of English de la Universidad de Cambridge es del 62,4% y la del Proficency del 61,8%.

Esta realidad, que se repite año tras año, convocatoria tras convocatoria, causa un importante grado de frustración y sufrimiento en las alrededor de 20.000 personas que se presentan cada año a las distintas pruebas. Personas que han gastado dinero y muchos esfuerzos en preparar esas pruebas, en las que muchas de ellas depositan la esperanza de conseguir o consolidar un trabajo en las administraciones vascas. Por no hablar de cuantiosos los recursos públicos comprometidos en cursos de preparación de todos los alumnos en general y en la liberación laboral de los funcionarios que concurren a dichos exámenes para alcanzar el nivel lingüístico que tienen señalado.

De la misma forma que ningún poder público permanecería impasible si su sistema educativo arrojara una tasa de suspensos del 75-80%, este Parlamento no puede ni debe cerrar los ojos ante los resultados que arrojan las pruebas oficiales de acreditación del conocimiento del euskera. Resulta, pues, urgente aclarar si este nivel de fracaso se debe a causas achacables a los aspirantes o a la preparación que han recibido, o si revela más bien un grave problema de idoneidad de las pruebas mismas, tanto en su enfoque como en sus contenidos, o disfunciones de otro tipo. Así lo han señalado distintos expertos.

Por todo ello, el Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno:

1.- El Parlamento vasco insta al Gobierno Vasco a que constituya a la mayor brevedad un grupo de estudio formado por expertos de distintos ámbitos para que analice la orientación y contenidos actuales de las pruebas de acreditación oficial del conocimiento del euskera, especialmente del EGA, y valore los resultados que arrojan y examine sus causas.

2.-Dicho grupo propondrá en el plazo de un año los cambios que considere adecuados, a la luz de las experiencias con otros idiomas, para adaptar las pruebas a las necesidades presentes de la sociedad vasca y favorecer la extensión del uso social del euskera. Los miembros del grupo creado comparecerán en esta Cámara para exponer sus conclusiones y propuestas.

2015-07-19T22:00:00+00:00

Rodolfo Ares, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”,de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno en relación a la conservación del archivo histórico de TVE en el País Vasco.

JUSTIFICACIÓN

El pasado mes de junio se tuvo conocimiento de la intención de la Dirección de RTVE de trasladar a Madrid el archivo histórico del Centro Territorial del País Vasco ubicado en Bilbao, que contiene en distintos soportes una muy valiosa documentación audiovisual de la vida de Euskadi desde la última etapa de la dictadura franquista hasta nuestros días. La única razón invocada por RTVE para proceder a este traslado es la falta de espacio en sus instalaciones en la capital vizcaína.

El Centro Regional de RTVE en el País Vasco ha sido testigo de primera mano de los acontecimientos más relevantes ocurridos en Euskadi desde los años 70 del siglo pasado. Creado el 24 de mayo de 1971 en Bilbao, con delegaciones en Vitoria y San Sebastián, fue hasta el nacimiento de ETB en 1982 la única televisión que pudo recoger los hechos más sobresalientes vividos en una etapa histórica de norme trascendencia. Su archivo alberga, en consecuencia, fondos documentales con los que no cuenta ningún otro medio de comunicación y que son de gran interés para la investigación y el desarrollo pendiente de las políticas de memoria.

Este Parlamento ha convenido la necesidad de abordar una política pública integral en relación a la Memoria, para que se conozca todo lo ocurrido en Euskadi, a través del Instituto creado por la Ley 4/2014, de 27 de noviembre. En su exposición de motivos fija como misión de este organismo “rescatar, destacar, conmemorar y transmitir los valores y esfuerzos democráticos que en medio de graves episodios violentos, pugnaron por defender la dignidad, la igualdad, la libertad...”. La misma Ley, en su artículo 4.3, señala entre otras funciones del Instituto la de conservación, “desarrollando la labor de preservar el patrimonio de la memoria democrática de Euskadi en todos sus soportes materiales. A tal fin atenderá en el desarrollo de su actividad a la creación y mantenimiento de fondos de información e inventarios de los elementos y lugares vinculados a la memoria, sean bienes, espacios físicos, entornos sociales, u otros que sirvan de identificación y reconocimiento social”. Igualmente se le atribuye una labor investigadora, “promoviendo la investigación y colaborando con las instituciones, entidades especializadas y foros de reflexión, se crearán las infraestructuras de documentación necesarias para la recogida de información y datos verídicos, mediante trabajos de investigación y estudio”.

Todo ello sin dejar de lado el valor histórico y documental que tiene el archivo del Centro Territorial de RTVE en el País Vasco como reflejo de la las trasformaciones ocurridas en nuestro país en los últimos 44 años, tanto en el ámbito político como en el económico, así como en los terrenos de la cultura, la sociedad y el deporte.

En consecuencia, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno:

1.-El Parlamento Vasco insta a la Dirección de RTVE a conservar en Euskadi el fondo documental acumulado en los archivos de su Centro Territorial en el País Vasco.

2.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a suscribir un convenio de colaboración con RTVE a fin de poner a disposición de las instituciones vascas el fondo documental de su Centro Territorial derivado de la labor desarrollada por este servicio público de radiotelevisión, con el objetivo de conservar dicho patrimonio y de fomentar las labores de investigación y reflexión sobre la Memoria. Para ello, se procederá a la oportuna digitalización en las propias instalaciones de RTVE en Euskadi

2015-07-15T22:00:00+00:00

Gloria Sánchez Martín, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO sobre la nueva legislación privatizadora de la gestión de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

JUSTIFICACIÓN

El pasado 18 de Diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Seguridad Social que afecta a las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales actualmente denominadas tras la reforma “Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”, con los votos a favor del PP, PNV y CIU.

