Nuestra seña de identidad son los derechos sociales. Es una forma de hacer política mediante los valores de la igualdad, la solidaridad y la justicia social. En este contexto, este Congreso hace suyo punto por punto el Programa Electoral aprobado en la última Conferencia Política, que abarcaba todas las políticas sociales que los Socialistas Vascos consideramos que hay que llevar a cabo para que podamos salir de la crisis todos juntos, unidos y cohesionados.

No obstante, aun reafirmando ese compromiso con el Programa Electoral, conviene citar algunas cuestiones para nosotros básicas que dan respuesta a las necesidades más vitales en este momento.

a) La sanidad.

La defensa del acceso universal e igual de toda la ciudadanía a la salud y a una atención sanitaria de calidad forma parte de nuestro ideario más sentido y reiteramos nuestro compromiso con la gestión pública de la Sanidad. Los Socialistas creemos que la Sanidad Pública es un pilar fundamental del Estado de Bienestar que no puede verse mermado por la crisis. Es por ello que hacemos una apuesta por darle un nuevo impulso, reforzando y blindándola.

Creemos necesarias leyes como la de Salud Pública y Seguridad Alimentaria que buscan llevar la Salud a todas las políticas, identificando y actuando sobre los determinantes sociales de la salud (desigualdad económica, social, o de género entre otras, educación, entornos saludables…).

Los Socialistas creemos en la sanidad como un derecho ciudadano, también tener la sanidad asegurada. Por eso defendemos el aseguramiento universal y accesibilidad. Defenderemos el derecho a la asistencia sanitaria integral, pública, gratuita y de calidad para todas las personas.

Creemos en la consolidación de derechos (cartera completa de servicios) frente al modelo neoliberal que el Gobierno de España del PP ha puesto en marcha este año mediante una profunda reforma de la sanidad que no busca sino el recorte de la cartera de servicios del SNS tal como estaba configurada hasta ahora.

Estamos por la mejora del modelo público, para hacerlo más eficiente. Por ello, consideramos necesario avanzar en la atención primaria, en la integración asistencial, en la coordinación sociosanitaria, o en la receta electrónica así como el uso de las TIC en sanidad (lo que se llama salud electrónica). Estamos a favor del desarrollo de teleasistencia o telemedicina, así como de la implementación de la Osakidetza no presencial.

Del mismo modo, se considera importante impulsar una mejora en el campo de la atención pública y salud mental superando los actuales tratamientos basados casi exclusivamente en la atención farmacológica incorporando otras terapias complementarias o alternativas, así como impulsando políticas preventivas.

Y dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico, pues es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.

b) La educación pública.

La educación es la principal garantía de igualdad de oportunidades, cohesión social y consolidación de la convivencia con la que cuentan las sociedades democráticas. Es también un elemento de desarrollo personal que debe de procurar ciudadanos libres, críticos, responsables, y óptimamente formados para que se integren de pleno derecho en una sociedad con capacidad para reorientar su modelo económico y social. La sostenibilidad de los servicios públicos en tiempos de crisis económica es una necesidad que se extiende al ámbito de la educación con especial significado.

Los Socialistas hemos defendido y defendemos la Educación, y defendemos la Escuela Pública como referente de todo el Sistema Educativo Vasco, para hacer efectivo el derecho universal a una educación de calidad, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia.

A lo largo de la pasada legislatura, desde el Gobierno Vasco situamos la Educación como eje de todos los cambios sociales y factor de progreso. Y los resultados fueron notables. A pesar de las condiciones económicas adversas, logramos impulsar profundas reformas en el sistema, para adaptarlo a las necesidades de una sociedad moderna del siglo XXI, porque la Educación no es un gasto, sino una inversión.

Por ello, de cara al futuro, consideramos imprescindible seguir avanzando en el camino del refuerzo de la Escuela Pública, la Formación Profesional, el trilingüismo, la modernización tecnológica, la excelencia, la educación en valores y la apuesta por la investigación, para no quedarnos apartados del tren del progreso, contribuyendo a un modelos más sostenible.

c) El acceso a la vivienda.

