El Estado de las autonomías aprobado en la Constitución de 1978 ha sido el intento más serio y democrático para dar una solución razonable a la diversidad de identidades de grupos de población y, además, para redistribuir el poder en centros múltiples, legitimando dos poderes políticos complementarios: el Estado compartido común y las Comunidades Autónomas.

La Constitución de 1978, añadió el objetivo de la distribución del poder a la experiencia de la II República, que buscaba, exclusivamente acomodo a la diversidad de identidades.

En la situación actual debemos analizar, tanto los objetivos constitucionales como la experiencia histórica de estos 30 años y, especialmente, los problemas que ha ido generando.

Analizar sin miedos los problemas, no quiere decir, en ningún caso, que no reconozcamos los grandes beneficios del sistema autonómico español. Pese a quien pese, ha sido el gran motor para fomentar la igualdad territorial. El sistema autonómico, en su objetivo de crear nuevos centros de poder político, ha supuesto un enorme avance en la igualdad territorial -y por tanto en la igualdad ciudadana- de zonas y regiones históricamente marginadas en España. Es algo que nunca deberíamos olvidar cuando en la actualidad arrecian los ataques al sistema autonómico y piden una mayor centralización a la vieja usanza.

La consecución del objetivo de búsqueda de una solución razonable a la diversidad de identidades, ha tenido unos efectos ambiguos. Mientras que ha dado posibilidades, nunca antes disfrutadas, para la defensa de rasgos identitario diferenciados, especialmente en Cataluña y Euskadi, ha supuesto también que los nacionalismos, utilicen el nuevo poder político autonómico como base para la deslegitimación del Estado compartido común.

Volver al índice