Esta reforma se efectuada en el texto refundido de la LGSS a través de la Ley 35/2014 de 26 de Diciembre, en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Ello supone que las Mutuas entren en el ámbito de la sanidad pública ya que esto puede implicar:

- Que se vulneren derechos de los trabajadores,

- Que se abra la puerta para una privatización de la sanidad pública,

- Que se deslegitime al médico de cabecera y a la Inspección Médica del Sistema Público de Salud,

- Que se genere una gran burocracia para justificar recortes de derechos,

- Que se permita que sea el propio empresario el que determine cuando y como da de alta y baja por enfermedad común a los trabajadores.

Esta reforma supone también que las Mutuas entren a controlar los partes de alta y baja de los trabajadores, es decir, la asistencia sanitaria derivada de la enfermedad común.

Sin embargo, este cambio de nombre no tiene otra finalidad que facilitar la expansión a otros ámbitos de la acción protectora de las mutuas y oculta la privatización del ámbito de la gestión de la S. Social y la asistencia sanitaria.

Esta reforma permite también que se detraigan recursos que con la normativa anterior hubieran ido al Fondo de Reserva de las Pensiones de la Seguridad Social, pues esta ley incrementa el número de reservas de las mutuas y sus márgenes de acumulación en

detrimento del Fondo de reserva de las Pensiones de la S. Social lo que supone una nueva pérdida de ingresos al mismo.

Además esta reforma abre las puertas a que el sistema público de salud realice más convenios y conciertos con las entidades privadas, es decir, las Comunidades Autónomas están facultadas para suscribir convenios que permitan la utilización de los recursos y servicios de diagnóstico de las mismas.

En conclusión, esta ley supone de nuevo una involución en los derechos laborales y en el sistema público de salud.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:

1.El Parlamento Vasco manifiesta su rechazo a la reforma efectuada en el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social a través de la Ley 35/2014 de 26 de Diciembre en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, e insta a la derogación de la misma, dado que dicha reforma favorece la privatización del sistema público de salud y supone una discriminación en el trato dado desde la sanidad a todos los ciudadanos según si se tiene la condición o no de trabajador/a.

2. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a garantizar de modo efectivo los derechos sanitarios de todos los ciudadanos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, sin que se puedan producir discriminaciones de trato en virtud de si tienen la condición de trabajador/a o no.

3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a fortalecer el Sistema Público de Salud actual, no suscribiendo para ello convenios o conciertos con la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social para la utilización de sus recursos que permite la Ley 35/2014, vigente desde el 1 de Enero de 2015.

4. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a invertir en Osakidetza y a elaborar un plan para integrar progresivamente en el sistema público a las trabajadoras y trabajadores de la función pública cuya salud laboral esté contratada con mutuas y, en consecuencia, revirtiendo en Osakidetza las cantidades recuperadas, siempre y cuando estén de acuerdo con ello mayoritariamente la representación sindical de los trabajadores afectados.

Transparencia de las decisiones del Consejo de Gobierno.

2015-06-28T22:00:00+00:00

Miren Gallástegui Oyarzábal, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” al amparo del vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno, en relación a la transparencia de las decisiones del Consejo de Gobierno.

JUSTIFICACIÓN

El 12 de marzo el Parlamento vasco dio un mandato más al Gobierno en relación a la necesaria transparencia sobre sus decisiones, en aquel caso sobre la información referida a los contratos menores. La iniciativa del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” y que fue respaldada por dos terceras partes de la Cámara, partía de la convicción sobre la necesidad de una transparencia radical en todas las actuaciones públicas, convicción que está tras la voluminosa acción de control de este Grupo en el Legislativo.

Dentro del seguimiento habitual de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, del que participan como actores indispensables los profesionales de los medios de comunicación, está la tarea de conocer todas las que se adoptan en las reuniones semanales del Consejo de Gobierno y para la que, además de las ruedas de prensa en las que se resumen dichas decisiones, se cuenta con el portal Irekia, abierto en la pasada legislatura con ese objetivo.

Dicha web recoge el resumen de los temas previamente seleccionados por el Gobierno o su equipo de comunicación para difundir entre los medios, pero no el conjunto de decisiones y el orden del día que dé idea de la totalidad de las decisiones que se podrían haber adoptado, ya sean decretos, órdenes económicas, convocatorias de algún tipo y ceses y nombramientos en organismos públicos. Esto significa que de muchas de esas decisiones, si no han sido comunicadas en el resumen de prensa, sólo se tiene conocimiento cuando se deciden publicar en el Boletín Oficial.

A ello se suma que la regulación legal sobre transparencia, que se había depositado en la Ley de Administración Pública, tiene que ser rehecha tras el fracaso .Pero sobre todo que, como se demostró con la batería de iniciativas de la pasada legislatura (Irekia, Open Data, perfil del contratante), lo importante es la voluntad política de apostar por políticas de transparencia desde el Gobierno.

Por ello, y en la intención de favorecer el máximo de transparencia sobre cuestiones que no hayan sido previa y razonadamente sometidas a confidencialidad, se plantea la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno:

“El Parlamento vasco insta al Gobierno a publicar en su web oficial, además de los resúmenes de prensa que decida, el documento firmado por el secretario del Consejo de Gobierno como orden del día completo de sus Consejos de Gobierno”

2015-06-01T22:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, acogiéndose al vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la Comisión de Educación, en relación con la Educación Permanente de Adultos.

JUSTIFICACIÓN

La Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, nos hace saber que el impulso del aprendizaje a lo largo de la vida es una de las principales iniciativas que orienta el proceso de modernización de Europa en el siglo XXI. Tanto la estrategia de Lisboa de 2000, como la estrategia 2020, ratifican la necesidad de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, como factor transformador decisivo que permita convertir a Europa en una sociedad y en una economía del conocimiento avanzadas.

Los cambios hacia una sociedad más participativa, multicultural y sostenible demandan mejorar las competencias personales para que las y los ciudadanos puedan desenvolverse en una sociedad más compleja.

