Los Socialistas Vascos defendemos un concepto de seguridad que, además de proteger las libertades personales, garantice la seguridad de la ciudadanía a la hora de abordar sus necesidades personales y sociales. Es de una “seguridad vital” de la que hablamos.

Esta seguridad es de nuevo cuño. No estamos hablando de la seguridad de Hobbes basada en el monopolio del uso de la fuerza, de una seguridad física.

Estamos hablando de la seguridad del ciudadano y ciudadana para abordar su vida. Estamos hablando de una seguridad vital.

Las inseguridades profundas que está creando la nueva modernidad son vitales. El Estado debe asumir que sin cohesión social las nuevas sociedades tendrán una gran componente de inseguridad vital –ya no hay trabajo estable, todo cambia de forma mucho más rápida que la vida de una persona-. Ya no hay nada permanente que dé seguridad al proyecto de vida de una persona.

Por ello una de las funciones más importantes del Estado moderno es saber gestionar la inseguridad de las personas de forma colectiva.

En el pasado la fuerza era la respuesta ante la inseguridad pública. Ahora no es la fuerza sino la solidaridad y la justicia social las que tienen que dar respuesta a las inseguridades vitales de las personas.

Y los Socialistas Vascos creemos que estas seguridades, que nacen de la solidaridad y la justicia social, debieran organizarse en los siguientes ámbitos:

a) Servicios públicos.

Cuando todo cambia, cuando no podemos hacer previsiones personales a largo plazo, o es muy difícil, los servicios públicos, que han venido siendo la garantía de la igualdad de oportunidades, en la nueva modernidad se convierten, además, en elementos de supervivencia para la ciudadanía sin recursos.

Frente a una sociedad cambiante, a una vida que no encuentra seguridades en el mundo laboral y ha abandonado el refugio de viejas entidades corporativas o familiares, “lo público” es lo único que garantiza “estabilidad y seguridad vital al ciudadano autónomo”, porque la economía se ha convertido un monstruo desbocado que ningún gobierno controla y que es necesario controlar.

b) El control ciudadano de la economía.

Esa falta de control total de la economía (una impotencia reconocida por los diferentes gobiernos) es la que está creando la “Gran Inseguridad”.

Hace ya muchos años que un viejo socialista, Fernando de los Ríos, en una intervención en el Congreso dijo que la libertad de la economía hacia esclavo al hombre y que por tanto hacía falta controlar a la economía para garantizar la libertad.

El lenguaje es algo antiguo pero la verdad es igual de clara y rotunda ahora: una economía sin control no quiere decir una economía libre; quiere decir que personas con poder económico utilizan su poder para impedir la libertad del resto.

Y eso es lo que nos está pasando ahora: que grupos de interés están chantajeando a los gobiernos y a la ciudadanía. Y también son los grandes enemigos de la libertad de mercado porque abaten por igual a gobiernos y empresas de la economía productiva. Porque siempre la libertad sin control de los poderosos se convierte en servidumbre de todos los más débiles.

Los Gobiernos neoliberales han dimitido en su función de representación de los intereses ciudadanos y han entregado el poder económico a grupos de interés.

El Estado actual debe, de nuevo, coger las bridas del caballo desbocado, y tomar el control, especialmente el control de la economía.

Debemos caminar, en palabras de Fernando de los Ríos “hacia una economía sojuzgada, hacia una economía sometida, hacia una economía disciplinada y subordinada al interés público”. Porque la economía debe tener una función pública.

Decir que por un lado están los objetivos políticos que decidimos entre todos, y que, por otro lado, la economía es algo que debe caminar sola, es entregar el poder ciudadano a unos pocos.

Debemos hacer que la economía en relación al cumplimiento de sus fines al servicio de los intereses ciudadanos.

En esta época, ya nadie plantea la economía, y por consiguiente el logro de cambios y transformaciones sociales por el camino de la insurrección revolucionaria. Sabemos que la economía y la riqueza que crea afecta a todos y todas. Por eso, precisamente, nos hace falta más que nunca, la seguridad de que los grandes asuntos de la economía y el reparto de la riqueza se deciden desde la representación colectiva y con el fin de mejora las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía.

Hoy el Estado parece un espectador que busca cómo puede sanear los presupuestos públicos.

Es necesario que planteemos una visión global y social de la economía, vinculando el esfuerzo colectivo, las empresas, la fiscalidad y las políticas públicas en un todo coherente.

El Estado ha de ser un agente activo en el ejercicio de la función de control público de la economía.

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