El derecho a una vivienda digna es un derecho constitucional, por ello entendemos como básico desarrollar una ley vasca de vivienda que recoja este derecho de forma que pueda ser reclamado ante los tribunales cuando se reúnan requisitos de necesidad

Creemos firmemente en la necesidad de articular políticas públicas de vivienda destinadas a facilitar el acceso a la vivienda de toda la ciudadanía, y de manera especial a la juventud vasca. Apostamos, pues, por la construcción de vivienda protegida, por el fomento del alquiler, dando especial importancia al alquiler social, con el objetivo de que se convierta en una opción atractiva capaz de competir en igualdad de condiciones frente a la compra; y por el urbanismo sostenible.

Los Socialistas Vascos consideramos absolutamente imprescindible impulsar los mecanismos fiscales y legales que promuevan movilizar el stock de viviendas vacías que hay en Euskadi, con el fin de romper con un sistema especulativo que tanto ha perjudicado a nuestra sociedad.

Junto a ello, no podemos obviar uno de los problemas más lacerantes de nuestra sociedad: los desahucios. Cada día cientos de familias son desahuciadas y pierden su hogar. Familias que suscribieron sus créditos hipotecarios cuando la economía del país era óptima y sólo les movía el derecho básico a tener un hogar, y la Banca junto al sector Inmobiliario hacían su agosto

Las medidas adoptadas actualmente están siendo completamente ineficaces para contrarrestar los desahucios. Es evidente que esto no puede seguir así. Hay una necesidad imperiosa de dar una respuesta contundente, de desarrollar medidas efectivas para paliar esta desgracia.

Desde el Gobierno Vasco, pusimos en marcha el Servicio de Mediación Hipotecaria como instrumento para tratar de evitar los desahucios y los juicios hipotecarios, en coordinación con Kontsumobide y el Departamento de Vivienda, para preservar el derecho a una vivienda digna de muchas personas afectadas por la crisis económica. Es necesario ampliar este servicio para que se pueda asesorar a las familias desde el inicio, cuando prevean que pueden entrar en una situación de mora en el pago de la hipoteca, porque cuanto antes se afronte la situación mejores serán las opciones de negociación frente a las entidades bancarias. Establecer el asesoramiento y la mediación preventiva.

Los Socialistas Vascos defendemos una verdadera moratoria hipotecaria, de al menos dos años, para aquellos desahucios por insolvencia sobrevenida y promoveremos cuantas modificaciones sean necesarias para poner fin a la desprotección que sufren innumerables familias como la Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito y de la Ley de subrogación y modificación de Prestamos Hipotecarios.

Pretendemos como objetivos:

• Ampliar las posibilidades de la dación en pago, y que las ayudas públicas a entidades financieras les obliguen a aceptar la entrega de vivienda a cambio de la cancelación completa de la hipoteca.
• Que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía nunca sea inferior al valor de tasación para la concesión del préstamo.
• Establecer un límite legal a los intereses de demora y paralizar su devengo durante la sustanciación del procedimiento, en caso de vivienda habitual, y evitar situaciones abusivas o de malbaratamiento del bien, impidiendo su adjudicación en caso de quedar desierta la subasta.
• Establecer medidas de prevención del sobreendeudamiento impidiendo, préstamos o créditos garantizados por hipoteca cuyo plazo de amortización exceda de treinta años o cuyo principal supere el 80% del valor de tasación de la vivienda, estableciendo límites en la variabilidad de los tipos de interés cuando este fuera variable, incorporando criterios de proporcionalidad.

Pretendemos ampliar el umbral de exclusión fijado en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y que se reduzca el arrendamiento y el interés de demora a satisfacer por el deudor cuya vivienda ha sido objeto de dación en pago y sea inquilino. Que se regule un procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución al sobreendeudamiento no doloso por causas sobrevenida.

Impulsaremos medidas coordinadas en todos los ámbitos institucionales para promover en los respectivos ámbitos competenciales iniciativas que alivien el sufrimiento de los afectados por los desahucios y exigimos la paralización de los desahucios, durante al menos dos años e instamos a todas las instituciones públicas, a la retirada de sus fondos de aquellas entidades financieras que no procedan a la paralización de los desahucios.

Estas medidas, podrían paliar a corto y medio plazo la situación tan grave que viven muchos ciudadanos y ciudadanas que ven con impotencia como se les priva de un derecho básico como es el de la vivienda.

d) El empleo.