Este nuevo enfoque que coloca a la persona en el centro del proceso ha de garantizar a toda la ciudadanía vasca, dice la ley en su artículo 4, el acceso universal, y en condiciones de igualdad al aprendizaje a lo largo de la vida, y a la adquisición de las competencias básicas que precisa para su desarrollo personal y para la inclusión y la integración social. Esto, sin duda, implica, así lo afirma también la ley, impulsar una oferta global de aprendizaje para las personas mayores que deseen ampliar y cultivar sus conocimientos.

Siendo esto así, sin embargo, la Red de Centros de Educación Permanente de Adultos (EPA) ha perdido – según datos del propio Gobierno -, 1664 matrículas, un 8,7% de su alumnado desde el último curso al actual.

Por lo que parece claro que cuando el movimiento esperado debiera haber sido el inverso en cumplimiento de la ley anteriormente citada, el Gobierno ha establecido determinadas condiciones que están teniendo como resultado la pérdida de alumnado adulto, una mala noticia para un país que busca la mayor cualificación posible para la mejora de la empleabilidad de todas las personas.

Por ello, el Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno:

“El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco a recuperar en los centros de EPA el número de horas de enseñanza de la Lengua (ELE) en el Grado I, que venía ofertándose y a flexibilizar las entradas de alumnado, aún fuera del periodo de matrícula, siempre que exista sitio en los grupos, en atención a la función social que cumplen estos centros y en cumplimiento de la Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.”

2015-05-07T22:00:00+00:00

Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno, en relación con las evaluaciones diagnósticas en el sistema educativo vasco.

JUSTIFICACIÓN

Desde 2009, el Departamento de Educación viene realizando la Evaluación de diagnóstico en 4º de E. Primaria y 2º de Secundaria Obligatoria. Desde ese momento, se han llevado a cabo 5 ediciones de esta evaluación, la última en 2015, con una valoración positiva no solo por parte de los centros escolares y de la comunidad educativa en general, sino también de la propia Comisión de Educación del Parlamento Vasco. Es además una evaluación que ha sido gestionada por diferentes equipos que han pasado por la dirección del Departamento.

Esta evaluación nos ha permitido disponer de una información longitudinal sobre la situación de nuestro sistema educativo y de cada uno de los centros en las etapas obligatorias y ha posibilitado el impulso de procesos de mejora permanente y el desarrollo de investigaciones educativas.

Es, además, un evaluación valorada externamente por su calidad y fiabilidad técnica y por haber conseguido mantener la confidencialidad de los resultados y evitar la creación de rankings de centros. En definitiva, podemos decir que se ha convertido en un instrumento estratégico en nuestra planificación educativa.

Sustituir la Evaluación de diagnóstico de 4º de E. Primaria por una evaluación en 3º curso provocará que se pierda todo el trabajo hecho hasta el momento y obligará a que haya que iniciar un nuevo modelo de evaluación, que tanto esfuerzo nos ha costado construir entre todos.

Las evaluaciones internacionales más importantes que se aplican en los niveles iniciales de la escolarización obligatoria se llevan a cabo en el nivel que corresponde a nuestro de 4º curso de E. Primaria, véase el caso de las evaluaciones PIRLS, para lectura, o TIMSS, para ciencias y matemáticas, impulsadas por la IEA. Es decir, se evalúa a alumnado con 10 años, que, en general, ya tiene suficientemente asentada la lectoescritura y es capaz de utilizar la lectura y la escritura para desarrollar sus competencias a través de las diferentes áreas.

Esta circunstancia es más clara aún en un sistema bilingüe como el nuestro, en el que una parte muy significativa del alumnado adquiere las competencias en lectura y escritura en una lengua que no es la familiar y que, por lo tanto, como indican todas las investigaciones, precisa de un tiempo algo más dilatado para asentar estos procesos y utilizar con mayor consistencia estas herramientas en su proceso de aprendizaje. La experiencia en el desarrollo de la evaluación de diagnóstico en 4º curso nos ha demostrado que el alumnado de este nivel tiene los recursos suficientes para poder enfrentarse a una evaluación estandarizada de estas características.

Finalmente, el hecho de que el borrador de Decreto de enseñanzas básicas, dentro del proceso Heziberri 2020, haya optado por realizar una evaluación de carácter interno en 3º de E. Primaria para cumplir lo señalado en la LOMCE, provoca que, si desaparece la evaluación de diagnóstico en 4º de E. Primaria, el sistema educativo vasco carezca de una evaluación externa censal en esta etapa y se pierda toda serie comparativa.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos presenta la siguiente Proposicion no de Ley:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a continuar realizando las evaluaciones de diagnóstico en 4º de E. Primaria y en 2º de Secundaria Obligatoria, en ejercicio de nuestro autogobierno, manteniendo el modelo de evaluación instaurado desde 2009 y asumido como propio por toda la comunidad educativa vasca

2015-05-03T22:00:00+00:00

Mikel Unzalu Hermosa, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la Comisión de DDHH, Igualdad y Participación Ciudadana relativa a la no discriminación de los homosexuales en la donación de sangre.

JUSTIFICACIÓN

El pasado miércoles 29 de abril el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia que permite continuar la exclusión de los homosexuales de la donación voluntaria de sangre en ciertos países de la Unión Europea.

Esta sentencia ha sido dictada por la reclamación de un ciudadano francés por la aplicación por parte de la sanidad francesa de esta medida restrictiva.

Parece que la Asamblea francesa va a corregir en breve esta posición, pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite que otros once países de la Unión (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Malta y Países Bajos) continúen aplicando la norma restrictiva.

Esta sentencia tiene una repercusión importante pues implica no sólo al tribunal administrativo de Estrasburgo, que fue quién elevó el asunto al TJUE, sino a cualquier otro tribunal europeo que se enfrente a un caso similar.

