Los socialistas y las socialistas vascos celebramos este Congreso en un momento crucial para el futuro de nuestra sociedad. Vamos a renovar los órganos internos, pero sobre todo vamos a renovar el partido y las respuestas que damos a la ciudadanía. El norte de nuestro trabajo en las instituciones ha sido poner los medios para que las demandas sociales encuentren una respuesta adecuada. Desde los ayuntamientos, las juntas generales o el Parlamento Vasco, el PSE-EE ha colocado en el primer plano las necesidades ciudadanas, con iniciativas como la defensa de las compensaciones por el copago farmacéutico, la tramitación de una ley que haga de la vivienda un derecho al alcance de todos los vascos, la defensa de quienes tienen sus ahorros atrapados en las preferentes o la lucha contra la pobreza energética, entre otras. Asimismo, nuestra acción en el ámbito local, desde los gobiernos municipales y la oposición, ha tenido muy presente que la crisis económica y las políticas erradas que ha aplicado la derecha para afrontarla han causado, también en Euskadi, graves destrozos y sufrimientos.

Su manifestación más sangrante ha sido la expulsión del trabajo y del futuro de decenas de miles de jóvenes y adultos, el deterioro de los servicios del Estado de Bienestar, el paulatino empobrecimiento de la clase media o la quiebra del equilibrio en las relaciones laborales a favor de las grandes empresas. Como resumen, hemos asistido al lacerante incremento de las desigualdades sociales y la pérdida de confianza en las oportunidades que disfrutarán las generaciones venideras.

Los y las socialistas estamos convencidos de que el triunfalismo sobre la recuperación económica, con el que los que nos gobiernan tratan ahora de tapar tantos años de sufrimiento, es en realidad el triunfo de una posición ideológica: es el triunfo de quienes siempre han considerado que la desigualdad es condición imprescindible para que unos pocos aumenten su riqueza. Joseph Stiglitz nos advirtió hace dos años de lo que podía ocurrir. Y ahora Thomas Piketty está sacudiendo los debates académicos al advertir que esta desigualdad no sólo es injusta, sino que pone en riesgo la democracia. Incluso los organismos internacionales y las agencias de calificación que han condenado al sufrimiento a millones de ciudadanos empiezan a admitir tímidamente que la desigualdad es, además, una rémora para el crecimiento.

Los signos de recuperación que se perciben son, pese a la propaganda de los gobiernos de derechas, débiles y precarios, y están lejos de devolver una pequeña parte de las pérdidas que ha sufrido la mayoría de nuestra sociedad en estos ocho años. Una etapa que ha incrementado hasta extremos insoportables la brecha de la desigualdad entre los que más tienen y los más desfavorecidos, que se había ido reduciendo progresivamente en España en las últimas décadas gracias a las políticas de crecimiento y redistribución de los Gobiernos socialistas.

En Euskadi, el Gobierno nacionalista del PNV no ha tenido la fuerza ni la ambición adecuada para ofrecer alternativas a las puras medidas de austeridad. Por el contrario, cuando ha tenido la más mínima oportunidad, ha tratado de hacerlas suyas. Y si no hubiera sido por el empuje y la insistencia de los socialistas, el País Vasco habría seguido dócilmente, conducido por el Gobierno de Urkullu, la senda de las recetas neoliberales.

El PSE-EE ha intentado hacer frente con los instrumentos a su alcance a toda exclusión social. Desde la responsabilidad del Gobierno de Euskadi, blindamos los derechos a la protección social, a la Educación y a la Sanidad, y la defendimos en todas las instancias. Fue el Gobierno de Patxi López el que, entre otras cosas, ante la pretendida imposición de despojar del derecho a la salud a determinados ciudadanos, los inmigrantes en situación administrativa irregular, conseguimos el aval constitucional para preservar ese derecho.

En este Congreso de renovación de nuestro partido queremos dar un paso más en la consolidación de los derechos sociales. Hemos contribuido históricamente a asentar que los recursos públicos empleados en salud o educación no deben ser entendidos como gasto, sino como inversión. Es un criterio puesto en cuestión por el PP en el resto de España, cuando ha emprendido medidas excluyentes desde falsos criterios, como que la gestión privada de la sanidad es más eficiente o que la excelencia en la educación sólo es apta para quien se la pueda pagar, cuestiones que hemos conseguido alejar en Euskadi.

En el País Vasco asistimos, no obstante, a un peligrosísimo discurso de exclusión de determinados colectivos por razón de su procedencia que lo que cuestiona en el fondo, más allá de los enfoques racistas, es el propio sistema de derecho subjetivo a recibir unos ingresos mínimos si se cumplen unas determinadas condiciones. Hoy se alienta la exclusión de determinados colectivos bajo el reprobable espantajo del diferente; mañana será la exclusión de todos aquellos, autóctonos o inmigrantes, que alguien con poder suficiente considere que no merece ese esfuerzo de solidaridad.

Por eso queremos ser agentes activos para que, al igual que se ha consolidado en nuestra sociedad la idea de que la sanidad y la educación son inversiones imprescindibles, la protección social, la corrección de las situaciones de desigualdad que se producen por razones de injusticia o por causas sobrevenidas, se afiance como otra inversión imprescindible, sujeta a un estricto control del fraude pero blindada frente a quienes la pretendan cuestionar, y que, además de ser más justa, se entienda como beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos, también para quienes necesiten acudir a ese colchón de solidaridad.

Por todas estas razones, los y las socialistas vascos nos hemos propuesto como principal objetivo la lucha contra la desigualdad en todas sus formas. Este será nuestro empeño.