Las administraciones públicas, no sólo crean empleos a través de las ofertas públicas de empleo (OPE) si no también a través del mantenimiento de servicios públicos de calidad, el sostenimiento del Estado de Bienestar y sus políticas de inversión. Las administraciones están obligadas a poner las bases para el desarrollo de un tejido productivo competitivo e innovador que genere empleo, y a mejorar la empleabilidad y capacitación de los trabajadores. Por lo que están especialmente concernidas las políticas de activación, competitividad y formación centradas en tres focos de atención: personas, empresas y cohesión territorial a través del desarrollo local.

Los Socialistas Vascos proponemos un Plan de Lucha contra el Paro para Euskadi, consensuado con los agentes sociales.

Es por tanto necesario que la Administración teja una sólida red de apoyo y de soporte a la persona en dificultades. La Izquierda tiene una línea roja que no se puede traspasar, la protección de quien lo necesita es su seña de identidad.

Cada familia sin empleo o cada desempleado debe tener el sistema de protección necesario que le permita desarrollar una vida digna: derecho a una prestación económica, derecho a la activación laboral, derecho a acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos de empleo. A pesar de los recortes y de las amenazas de la derecha neoliberal, el PSEEE defiende un sistema de protección justo, suficiente, inclusivo, solidario y generador de ciudadanía.

Las redes públicas de apoyo a través de prestaciones sociales deben ir acompañadas de un compromiso personal con la activación.

Las prestaciones sociales deben tener puerta de entrada, pero también puerta de salida. Y deben fundamentarse en una corresponsabilidad basada en que cada persona es capaz de hacer algo para sí misma y para la sociedad. Es necesario implantar un modelo que considere al empleo como la mejor vía de inclusión y que consiga hacer atractiva la incorporación al modelo laboral de las personas con más dificultades.

El PSE-EE considera que no puede sacralizarse el objetivo del déficit y que desde las Instituciones Vascas debemos impulsar planes que fomenten la contratación, consensuados con los agentes sociales.

En este contexto, esperamos que se mantengan las directrices que acordamos desde el Gobierno en la Mesa de Diálogo Social y que suponían conseguir objetivos irrenunciables como:

• Aumento de la actividad de la población
• Mejorar el empleo estable y de calidad
• Mejora de la productividad y de la calidad
• Mercado de trabajo abierto y sostenible
• Igualdad de oportunidades
• Cohesión social

e) Los servicios sociales.

El alargamiento de la esperanza de vida que lleva aparejado en ocasiones el incremento de situaciones de vulnerabilidad y dependencia funcional, y los cambios en los modelos familiares y convivenciales, entre otros factores. Han impulsado la necesidad de universalización y fortalecimiento de los servicios sociales, entendidos como una red de servicios cuyo cometido es la promoción y protección de la autonomía funcional e integración relacional de todas las personas.

El desarrollo y aplicación de la Ley vasca de servicios sociales de 2008 se ha visto lastrada por la menor disposición de fondos por parte del Gobierno Vasco y el resto de instituciones pero, sobre todo, por la deficiente comprensión de la gobernanza del Sistema Vasco de Servicios Sociales de algunos responsables institucionales (particularmente del PNV y el PP) no conscientes de la urgencia de construir un verdadero sistema autonómico integrado de servicios sociales y tendentes a exacerbar una visión alicorta y equivocada de la autonomía municipal y foral en el sistema.

El PSE-EE redoblará los esfuerzos, desde todos los ámbitos institucionales para dotar a Euskadi de un pacto operativo para el desarrollo, fortalecimiento y financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales, potenciando las oportunidades específicas que se derivan del importante papel que en los servicios sociales representa el mundo de la acción voluntaria, el tercer sector y la economía solidaria en este ámbito.

f) Las políticas de garantía de ingresos.

Los Socialistas Vascos nos sentimos orgullos de haber protagonizado la construcción del modelo vasco de garantía de ingresos para la subsistencia que, complementando las pensiones y prestaciones competencia de la Administración Central, permite configurar en Euskadi una red de protección, inclusión y activación que especialmente en la actual crisis, se está revelando fundamental para la consecución de unos indicadores de pobreza y empleo notablemente mejores que los del conjunto de España.

Hemos sido los Socialistas Vascos los que hemos mantenido y redoblado la apuesta por la inversión económica en materia de garantía de ingresos para la subsistencia y los que hemos acometido una reforma de la Ley de Garantía de Ingresos que, tras la asunción de las políticas activas de empleo, ha permitido que la gestión de las prestaciones económicas de garantía de ingresos deje de hacerse en los servicios sociales y pase a gestionarse en los servicios de empleo.

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