La seguridad de los receptores no es argumento que pueda justificar las limitaciones en las donaciones, pues ésta está plenamente garantizada en los países donde no se da esta exclusión, España por ejemplo, aplicando las pruebas y filtros necesarios.

Consideramos que la aplicación de la medida supone una discriminación, que es incompatible con los derechos que deben regir en la Unión Europea

Por ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento Vasco manifiesta su rechazo a que cualquier persona pueda ser excluida de la donación voluntaria de sangre en función de su orientación sexual
El Parlamento Vasco hace un llamamiento a los países de la Unión Europea que mantienen la exclusión de los homosexuales de la donación de sangre a que modifiquen sus normativas y preserven la seguridad de los receptores utilizando métodos no discriminatorios.

Tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad visual aguda

2015-04-20T22:00:00+00:00

Txaro Sarasua Diaz, parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al amparo del vigente Reglamento de la cámara tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en PLENO relativa a las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad visual aguda

JUSTIFICACION

Las personas con discapacidad y problemas importantes de movilidad que les dificulta o impide la utilización de transporte público, se hallan en una clara situación de desventaja respecto de las demás personas, para realizar un gran número de actividades cotidianas y, de una manera particular, para acceder a los espacios y servicios comunitarios y desenvolverse con una mínima comodidad en su medio habitual de vida. Los poderes públicos deben facilitar a las personas con discapacidad los medios para mitigar o solucionar los problemas derivados de sus limitaciones.

A tal fin la Recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión Europea, de 4 de junio de 1998, señalaba que era necesario el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de la Unión Europea de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme, de manera que dichas personas pudieran disfrutar en todo el territorio comunitario de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentren.

La Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, impuso a los Municipios la obligación de conceder una tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad con problemas graves de movilidad, con validez en todo el estado Español, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea.

Las dificultades de desplazamiento pueden venir determinadas por limitaciones distintas a las provocadas por las dificultades locomotoras, como es el caso de las personas con discapacidad visual aguda, que cuando se quieren mover, tienen una deficiencia en la percepción del entorno y deben superar algunas desventajas en las actividades cotidianas, por lo que las entidades públicas deben disponer los medios necesarios para el acceso en igualdad de condiciones a los espacios y servicios.

En la Comunidad Autónoma Vasca la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, garantiza el derecho de los servicios sociales a la ciudadanía con el fin, entre otros, de promover la integración social de las personas y colectivos. Y en virtud de las competencias de desarrollo normativo y planificación de los servicios sociales que los artículos 9.2 y 10.1 de la citada Ley, atribuyen al Gobierno Vasco, se dicta el Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, que regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y se adapta al modelo comunitario uniforme.

El Gobierno de España aprobó el 14 de diciembre el Real Decreto 1056/2014, que regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

El Gobierno Vasco al considerar que el Gobierno Español se extralimita en su regulación y no respeta la competencia exclusiva de Euskadi en materia de asistencia social, recogida en el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía, de acuerdo a lo acordado en el Consejo de Gobierno el 10 de febrero, interpuso un requerimiento al Gobierno Español para que derogue, por incompetencia, varios artículos y disposiciones del Real Decreto 1056/2014.

El Gobierno de España respondido el 13 de Marzo rechazando dicho requerimiento amparándose en que la norma posee carácter “transversal” y en que el Real Decreto crea una tarjeta de estacionamiento con validez para todo el territorio nacional, facilitando el desplazamiento con automóvil de las personas con discapacidad y asegura el disfrute efectivo de sus derechos. Además dice que se trata de una regulación de los aspectos esenciales mínimos y que cada comunidad autónoma puede completarlos.

En la actualidad las tarjeas de aparcamiento se conceden a las personas que cuenten con un mínimo de 7 puntos en el Baremo de Movilidad en Araba y en Bizkaia y de 6 puntos en Gipuzkoa, dándose el caso que en Gipuzkoa una persona con 6 puntos obtiene la tarjeta de aparcamiento y en Araba o Bizkaia NO.

Asimismo se da la circunstancia que la mayoría de las personas con discapacidad visual aguada, aun teniendo un considerable problema de movilidad, no llegan a los baremos de Movilidad mínimos establecidos y por lo tanto no tienen derecho a tarjeta de aparcamiento en Euskadi, lo que les impide asimismo aparcar en las zonas reservadas en las demás Comunidades Autónomas. Sin embargo una persona con discapacidad visual en Andalucía, Cataluña, Extremadura, Asturias etc si tiene derecho a la tarjeta de aparcamiento y puede utilizarla también en otras Comunidades Autónomas, también en Euskadi.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la cámara la siguiente Proposición no de Ley:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a modificar el Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, que regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y se adapta al modelo comunitario uniforme, de manera que permita a las personas con discapacidad visual aguda, colectivo con problemas de autonomía en sus desplazamientos, beneficiarse de las tarjetas de aparcamiento para para personas con discapacidad.

2015-03-29T22:00:00+00:00

Txarli Prieto San Vicente, Parlamentario del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Socialistak, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno sobre el Código Ético del Gobierno Vasco.

JUSTIFICACIÓN

El Código Ético del Gobierno Vasco establece, en relación al principio de ejemplaridad, “que los cargos públicos y asimilados deben evitar cualquier acción u omisión que perjudique, siquiera sea mínimamente, el prestigio, la dignidad o la imagen institucional de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi”

También recoge que “la honestidad en el cargo público implica, además, ser capaz de transmitir veracidad, credibilidad y no recurrir el engaño o a la distracción o encubrimiento de los problemas a resolver”.

El caso Pinosolo, y la actuación en el mismo del Sr. Eneko Arruabarrena, gerente del Consorcio de Transportes de Bilbao, tanto en la creación del problema como en su negativa a colaborar con la aclaración de lo sucedido, exige las oportunas explicaciones de cómo se trata este asunto en el Código Ético del Gobierno Vasco, ya que desde nuestra valoración política e institucional, el nombramiento del Sr. Arruabarrena para el cargo público de libre designación que hoy ocupa, choca frontalmente con lo establecido en el Código Ético.

La Consejera responsable de esta designación, con fecha de veinticinco de marzo de dos mil quince, fue interpelada en Comisión para que diera explicaciones al respecto.

La actitud de la Sra. Oregi, lejos de dar explicaciones, solo sirvió para mostrar desconsideración hacia la actividad de control de los Grupos Parlamentarios y para derivar sus palabras hacia otros aspectos que nada tenían que ver con lo solicitado por los Grupos Parlamentarios.

Ante este proceder, esta falta de transparencia y esta incoherencia con lo establecido en el Código Ético, se acuerda:

Reprobar la actitud de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, la Sra. Oregi, por su negativa a rendir cuentas sobre la actividad de Control del Parlamento respecto a los actos de Gobierno.

Instar al Gobierno Vasco a que eleve a la Comisión Ética evaluación sobre si el Sr. Arruabarrena, y su implicación en el caso Pinosolo, le hacen acreedor del nombramiento público que hoy mantiene.

2015-03-29T22:00:00+00:00

Miren Gallástegui Oyarzábal, parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en Pleno, relativa a la modificación del Código Penal para despenalizar el denominado “suicidio asistido”.

JUSTIFICACIÓN

Desde los años 90, numerosos foros de referencia en justicia y bioética se han posicionado claramente a favor de regular la eutanasia y podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que existe una demanda social y un consenso ético, que se traduce en que la mayoría de la ciudadanía está a favor de su despenalización, reconociendo que la disponibilidad de la propia vida es un derecho tan fundamental como el reconocimiento de la idiosincrasia propia de cada cual. Esto no es otra cosa que el Principio de Libertad. Libertad a decidir sobre la propia vida… y sobre la propia muerte.

Pero esto, que es la expresión de un razonamiento ético y existencial impecable, no siempre es posible, porque hay personas que por sí mismas no pueden ejercer su propia decisión.

Es un deber de los poderes públicos garantizar el derecho a una muerte digna y por tanto sería necesario garantizar la libertad de cada persona a decidir cuándo y cómo, es decir, el momento y la forma de poner fin a su vida, especialmente cuando se padece un deterioro irreversible y un sufrimiento insoportable.

Este Parlamento debe posicionarse sobre el derecho a una muerte digna porque en esencia, ese derecho, es un derecho fundamental. El control sobre la propia muerte es un derecho personal e irrenunciable.

Debemos garantizar que el final de la vida se produzca sin dolor y con pleno respeto a la voluntad personal y a las creencias individuales, al derecho de autonomía para tomar las decisiones que le atañen a la persona en el momento final de su vida.

Pero, como se ha dicho, hay muchas personas, que por mor de su situación física, etc… no pueden ejercer autónomamente su voluntad.

Esta Cámara está tramitando precisamente una Ley sobre el derecho a la muerte digna. Lo hace porque la inmensa mayoría de los parlamentarios hemos considerado que se

debía legislar al respecto, y porque ni uno sólo de los parlamentarios se ha opuesto a que así se haga. Pero en la propia tramitación se están poniendo de manifiesto los límites para garantizar que ese derecho pueda ser protegido por nuestra legislación autonómica. Y esos límites son los que establece una ley superior, el Código Penal, cuya modificación debe ser complementaria a la regulación que acordemos en el Parlamento vasco.

En nuestro ordenamiento jurídico el suicidio asistido está tipificado en el Código Penal. En 1995 el Código Penal abordó por primera vez en la historia legislativa del Estado la regulación de la eutanasia, en el artículo 143:

El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

1.-x Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

2.-El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.”

Así pues, la ley castiga con carácter general la conducta de auxiliar a otro a quitarse la vida con actos imprescindibles a tal fin, ejecutar la muerte de quien no desea seguir viviendo y la cooperación necesaria a un suicidio “eutanásico” (petición expresa por sufrimiento), con una sanción que oscilaría entre los seis meses y los dos años (suicidio) o un año y seis meses a seis años (eutanasia), respectivamente.

Han pasado veinte años desde entonces, y actualmente es necesario modificar el citado artículo para abordar una reforma en profundidad, que permita a las personas ejercer su derecho a morir dignamente.

Por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a modificar el art. 143 del Código Penal para despenalizar el suicidio asistido.

2015-03-29T22:00:00+00:00

Jesus Zaballos, Parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos- Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno, relativa a la elaboración de un Plan Director del Transporte Sostenible para el 2013-2020.

JUSTIFICACIÓN

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno del Lehendakari Patxi López trabajó durante 2011 y 2012 en la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible 20+20 para sustituir de esta manera al Plan Director de Transporte Sostenible anterior cuya vigencia vencía en diciembre de 2012. En la elaboración, el Plan de Movilidad Sostenible contó con la participación de las administraciones forales y municipales además de otros actores implicados en la movilidad y la ciudadanía. Si bien el Plan estaba en una fase muy avanzada de desarrollo, no se llevó al Consejo de Gobierno para su aprobación debido a que el Gobierno se encontraba en funciones y a que contaba con un informe económico negativo de la Oficina de Control Económico con algunas advertencias sobre la financiación del mismo.

Los Socialistas Vascos consideramos que Euskadi necesita con urgencia una visión compartida e integral de la movilidad de Euskadi que redunde en un modelo territorial más equilibrado, más coordinado y más sostenible medio ambiental y socio económicamente.

Le corresponde al Gobierno Vasco llevar a cabo esta tarea de coordinación y de definición concertada de una visión conjunta de la movilidad. No obstante, después de 2 años y 3 meses y a pesar de contar con un valioso trabajo previo que reconocieron iban a tener en cuenta (PRE 10/10/05/03/0169), nos encontramos con que el País Vasco sigue sin una hoja de ruta en el ámbito de la movilidad sostenible, una planificación urgente y consensuada que sea capaz de mirar en el medio y largo plazo, en vez de ir poniendo parches e improvisando constantemente ante los diversos retos que se plantean para la movilidad.

En una visita de enero de 2013 a Durango, el Lehendakari anunció la elaboración de un Plan Director de Transporte Sostenible. En su respuesta (1010721311187) el Lehendakari anunció que en 2013 se llevarían a cabo los trabajos preliminares y en 2014 la elaboración del Plan propiamente dicho y sus conclusiones.

Constatamos con cierta preocupación –en términos de cortesía parlamentaria- que una vez más la pasividad y falta de acción caracterizan a este ejecutivo, el cual deja pasar el tiempo con meras consignas y mensajes políticos de buena voluntad sin entrar a abordar con rigor y propuestas concretas los importantes retos futuros que tiene Euskadi en el horizonte próximo.

Por todo lo anterior, es por lo que este Grupo Parlamentario propone la siguiente Proposición No de Ley para su debate en Pleno:

1. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que elabore de manera urgente un Plan Director que aborde la movilidad de Euskadi para los próximos años, desde una visión compartida, integral, coordinada y con propuestas concretas de mejora de la misma y que avance hacia un modelo equilibrado territorial y socialmente que propicie una movilidad más sostenible.

2. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco para que la elaboración del citado Plan se realice de manera concertada con el resto de instituciones estatales, forales y municipales con competencias de transporte en el territorio y operadores de transporte, así como con todos los actores y la ciudadanía de la sociedad civil implicada en la movilidad sostenible del territorio.

2015-03-17T23:00:00+00:00

Miren Gallastegui, parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak al amparo del vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY de medidas necesarias para luchar contra la violencia vial y proteger mejor a las víctimas de ella.

JUSTIFICACIÓN

Aunque hemos logrado alcanzar en durante estos años una reducción de la accidentalidad que se debe sobre todo a la puesta en marcha de medidas de sanción y control y pone de relieve que todavía no hemos conseguido crear la cultura de la seguridad vial.

Por eso es necesario seguir trabajando en beneficio de la seguridad vial, mejorando el campo de la prevención, incrementando la formación y estableciendo un protocolo común para realizar todos los atestados de accidentes de tráfico de la misma manera.

Todos debemos celebrar la reducción de la siniestralidad, pero también todos debemos ser conscientes de que la razón principal han sido las medidas sancionadoras, reglamentadas desde el Gobierno de España, y que queda un amplísimo recorrido en las medidas de sensibilización, en las que deben participar todas las Administraciones en el ámbito de sus competencias, tal y como nos vienen reclamando quienes han padecido en primera persona las consecuencias de la imprudencia o la temeridad en carretera

Por todo ello, se plantea a la consideración de la Cámara la siguiente Proposición No de Ley.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco a incluir, en la formación que anualmente reciben los miembros de la carrera judicial y fiscal y del cuerpo de los secretarios judiciales, en colaboración con el CGPJ , la programación y organización de actividades formativas vinculadas a seguridad vial y su tratamiento procesal.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a realizar un Protocolo de intervención ante accidentes de tráfico que homologuen las actuaciones del conjunto de las policías locales.

El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a que, en el ámbito de sus competencias, especialmente las educativas, actualice un protocolo de sensibilización en los centros educativos, en colaboración con las asociaciones de afectados por accidentes y de las entidades asistenciales, no sólo para la sensibilización sino para preparar a los jóvenes para la colaboración ciudadana cuando se produce un accidente de tráfico

Desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

2015-03-15T23:00:00+00:00

ROSA FRESNO, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

JUSTIFICACIÓN

El día Europeo por la Igualdad Salarial celebrada el día 22 de febrero, debe servir para revindicar políticas de igualdad para garantizar, entre otros derechos, la equidad salarial entre géneros.

Las decisiones adoptadas por el Gobierno del PP en materia laboral y de igualdad hacen que cada día empeore la situación de las mujeres trabajadoras. Es inadmisible que en pleno siglo XXI, en un país como España, una mujer deba trabajar 79 días más al año para cobrar lo mismo que un hombre.

En la mayoría de los casos, los puestos mejor remunerados o de mayor responsabilidad son un terreno casi exclusivo para los hombres, por no hablar de igualdad de trato en el trabajo y de oportunidades laborales en general.

Por todo ello, es por lo que se plantea la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a derogar inmediatamente la Reforma Laboral debido, entre otras cuestiones, al impacto negativo que para la igualdad entre hombres y mujeres está teniendo la misma desde las reformas ejecutadas en 2012, lo cual queda demostrado con la reducción en la tasa de actividad femenina, así como la brecha salarial existente entre ambos géneros, que se pone de manifiesto en la existencia de contratos más precarios, de corta duración, con puestos que no se corresponden con la cualificación y siempre cobrando menos.
El Parlamento Vasco insta al Gobierno de España y al Gobierno Vasco a implementar e incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral así como reducir la diferencia existente en la tasa de ocupación de los hombres, adoptando las medidas necesarias para avanzar en materias de corresponsabilidad y conciliación familiar.

2015-03-15T23:00:00+00:00

Gloria Sánchez Martín, parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al amparo del vigente Reglamento de la cámara tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en PLENO, en relación a la propuesta de RPT del personal del EUSTAT, planteada por el Gobierno Vasco a la representación sindical.

JUSTIFICACIÓN

En el EUSTAT, Instituto Vasco de estadística, durante los últimos 25 años una media aproximada de 110 inspectores/as y encuestadores/as vienen realizando anualmente tareas propias del Instituto Vasco de Estadística, relacionadas con la recogida de información en campo y mantenimiento de grandes bases de datos, fase fundamental para el cumplimiento de las tareas encomendadas por su propia naturaleza, objeto de la existencia del instituto.

Sin embargo este servicio se ha venido realizando para el EUSTAT por dicho personal concatenando desde entonces contrataciones temporales para dicho colectivo con una duración media que oscila entre los 3 y los 6 meses (concatenando contratos y/o solapándolos), sin contar todavía con un contrato indefinido, ni una RPT de los puestos de trabajo de dicho colectivo hasta la fecha. Ello a pesar de tratarse de contratos para realizar tareas con el mismo objeto aunque con diferentes nombres de contratos.

Esta situación que como he señalado dura desde hace ya más de 25 años, afecta al 100 % del personal de estas bolsas de encuestadores e inspectores gestionadas por el IVAP y que realiza los trabajos arriba indicados, a pesar de que se trata de un trabajo continuado y estructural. Sin embargo, el personal que lo realiza ha venido teniendo desde entonces contratos de duración temporal, con la consiguiente inestabilidad que esto conlleva para el personal afectado y que han venido arrastrando a lo largo del tiempo hasta la fecha.

Al mantenerse tal situación sin modificación en el tiempo, los trabajadores afectados iniciaron demandas contra el EUSTAT ante los tribunales, obteniéndose las primeras sentencias favorables para los trabajadores afectados en Febrero de 2009 en primera instancia, donde se les reconocía como trabajadores/as indefinidos discontinuos a los encuestadores/as e inspectores/as afectados, ante la reiterada negativa hasta entonces de la Dirección del EUSTAT y de Función Pública a cualquier acercamiento ante esta situación de precariedad laboral.

La situación que padece la plantilla del EUSTAT (personal encuestador e inspector) desde hace décadas es insostenible. Contratos en precario, absoluta indefensión de los afectad@s, salarios mínimos.

En 110 sentencias se reconoce a los trabajadores afectados la condición de trabajadores indefinidos en la Administración y obligando a la creación en la RPT de los puestos de trabajo que en la práctica se vienen desarrollando.

En acuerdo de Mesa General el Gobierno se comprometió a revertir a lo público todo lo posible en materia de externalizaciones. En este mismo sentido se plasmó en el acuerdo de Mesa Sectorial (Decreto) y en el Convenio de Colectivos Laborales. A su vez la Administración se comprometió a revertir las operaciones estadísticas al EUSTAT en el Acuerdo de llamamiento de personal encuestador e inspector, con el visto bueno del EUSTAT.

En estos momentos la Administración en la RPT propuesta en el EUSTAT para regularizar la situación, ha planteado a la representación sindical la creación de 110 plazas, pero de ellas:

- 1/3 aproximadamente son plazas con dedicación de jornada anual.

- 1/3 aproximadamente son plazas con jornadas para 6 meses al año.

- 1/3 aproximadamente son plazas con jornadas para 4 meses al año.

Hay que tener en cuenta que este colectivo de afectados está compuesto mayoritariamente por mujeres, con una edad media en torno a los 55 años, por lo que después de 25 años de actividad y trabajo, lejos de solventar el problema, se está pretendiendo y promoviendo que una vez más sean las mujeres las que soporten el trabajo precario en la Administración, precariedad que perduraría a lo largo del resto de su vida laboral y que afectaría a las cotizaciones a efectos de jubilación para los dos tercios a los que se les propone solo contratos de 6 o 4 meses.

No se está planteando en estos momentos una RPT teniendo en cuenta el trabajo real realizado durante años, que conlleve una consolidación del empleo estructural realizado por los afectados.

Existe carga de trabajo suficiente para garantizar que todo el colectivo regularice su situación con jornada de trabajo plenas durante todos el año, basta con revertir algunas de las operaciones privatizadas actualmente, y que se han venido externalizando y se siguen externalizando en este tiempo.

Ello cumpliría lo regulado en el convenio y en el acuerdo regulador del llamamiento del personal de la administración general que presta servicios en EUSTAT, de 17 de Febrero de 2011 donde se firma el “incluir las operaciones estadísticas actualmente privatizadas en el estudio de reversibilidad de las externalizaciones pactado en el acuerdo actualmente vigente”. En dicho acuerdo se contempla en la introducción del mismo la realización de un estudio organizativo donde se determinará el dimensionamiento necesario para asumir, con personal fijo, el desempeño de la actividad ordinaria del EUSTAT.

Sin embargo, en la RPT planteada por el Gobierno Vasco a la representación sindical no se cumple con lo recogido en el indicado acuerdo, ni en el convenio.

Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak propone, para su debate en Pleno la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:

El Parlamento Vasco, como institución que representa al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca, insta al Gobierno Vasco :

1- A que modifique los planteamientos actualmente presentados en la propuesta de RPT del personal encuestador e inspector del EUSTAT a la representación sindical, y presente una nueva RPT antes del 31-12-2015 en la que todos los puestos que se recojan para el personal afectado dentro de la misma sean a jornadas plenas durante todo el año.

2- A que realice con carácter previo a la elaboración de la nueva RPT, un estudio organizativo donde se determine el dimensionamiento necesario para asumir por el personal fijo el desempeño de la actividad ordinaria del EUSTAT que garantice la contratación a jornada anual completa de todo el colectivo afectado, con el fin de saber cuál sería la reversión necesaria de externalizaciones para ello.

3- A que cree una Comisión Técnica donde se evalúen las cargas de trabajo existentes tal como se ha realizado en otras RPTs.

4- A que cumpla los acuerdos y convenios que amparan estas pretensiones, con el fin de resolver definitivamente la situación de precariedad que padecen los afectados.

2015-03-08T23:00:00+00:00

Mikel Unzalu Hermosa, parlamentario del Grupo Parlamentario “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno relativa a la denuncia de agresiones xenófobas y a desterrar del debate político discursos que puedan provocar dichos actos

Justificación

En los últimos días han aparecido y se han recibido por vía postal en la sede de una Asociación de apoyo a inmigrantes escritos amenazantes y humillantes de marcado carácter xenófobo y racista con profusión de simbología nazi.

Consideramos que acciones de este tipo deben tener una respuesta inmediata y contundente por parte de los poderes públicos.

Al margen de que las autoridades competentes investiguen, logren identificar y hacer depurar las responsabilidades de los responsables de estos execrables hechos, este Parlamento como representante del conjunto de la ciudadanía vasca debe pronunciarse, rechazando los hechos, solidarizándose con los afectados y evitar la repetición de los mismos.

Por ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno:

El Parlamento Vasco denuncia la aparición y el envío de escritos amenazantes y humillantes de carácter xenófobo y racista a la sede de la Asociación de residentes Afroamericanos de Vitoria-Gasteiz
El Parlamento Vasco muestra su solidaridad con la Asociación afectada y con el conjunto de la población inmigrante que reside en nuestra Comunidad Autónoma.
El Parlamento Vasco insta a las autoridades competentes a perseguir e identificar a los autores de tan execrables hechos y a que se depuren las responsabilidades que correspondan.
El Parlamento Vasco insta a todos los representantes y responsables públicos a desterrar del debate político discursos y afirmaciones que puedan provocar reacciones contra determinados colectivos, en concreto contra los inmigrantes.

2015-03-05T23:00:00+00:00

Mikel Unzalu Hermosa, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en Pleno, en relación a la creación de una comisión especial para sentar las bases de la reforma de EITB

JUSTIFICACIÓN

La Ley de Creación de EITB ha sido revisada en dos ocasiones a lo largo de sus 33 años. En 1996 se realizó una reforma pionera en España, al someter la elección del director general del Ente a las mayorías parlamentarias y no dejándolo en manos exclusivas del Gobierno, algo especialmente relevante en una Comunidad Autónoma que, como ha ocurrido en Euskadi, nunca un partido ha logrado mayoría absoluta. En 1998, la reforma consistió en ampliar funciones al Consejo de Administración y establecer mayorías cualificadas para la adopción de determinados acuerdos, ampliando además la participación a distintos organismos sociales representativos.

Siendo importantes estas reformas, en su desarrollo se han ido constatando sus propias limitaciones, como la incapacidad de revocación del director general en caso de pérdida de confianza por parte de la mayoría parlamentaria exigible para su nombramiento, largos periodos de interinidad en caso de dimisión del máximo responsable dejándola gestión en manos de personas que no han sido elegidas por la Cámara, o las lagunas en la actuación del propio Consejo.

Pero lo más importante es que estas reformas han sido parciales, mientras otras televisiones públicas realizaban reformas integrales, de modelo y de adaptación a los retos tecnológicos y a las nuevas formas de consumo audiovisual. Y, además, en ese tiempo se han detectado todas las limitaciones para hacer valer los principios establecidos en la ley vigente sobre la objetividad, imparcialidad, legitimación institucional y de los valores democráticos y promoción de la lengua vasca. Como también se han detectado las limitaciones para la adecuada gestión de los recursos humanos, el control de las subcontrataciones, y adaptación de los recursos económicos a la crisis y la necesaria prestación de este servicio público.

El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak considera imprescindible una revisión integral del modelo de radiotelevisión pública vasca que garantice que este servicio no sólo se mantenga, sino que se refuerce para afrontar las próximas décadas. Una revisión sobre todos los aspectos, desde los principios de funcionamiento, organización empresarial, gestión, control público, aumento de participación de la sociedad civil, desarrollo de las carreras profesionales, producción propia de calidad, colaboración con la industria audiovisual y financiación pública adecuada a esos retos con transparencia, evaluación permanente y rendición de cuentas.

Pero esa revisión necesita partir de un amplio consenso que integre las diferentes sensibilidades políticas, así como de las aportaciones de los propios profesionales, con los que será imprescindible llegar a acuerdos para hacer efectiva la reforma, y las que realicen organizaciones sociales interesadas en participar en este proceso.

Por ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno.

El Parlamento vasco creará en quince días desde la aprobación de esta proposición no de Ley una Comisión Especial para sentar las bases de la reforma de EITB, en la que, además de los grupos parlamentarios, tomen parte los representantes de los trabajadores del Ente, expertos y las organizaciones sociales que muestren interés en reforzar el servicio público de radiotelevisión. Dicha comisión presentará un dictamen con sus conclusiones en el mes de septiembre, a fin de que antes de que acabe el año puedan emprenderse las iniciativas de reforma que respondan a ese dictamen

2015-03-03T23:00:00+00:00

Bixen Itxaso González, Parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos- Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación a la contratación temporal fraudulenta.

JUSTIFICACIÓN

El número de parados registrados en las oficinas de empleo en Euskadi se situaron al finalizar enero en 172.165 personas, tras incrementarse en 6.394 con respecto al mes anterior (+3,86%). Respecto a enero de 2014, el desempleo se redujo en el País Vasco en 2.006 personas, lo que supone un descenso interanual del 1,15%.

Con todo, al Grupo parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak nos sigue preocupando las numerosas altas de contratación temporal que se siguen produciendo y que, en no pocas ocasiones, vienen a reflejar una práctica fraudulenta.

Este tipo de actuaciones son especialmente generalizadas en los periodos vacacionales y, así, gran parte del empleo que se recupera en el mes posterior a aquel periodo, son aquellos contratos que de forma intencionada las empresas extinguieron para ahorrase esos costes laborales y cotizaciones sociales.

Apostar por la temporalidad y la precariedad es, simplemente, nefasto para la economía vasca.

Por todo ello, es por lo que se plantea la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a articular una campaña contra la contratación temporal fraudulenta que contemple, entre otras medidas, un incremento sustancial de la actividad de inspección que atienda a este control de legalidad, con aumento de recursos y materiales al efecto.